Hace casi dos años exactos, la Cámara de Diputados sancionó la ley que autorizaba a expropiar las acciones de YPF que eran propiedad de Repsol. Aunque la controversia fue fogosa, el score final fue una goleada, que trasuntó un consenso amplio. La iniciativa oficialista fue aprobada por 207 votos contra 32. El Frente para la Victoria (FpV) y sus aliados firmes pusieron la parte del león de los apoyos. El radicalismo (con alguna deserción), el socialismo y los diputados de Proyecto Sur avalaron la iniciativa, sin ahorrar denuestos ni regalar elogios al Gobierno. Pero bancando, en nombre de viejas luchas y banderas.
Amanecía mayo de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner venía de ser reelecta con apoyo de una mayoría formidable. Los opositores todavía no se recuperaban del sacudón y no veían cómo salir del entuerto.
El PRO y los peronistas federales (diseminados y sin liderazgo) quedaron en flagrante minoría pronunciándose por la negativa.
Uno de los argumentos más socorridos en ese momento fue que no había expropiación (con indemnización) sino una inconstitucional confiscación. Repsol lo adujo, claro, y le hicieron eco, en tono de claque los medios dominantes y el empresariado autóctono.
A despecho de la gritería y la imprecisión usual del establishment, la ley era clara. El transcurso del tiempo, las tratativas, un cambio de escenario también incidieron en el desenlace que se seguía debatiendo al cierre de esta columna, bien entrada la noche del miércoles. El resultado previsto era la aprobación, pero con otros números y alineamientos menos transversales que dos años atrás.
El FpV apoyó y garantizó la mayoría, con sus aliados de siempre. Se sumaron los diputados Oscar Plaini y Facundo Moyano. Los gremialistas forman un bloque propio, fueron coherentes con lo que había votado el senador neuquino (y secretario adjunto de la CGT que conduce Hugo Moyano) Guillermo Pereyra. Plaini fundó la postura, sin escatimar reproches al Gobierno. Ambos honraron la tradición nacional y popular, matizando apenas una división tajante entre oficialismo más aliados versus oposición.
El PRO y el Peronismo Renovador se inclinaron por la abstención. Los componentes del Frente Amplio Unen y los socialistas por el “no”. La diferencia es poco sensible ya que todos le restaron votos a la aprobación.
Las oposiciones aducen argumentos que van desde la nulidad del acuerdo hasta la desmesura del precio acordado con la multinacional española. La diputada Elisa Carrió siempre agrega su ración pretendidamente moralista y judicializadora: promete cárceles por doquier para empresarios españoles y funcionarios argentinos. Muchos de sus compañeros (o correligionarios) de ruta prefieren ser más cautos y amenazar menos. Ocurre que mucho ha cambiado el escenario político desde 2012 y no se piensan eternamente fuera de la Casa Rosada.
Los resultados de las elecciones parlamentarias, la no reelección de la Presidenta, un clima social distinto, un año difícil en materia económica han tonificado al archipiélago no kirchnerista. Tanto que hay tres fuerzas que, a diferencia de lo que pasaba cuando se decidió la expropiación, se tienen fe para las presidenciales. Todas sus acciones, nada hay de crítica en esto sino apenas de corroboración, forman parte de su campaña.
Conciben un horizonte estimulante: a su ver el FpV no podrá ganar en primera vuelta ni (jamás) superar el 50 por ciento de los votos válidos en el ballottage. No es una hipótesis delirante, ni mucho menos. Claro que dista de ser segura o inmodificable pero eso no debe pensarse mientras se compite.
La autopercepción de las tres vertientes opositoras con mejores perspectivas es diferente. Las huestes del diputado Sergio Massa (el gran emergente de las elecciones) se leen ganadoras. Las gentes de PRO y FA Unen no están tan ufanas. Se tienen fe, pero no tanta. Imaginan poder llegar a la segunda vuelta, saben que tienen que remar para lograrlo. Su ilusión se mejora si la competencia definitiva los enfrentara al FpV, que conciben perdedor clavado en esa instancia.
