El kirchnerismo vuelve a apuntar sus cañones contra la Ley de Entidades Financieras creada por la dictadura militar, esta vez de la mano del propio Frente para la Victoria. El año previo la propuesta del diputado de Nuevo Encuentro Carlos Heller y las de otros legisladores opositores no lograron mayor éxito, pero es distinta la expectativa del senador Daniel Pérsico. El proyecto de ley presentado el lunes insiste en algunos cambios existentes en los textos anteriores, pero incorpora la discusión sobre el rol de los bancos comerciales y el poder del BCRA en el sistema financiero.
Uno de los puntos más controversiales del boceto consiste en el control de la competencia entre las entidades bancarias. El proyecto de ley al que tuvo acceso ámbito.com establece que el Banco Central monitoreará el nivel de concentración de la actividad financiera. Ninguna institución podrá tener una participación mayor al 9% en el total de depósitos privados ni en los préstamos.
Según se puede comprobar a través de los datos que publica la autoridad monetaria, son varios los bancos que superan este porcentaje dado que no existen límites en la actualidad. Por ello, si esta propuesta se convierte en ley, el BCRA establecerá el procedimiento y plazo de regularización, en la que se transferirán las carteras excedentes.
Asimismo, el proyecto pretende aumentar los créditos productivos en detrimento de los personales, donde hoy las ganancias y las tasas de interés son más elevadas. Con la eliminación del rol universal que mantienen los bancos comerciales, éstos deberán delimitarse a una línea de negocios, aunque podrán mantener otras sólo como secundarias. Así se pretenden crear incentivos para que se propaguen los bancos de inversión e hipotecarios, que pasarán a tener un papel protagónico en el aumento de la oferta de préstamos para la industria y la adquisición de viviendas.
Gracias a la ley promulgada en 1977, las entidades comerciales funcionan como una suerte de comodín, puesto que pueden realizar todo tipo de operaciones. En cambio, los otros miembros del sistema son los que poseen sus actividades acotadas y no existen estímulos para que se creen bancos especializados.
Actualmente el crédito se concentra en pocos deudores, por lo que las PyMEs quedan prácticamente excluidas. Además, sólo Santa Fe, Córdoba, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires acumulan el 80,5% de los pasivos privados, mientras la mayoría de las regiones aprovechan poco y nada de las ventajas del sistema financiero. Para ello se exigirá la apertura de sucursales y la colocación de cajeros automáticos en pueblos alejados de las grandes urbes, donde la penetración del sistema financiero es poca o nula.
Otra de las propuestas más relevantes del proyecto es brindarle más herramientas de control al Banco Central. El organismo rector podrá exigirles mayor información a las entidades financieras y tendrá nuevas facultades para la lucha contra el lavado de activos. Además, podrá generar incentivos para incorporar nuevas compañías al sector.
Sumado a ello, el proyecto que impulsa el diputado del Frente para la Victoria analiza disminuir el riesgo sistémico a través de una menor vinculación entre los dueños de las compañías financieras. Los accionistas de un banco podrán estar relacionados con hasta otras dos entidades, de modo que ante la bancarrota de una compañía no resulten otras contagiadas.
La defensa del consumidor es otro de las columnas del texto presentado por Pérsico. Se pretende crear un organismo dentro de la Defensoría del Pueblo para usuarios de servicios financieros, donde los acudirán los damnificados ante violaciones a sus derechos. En cambio, en la propuesta de Heller el organismo de protección de los usuarios dependía del Banco Central.
Las novedades de los últimos 37 años han sido muchas, más aún en términos de actualizaciones tecnológicas, pero no todas fueron incorporadas a la legislación que estructuraron el entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz, ni el presidente de la autoridad monetaria, Julio Gómez. Por ello, la bancarización de la población es aún una deuda del Estado. La misma razón justifica que no estén comprendidas por la ley las entidades emisoras de tarjetas de crédito no bancarias, cooperativas ni mutuales, aunque son partícipes clave que no son reguladas.
Por haber sido presentado recién el lunes en mesa de entrada del Congreso, aún no se han designado las comisiones que discutirán este proyecto. Las propuestas precursoras perdieron su condición parlamentaria al no poder superar esta primera instancia. Allí se espera un acalorado debate y se decidirá si el Poder Legislativo se encuentra preparado para modificar la ley anterior.
