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La empresa Siderar, de Techint, denunció hoy que es “ajena al conflicto” por el que desde el 24 de febrero el Sindicato de Camioneros (SICHOCA) está bloqueando los accesos de las instalaciones industriales de Siderar en San Nicolás, Ensenada y Canning, impidiendo el ingreso y egreso de camiones con material e insumos para el proceso productivo.
La firma advirtió que fue sólo uno más de los muchos clientes de la empresa Vilaltella & Valls”, a la que el gremio le reclama indemnizaciones de 10 ex trabajadores despedidos. Según Siderar, esta empresa, que se encuentra en concurso preventivo desde mediados de 2012, dejó de prestarle servicios de transporte en junio de 2012.
Además, “el monto que reclama SICHOCA supera largamente el volumen de facturación que la transportista tenía por entonces con Siderar.
“El bloqueo afecta no sólo a las plantas de San Nicolás y Ensenada sino también a las otras instalaciones productivas de Siderar (Florencio Varela, Rosario y Haedo) que reciben material semielaborado desde esas plantas y que se ven impedidas de continuar su normal proceso productivo”, dijo Siderar en un comunicado.
Agrega que “la medida ilegítima impuesta por SICHOCA está impidiendo a Siderar el despacho de 9.000 toneladas/día de chapa de acero destinada a la industria de la construcción, al sector automotriz, agro y línea blanca, con la consiguiente afectación a toda la cadena de valor siderometalúrgica. De continuar el bloqueo que impide el normal desarrollo del proceso productivo y el despacho previsto de productos terminados, el impacto comenzará a sentirse en la actividad de la industria aguas abajo y en los propios empleados de Siderar que no podrán realizar sus tareas habituales”.
“Siderar está tramitando las denuncias ante las autoridades laborales para que el diferendo entre SICHOCA y la empresa Vilaltella & Valls se canalice por las vías legales correspondientes, evitando afectar a terceros”, completa el comunicado.
FUENTE: Cronista.com
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Finalmente, y tal como se venía preanunciando en poco estrictos off the record desde hace días, el Gobierno y Repsol anunciaron que llegaron a un acuerdo por el cual la Argentina le pagará a la empresa española u$s 5.000 millones en títulos de deuda por la expropiación de Repsol.
Por un lado, la salida tiene la novedad de la emisión de nueva deuda en dólares por un monto considerable y colocada a una empresa extranjera, lo que si bien está lejos de una colocación abierta en los mercados, tampoco es la típica colocación en empresas públicas y organismos del Estado (ANSeS, PAMI y distintos fondos estatales) que viene realizando el kirchnerismo en los últimos años.
Por otro lado, en realidad es más que probable que para pagarle a Repsol se termine emitiendo deuda por hasta u$s 6.000 millones. Lo que ocurre es que, según apunta el propio comunicado que difundió el Ministerio de Economía, se emitirán bonos por hasta u$s 5.000 millones… siempre y cuando el valor de mercado de esos bonos supere los u$s 4.670 millones. Para el caso de que los bonos valgan en el mercado menos de esos u$s 4.670 millones, el Gobierno se guarda la posibilidad de emitir hasta u$s 1.000 millones adicionales.
Por otro lado, el acuerdo también incluye una cláusula para el caso de que Repsol obtenga más de u$s 5.000 millones (descontados gastos e intereses) por la venta de los títulos públicos. Si eso llegara a ocurrir (para lo cuál los bonos deberían cotizar por encima del 100 por ciento de su valor), entonces Repsol debería devolverle a la Argentina la diferencia.
El mix de bonos que prevé emitir el Gobierno para pagarle a Repsol pagarán intereses de entre 7 y 8,75% en dólares. Los u$s 5.000 millones originales tendrán vencimiento en 2017 (u$s 500 millones al 7%), 2024 (u$s 3.250 millones al 8,75%) y 2033 (u$s 1.250 millones al 8,28%). Los u$s 1.000 millones adicionales tendrían vencimiento en 2015 (u$s 400 al 7%), 2017 (u$s 300 millones al 7%) y 2024 (u$s 300 millones a una tasa que no figura en el comunicado de Economía).
