Durante 58 años en Argentina funcionó un organismo público encargado del manejo estatal del comercio exterior de granos, recurso estratégico de la Nación. Fue creado en 1933 por el conservador Agustín P. Justo. Juan Domingo Perón lo transformó en el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) y José María Guido lo reorganizó bajo el nombre de Junta Nacional de Granos.
En los noventa llegó Carlos Menem y su mano privatizadora alcanzó también al comercio del agro, disolviendo la Junta. Pero todavía hoy, cuando la especulación de las grandes empresas de acopio está a la orden del día y el ingreso de dólares es un tema de agenda, la idea de un organismo público encargado del comercio de granos aparece como una propuesta que tiene impulsores y detractores.
La senadora nacional por el FpV, Sivina García Larraburu presentó un proyecto para la creación de una Junta Nacional de Granos cuyas funciones serían “ejercer el control de todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos”. Los empresarios agropecuarios no tardaron mucho en poner el grito en el cielo.
Para el diputado radical y hombre del agro, Ricardo Buryaile , recrear la Junta Nacional de granos implicaría «buscar un conflicto superior al de la (resolución) 125». El que también habló fue Alfredo de Ángeli , senador nacional por el PRO y dirigente de la Federación Agraria, para quien la propuesta de Larraburu “es intervenir los mercados”, y eso “sería como (Joseph) Stalin en Rusia”.
Sin dudas, la recreación de ese organismo estatal trastocaría intereses empresarios, sobre todo los de las grandes acopiadoras de granos que son hoy el eslabón más fuerte de la cadena comercializadora: compran a pequeños y medianos productores –fijan precios de manera unilateral-, acopian y venden. De crearse una Junta de Granos, el comercio de productos hoy manejado por varias multinacionales quedaría en manos del fisco. ¿Es posible que el Estado se haga cargo del comercio exterior?
“La Junta Nacional de Granos no es ni buena ni mala, todo depende de cómo se implemente. Pero es necesario pensar en la estructura necesaria para ponerla en funcionamiento y no sólo en el concepto”, aseguró a INFOnews el economista Ariel Setton , quien además fue miembro del Plan Fénix y asesor económico del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Argentina 2020.
Otra de las variables a tener en cuenta si se analiza la posibilidad de implementar un organismo regulador del comercio es que “la situación de hoy no es la misma que cuando funcionó una Junta Nacional de Granos. Si bien ahora contamos con capacidad de informatización y seguimiento tecnológico, siempre existieron participantes –productores- que se vieron perjudicados por el control y ocultaron la tenencia de granos o buscaron alternativas” para comercializar sus productos sin regulación, analizó Setton.
El debate en torno a la creación de un organismo regulador del comercio parte de “la búsqueda de un camino institucional para formatear quién se lleva la renta de la producción” agropecuaria y ese es un tema que en nuestro país “siempre ha estado en debate”. Para encontrar una herramienta distributiva sobre la renta del comercio de granos “habrá que analizar muchas alternativas y ver cuál es la más óptima”, consideró el economisma y docente de la UBA. La Junta Nacional de Granos es una posibilidad, pero su implementación es compleja.
La demanda por la regulación
Es la primera definición que se aprende sobre el funcionamiento de la economía local: Argentina es un país agroexportador. Vende al exterior lo que se produce en el suelo. Se cuentan con los dedos de la mano las empresas (Bunge, ADM, Cargill, Louis Dreyfus Commodities, Molinos Río de la Plata, Nidera, Molino Cañuelas, Los Grobo Agropecuaria y Aceitera General Deheza) que compran a pequeños y medianos productores sus granos y los venden al mundo.
Son esas acopiadoras, una clara pero acaudalada minoría, las más beneficiadas de la cadena productiva: le fijan a los productores el precio de la mercadería –gracias a su posición dominante en el mercado- y sus ganancias son en dólares, aunque los costos de producción que tienen están pesificados: sueldos, transporte y energía se pagan en pesos argentinos. A ellos sí les conviene que el dólar suba. Recaudan en divisas, pero sus gastos se mantienen en la moneda local. Por eso especulan, esperan y agitan un incremento de los billetes verdes. Mientras tanto, el Estado queda seco de divisas y ello afecta al sector industrial, que sin dólares no puede invertir en herramientas para producir.
“Lo que nosotros pedimos es la intervención en el manejo del comercio porque las multinacionales hacen lo que quieren. Pagamos en oro por los productos en góndola y nosotros que ponemos el lomo siempre estamos subsistiendo”, aseguró a INFOnews Miguel Fernández, presidente de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF) .
