En lo que fue uno de los tramos centrales de su discurso en la apertura del año legislativo 2014, el sábado último, la presidenta, Cristina Fernández, pidió a los diputados y senadores la aprobación de mecanismos que «defiendan de una vez a los usuarios y consumidores frente al abuso de los sectores concentrados» a los que asoció con las subas de precios. El pedido de la mandataria llegó pocos días después de dos series de proyectos de legisladores oficialistas ingresaron al Congreso con ese fin.
Un paquete de medidas lleva la firma del senador nacional Aníbal Fernández, e incluye una modificación a la Ley de Lealtad Comercial, presentada el 17 de febrero, y otra iniciativa para cambiar la Ley de Defensa al Consumidor, presentada una semana antes. Pero la referencia de la titular del Ejecutivo marca un camino que va a contramano de la «preocupación» que en las últimas jornadas manifestaron dirigentes del empresariado, que en distintas instancias hicieron saber su disconformidad con el avance de los proyectos de ley en cuestión. Así fue el martes pasado durante la entrevista entre el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde el titular de la entidad, Héctor Méndez, y el vice, Daniel Funes de Rioja, comunicaron la disconformidad de los empresarios fabriles con las iniciativas ingresadas al Congreso de la Nación, según pudo saber Tiempo Argentino.
Según trascendió, los industriales le plantearon a Capitanich su rechazo a las denuncias públicas que sufrieron algunas empresas en el marco del incumplimiento del programa Precios Cuidados. Pero Méndez también aprovechó la cita para blanquear sus diferencias con el proyecto Recalde. Fuentes ligadas a Capitanich lo negaron pero los empresarios lo admitieron. «No se pude ser tan duro con los industriales como se fue en los últimos tiempos con el tema de los precios», se lamentó Méndez, un histórico dirigente del sector plástico. Ese día la UIA reclamó también por la suba de las tasas de interés y exigió que se restablezca el ajuste por inflación en los balances empresarios. Tiempo Argentino pudo saber también que en otra reunión con el ministro de Economía, Axel Kicillof, Funes de Rioja, también titular de la cámara de empresas alimenticias COPAL, señaló hace 15 días que a sus representados «les preocupa» la salida de la ley Recalde. En el mismo marco, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) hizo el mismo planteo al secretario de Comercio Interior, Augusto Costa. La ASU está presidida por el titular de la cadena Coto, Alfredo Coto, y reúne además a otros grandes jugadores del mercado local, como Carrefour, Jumbo y los demás comercios del Grupo Cencosud, y WalMart, entre otras firmas de gran penetración en todo el territorio del país. En particular, los hombres de negocios prestan especial atención a lo que pueda pasar con los proyectos del diputado Recalde, que apuntan a modificar las leyes de Abastecimiento, de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor. Si bien las iniciativas de Aníbal Fernández, presentadas el 13 y el 17 de febrero, van en la misma dirección, trascendió que en los pasillos de gobierno verían con mayor simpatía los proyectos del senador.
«No se pude ser tan duro con los industriales como se fue en los últimos tiempos con el tema de los precios»
Después del encuentro con Capitanich, voceros de la UIA «rechazaron enfáticamente» en diálogo con la prensa la iniciativa de Recalde, a la que fustigaron especialmente su artículo 26 que impulsa declarar «de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población y sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación». El titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, admitió a Tiempo Argentino que las empresas tienen bajo la lupa a los dos proyectos de ley del oficialismo, a los que definió como un embate del gobierno contra las empresas privadas.
En concreto, sobre el proyecto de Recalde, De la Vega afirmó que «una vez más se presenta en el Congreso un proyecto que es antiempresario, que trata de actuar sobre las consecuencias de la inflación y no sobre las causas». La presentación, según analizó el dirigente comercial, «es como un intento de amenazar al sector privado que invierte, produce, da trabajo, paga los impuestos y sostiene al Estado».
Por estas horas, los abogados de la CAC analizan los proyectos de ley a pedido de la conducción de la entidad. La intención, consignó De la Vega, es pedir una audiencia en el Congreso «para hacer saber nuestra opinión» sobre el proyecto. En particular, los empresarios pedirán una entrevista para discutir el tema con el diputado Recalde. «En este momento hay que buscar alentar las inversiones para que el mercado pueda contener los precios», insistió el referente mercantil, quien agregó que «esto no se logra con amenazas». Para De la Vega, el proyecto del diputado oficialista busca «perseguir a las empresas que crecen». Esa iniciativa, agregó, «es un castigo al éxito y al productividad».
