Lo propone Scioli; las víctimas de delitos podrán asistir, pero sin voz ni voto
LA PLATA.- Las excarcelaciones en la provincia de Buenos Aires se decidirán en audiencias púbicas y orales, si prospera un proyecto que el gobernador Daniel Scioli enviará el lunes a la Legislatura provincial.
El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, explicó que las víctimas de los delincuentes podrán estar presentes en el momento en que los jueces dicten ese beneficio.
«La presencia del público en la audiencia será sin participación. La decisión, naturalmente, es de los jueces. Me parece que es un avance porque va a transparentar la acción judicial y la información de la Justicia que llegue a la sociedad», dijo Casal a LA NACION.
En la provincia existen unos 20.000 pedidos de excarcelaciones por año, según cifras oficiales.
Hasta ahora todos los delitos con penas menores a tres años son excarcelables, salvo aquellos en los que los delincuentes utilicen armas de guerra o pongan en riesgo la vida de un menor de edad.
«Lo que se intenta hacer es instalar un control social en todas las decisiones de la Justicia porque el ciudadano va a estar más cerca en las decisiones de los jueces y fiscales. Si la iniciativa prospera, las excarcelaciones dejarán de ser sólo procesos escritos que la gente ni se entera y pasarán a ser audiencias orales y públicas», dijo Casal.
Hasta ahora, en la provincia todos los delitos con penas inferiores a tres años son excarcelables, salvo aquellos hechos en los que los presuntos delincuentes utilizan armas de guerra o han puesto en riesgo la vida de un menor de edad.
«Las personas se enojan cuando un delincuente es excarcelado, y en general no conocen el proceso que condujo a esa excarcelación. Por ejemplo, el caso en el que el actor Gerardo Romano capturó al delincuente; este delincuente se entregó y en el piso dejó el reloj. Al dejarlo en el piso, ya no es un robo, sino una tentativa de robo, que es un delito excarcelable», explicó Casal.
El senador sciolista Alberto de Fazio dijo que el espíritu del proyecto va en el mismo sentido que con el delito de flagrancia, donde los tiempos se han acortado y se permite una audiencia oral y pública. «Con las excarcelaciones sucederá lo mismo, se permitirá a la víctima o familiares presenciar el momento en que se otorga ese beneficio y el juez tendrá que explicar los motivos. Lo que se intenta es que la ciudadanía no tenga más esa sensación de que el delincuente tiene impunidad, sino que entienda que la excarcelación es parte de un proceso judicial que continúa con el juicio y la sentencia», aseguró el legislador.
El fiscal penal platense Marcelo Romero reconoció a LA NACION que está de acuerdo con la participación ciudadana en los procesos judiciales. Sin embargo, opinó que la medida que impulsa el ministro Casal es superficial. «Es puro marketing político. Lo que en realidad quieren hacer es que haya un control popular y poner en el centro de las críticas a los jueces, al Poder Judicial, cuando en realidad hay un grave problema de inseguridad», disparó el fiscal Romero.
Agregó que la idea del gobierno bonaerense sería la de instalar un discurso para culpar a la Justicia del incremento de los hechos delictivos. «Es algo así como si dijeran: «Miren que la policía detiene a los delincuentes y ellos [los jueces] los liberan. Contrólenlos para que eso no suceda»», sentenció el fiscal.
En la provincia existen actualmente 56 cárceles, donde están alojados 31.621 presos, según datos de la Procuración General de la Corte.De esta cifra, la mitad son jóvenes que tienen menos de 30 años y sólo el 40% tiene condena firme. «Si a esto se suman los 20.000 casos que se tratan de excarcelaciones, el sistema penitenciario se vería colapsado», dijo una fuente judicial.
De Fazio aclaró que «la idea del proyecto también es evitar que los jueces y fiscales otorguen excarcelaciones por teléfono, como lo han hecho en algunas ocasiones. Y, también, que dicten ese beneficio sin tener los antecedentes del delincuente. Para ello la gente estará de alguna manera ejerciendo una especie de control ciudadano».
Para el senador massista Jorge D’Onofrio, Casal se apropió de un proyecto que el Frente Renovador había presentado hace algunos meses. «Nosotros estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto, porque es una propuesta que presentamos hace un tiempo largo en la Legislatura. Ahora bien, habría que preguntarle a Casal qué hizo durante los últimos siete años. Recién se acuerda de un proyecto nuestro que ahora pretende presentar como si fuera suyo», dijo el senador.
«Me parece que Casal está haciendo cosas para la tribuna. No resuelve las cuestiones de fondo, como trataba nuestro proyecto, que incluía además el tratamiento de la problemática carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que precisamente depende del Ministerio de Justicia que está a su cargo», comentó D’Onofrio.
Casal aseguró que el proyecto es parte de una propuesta integral que ya lleva cinco años. «Hace tiempo que venimos estudiando esta alternativa. Está vinculada a un eje central que planteamos en 2008, que apunta a encontrar más canales de participación de la ciudadanía en la Justicia. Empezamos con darles más derechos a las víctimas; luego, impusimos la audiencia pública para los delitos cometidos en flagrancia; ya creamos 300 órganos de Justicia descentralizada; ayer [por anteayer] se aprobó la modificación de la ley de juicio por jurado», dijo el ministro de Justicia.
«Las audiencias públicas para los pedidos de excarcelaciones se enmarcan en este paquete de medidas: son herramientas de aproximación a la Justicia, empáticas y geográficas», concluyó el ministro Casal.