Las tasas de entre el 7 y el 8,75% en dólares son más altas que las que están pagando otros países de la región, pero más bajas que las que se calculaba hasta hace poco que debería convalidar la Argentina para una emisión de deuda en moneda extranjera.
«Ojalá que la Argentina no siga el modelo equivocado y fracasado que pretende imponerse ahora por la vía de la fuerza en nuestro país», pidió esta mañana el mayor referente opositor venezolano, Henrique Capiles.
En sus primeras referencias a la Argentina desde que estalló la reciente crisis política en Venezuela por las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, el ex candidato presidencial aseguró que en el último tiempo recibió apoyo «tanto de personas pro Gobierno como de la oposición» argentina.
En diálogo con radio Mitre confirmó que recibió la carta que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, escribió para respaldar las protestas, aunque hasta el momento no había podido leerla. En tanto anticipó que su intención es ‘verlo personalmente” y anticipó que tiene previsto visitar la Argentina «en algún momento».
Por otra parte evitó cuestionar el silencio del Papa Francisco ante el conflicto que vive hoy Venezuela: «Somos católicos y respetamos a la Iglesia. Yo estuve con Francisco y Maduro también. Creemos que la Iglesia puede ser una institución para convocar al dialogo».
Sobre la situación que atraviesa su país, Capriles confirmó que no tuvo «ningún tipo de diálogo» con Maduro, pese a la convocatoria que el gobierno venezolano realizó para reunir al Consejo Federal.
El líder opositor denunció que ayer “hubo más muertos». «Ahora se suma una crisis económica: nuestro país tuvo la inflación más alta del mundo el año pasado, fue de 55 por ciento. Hay escasez de alimentos. Se están alcanzando cifras récord de 30%, cuando lo normal en un país es el 5%», cuestionó y dijo que, por ese motivo, ya se plantea una libreta de racionamiento como en Cuba: “No queremos tener el modelo cubano. Y eso es lo que está en marcha gracias a Nicolás Maduro.”
FUENTES: Agencias Buenos Aires
El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó su satisfacción por el acuerdo que se realizó entre Repsol e YPF cuya conformidad acaba de ser informada por el Ministerio de Economía argentino y por el Consejo de Administración de la empresa española y del cual solo resta, sus respectivas ratificaciones.
“Este hecho constituye, sin dudas, un paso positivo más en la resolución de las relaciones de Argentina en el frente internacional y despeja el camino para encarar las cuestiones pendientes en la materia.”, señaló
Además, consideró “claves los avances logrados en la resolución de los conflictos con el CIADI, y la voluntad de negociar y acordar los compromisos pendientes con el Club de París”.
Cesario concluyó que “estos avances permitirá a los sectores público y privado, obtener en el mediano plazo el financiamiento necesario para encarar los proyectos de inversión en infraestructura, gas, petróleo, minería y de otros sectores productivos que permitan generar riqueza y desarrollo a nuestro país”.
Wall Street borró hoy las ganancias en la recta final de una jornada de gran volatilidad y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cerró la sesión con un descenso del 0,17 %.
Según datos provisionales al cierre de los mercados, ese índice retrocedió 27,48 puntos hasta las 16.179,66 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 cedió 0,13 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq perdió 0,13 %.
En ese mercado la acción de YPF terminó en rojo, en línea con retroceso que registraba en la Bolsa de Buenos Aires, tras el acuerdo de compensación por la expropiación del 51% a la petrolera española Repsol.
El ADR de la compañía estatal cedió 2,1% a 27,69 dólares en Nueva York.
El Consejo de Administración de Repsol anunció esta tarde la aprobación de la “solución amigable” alcanzada con el Gobierno, por el cual la Argentina “reconoce el derecho de la compañía” a percibir cinco mil millones de dólares como compensación.
El comunicado que dio a conocer la petrolera Repsol, tras haber conseguido en Madrid la aprobación del acuerdo con la Argentina de su propio Consejo de Administración, tiene un párrafo sobre “Garantías” que el comunicado de prensa del ministerio de Economía dejó de lado.