Fernández dirige una organización de productores que trabajan para el consumo familiar pero que comercializan el excedente. “Las acopiadoras nos pagan lo que ellos quieren por lo que vendemos” y a modo de ejemplo precisó: “Un productor vende el kilo de azúcar a $2,40 y en la góndola lo vez a $10. Lo mismo con la yerba que la vendemos a 6,50 y te la cobran $50 en cualquier súper”.
En ese marco el reclamo de la FONAF es la intervención del Estado. “No decimos que no a la Junta Nacional de Granos. Es un instrumento que puede utilizarse para que el Estado logre tener el control del comercio interior y exterior”.
El debate en el Congreso
“Ya desde 1933, el Estado se plantea la necesidad de disponer de herramientas capaces de ejercer un control sobre el sector que contemple el uso de los recursos para la defensa de los intereses nacionales”, analiza l a senadora por el FpV, Silvina García Larraburu en el proyecto de ley que presentó ante el Congreso para la creación de una Junta Nacional de Granos.
“Hace tres semanas, las empresas exportadoras tenían acopiados 4000 millones de dólares en granos y pretendían que el dólar escale a los 13 pesos”, dirá la legisladora a INFOnews , al ser consultada sobre las razones que la motivaron a presentar el proyecto ante el Congreso.
Para que la iniciativa de la senadora neuquina sea tratada será necesario lograr el suficiente consenso político y social. “He recibido apoyo de muchos ámbitos: mis pares en el Congreso, pequeños y medianos productores –algunos ligados a la Federación Agraria-, y ciudadanos. También el gobernador Sergio Urribarri expresó” su adhesión a la iniciativa.
García Larraburu confía en que su proyecto tendrá un tratamiento positivo dentro del Congreso. “Cuesta entender que existan respuestas negativas, teniendo en cuenta que recrear un ente regulador resulta un paso más hacia la Justicia Social. ¿Quién puede oponerse a una medida que reivindique la soberanía de nuestra renta agraria?” Habrá que esperar hasta el comienzo de las sesiones legislativas, previstas para el 1 de marzo próximo, y ver qué consenso encuentra el proyecto entre los legisladores.
El panorama en la región y el mundo
Quienes se oponen a la recreación de un organismo público encargado de regular el comercio de granos aseguran que la iniciativa es una cuestión ideológica y apelan a comparaciones fuera de época, como el propio De Ángeli que trazó semejanzas entre la Argentina de hoy y la Rusia de Stalin.
“En la región son varios los países no alineados con la matriz popular que explotan desde el Estado los recursos estratégicos. Sucede en Chile con el cobre, cuyo comercio está en manos del fisco”, explicó en INFOnews Emiliano López, economista becario del Conicet.
“Hay otros países, como Australia y Canadá, que tienen un organismo encargado de regular el comercio de la producción agraria, y estamos hablando justamente de países capitalistas” agregó López. Pero como en Argentina el recurso estratégico no puede ser producido desde el fisco, el Estado sí podría intervenir en otro lugar de la cadena productiva: el acopio y comercialización.
Para este economista la pregunta sobre la que se construye una propuesta como la Junta Nacional de Granos es “cómo desenganchar los precios internacionales de los domésticos”. Una iniciativa de este tipo, se supone, permitiría al Estado una mayor soberanía en el manejo de precios a nivel nacional porque el fisco “sabría a qué precio exporta y podría intervenir en el valor de la producción en lugar de que el productor –como en sucede con el sistema actual- se adjudique el precio internacional” que cuanto más alto sea, mejor para su rentabilidad, aunque la tendencia de los precios internacionales termina impactando en los costos domésticos. De todos modos “la aplicación concreta de una Junta Nacional de Granos es muy compleja”, concluyó López.
Para el economista de izquierda, Claudio Katz , es una buena noticia que el debate de estos días esté puesto “en reconstituir el monopolio estatal del comercio exterior con alguna versión actualizada de la Junta Nacional de Granos o algún otro organismo, no importa tanto el nombre”.
Desde su punto de vista “Argentina necesita controlar la renta sojera. No puede ser que 10 grupos exportadores controlen el 80% de la cosecha y nos hagan este chantaje de exportadores y acopiadores que retienen la soja esperando una mayor devaluación. Hay que cortar por ahí”. Pero “lo más importante es que hay que aplicarlo bien para que el remedio no sea peor que la enfermedad”. Ahí está el punto: en buena hora que se discutan mecanismos de control para que el Estado obtenga mayores beneficios por todo lo que se produce en su suelo. Aunque habrá que analizar bien si es posible montar la estructura necesaria para que el fisco se haga con el monopolio del comercio exterior.
