La asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) reclamó una sanción para un supermercado Carrefour ubicado en la localidad bonaerense de Glew, luego de comprobar una diferencia de precios de hasta casi el 40 por ciento entre el que figura en la góndola y el que se cobra en las cajas.
El presidente de DEUCO, Pedro Busetti, dijo que «se trata de una práctica bastante habitual» que llevan adelante grandes cadenas de supermercados, e indicó que relevamientos propios de esa ONG demuestran que los consumidores pueden llegar a pagar hasta el 20% más por el total de su compra.
«Además de no ser nuevo, es una práctica permanente que sucede en distintas grandes superficies comerciales de supermercados, es bueno que el consumidor pueda denunciarlo», remarcó Busetti y recomendó llamar por teléfono a la División Nacional de Comercio Interior (al número 0800-666-1518) para dejar asentada una queja formal. También pidió al municipio de Almirante Brown que aplique controles para prevenir distorsiones que terminan afectando a los consumidores.
La investigación mostró variaciones de hasta el 38%, por ejemplo, en el precio de un limpiador de pisos que figuraba en la góndola (26 pesos) y el que se termina abonando en la caja ($35,90), con diferencias también en hisopos ($14,19 y $16,69) y en un producto para lavar vajillas ($17,38 y $18,28), entre otros artículos relevados.
Que exista un precio en la góndola y otro en la línea de cajas implica una violación a la ley de lealtad comercial.
El dirigente remarcó que «tener un precio en la góndola y otro en la línea de cajas» implica una «violación a la ley de lealtad comercial» y se trata de «una práctica bastante habitual y sancionada permanentemente por los organismos de defensa del consumidor».
«En Capital (Federal) se pudo frenar con la sanción de una ley que obliga a los hipermercados a poner lectores de códigos de barra en distintos sectores del local para que los consumidores puedan verificar los precios», dijo.
Además, Busetti subrayó que en el caso de comprobarse que se trata de «una práctica reiterada de la cadena de supermercados (Carrefour) que perjudica a los consumidores, debería aplicarse la ley en defensa del interés colectivo» e incluso mencionó la posibilidad de que se clausure el local denunciado, a modo de sanción.