LA PLATA.- Las excarcelaciones en la provincia de Buenos Aires se decidirán en audiencias púbicas y orales, si prospera un proyecto que el gobernador Daniel Scioli enviará el lunes a la Legislatura provincial.
El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, explicó que las víctimas de los delincuentes podrán estar presentes en el momento en que los jueces dicten ese beneficio.
«La presencia del público en la audiencia será sin participación. La decisión, naturalmente, es de los jueces. Me parece que es un avance porque va a transparentar la acción judicial y la información de la Justicia que llegue a la sociedad», dijo Casal a LA NACION.
En la provincia existen unos 20.000 pedidos de excarcelaciones por año, según cifras oficiales.
Hasta ahora todos los delitos con penas menores a tres años son excarcelables, salvo aquellos en los que los delincuentes utilicen armas de guerra o pongan en riesgo la vida de un menor de edad.
«Lo que se intenta hacer es instalar un control social en todas las decisiones de la Justicia porque el ciudadano va a estar más cerca en las decisiones de los jueces y fiscales. Si la iniciativa prospera, las excarcelaciones dejarán de ser sólo procesos escritos que la gente ni se entera y pasarán a ser audiencias orales y públicas», dijo Casal.
Hasta ahora, en la provincia todos los delitos con penas inferiores a tres años son excarcelables, salvo aquellos hechos en los que los presuntos delincuentes utilizan armas de guerra o han puesto en riesgo la vida de un menor de edad.
«Las personas se enojan cuando un delincuente es excarcelado, y en general no conocen el proceso que condujo a esa excarcelación. Por ejemplo, el caso en el que el actor Gerardo Romano capturó al delincuente; este delincuente se entregó y en el piso dejó el reloj. Al dejarlo en el piso, ya no es un robo, sino una tentativa de robo, que es un delito excarcelable», explicó Casal.
El senador sciolista Alberto de Fazio dijo que el espíritu del proyecto va en el mismo sentido que con el delito de flagrancia, donde los tiempos se han acortado y se permite una audiencia oral y pública. «Con las excarcelaciones sucederá lo mismo, se permitirá a la víctima o familiares presenciar el momento en que se otorga ese beneficio y el juez tendrá que explicar los motivos. Lo que se intenta es que la ciudadanía no tenga más esa sensación de que el delincuente tiene impunidad, sino que entienda que la excarcelación es parte de un proceso judicial que continúa con el juicio y la sentencia», aseguró el legislador.
El fiscal penal platense Marcelo Romero reconoció a LA NACION que está de acuerdo con la participación ciudadana en los procesos judiciales. Sin embargo, opinó que la medida que impulsa el ministro Casal es superficial. «Es puro marketing político. Lo que en realidad quieren hacer es que haya un control popular y poner en el centro de las críticas a los jueces, al Poder Judicial, cuando en realidad hay un grave problema de inseguridad», disparó el fiscal Romero.
Agregó que la idea del gobierno bonaerense sería la de instalar un discurso para culpar a la Justicia del incremento de los hechos delictivos. «Es algo así como si dijeran: «Miren que la policía detiene a los delincuentes y ellos [los jueces] los liberan. Contrólenlos para que eso no suceda»», sentenció el fiscal.
En la provincia existen actualmente 56 cárceles, donde están alojados 31.621 presos, según datos de la Procuración General de la Corte.De esta cifra, la mitad son jóvenes que tienen menos de 30 años y sólo el 40% tiene condena firme. «Si a esto se suman los 20.000 casos que se tratan de excarcelaciones, el sistema penitenciario se vería colapsado», dijo una fuente judicial.
De Fazio aclaró que «la idea del proyecto también es evitar que los jueces y fiscales otorguen excarcelaciones por teléfono, como lo han hecho en algunas ocasiones. Y, también, que dicten ese beneficio sin tener los antecedentes del delincuente. Para ello la gente estará de alguna manera ejerciendo una especie de control ciudadano».
Para el senador massista Jorge D’Onofrio, Casal se apropió de un proyecto que el Frente Renovador había presentado hace algunos meses. «Nosotros estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto, porque es una propuesta que presentamos hace un tiempo largo en la Legislatura. Ahora bien, habría que preguntarle a Casal qué hizo durante los últimos siete años. Recién se acuerda de un proyecto nuestro que ahora pretende presentar como si fuera suyo», dijo el senador.
«Me parece que Casal está haciendo cosas para la tribuna. No resuelve las cuestiones de fondo, como trataba nuestro proyecto, que incluía además el tratamiento de la problemática carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que precisamente depende del Ministerio de Justicia que está a su cargo», comentó D’Onofrio.
Casal aseguró que el proyecto es parte de una propuesta integral que ya lleva cinco años. «Hace tiempo que venimos estudiando esta alternativa. Está vinculada a un eje central que planteamos en 2008, que apunta a encontrar más canales de participación de la ciudadanía en la Justicia. Empezamos con darles más derechos a las víctimas; luego, impusimos la audiencia pública para los delitos cometidos en flagrancia; ya creamos 300 órganos de Justicia descentralizada; ayer [por anteayer] se aprobó la modificación de la ley de juicio por jurado», dijo el ministro de Justicia.
«Las audiencias públicas para los pedidos de excarcelaciones se enmarcan en este paquete de medidas: son herramientas de aproximación a la Justicia, empáticas y geográficas», concluyó el ministro Casal.
