Tardía preocupación por el empleo en negro

Debería avanzarse hacia una mayor reducción de los impuestos al trabajo y a una simplificación de los mecanismos de contratación, incluidas las pasantías
El Senado de la Nación aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral , tendiente a endurecer las sanciones contra los empleadores que tengan trabajadores en negro y reducir los aportes patronales a las empresas de hasta 80 empleados.
El hecho de que la iniciativa haya sido sancionada en la Cámara alta por unanimidad de los 57 legisladores presentes, sobre un total de 72, da cuenta de un elevado consenso. No obstante, el proyecto aprobado merece algunas observaciones, al tiempo que da lugar a preguntarse por qué el oficialismo esperó tanto tiempo para ocuparse de un problema, como el del trabajo no registrado, que ha estado muy lejos de mejorar, al menos en los últimos cinco años.
Efectivamente, el empleo en negro se sitúa en algo más del 33% de quienes trabajan y no ha mostrado progresos durante la mayor parte del actual período gubernamental. Estamos hablando de aproximadamente 4,5 millones de trabajadores que no reciben aportes jubilatorios ni tienen cobertura de salud y de riesgos del trabajo. Se trata de una situación que afecta en mayor porcentaje a la población joven.
Hay que sumar a este problema la importante cantidad de jóvenes que no cursan estudios ni trabajan. Los llamados «ni-ni» constituyen hoy alrededor de 750.000 personas de 18 a 24 años de edad, según la Fundación Mediterránea. A ese número hay que sumar a quienes realizan trabajos precarios que ni siquiera les garantizan un salario mínimo, con lo cual aquel número se eleva a alrededor de un millón y medio de jóvenes. Si bien Cristina Kirchner los calificó como «hijos del neoliberalismo», en alusión a las políticas económicas aplicadas durante la década del noventa, debería tenerse presente que esos jóvenes tenían sólo entre 7 y 13 años cuando se inició el gobierno de su marido, en 2003.
No corresponde, entonces, que la Presidenta busque desentenderse de cualquier responsabilidad de su gobierno en la odisea laboral de esta parte de la población. En especial, si se tiene en cuenta que durante la llamada «década ganada» el número de «ni-ni» no sólo no se redujo, sino que se incrementó, como se señaló oportunamente desde esta columna editorial. Habría que preguntarse, además, por las excesivas regulaciones que hoy pesan sobre las pasantías para jóvenes en las empresas, que han llevado a su virtual desaparición.
Frente a este escenario que ya lleva mucho tiempo, es saludable que el Congreso se ocupe del tema, aunque debió haberlo hecho antes. Todo indicaría que el poder político sólo decidió abocarse a este problema en momentos en que la actividad económica muestra signos recesivos, con una franca caída en industrias como la automotriz, y en que cada vez mayor número de empresas planifica suspensiones, retiros voluntarios y despidos de personal, a tal punto que durante el primer trimestre del año el número de trabajadores ocupados descendió el 1,2% respecto de igual período de 2013, según el Indec.
La iniciativa sancionada por el Senado parece poner más énfasis en las sanciones que en los incentivos. Es así como propone la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), en el cual quedarán registradas aquellas empresas que resulten sancionadas por falta de inscripción del empleador, ausencia de registración de trabajadores u obstrucción a la labor de los responsables de Inspección del Trabajo.
En tanto que las empresas figuren en ese registro, no podrán acceder a los programas de fomento, beneficios o subsidios oficiales, ni celebrar contratos con el Estado nacional. Tampoco, acceder a líneas de créditos de bancos públicos.
Curiosamente, nada dice el proyecto sobre viejos vicios del Estado nacional, las provincias y los municipios de tomar empleados con contratos que, luego de varios años de vigencia, terminan encubriendo una irregular relación de dependencia por la que en muchos casos no abonan aportes jubilatorios ni a la obra social.
La norma aprobada por el Senado establece también beneficios escalonados para las empresas que incorporen trabajadores debidamente registrados. Tales ventajas llegarían a la exención de las contribuciones patronales para las microempresas de hasta cinco trabajadores, en tanto que para aquellas que empleen más de cinco y hasta quince personas habría un descuento del 100% en las contribuciones patronales por cada nuevo empleado que incorporen al sistema durante el primer año. Además, se promovió una reducción de los aportes patronales para las empresas de hasta 80 trabajadores que contraten nuevo personal.
Más allá de las buenas intenciones del proyecto, es necesario señalar que el problema del trabajo no registrado no se resolverá con la simple persecución de los empleadores en negro por parte de la policía del trabajo, independientemente de la necesidad de que existan controles eficaces.
La reducción de los aportes patronales en las pequeñas y medianas empresas puede ser un elemento positivo, pero debería enmarcarse en una política laboral mucho más amplia, que contemple un rediseño de la estructura de impuestos al trabajo, que hoy por hoy coarta la posibilidad de nuevas inversiones productivas en sectores dependientes de la mano de obra intensiva.
Ninguna política económica que apunte a la llegada de nuevas inversiones y al pleno empleo puede desconocer, en el mundo de hoy, la necesidad de reducir la presión de los impuestos al trabajo y de avanzar hacia su gradual eliminación, además de simplificar los mecanismos de contratación de trabajadores y de profundizar las políticas de capacitación.