Desde el paro general y en adelante

El paro general de la semana pasada fue, como todos, político. Está muy bien que así sea. Sólo que esta vez esa dimensión superó en demasía a la reivindicación sectorial específica. Aquí, sin embargo, no vamos a denostarlo por tales motivos.
No per se, al menos. El análisis es político.

Conviene recordar que Hugo Moyano pasó de exigir a CFK vicepresidencia de la Nación, vicegobernación de la PBA y 33% de todas las listas legislativas nacionales, provinciales y municipales de 2011 –reclamo que CFK rechazó sin siquiera considerarlo–; discutir el derecho constitucional al reparto de ganancias empresarias entre los trabajadores y juntar 700 mil personas en la 9 de Julio hace tres años para aclamar la candidatura cristinista a la reelección, a contentarse con fiscalizar el 5% de los votos de Francisco de Narváez en 2013 y bloquear accesos y traslados a Capital para lograr contundencia en su huelga, ayudado de una ensalada sectorial cuya ductilidad política jamás logrará encuadrar en un programa común (así y todo, no le alcanzó para movilizar con éxito a Plaza de Mayo).

Si Moyano no advierte que la de ut supra es la descripción de una derrota política gigantesca, considerando desde dónde venía, tiene un problema agudo para advertir la realidad. Eso es lo preocupante para quienes creemos que los trabajadores deben tener viabilización partidaria/electoral.

Es a partir de este diagnóstico que, entonces sí, cabe enjuiciar la errática deriva moyanista.

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Si la iniciativa de blanqueo laboral lanzada por Cristina Fernández de Kirchner a principios de esta semana llega a ganar la centralidad que merece en agenda, el gobierno nacional encontrará un importante eje desde el que doblar la apuesta, por decirlo de algún modo, progresivamente.

Tal como sucede con la cuestión del transporte a partir de la creación del ministerio correspondiente y la asunción allí de Florencio Randazzo, que colocó al también titular de la cartera de Interior en la carrera presidencial, el kirchnerismo puede, a partir de acciones de gestión, refrescar sus vínculos representativos con los sectores en los que mejores perspectivas tiene de recuperar sus performances de otrora. No por Carlos Tomada en sí, claro; no hablamos de candidaturas en concreto en este caso. Se trata, ni más ni menos, que de expresar la renovación de agenda que impone el devenir mismo de la política. Incluso cuando, en muchas oportunidades, se trata de agotamientos por éxito.

Si gobernar implica establecer prioridades, el oficialismo arrincona con esto a la CGT Azopardo a una posición incómoda: planteando la imposibilidad de ese sello para abarcar a todo el universo asalariado, por un lado, al tiempo que expone su falta de voluntad por conflictuar con las estructuras empresarias, responsables del negreo y que deberían constituir su antagonismo, lo que en los últimos tiempos se ha hecho más difícil de percibir. De hecho, Gerónimo Venegas respondió al anuncio presidencial con un despreciativo «eso no forma parte de nuestra agenda». No hacía falta tan explícita aclaración, pero él igual corrió a echar agua.

En resumidas cuentas, la opción del sindicalismo moyanista por un plexo reivindicativo de menores urgencias en cuanto hace a una estrategia de defensa de sectores desprotegidos.

Se dijo, días pasados, que en política se trata de partir un escenario y colocarse de un lado de tal fractura. Bueno, eso pasó.