06/01/14
Los violentos sucesos que recientemente pusieron en vilo al país, ¿tienen algún paralelismo con los que en junio de 1975 desembocaron en el “Rodrigazo”?
Hay por supuesto una diferencia sustancial. Aquella realidad no sólo estaba caracterizada por crecientes desequilibrios macroeconómicos y una fuerte conflictividad social ; la violencia política y la confrontación entre grupos guerrilleros y fuerzas paraestatales acentuaban la volatilidad de una situación que desembocó, el año siguiente, en el golpe militar que derrocó al gobierno constitucional.
Hoy, en cambio, hemos desterrado la violencia política y la continuidad democrática no está en cuestión.
Sin embargo, entre el presente y ese pasado hay ciertas semejanzas preocupantes. Pero además, si los treinta años de continuidad democrática representan un avance indudable, la comparación también revela el retroceso del país en muchas dimensiones de su configuración económica y social .
El “Rodrigazo” se produjo por la fuerte reacción sindical que, luego del anuncio de una megadevaluación de 150% y aumentos de semejante magnitud en los servicios públicos, el transporte y los combustibles, forzó al gobierno a revisar el aumento salarial de 80% originalmente dispuesto, llevándolo a 180% . La aguda conflictividad social y el desgobierno resultante transformaron nuestra inflación crónica en un régimen de alta inflación que persistió hasta inicios de los noventa. Dejaron además secuelas perdurables sobre las conductas de los actores políticos, económicos y sociales: el cortoplacismo en la toma de decisiones es, tal vez, una de las más negativas y difíciles de erradicar.
A diferencia del contexto internacional adverso que nuestra economía vivía en ese entonces debido a la primera crisis del petróleo, el deterioro económico que posibilitó los recientes conflictos se produjo a pesar de que en los últimos diez años el país experimentó una de las más prolongadas bonanzas externas de su existencia . Fue, en efecto, la administración de la bonanza con criterios eminentemente cortoplacistas el principal factor de la reaparición de los desequilibrios macroeconómicos .
Del mismo modo, es el empecinamiento del gobierno en mantener un régimen populista de política económica agotado, lo que actualmente contribuye a profundizar esos desequilibrios, el aumento de las desigualdades y la agudización de la conflictividad social .
El entramado social del presente es también muy distinto al de 1975. El “Rodrigazo” se produjo por la reacción de los trabajadores formales encuadrados en poderosas organizaciones sindicales, liderados por los obreros metalúrgicos y mecánicos empleados en la industria.
Esa Argentina ya no existe.
Los episodios recientes fueron desencadenados, en cambio, por una movilización policial que se propagó a numerosas provincias y gatilló, casi simultáneamente, violentos saqueos en los que participó el multifacético universo de la nueva pobreza -desde bandas de delincuentes ligadas a punteros con vínculos en la política y la policía , hasta vastos contingentes de excluidos. Ésta es la Argentina empobrecida que los treinta años de democracia no lograron revertir.
Una sociedad fragmentada y desigual, donde los nuevos rasgos de la conflictividad hacen mucho más compleja la negociación y la búsqueda de consensos.
Lo sucedido también ilustra los límites de la redistribución que se basa en el acceso a bienes privados sin el complemento de una oferta adecuada, en cantidad y calidad, de bienes públicos. Esa estrategia resultó redituable durante el auge, pero cuando éste se interrumpió, el inevitable malestar social tendió a agravarse por las pésimas circunstancias en que vive gran parte de la población, debido a los bajos niveles y la mala asignación de la inversión pública ejecutada durante la bonanza .
¿Qué esperar ahora que el relato se quedó sin argumentos, la credibilidad del gobierno cae en picada y los problemas de gobernabilidad afloran?
En el sector público, los aumentos salariales conseguidos por las fuerzas de seguridad gatillarán inevitablemente demandas similares del resto de los empleados públicos, con un fuerte impacto negativo sobre las finanzas provinciales y del Estado nacional. Esas demandas no tardarán en extenderse al sector privado. Por descontado, el descontento de los sumergidos persistirá.
Todo esto recalentará el conflicto distributivo, creando condiciones propicias para una escalada inflacionaria.
Ante la emergencia, un gobierno debilitado enfrenta múltiples y contradictorias demandas sin poder suficiente para limitar la expansión del gasto público ni para aumentar aún más la carga tributaria o recurrir al financiamiento voluntario. Por el momento la única opción disponible parece ser la emisión monetaria, lo que realimenta las expectativas de aceleración inflacionaria.
Pretender llegar así al 2015, para que el próximo gobierno pague los platos rotos se ha convertido en una apuesta de elevadísimo riesgo, que puede desembocar en una crisis de estancamiento con alta inflación.
Una política macroeconómica consistente, que reconozca la crisis en gestación y actúe en consecuencia, aún puede funcionar. Pero para ello el gobierno debe estar dispuesto a dar señales creíbles de que la llevará adelante a pesar de los costos involucrados. También a retomar el diálogo con los organismos multilaterales de crédito, indispensable para recuperar acceso pleno al financiamiento externo hoy imprescindible. ¿Tendrá el gobierno voluntad para semejante paso?