Pero una de las entidades «titánicas» en lo que a influencia empresaria se refiere, es la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en cuyas filas militan cuadros dirigenciales como el titular de la alimenticia Arcor, Luis Pagani; la organización Techint de Paolo Rocca; Héctor Magnetto, del Grupo Clarín; el constructor Aldo Roggio; Enrique Pescarmona, de IMPSA; y el dirigente agroindustrial, Gustavo Grobocopatel, entre otros.
CAMBIANDO EL EJE DE LA CUESTIÓN. En un mensaje que publicó el suplemento económico del diario Clarín (IECO) en su edición del domingo 23 de febrero, y que lleva la firma de su titular, Jaime Campos, la entidad empresaria cuestionó las políticas oficiales para responder a la problemática de la suba de los precios y despegó de toda responsabilidad a las empresas privadas.
En sintonía con Méndez y De la Vega, el texto de AEA advierte que «es muy difícil planificar y competir eficazmente en un entorno donde los precios se modifican con frecuencia» lo que es «vital cuando se trata de programar futuras inversiones». Lejos de toda autocrítica, el mensaje señaló que los aumentos de precios «no es el resultado de la acción puntual de agentes económicos» sino que obedece a «desequilibrios macroeconómicos» por los que reclamó políticas para actuar en ese sentido.
En el fragor de la discusión sobre la formación de precios, los supermercados suelen recaer en acusaciones contra las fábricas de alimentos, que son a su vez sus proveedores de mercadería. Estas últimas, por su parte, devuelven la acusación y también se despegan de las maniobras que determinan el impacto en las góndolas. En una de las más importantes compañías del mercado local e internacional le confesaron a Tiempo Argentino su «preocupación» con la posibilidad de que el proyecto Recalde avance instancias en el Parlamento. «Si sale esa ley nos mata a todos», fue la evaluación que hizo un ejecutivo de la firma que graficó el clima que se vive puertas adentro de la fábrica en relación con la posible normativa. La empresa a la que representa integra el grupo de 25 firmas que abastecen el 80% de todo el mercado argentino.
El discurso presidencial del sábado representó un vuelta de tuerca al tema con el llamado a los legisladores a proceder con iniciativas que vayan en el camino señalado. Más allá del auditorio de diputados y senadores, la mandataria formuló un pedido a «cuidar los bolsillos» de los actores económicos que quieren cobrar valores por encima de lo considerado «racional». En ese marco, la titular del Ejecutivo se refirió a los empresarios, a quienes pidió defender un «capitalismo nacional y competitivo» porque «van a ser fuertes empresarios en la medida que el país sea fuerte, si no van a ser cola de ratón».
Consultado por este medio sobre el mensaje presidencial, el director de Celulosa Argentina y vicepresidente de la Unión Industrial, José Urtubey, moderó el impacto de la alusión presidencial. El dirigente salteño opinó en ese sentido que la mandataria «no metió en la bolsa a todos» los hombres de negocios, a lo que añadió que «tampoco fue precisa» respecto a qué proyectos se refería en su llamado a los legisladores a aprobar normativas «antimonopólicas».
Sobre esa base, el empresario planteó que «habrá que esperar cómo va a resultar el consenso de los diputados y senadores que van a definir la cuestión», aunque evaluó que «hoy hay legislación como para trabajar» en casos de abusos de grandes empresas. El referente privado reconoció que la dirigencia fabril sigue con más atención el proyecto de Recalde, sobre el que expresó que «hay que tener cuidado con que no se avance sobre el libre ejercicio de la industria y el comercio. Todo lo que tenga que ver con el derecho al consumidor, bienvenido sea, pero hay que tratar de no caer en temas inconstitucionales.»
LOS PROYECTOS. El proyecto del diputado Héctor Recalde modifica las leyes de Abastecimiento, de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor. Centralmente se propone «efectivizar» las sanciones por el acuerdo de precios por medio de «penalidades consagradas en las normas». En concreto, la propuesta busca garantizar «homogeneidad» a los mecanismos procesales de las tres leyes; acortar los plazos y adaptar las multas –entre otras cosas, por subas injustificadas de precios. El texto fija también la competencia en la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y en las Cámaras Federales en las provincias. El proyecto facilita por otra parte el ejercicio de las facultades que la Ley de Abastecimiento atribuye al Poder Ejecutivo para expropiar bienes «objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación» porque, sostiene el texto de Recalde, «las diversas maniobras especulativas de ciertos sectores productivos y de comercialización que impacta gravemente en la población consumidora en general, deben ser evitadas».