La táctica convergente de las oposiciones es ponerse en la vereda de enfrente de casi cualquier iniciativa kirchnerista. Lo de ayer parece ser una muestra de esa conducta, que consideran funcional a sus fines. Una de sus carencias obvias es que no contribuye a su diferenciación interna.
Toda polémica política actual es estentórea e hiperbólica. El kirchnerismo identifica con una gesta a cualquiera de sus medidas, la oposición las demoniza y baña de sospechas de corrupción. Sólo para empezar.
Un poco a contracorriente, este cronista entiende que la expropiación fue una decisión audaz y jugada, reparadora y riesgosa a la vez. A su vez, las negociaciones ulteriores fueron sensatas aunque menos épicas: se encuadran en la racionalidad instrumental y el cálculo de las correlaciones de fuerzas.
El camino recorrido estaba demarcado desde el vamos, incluyendo las negociaciones con “grandes jugadores” del mundo del petróleo: empresas voraces, aliados imprescindibles y temibles a la vez. Estaba en el inventario original: se aconseja al lector o la lectora críticos revisar qué se escribió en este diario en aquel momento. La recuperación de la soberanía energética no concebía un autonomismo imposible, sino la búsqueda de inversiones. Y el pago a Repsol se cincharía pero llegaría al fin.
La coyuntura, seguramente, hizo apurar el paso por el rumbo prefijado. Pero desde el diseño inicial de YPF como sociedad hasta la designación de su CEO, Miguel Galuccio, definían qué se iría haciendo.
La reestatización es una contramarcha virtuosa y a la vez ineludible desde una perspectiva soberana. Fortalece el patrimonio estatal, corrige un disparate histórico. Claro que parte del futuro de YPF sigue condicionado a variables complejas, algunas aleatorias: el precio del gas y el petróleo, las inversiones, el éxito de las exploraciones en Vaca Muerta. El yacimiento gigante es una de las mayores apuestas para relanzar la economía local. Será el próximo gobierno, el que elija el pueblo, el que recogerá los frutos. Si el nuevo mandatario fuera opositor, se beneficiará sin retractarse de los excesos verbales y denuncistas que cundieron ayer en el recinto. Muchos economistas que asesoran a los presidenciables opositores comparten una perspectiva auspiciosa, aunque no es “competitivamente correcto” confesarlo.
mwainfeld@pagina12.com.ar
Amanecía mayo de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner venía de ser reelecta con apoyo de una mayoría formidable. Los opositores todavía no se recuperaban del sacudón y no veían cómo salir del entuerto.
El PRO y los peronistas federales (diseminados y sin liderazgo) quedaron en flagrante minoría pronunciándose por la negativa.
Uno de los argumentos más socorridos en ese momento fue que no había expropiación (con indemnización) sino una inconstitucional confiscación. Repsol lo adujo, claro, y le hicieron eco, en tono de claque los medios dominantes y el empresariado autóctono.
A despecho de la gritería y la imprecisión usual del establishment, la ley era clara. El transcurso del tiempo, las tratativas, un cambio de escenario también incidieron en el desenlace que se seguía debatiendo al cierre de esta columna, bien entrada la noche del miércoles. El resultado previsto era la aprobación, pero con otros números y alineamientos menos transversales que dos años atrás.
El FpV apoyó y garantizó la mayoría, con sus aliados de siempre. Se sumaron los diputados Oscar Plaini y Facundo Moyano. Los gremialistas forman un bloque propio, fueron coherentes con lo que había votado el senador neuquino (y secretario adjunto de la CGT que conduce Hugo Moyano) Guillermo Pereyra. Plaini fundó la postura, sin escatimar reproches al Gobierno. Ambos honraron la tradición nacional y popular, matizando apenas una división tajante entre oficialismo más aliados versus oposición.
El PRO y el Peronismo Renovador se inclinaron por la abstención. Los componentes del Frente Amplio Unen y los socialistas por el “no”. La diferencia es poco sensible ya que todos le restaron votos a la aprobación.
