El propósito de recrear una Junta de Granos en nuestro país demuestra la escasa propensión por asumir las enseñanzas del pasado, que en el caso de marras se remonta a más de medio siglo, cuando no sólo se infligieron graves daños a la producción granaria nacional, sino que también se dilapidaron cuantiosos recursos que podrían haber sido asignados a mejores destinos.
Otros sectores de la vida nacional tuvieron la misma o incluso peor suerte, pero, en lo concerniente al agro, cabe recordar la vigencia de organismos de variadas funciones, tales como los destinados a carnes, algodón, vid, azúcar y yerba mate, que tal vez tuvieron justificación durante la crisis mundial de la década del treinta, pero que no sólo perduraron por largo tiempo, sino que proyectaron duros perjuicios a los respectivos sectores y a toda la economía.
La Junta Nacional de Granos data de 1933, con la denominación y funciones de la Junta Reguladora de Granos, que compraba el trigo, el maíz y el lino que se le ofreciera a precios establecidos por el Gobierno para venderlos a los exportadores. Si las operaciones dieran lugar a quebrantos, se cubrirían con recursos del Fondo de Cambios del Banco de la Nación. El propósito consistía en que los agricultores tuvieran precios compensatorios sin finalidades estatistas y monopólicas.
La aludida Junta fue sustituida por la Junta Reguladora de la Producción Agrícola de finalidades más amplias, que en 1946 fue reemplazada por el IAPI, un organismo nefasto de finalidades monopólicas, habilitado para comprar y vender todo, ya fueran bienes agrarios como industriales, lo cual dio lugar a grandes ganancias y también quebrantos en un contexto de alta corrupción. En 1956, el IAPI fue sustituido por la Junta Nacional de Granos, que compraba granos en competencia con cooperativas, acopiadores y otras organizaciones privadas a condición de pagar precios mínimos. A partir de entonces, pasaron a tener gran relevancia los elevadores y silos de donde nacieron la Comisión Nacional de Granos y Elevadores y la Dirección Nacional de Granos y Elevadores. La Junta Nacional de Granos fue creciendo para transformarse en un organismo burocrático que llegó a tener 8000 agentes, sin justificar su existencia. Luego de varias podas en su organización y personal, la Junta Nacional de Granos fue disuelta en 1991.
Pensar en el retorno de un organismo como la Junta Nacional de Granos, o de cualquiera de sus antecesores, significa desconocer la realidad del mundo actual de los alimentos, donde tiene lugar una gran proporción de nuestro comercio exterior, y completamente distinto del existente en el pasado. Operan en él empresas privadas cuya capacidad, administración y recursos en general rebasan las posibilidades de un organismo del Estado argentino inepto, incapaz de obtener ventajas comerciales de sus rivales en el mundo. Además, no existen hoy virtualmente operaciones de Estado a Estado, reemplazadas por empresas privadas en un contexto de competitividad en el cual nuestro país tiene todo para perder.
Una Junta de Granos con la escala y capacidad financiera para operar en el mercado mundial requeriría una financiación de imposible provisión por parte del Estado nacional, grávido en deudas y carente de recursos. Por eso, cabe preguntarse si tiene sentido hoy querer reeditar un organismo ineficiente, elefantiásico y proclive a la burocracia corrupta. .
Otros sectores de la vida nacional tuvieron la misma o incluso peor suerte, pero, en lo concerniente al agro, cabe recordar la vigencia de organismos de variadas funciones, tales como los destinados a carnes, algodón, vid, azúcar y yerba mate, que tal vez tuvieron justificación durante la crisis mundial de la década del treinta, pero que no sólo perduraron por largo tiempo, sino que proyectaron duros perjuicios a los respectivos sectores y a toda la economía.
La Junta Nacional de Granos data de 1933, con la denominación y funciones de la Junta Reguladora de Granos, que compraba el trigo, el maíz y el lino que se le ofreciera a precios establecidos por el Gobierno para venderlos a los exportadores. Si las operaciones dieran lugar a quebrantos, se cubrirían con recursos del Fondo de Cambios del Banco de la Nación. El propósito consistía en que los agricultores tuvieran precios compensatorios sin finalidades estatistas y monopólicas.
La aludida Junta fue sustituida por la Junta Reguladora de la Producción Agrícola de finalidades más amplias, que en 1946 fue reemplazada por el IAPI, un organismo nefasto de finalidades monopólicas, habilitado para comprar y vender todo, ya fueran bienes agrarios como industriales, lo cual dio lugar a grandes ganancias y también quebrantos en un contexto de alta corrupción. En 1956, el IAPI fue sustituido por la Junta Nacional de Granos, que compraba granos en competencia con cooperativas, acopiadores y otras organizaciones privadas a condición de pagar precios mínimos. A partir de entonces, pasaron a tener gran relevancia los elevadores y silos de donde nacieron la Comisión Nacional de Granos y Elevadores y la Dirección Nacional de Granos y Elevadores. La Junta Nacional de Granos fue creciendo para transformarse en un organismo burocrático que llegó a tener 8000 agentes, sin justificar su existencia. Luego de varias podas en su organización y personal, la Junta Nacional de Granos fue disuelta en 1991.
Pensar en el retorno de un organismo como la Junta Nacional de Granos, o de cualquiera de sus antecesores, significa desconocer la realidad del mundo actual de los alimentos, donde tiene lugar una gran proporción de nuestro comercio exterior, y completamente distinto del existente en el pasado. Operan en él empresas privadas cuya capacidad, administración y recursos en general rebasan las posibilidades de un organismo del Estado argentino inepto, incapaz de obtener ventajas comerciales de sus rivales en el mundo. Además, no existen hoy virtualmente operaciones de Estado a Estado, reemplazadas por empresas privadas en un contexto de competitividad en el cual nuestro país tiene todo para perder.
Una Junta de Granos con la escala y capacidad financiera para operar en el mercado mundial requeriría una financiación de imposible provisión por parte del Estado nacional, grávido en deudas y carente de recursos. Por eso, cabe preguntarse si tiene sentido hoy querer reeditar un organismo ineficiente, elefantiásico y proclive a la burocracia corrupta. .