Los violentos sucesos que recientemente pusieron en vilo al país, ¿tienen algún paralelismo con los que en junio de 1975 desembocaron en el “Rodrigazo”?
Hay por supuesto una diferencia sustancial. Aquella realidad no sólo estaba caracterizada por crecientes desequilibrios macroeconómicos y una fuerte conflictividad social ; la violencia política y la confrontación entre grupos guerrilleros y fuerzas paraestatales acentuaban la volatilidad de una situación que desembocó, el año siguiente, en el golpe militar que derrocó al gobierno constitucional.
Hoy, en cambio, hemos desterrado la violencia política y la continuidad democrática no está en cuestión.
Sin embargo, entre el presente y ese pasado hay ciertas semejanzas preocupantes. Pero además, si los treinta años de continuidad democrática representan un avance indudable, la comparación también revela el retroceso del país en muchas dimensiones de su configuración económica y social .
El “Rodrigazo” se produjo por la fuerte reacción sindical que, luego del anuncio de una megadevaluación de 150% y aumentos de semejante magnitud en los servicios públicos, el transporte y los combustibles, forzó al gobierno a revisar el aumento salarial de 80% originalmente dispuesto, llevándolo a 180% . La aguda conflictividad social y el desgobierno resultante transformaron nuestra inflación crónica en un régimen de alta inflación que persistió hasta inicios de los noventa. Dejaron además secuelas perdurables sobre las conductas de los actores políticos, económicos y sociales: el cortoplacismo en la toma de decisiones es, tal vez, una de las más negativas y difíciles de erradicar.
A diferencia del contexto internacional adverso que nuestra economía vivía en ese entonces debido a la primera crisis del petróleo, el deterioro económico que posibilitó los recientes conflictos se produjo a pesar de que en los últimos diez años el país experimentó una de las más prolongadas bonanzas externas de su existencia . Fue, en efecto, la administración de la bonanza con criterios eminentemente cortoplacistas el principal factor de la reaparición de los desequilibrios macroeconómicos .
Del mismo modo, es el empecinamiento del gobierno en mantener un régimen populista de política económica agotado, lo que actualmente contribuye a profundizar esos desequilibrios, el aumento de las desigualdades y la agudización de la conflictividad social .
El entramado social del presente es también muy distinto al de 1975. El “Rodrigazo” se produjo por la reacción de los trabajadores formales encuadrados en poderosas organizaciones sindicales, liderados por los obreros metalúrgicos y mecánicos empleados en la industria.
Esa Argentina ya no existe.
Los episodios recientes fueron desencadenados, en cambio, por una movilización policial que se propagó a numerosas provincias y gatilló, casi simultáneamente, violentos saqueos en los que participó el multifacético universo de la nueva pobreza -desde bandas de delincuentes ligadas a punteros con vínculos en la política y la policía , hasta vastos contingentes de excluidos. Ésta es la Argentina empobrecida que los treinta años de democracia no lograron revertir.
Una sociedad fragmentada y desigual, donde los nuevos rasgos de la conflictividad hacen mucho más compleja la negociación y la búsqueda de consensos.
Lo sucedido también ilustra los límites de la redistribución que se basa en el acceso a bienes privados sin el complemento de una oferta adecuada, en cantidad y calidad, de bienes públicos. Esa estrategia resultó redituable durante el auge, pero cuando éste se interrumpió, el inevitable malestar social tendió a agravarse por las pésimas circunstancias en que vive gran parte de la población, debido a los bajos niveles y la mala asignación de la inversión pública ejecutada durante la bonanza .
¿Qué esperar ahora que el relato se quedó sin argumentos, la credibilidad del gobierno cae en picada y los problemas de gobernabilidad afloran?
En el sector público, los aumentos salariales conseguidos por las fuerzas de seguridad gatillarán inevitablemente demandas similares del resto de los empleados públicos, con un fuerte impacto negativo sobre las finanzas provinciales y del Estado nacional. Esas demandas no tardarán en extenderse al sector privado. Por descontado, el descontento de los sumergidos persistirá.
Todo esto recalentará el conflicto distributivo, creando condiciones propicias para una escalada inflacionaria.
Ante la emergencia, un gobierno debilitado enfrenta múltiples y contradictorias demandas sin poder suficiente para limitar la expansión del gasto público ni para aumentar aún más la carga tributaria o recurrir al financiamiento voluntario. Por el momento la única opción disponible parece ser la emisión monetaria, lo que realimenta las expectativas de aceleración inflacionaria.
Pretender llegar así al 2015, para que el próximo gobierno pague los platos rotos se ha convertido en una apuesta de elevadísimo riesgo, que puede desembocar en una crisis de estancamiento con alta inflación.
Una política macroeconómica consistente, que reconozca la crisis en gestación y actúe en consecuencia, aún puede funcionar. Pero para ello el gobierno debe estar dispuesto a dar señales creíbles de que la llevará adelante a pesar de los costos involucrados. También a retomar el diálogo con los organismos multilaterales de crédito, indispensable para recuperar acceso pleno al financiamiento externo hoy imprescindible. ¿Tendrá el gobierno voluntad para semejante paso?
