Massa es sólo un alfil

Antes de que el Foreing Office lo declarara interlocutor válido por el tema Malvinas, bajo el supuesto –bastante verosímil– de que encarnaría una postura menos intransigente en asuntos de soberanía que la del kirchnerismo gobernante, a Sergio Massa lo descubrió la televisión argentina. Al César lo que es del César; al referente del Frente Renovador, la patria zocalera. Ser vivo no es ser inteligente. El ahora diputado no podría sostener seriamente un debate sobre Derecho, por ejemplo, con Raúl Zaffaroni. Pero en la viveza de alimentar con frases cortas y efectistas las fauces reclamantes del poder mediatizado, aventaja a varios de sus contendientes. Massa es carne de spot.

Arrojando una serie de definiciones tan contundentes como improbables, que asocian el contenido puesto a debate a una proclama abolicionista, produjo un daño siniestro –aún no sabe si irreversible– al anteproyecto de reforma del Código Penal. Del otro lado, una multitud rugiente que jamás se tomaría el trabajo de leer los 300 artículos redactados por un grupo de juristas multipartidarios, en lo más parecido al germen de una política pública consensuada, decidió creerle. Pero primero fue la televisión.

Un tuit tiene 140 caracteres. Un zócalo, bastante menos. Decir que «el 82 % de los delitos será excarcelable» (40 caracteres), que es «un premio a los asesinos» (24), que es «un premio a los violadores» (26), que «las entraderas serán excarcelables» (34), que «bajan las penas de los 20 delitos más graves» (44) o que instala definitivamente «la puerta giratoria para los asesinos» (37), aunque no cumple con el rigor mínimo de verdad en relación a lo que expresa la letra del anteproyecto, satisface el ansia del zocalero ávido de generar espectacularidad e impacto en una audiencia previamente inoculada de espanto en gran escala.

Massa puede no saber de leyes, pero entiende la lógica cualunquista enquistada como «verdades de la calle», conoce del recelo del hombre común frente a los académicos, aprovecha el deseo de venganza solapado en algunos, el imperecedero dolor de las víctimas, contribuye con el negocio de la demagogia punitiva ante la góndola de asesinatos y robo multitelevisados que producen estupor en una sociedad atravesada por la violencia real y mediatizada. Con ese poco, hizo un desastre: instaló una polémica montada sobre ejes falsos donde la ciencia jurídica transversal dejaba poco hueco para hacerlo. De tal magnitud, que aún los expertos radicales y del PRO que habían participado del trabajo, quedaron huérfanos de apoyo partidario.

El ex intendente de Tigre jugó todas sus cartas a quedar como solitario sheriff del sistema político general. Una suerte de él contra el resto del mundo. Le salió bien. Quedó como árbitro pitando offside a toda la oposición, que se replegó de modo timorato ante la avalancha zocalera y el humor castigador que despertó en la calle. Desplegó una operación de propaganda negativa, con el apoyo de América TV, TN, Radio Mitre y la Red, e hirió de gravedad el anteproyecto con mentiras repetidas que una lectura atenta descubre al minuto diez. ¿Entraron estas corporaciones mediáticas en el juego de Massa, simplemente, porque el mensaje punitivo favorece el rating, «garpa» como se dice detrás de cámara? ¿O lo hicieron porque, además, el nuevo Código Penal del siglo XXI, democrático en su factura, moderno en sus concepciones, de llegar a ser aprobado, expondría a sus accionistas y sus prácticas a ser sancionados, como no ocurre con el actual, que lleva remiendos de 90 años?

A ver, el texto introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto, en materia de Derecho Penal, es una revolución para la Argentina. Hasta ahora no existía, ni como debate. Son los llamados delitos de cuello blanco, cometidos habitualmente por empresas, entidades financieras y corporaciones. Un diario como El Cronista Comercial, de circulación casi restringida a los hombres de negocios, fue el primero en alertar sobre esta novedad inconveniente, mientras Massa hablaba sobre «puertas giratorias».

