El Consejo Legislativo del estado australiano de Victoria ha aprobado una ley que prohíbe a los manifestantes protestar en dicho estado.
A partir de septiembre la Policía de Victoria tendrá potestad para detener a los activistas que protestan, incluidos los que participan en mítines pacíficos. Los manifestantes podrían ser sancionados con multas de hasta 750 dólares o ser condenados a prisión por un máximo de 2 años. Algunos expertos creen que carece de sentido darle este tipo de poder a los agentes del orden, ya que podrán llevar a cabo detenciones sin ninguna justificación.