La firma de ma ñana en Buenos Aires del acuerdo definitivo con Repsol es sólo el principio. A partir de ahora comienzan a correr 70 días en los cuales el Gobierno definirá si es posible o no retornar al mercado financiero mundial de colocación de deuda voluntaria . En otras palabras, hasta mediados de abril, el kirchnerismo definirá si puede obtener dólares en el exterior para reforzar las reservas y concentrarse en mejorar la economía doméstica. Para esto habrá que tomar pronto la decisión política de aceptar definitivamente un cambio de rumbo en la relación con los organismos financieros internacionales los cuales esperarán a los funcionarios de Cristina de Kirchner en cuatro eventos clave donde escucharán las propuestas oficiales sobre cómo volver a los mercados. En cascada aguardarán las explicaciones argentinas en Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Club de París (CP), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Los cuatro eventos en cuestión comienzan la semana del lunes 17 de marzo, cuando nuevamente se reúnan en París los integrantes del CP para analizar si se avanza definitivamente o no con la propuesta que presentó personalmente el ministro de Economía Axel Kicillof en persona hace algo más de un mes, para regularizar la deuda por u$s 10.000 millones que se le deben a los países miembros. En principio, habría acuerdo de los estados acreedores de aceptar un plan de pagos de largo plazo (a 10 años), incluyendo la alternativa de títulos públicos de deuda (algo que no está permitido ni avalado por el estatuto del organismo, pero que podría negociarse). Se le aceptaría al país además una liquidación al contado de menos de los u$s 2.000 millones que se reclamaban originalmente, los que además podrían pagarse recién en 2015. El problema principal, y del que parecería no poder escapar la Argentina, es en el reclamo de los dos mayores acreedores (Alemania y Japón, a los que se le deben más de u$s 4.000 millones), que intervenga el FMI en el acuerdo. Ambos estados exigen aunque más no sea un aval «light» del organismo que dirige Christine Lagarde . Esto es, una revisión de las cuentas internas del país previstas en el artículo IV de la Carta Orgánica del FMI. Sólo con esta aceptación por parte de la Argentina, el acuerdo con el Club de París se destrabaría.
El segundo evento que espera a Kicillof y al presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, será entre el 27 y el 30 de marzo en Costa do Sauípe, Salvador de Bahía, Brasil. Hasta ese paraíso natural tendrán que viajar los funcionarios argentinos para cruzarse con los principales representantes de los bancos del mundo que participarán en la Asamblea Anual del BID. El organismo de crédito fue el único que durante años mantuvo las líneas de prestamos habilitadas para el país, y la intención del organismo que maneja Luis Alberto Moreno es ampliar los dólares disponibles para la Argentina, hasta llegar a los u$s 2.000 millones para este año. Será dinero para obras públicas y reformas administrativas, pero al estar previstas podrían´liberar fondos para luego reforzar las reservas. Lo más importante del encuentro, será la alternativa de tomar contacto con los enviados del los grandes bancos de inversión del mundo para analizar las alternativas reales de colocación de deuda voluntaria en el segundo semestre. La intención oficial es que no se pague una tasa no mayor a lo que ayer se acordó con Repsol: un 8,75%.
El tercer evento será, quizá, el más definitorio para el kirchnerismo, al menos en lo político. Entre el 11 y el 13 de abril se concretará otra Asamblea Anual de Primavera del FMI en Washington y uno de los temas que el directorio del organismo debe tratar es la seriedad de la nueva medición de la inflación que presentó el Gobierno argentino el 13 de febrero pasado. Se descarta en Buenos Aires que así será, y que para septiembre (la próxima reunión de otoño del Fondo), definitivamente la Argentina estará fuera de la calificación de «moción de censura». Lo importante es el contacto que Kicillof y Fábrega mantengan con los hombres de Lagarde, para negociar la apertura de los números y estadísticas argentinos a una auditoría del artículo IV del FMI. Nuevamente se trata de una decisión política casi personal de Cristina de Kirchner. Como para presionar, el Fondo incluyó en su listado del 3 de febrero pasado al país dentro de los estados que no permiten estas inspecciones, junto con Venezuela, Ecuador y Eritrea. Somalía, Madagascar, Siria y Egipto tampoco permiten estas auditorías pero, como aclara el FMI, por cuestiones de convulsión política interna.
El cronograma internacional termina el 21 de abril, cuando los abogados que representan al país en el juicio contra los fondos buitre tengan la que quizá sea la última oportunidad para convencer a los jueces de la Corte Suprema de EE.UU. que tomen el caso. Ese día fue fijado por el Tribunal para escuchar a los representantes de las dos partes en otra causa, la alternativa de embargar o no fondos del Banco Nación, pero se les aclaró a los abogados que se analizarán también posiciones del caso de fondo. De la convicción de los profesionales dependerá gran parte de la suerte de la Argentina. Si éstos logran convencer a los jueces, el juicio continuará hasta bien entrado 2015. Si no, antes de junio habría sentencia contra la Argentina, probablemente desfavorable, al rechazar la Corte tratar el caso y dejar firmes los fallos negativos de primera y segunda instancia. Del resultado dependerá la velocidad que deberán aplicar Axel Kicillof y el secretario de finanzas Pablo López en definir la oferta que se les hará a los fondos buitre y a holdouts.