En prosa periodística neutra, en su edición del 11 de marzo, bajo el título «Código Penal: castigarán a las empresas por crear monopolios y desabastecimiento», puede leerse: «Las empresas y no sólo sus integrantes podrán ser sancionadas por cometer delitos (…) La normativa en discusión castiga las actividades monopólicas y dispone multas que varían en función de sus ingresos. Las personas jurídicas pueden ser penadas hasta por delitos de lesa humanidad (…) El anteproyecto compendía delitos económicos que estaban contemplados en leyes especiales, como el desabastecimiento. Crea otros tipos penales, como los delitos contra la competencia o el cohecho financiero activo (una dádiva entre privados)”.

Sigue: «La nueva legislación dispone multas que varían en función de los ingresos y se miden en días. Reemplaza del criterio del Código Penal actual, que establece montos fijos, que suelen quedar desactualizados por la inflación.» Y, oh barbaridad: «Así, una empresa o su CEO pagarán más que un obrero por la comisión del mismo delito.» Cuando se habla sobre el capítulo «Delitos contra la competencia», el diario destaca que «el artículo 168 pena con prisión de seis meses a cuatro años y una multa de entre 30 y 360 días a quien abusando de una posición dominio total o parcial, o mediante acciones concertadas entre competidores, impidiere o distorsionare la competencia en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico en general. Sanciona penalmente a los monopolios, oligopolios y carteles cuando fijen precios de bienes y servicios, restrinjan la oferta o la demanda o impongan condiciones de comercialización.» Hay que leerlo de vuelta. Es muy fuerte, sobre todo cuando la Corte Suprema falló como lo hizo en el Caso Clarín SA contra el Estado en la causa por la constitucionalidad de la LSCA.

El 12 de marzo, un día más tarde, El Cronista Comercial publicó: «El anteproyecto, que el gobierno aún no decidió enviar al Congreso, incorpora a las empresas en el capítulo sobre Incremento Patrimonial No Justificado de Funcionarios y Empleados Públicos, y establece que puedan ser alcanzadas por las penas por Incremento Patrimonial No Justificado (también conocido como ‘enriquecimiento ilícito’) y Persona Interpuesta para Disimular Incremento Patrimonial, con multas de 30 a 180 días de facturación.» 

El título de la nota, lo dice más claro: «Nuevo Código agrega penas a empresas por enriquecimiento ilícito y testaferros.» Debajo, se añade: «Además, la iniciativa crea un nuevo delito, el de la utilización de sistemas de facturación apócrifos con fines de evasión, por el que podrán ser penadas personas físicas o jurídicas con multas o prisión.»

En su párrafo final, después de citar a todos los autores del anteproyecto, el diario señala: «Ellos propusieron que, además, las empresas puedan ser penalmente responsables por los delitos de información privilegiada; manipulación del mercado y oferta engañosa; y registro irregular de operaciones financieras, entre otros casos.»

¿Qué es Clarín? ¿Qué es el Grupo Vila? ¿Qué son los anunciantes (supermercados, comercios mayoristas, automotrices, bancos) que avisan en sus páginas? Empresas legales, claro. En algunos casos monopólicas, en otros oligopólicas. Con capacidad de cartelizarse (juntarse) para atacar mediáticamente una propuesta de modificación del Código Penal, también es cierto. Igual de verdadero es que, de aprobarse la reforma, pasarían a ser alcanzadas por leyes de las que hoy están eximidas, que castigan el delito menos castigado en la historia nacional: el de guante blanco, protagonizado por los dueños del poder y del dinero de todas las épocas.

Mientras tanto, para destruir el nuevo Código Penal nos hacen hablar de las «puertas giratorias». O del Sudoku, después de que un Jefe de Gabinete respondiera 980 preguntas, parado, en 12 horas continuadas de labor parlamentaria, extenuante jornada que ni los opositores toleraban sin ir al baño.