En relación a una eventual ‘reestructuración‘ de la deuda pública argentina o a un futuro default, los españoles dieron a conocer un párrafo que señala textualmente una obligación adicional a la que, según ellos, se allanó la Argentina: “Como garantía adicional, la República Argentina reconoce que en caso de reestructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda, y reclamar en arbitraje internacional sujeto a UNCITRAL (Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) las cantidades pendientes de pago hasta alcanzar los 5.000 millones de dólares”, señalaron.
En la conferencia de prensa que dio tras el acuerdo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, hizo una mención genérica al arbitraje de UNCITRAL, en caso de “incumplimientos”, pero no especificó sobre la cláusula.
Fuentes españolas le dijeron a DyN que “acelerar la deuda” es simplemente que en caso de incumplimiento de pago, Repsol “puede reclamar en arbitraje internacional‘ las sumas pendientes, hasta completar los 5.000 millones acordados.
También revelaron que “el acuerdo de compensación estará protegido por el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre España y Argentina”.
Otros detalles del acuerdo son los que siguen:
*¿DEVOLVERA O DEVOLVERIA? Entre ambos comunicados se registra ADEMÁS una diferencia no menor en un tiempo verbal empleado por las partes: mientras Economía señaló en el suyo que “Repsol devolverá” lo que sobre de los 5.000 millones de dólares pactados, Repsol consignó desde Madrid que el exceso se “devolvería” a la República Argentina.
*‘PRO SOLVENDO‘ La expresión ‘pro solvendo‘, que utilizan ambas partes, es un término legal que significa que “la obligación no quedará extinguida en su totalidad, hasta que no se alcance el valor acordado”, en este caso los 5 mil millones de dólares pactados.
*APROBACIONES Los dos comunicados consignan por igual que la entrada en vigor del acuerdo necesita la aprobación posterior ‘de la Junta General de Accionistas de Repsol y del Honorable Congreso de la Nación Argentina‘
*ACUERDO CON YPF El comunicado español señaló que “simultáneamente con la formalización del Convenio, está prevista la firma de un acuerdo entre Repsol, de un lado, e YPF e YPF Gas de otro, por el que -principalmente- se acuerda entre las partes el desistimiento de acciones judiciales, así como una serie de renuncias e indemnidades mutuas entre Repsol e YPF”.
FUENTE: Agencias Buenos Aires
Estados Unidos respondió hoy a la expulsión de tres funcionarios de su embajada en Caracas con la declaración de “persona non grata” de tres diplomáticos venezolanos, y pidió a ese país “más seriedad” para poder normalizar la deteriorada relación bilateral.
Una semana después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara la expulsión de tres funcionarios estadounidenses por su supuesta instigación de las manifestaciones populares en el país, el Gobierno de EE.UU. reaccionó con una medida idéntica.
“El Departamento de Estado ha declarado persona non grata al primer secretario (de la embajada de Venezuela) Ignacio Luis Cajal Ávalos, el primer secretario Víctor Manuel Pisani Azpurua y el segundo secretario Marcos José García Figueredo. Se les ha dado 48 horas para abandonar Estados Unidos”, dijo una fuente oficial.
El Gobierno de Barack Obama, que ha rechazado desde un principio haber orquestado las protestas en Venezuela como sostiene Maduro, actuó “en respuesta a la decisión del Gobierno venezolano” de expulsar a sus diplomáticos en Caracas, añadió la fuente del Departamento de Estado.
Venezuela y Estados Unidos retiraron a sus embajadores en 2010 y desde entonces ambas misiones diplomáticas han ido perdiendo representación debido a las crecientes tensiones bilaterales.
El anuncio se produjo poco antes de que el canciller venezolano, Elías Jaua, anunciara que propondrá a Maximilian Arveláez como nuevo embajador de Venezuela en Estados Unidos, algo a lo que Washington reaccionó con escepticismo.
“Maduro tiene que centrarse en responder a las quejas legítimas del pueblo venezolano, no en el diálogo con Estados Unidos”, sentenció hoy el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó hoy al Gobierno su preocupación por la suba de tasas de interés y su impacto en pymes, la “proliferación” de impuestos, el sostenimiento del empleo y la falta de ajuste por inflación que termina distorsionando balances de empresas y obligándolas a tributar ganancias ficticias.