Aníbal Fernández presentó un proyecto para que las sanciones a fabricantes y comercios por violación a la Ley N° 22802 de Lealtad Comercial «se ejecuten, aún cuando hayan sido recurridas ante la justicia», afirmó el senador en una publicación de su página web oficial.
El jueves 13 de febrero Fernández había publicado otra iniciativa de reforma de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Los proyectos son complementarios: «la Ley de Lealtad Comercial sanciona a fabricantes y comercios que infringen reglas de identificación, presentación y publicidad de las mercaderías, perjudicando tanto a sus pares como al eslabón más débil de la cadena de consumo: el consumidor», explicó el legislador. Lejos de la posición de las grandes empresas, en otros sectores de la actividad productiva destacaron el valor de las iniciativas de Fernández y Recalde. De hecho se reunieron para impulsar la unificación de esos proyectos con el fin de fortalecer la propuesta que analice posteriormente el Congreso Nacional.
La cita fue el martes pasado en la sede de la Comisión Nacional de Valores, donde el titular, Alejandro Vanoli, recibió al miembro de la cámara metalúrgica Adimra, Juan Lascurain (también parte de la UIA); a los presidentes de las entidades empresarias CGE, Ider Peretti, y CGERA, Marcelo Fernández; a entidades gremiales como la CGT, por medio del dirigente mecánico, Ricardo Pignanelli, y la CTA, representada por su titular, Hugo Yasky; a asociaciones de defensa al consumidor; y a sectores de la cultura como el grupo Carta Abierta (ver página 6). Los convocados, que se habían reunido en la CNV una semana antes para hacer un diagnóstico de la problemática de los precios, dieron un amplio apoyo a la posibilidad de avanzar en una iniciativa legal que sirva como soporte para la legislación existente en materia de control de las empresas. En ese marco, el titular de la CGE, Ider Peretti, señaló que «el control de precios es fundamental para todos los sectores de la economía nacional» por lo que aseguró que «hay que trabajar en un proyecto que contribuya al control de las fuerzas que desequilibran el mercado argentino» y aseguren en paralelo «que no haya ni reducción de salarios ni pérdida del poder adquisitivo y, menos todavía, desempleo».
Por su parte, Marcelo Fernández, de CGERA, afirmó que la iniciativa «no es más que apoyar la industria nacional e ir contra quienes controlan los precios intentando dominar la economía». Desde su sitio de Internet, Fernández agregó que «en el marco de los esfuerzos del gobierno nacional por asegurar la implementación del programa Precios Cuidados, este nuevo proyecto refuerza las herramientas para sancionar a los especuladores. Pretende evitar que el infractor goce de una herramienta procesal que le permita dilatar los plazos de cumplimiento de las sanciones». «
Los alcances del proyecto de ley
Actualización legislativa. La propuesta de Recalde busca darle «homogeneidad» a los aspectos procesales de las tres leyes; reducir los plazos y actualizar las multas –por ejemplo, por suba injustificada de precios– mediante la aplicación de la fórmula de la movilidad jubilatoria.Los montos de las sanciones pasan de $ 500 a 5000 y de $ 1 millón a 10 millones la penalización más elevada propuesta en la nueva norma.
Competencia. Por otra parte, el texto legislativo fija la competencia judicial en la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y en las Cámaras Federales en las provincias, y establece que la parte que recurre a la justicia deberá acreditar el cumplimiento previo; de lo contrario, quedaría firme la sanción.
Expropiación por maniobras abusivas. En último término, el proyecto facilita el ejercicio de las facultades que ya otorga la Ley de Abastecimiento al Poder Ejecutivo para expropiar bienes «que sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación».
Otra iniciativa. En línea con la iniciativa de Recalde, el senador Aníbal Fernández presentó otro proyecto sobre precios. La iniciativa pide que los supermercados sancionados paguen las multas y luego reclamen en la justicia.
Aplicación
Control online
La aplicación Precios Cuidados, creada por emprendedores independientes, recibió en febrero más de 1000 denuncias diarias por faltantes de productos y otras irregularidades detectadas por consumidores en supermercados.