Las oposiciones aducen argumentos que van desde la nulidad del acuerdo hasta la desmesura del precio acordado con la multinacional española. La diputada Elisa Carrió siempre agrega su ración pretendidamente moralista y judicializadora: promete cárceles por doquier para empresarios españoles y funcionarios argentinos. Muchos de sus compañeros (o correligionarios) de ruta prefieren ser más cautos y amenazar menos. Ocurre que mucho ha cambiado el escenario político desde 2012 y no se piensan eternamente fuera de la Casa Rosada.
Los resultados de las elecciones parlamentarias, la no reelección de la Presidenta, un clima social distinto, un año difícil en materia económica han tonificado al archipiélago no kirchnerista. Tanto que hay tres fuerzas que, a diferencia de lo que pasaba cuando se decidió la expropiación, se tienen fe para las presidenciales. Todas sus acciones, nada hay de crítica en esto sino apenas de corroboración, forman parte de su campaña.
Conciben un horizonte estimulante: a su ver el FpV no podrá ganar en primera vuelta ni (jamás) superar el 50 por ciento de los votos válidos en el ballottage. No es una hipótesis delirante, ni mucho menos. Claro que dista de ser segura o inmodificable pero eso no debe pensarse mientras se compite.
La autopercepción de las tres vertientes opositoras con mejores perspectivas es diferente. Las huestes del diputado Sergio Massa (el gran emergente de las elecciones) se leen ganadoras. Las gentes de PRO y FA Unen no están tan ufanas. Se tienen fe, pero no tanta. Imaginan poder llegar a la segunda vuelta, saben que tienen que remar para lograrlo. Su ilusión se mejora si la competencia definitiva los enfrentara al FpV, que conciben perdedor clavado en esa instancia.
La táctica convergente de las oposiciones es ponerse en la vereda de enfrente de casi cualquier iniciativa kirchnerista. Lo de ayer parece ser una muestra de esa conducta, que consideran funcional a sus fines. Una de sus carencias obvias es que no contribuye a su diferenciación interna.
Toda polémica política actual es estentórea e hiperbólica. El kirchnerismo identifica con una gesta a cualquiera de sus medidas, la oposición las demoniza y baña de sospechas de corrupción. Sólo para empezar.
Un poco a contracorriente, este cronista entiende que la expropiación fue una decisión audaz y jugada, reparadora y riesgosa a la vez. A su vez, las negociaciones ulteriores fueron sensatas aunque menos épicas: se encuadran en la racionalidad instrumental y el cálculo de las correlaciones de fuerzas.
El camino recorrido estaba demarcado desde el vamos, incluyendo las negociaciones con “grandes jugadores” del mundo del petróleo: empresas voraces, aliados imprescindibles y temibles a la vez. Estaba en el inventario original: se aconseja al lector o la lectora críticos revisar qué se escribió en este diario en aquel momento. La recuperación de la soberanía energética no concebía un autonomismo imposible, sino la búsqueda de inversiones. Y el pago a Repsol se cincharía pero llegaría al fin.
La coyuntura, seguramente, hizo apurar el paso por el rumbo prefijado. Pero desde el diseño inicial de YPF como sociedad hasta la designación de su CEO, Miguel Galuccio, definían qué se iría haciendo.
La reestatización es una contramarcha virtuosa y a la vez ineludible desde una perspectiva soberana. Fortalece el patrimonio estatal, corrige un disparate histórico. Claro que parte del futuro de YPF sigue condicionado a variables complejas, algunas aleatorias: el precio del gas y el petróleo, las inversiones, el éxito de las exploraciones en Vaca Muerta. El yacimiento gigante es una de las mayores apuestas para relanzar la economía local. Será el próximo gobierno, el que elija el pueblo, el que recogerá los frutos. Si el nuevo mandatario fuera opositor, se beneficiará sin retractarse de los excesos verbales y denuncistas que cundieron ayer en el recinto. Muchos economistas que asesoran a los presidenciables opositores comparten una perspectiva auspiciosa, aunque no es “competitivamente correcto” confesarlo.
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