Así lo planteó el titular de la UIA, Héctor Méndez, durante un encuentro con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el que se trataron la situación del sector y las perspectivas para este año.
Según informó la UIA, “se abordaron temas de interés para el desarrollo y competitividad industrial, entre otros, la suba de tasas de interés que afectan particularmente a las Pymes, la proliferación de tasas impositivas provinciales y municipales, la problemática laboral y de empleo, y la situación planteada por la falta de ajuste por inflación en balances”.
En el encuentro de Junta Directiva que realizó la central fabril durante la tarde, también se analizó el impacto sobre la competitividad y el desarrollo de la industria por la aplicación del Canon del Agua en la provincia de Buenos Aires.
Capitanich y Méndez, quien concurrió acompañado por uno de los vicepresidentes de la entidad, Daniel Funes de Rioja, coincidieron en la necesidad de “apuntalar más inversiones” para el sector.
El funcionario destacó que “la industria manufacturera presenta un crecimiento del 234% entre 2003 y los primeros tres meses del 2013, a la vez que el equipo durable de producción asociado a la actividad creció un 296%”.
Además, “valoró también que durante el 2011 se registró un récord en materia de inversión dado que la inversión bruta interna fija alcanzó a significar un 24,5% del Producto Interno Bruto mientras que el 50% de dicha participación correspondió a equipo durable de producción de la economía en su conjunto”.
El Gobierno nacional y los gremios docentes no pudieron alcanzar hoy un acuerdo salarial y las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio para el lunes próximo.
Así lo indicó Stella Maldonado, titular de CTERA, quien señaló que “no hubo una propuesta superadora” del 22% de aumento que el Gobierno ofertó en el primer encuentro.
“Se pasó a un cuarto intermedio para el lunes y se reunirán las comisiones técnicas para construir una propuesta que sea superadora que hasta ahora no la hubo”, indicó Maldonado, a la salida del encuentro con funcionarios nacionales.
No obstante, Maldonado aseguró que las medidas de fuerza anunciadas “están suspendidas”, pero consideró que “no nos moveremos un centímetro del pedido nuestro”.
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Graciela Ciccone, hija de uno de los fundadores de la empresa, presentó hoy ante la Justicia un acta que da cuenta de una reunión que habría mantenido su padre Héctor Ciccone con Amado Boudou para negociar la venta de la imprenta.
No obstante, en el entorno del Vicepresidente aseguraron que ese documento “ya había sido desmentido” por el propio escribano que aparece certificando el acta.
Graciela Ciccone, hija de Héctor Ciccone, declaró como testigo ante el juez federal Ariel Lijo y presentó un acta de siete párrafos firmada por su padre el 2 de mayo de 2012, un mes antes de su muerte, y certificada ante el escribano Carlos Arturo Luaces.
En ella se da cuenta de una reunión que este socio fundador de la empresa habría mantenido el 1 de septiembre de 2010, entre las 9 y las 10 de la mañana en un restaurante de Puerto Madero con el entonces ministro de Economía y su socio, José María Núñez Carmona, para negociar detalles de la compra de la imprenta.
“En dicha reunión se hablaron y trataron temas vinculados con el devenir de la negociación de nuestra empresa familiar”, indicó Ciccone en el documento y agregó que allí “Boudou manifestó que el señor José María Núñez Carmona era de su máxima confianza y que la cosa iba a cambiar, a lo que el dicente solicitó protección para la familia y que se acabara con la hostilidad que la empresa y la familia venían sufriendo desde hacía ya varios años”.
En el último párrafo, el texto de Héctor Ciccone señala: “Se deja esto manifestado a los fines que otorgue fecha cierta, en el marco de una certificación notarial, con la sola pretensión de contribuir a la verdad de los hechos y acallar ciertas mentiras que sólo hacen daño a nuestra honrada y trabajadora familia”.
Sin embargo, fuentes cercanas al Vicepresidente señalaron que aportó un acta “que había sido desmentida en la declaración testimonial del escribano que supuestamente certificó el documento” con la firma del empresario.
