Advirtió que la medida judicial compromete la libertad de expresión y que se corre el riesgo de instaurar el «delito de opinión»
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su «preocupación» por el allanamiento realizado el último martes en la sede del diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva), de Bahía Blanca, al que consideró que, por sus características, podría generar «el riesgo de que se pretenda instaurar el delito de opinión «.
La entidad que nuclea a los editores de diarios señaló en un comunicado que la situación, tal como se la llevó a cabo, «compromete las garantías constitucionales referidas a la libertad de prensa y genera el riesgo de que se pretenda instaurar el delito de opinión».
Al respecto, puntualizó que «las condiciones en que se cumplió la actuación judicial parecen constituir un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios de prensa independientes, en tanto y en cuanto expresan visiones críticas sobre la realidad nacional».
El procedimiento, que fue ordenado en una causa iniciada contra directivos del matutino que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, fue encabezado por los fiscales ad hoc José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani.
Según La Nueva Provincia, la medida ordenada por el Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, hoy a cargo del juez subrogante Álvaro Coleffi, tuvo una clara «intencionalidad mediática».
ADEPA señaló que el juez interviniente «expresamente había establecido que en ningún caso la medida debía «entorpecer ni afectar el normal funcionamiento del medio gráfico, ni mucho menos afectar la libertad de prensa ni la absoluta reserva de la ‘fuente periodística’, garantías que han sido incorporadas por la reforma constitucional de 1994 y que no ceden pues adquirieron rango de una verdadera ‘libertad institucional’»».
El comunicado añadió que, «pese a ello, los fiscales ad hoc que actuaron acompañados por personal de Gendarmería Nacional dispusieron el secuestro de 119 tomos de la colección del diario desde 1974 hasta 1983 y cientos de sobres que contenían fotos y recortes periodísticos del archivo de La Nueva, que hacen al funcionamiento cotidiano del medio de comunicación bahiense».
La entidad precisó que, además, el procedimiento se concretó «a instancias de dos fiscales ad hoc, esto es, nombrados sin concurso público y sin acuerdo del Senado Nacional, como lo requiere la ley», quienes «han declarado públicamente una militancia ideológica que cuestiona el deber de objetividad que les impone el cargo».
El diario recordó en su edición de ayer que los fiscales Nebbia y Palazzani están incluidos en la denuncia que realizó ante el Consejo de la Magistratura uno de sus miembros, el senador por Río Negro, Mario Cimadevilla, contra la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.
Esa denuncia señala «que la designación de fiscales ad hoc configura la creación de una estructura ilegal paralela al Ministerio Público Fiscal, que permite a la Procuración General de la Nación, mediante la actuación de un grupo de «incondicionales», la concreción de objetivos -por oscuros- inconfesables, que nada tienen que ver con la función de velar por la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad».
Los fiscales reclamaron al juez federal subrogante Álvaro Coleffi que indague al director del diario Vicente Massot, a quien acusan de colaborar con la dictadura por los artículos y editoriales publicados. La audiencia es el 24 de abril.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su «preocupación» por el allanamiento realizado el último martes en la sede del diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva), de Bahía Blanca, al que consideró que, por sus características, podría generar «el riesgo de que se pretenda instaurar el delito de opinión «.
La entidad que nuclea a los editores de diarios señaló en un comunicado que la situación, tal como se la llevó a cabo, «compromete las garantías constitucionales referidas a la libertad de prensa y genera el riesgo de que se pretenda instaurar el delito de opinión».
Al respecto, puntualizó que «las condiciones en que se cumplió la actuación judicial parecen constituir un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios de prensa independientes, en tanto y en cuanto expresan visiones críticas sobre la realidad nacional».
El procedimiento, que fue ordenado en una causa iniciada contra directivos del matutino que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, fue encabezado por los fiscales ad hoc José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani.
Según La Nueva Provincia, la medida ordenada por el Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, hoy a cargo del juez subrogante Álvaro Coleffi, tuvo una clara «intencionalidad mediática».
ADEPA señaló que el juez interviniente «expresamente había establecido que en ningún caso la medida debía «entorpecer ni afectar el normal funcionamiento del medio gráfico, ni mucho menos afectar la libertad de prensa ni la absoluta reserva de la ‘fuente periodística’, garantías que han sido incorporadas por la reforma constitucional de 1994 y que no ceden pues adquirieron rango de una verdadera ‘libertad institucional’»».
El comunicado añadió que, «pese a ello, los fiscales ad hoc que actuaron acompañados por personal de Gendarmería Nacional dispusieron el secuestro de 119 tomos de la colección del diario desde 1974 hasta 1983 y cientos de sobres que contenían fotos y recortes periodísticos del archivo de La Nueva, que hacen al funcionamiento cotidiano del medio de comunicación bahiense».
La entidad precisó que, además, el procedimiento se concretó «a instancias de dos fiscales ad hoc, esto es, nombrados sin concurso público y sin acuerdo del Senado Nacional, como lo requiere la ley», quienes «han declarado públicamente una militancia ideológica que cuestiona el deber de objetividad que les impone el cargo».
El diario recordó en su edición de ayer que los fiscales Nebbia y Palazzani están incluidos en la denuncia que realizó ante el Consejo de la Magistratura uno de sus miembros, el senador por Río Negro, Mario Cimadevilla, contra la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.
Esa denuncia señala «que la designación de fiscales ad hoc configura la creación de una estructura ilegal paralela al Ministerio Público Fiscal, que permite a la Procuración General de la Nación, mediante la actuación de un grupo de «incondicionales», la concreción de objetivos -por oscuros- inconfesables, que nada tienen que ver con la función de velar por la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad».
Los fiscales reclamaron al juez federal subrogante Álvaro Coleffi que indague al director del diario Vicente Massot, a quien acusan de colaborar con la dictadura por los artículos y editoriales publicados. La audiencia es el 24 de abril.