Los cuatro eventos en cuestión comienzan la semana del lunes 17 de marzo, cuando nuevamente se reúnan en París los integrantes del CP para analizar si se avanza definitivamente o no con la propuesta que presentó personalmente el ministro de Economía Axel Kicillof en persona hace algo más de un mes, para regularizar la deuda por u$s 10.000 millones que se le deben a los países miembros. En principio, habría acuerdo de los estados acreedores de aceptar un plan de pagos de largo plazo (a 10 años), incluyendo la alternativa de títulos públicos de deuda (algo que no está permitido ni avalado por el estatuto del organismo, pero que podría negociarse). Se le aceptaría al país además una liquidación al contado de menos de los u$s 2.000 millones que se reclamaban originalmente, los que además podrían pagarse recién en 2015. El problema principal, y del que parecería no poder escapar la Argentina, es en el reclamo de los dos mayores acreedores (Alemania y Japón, a los que se le deben más de u$s 4.000 millones), que intervenga el FMI en el acuerdo. Ambos estados exigen aunque más no sea un aval «light» del organismo que dirige Christine Lagarde . Esto es, una revisión de las cuentas internas del país previstas en el artículo IV de la Carta Orgánica del FMI. Sólo con esta aceptación por parte de la Argentina, el acuerdo con el Club de París se destrabaría.
El segundo evento que espera a Kicillof y al presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, será entre el 27 y el 30 de marzo en Costa do Sauípe, Salvador de Bahía, Brasil. Hasta ese paraíso natural tendrán que viajar los funcionarios argentinos para cruzarse con los principales representantes de los bancos del mundo que participarán en la Asamblea Anual del BID. El organismo de crédito fue el único que durante años mantuvo las líneas de prestamos habilitadas para el país, y la intención del organismo que maneja Luis Alberto Moreno es ampliar los dólares disponibles para la Argentina, hasta llegar a los u$s 2.000 millones para este año. Será dinero para obras públicas y reformas administrativas, pero al estar previstas podrían´liberar fondos para luego reforzar las reservas. Lo más importante del encuentro, será la alternativa de tomar contacto con los enviados del los grandes bancos de inversión del mundo para analizar las alternativas reales de colocación de deuda voluntaria en el segundo semestre. La intención oficial es que no se pague una tasa no mayor a lo que ayer se acordó con Repsol: un 8,75%.
El tercer evento será, quizá, el más definitorio para el kirchnerismo, al menos en lo político. Entre el 11 y el 13 de abril se concretará otra Asamblea Anual de Primavera del FMI en Washington y uno de los temas que el directorio del organismo debe tratar es la seriedad de la nueva medición de la inflación que presentó el Gobierno argentino el 13 de febrero pasado. Se descarta en Buenos Aires que así será, y que para septiembre (la próxima reunión de otoño del Fondo), definitivamente la Argentina estará fuera de la calificación de «moción de censura». Lo importante es el contacto que Kicillof y Fábrega mantengan con los hombres de Lagarde, para negociar la apertura de los números y estadísticas argentinos a una auditoría del artículo IV del FMI. Nuevamente se trata de una decisión política casi personal de Cristina de Kirchner. Como para presionar, el Fondo incluyó en su listado del 3 de febrero pasado al país dentro de los estados que no permiten estas inspecciones, junto con Venezuela, Ecuador y Eritrea. Somalía, Madagascar, Siria y Egipto tampoco permiten estas auditorías pero, como aclara el FMI, por cuestiones de convulsión política interna.
El cronograma internacional termina el 21 de abril, cuando los abogados que representan al país en el juicio contra los fondos buitre tengan la que quizá sea la última oportunidad para convencer a los jueces de la Corte Suprema de EE.UU. que tomen el caso. Ese día fue fijado por el Tribunal para escuchar a los representantes de las dos partes en otra causa, la alternativa de embargar o no fondos del Banco Nación, pero se les aclaró a los abogados que se analizarán también posiciones del caso de fondo. De la convicción de los profesionales dependerá gran parte de la suerte de la Argentina. Si éstos logran convencer a los jueces, el juicio continuará hasta bien entrado 2015. Si no, antes de junio habría sentencia contra la Argentina, probablemente desfavorable, al rechazar la Corte tratar el caso y dejar firmes los fallos negativos de primera y segunda instancia. Del resultado dependerá la velocidad que deberán aplicar Axel Kicillof y el secretario de finanzas Pablo López en definir la oferta que se les hará a los fondos buitre y a holdouts.
