La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el aumento del 40 por ciento en el importe de la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno similar en las asignaciones familiares para los sueldos más bajos y otros incrementos para el resto de la escala. La AUH ascenderá desde junio a 644 pesos mensuales.
Es una buena nueva, más que necesaria porque la inflación había deteriorado el valor adquisitivo de la mensualidad.
Los titulares del derecho universal son 3.414.759 chicos. Se distribuyen en 1.887.000 hogares: el promedio aproximado de pibes por núcleo familiar, pues, ronda los dos. Si se autoriza un sarcasmo: menos de lo que propugna el imaginario discriminador de una derecha gamberra que acusa a los pobres de tener hijos para percibir subsidios.
Las cifras totales de familias y de beneficiarios se mantienen muy estables desde hace años. Las oscilaciones han sido mínimas.
Desde que se instauró, la AUH se paga vía bancarización, puntualmente. Las jefas de familia (que son la mayoría) o los jefes tienen la perspectiva de planificar el manejo de sus recursos.
Incorporada al amplio espectro de protección social garantizada por el Estado argentino, la AUH es un ambicioso programa de ingresos. Sin entrar en polémicas localistas ni en búsqueda de records, digamos que uno de los más expandidos y elevados de la región.
La cobertura es diferente a la de un subsidio por desempleo porque protege también a quienes, teniendo laburo, sólo llegan a un bajo nivel de ingresos.
Lleva casi cinco años desde su implementación a fines de 2009 y ha tenido incrementos en cada uno de ellos.
La AUH se coordina con las asignaciones familiares de modo tal que todos los hogares de trabajadores ingresan una u otra.
El programa Progresar, creado e incorporado este año, completa un circuito reparador. Está dirigido a argentinos de entre 18 y 24 años, es decir ya ajenos a la esfera de AUH. Es otro programa de ingresos, en este caso supeditado al compromiso de estudiar o capacitarse profesionalmente. De ese modo, se expande la protección específica de los más humildes un tiempo después de que llegan a la mayoría de edad.
La AUH y el Progresar pueden, en situaciones determinadas, acumularse y ser recibidos por distintos integrantes de una misma familia. Es el caso de las chicas o chicos que estén en condiciones de incorporarse al Progresar y tengan hijos. Estos pueden ser beneficiarios de la AUH, mientras los jóvenes padres o madres cobran el otro beneficio.
Cristina Kirchner remarcó que la AUH es sustentable a través de los fondos de la Anses. Salió al cruce del remanido argumento del mal uso de “la plata de los jubilados”, ese mito opositor y mediático carente de sustento y de seriedad.
Hace añares que el sistema contributivo como tal (los aportes que realizan los trabajadores activos) no basta para cubrir a todos los jubilados. Ocurre en casi todas las latitudes, no solo en la Argentina. En nuestro país se agrega otro dato potente: en los últimos once años casi se duplicó la cantidad de jubilados. Eso no se debió a que se sacó de una caja fuerte o del colchón el dinero aportado tiempo atrás. En los años previos la crisis, el desempleo y la evasión desfondaron las cajas. La ampliación del universo de jubilados hasta cuasi universalizar el beneficio fue una decisión política del Gobierno a contracorriente de lo que venía pasando. Entraron al conjunto laburantes antaño desprotegidos. Por ejemplo, aquellos que no tenían todos los aportes por desidia, mala fe o quebranto de sus empleadores. Se añadieron amas de casa o empleadas de casas particulares, entre otros colectivos desamparados o hasta despreciados por las leyes y hasta la cultura promedio.
El esfuerzo fiscal es enorme, la elevación de derechos evidente, el sesgo ideológico innegable. Cuando se debate el legado que recibirá quien gane las elecciones de 2015 (una polémica saludable y necesaria) debe computarse cómo y cuánto se ha expandido la cantidad de argentinos que tienen una cobertura social provista por el Estado.
Ya que estamos, debe añadirse que un gobierno siempre acusado de poco institucional (a veces con buenas razones) ha reconocido nuevos derechos desligados de la discrecionalidad de los funcionarios. LA AUH, el Progresar y las jubilaciones se consiguen en base a requerimientos objetivos, estrictos, obtenibles “por ventanilla”. Son instituciones de nuevo cuño, derechos adquiridos, los dos primeros implantados en el siglo XXI.
La presidenta Cristina bromeó criticando la “teoría del derrame”, alegando que la ley de gravedad no se aplicaba a esa superchería neoliberal. La copa rebasa, pero los beneficios no “bajan”. Por el contrario, agregó, la política oficial que apuesta a colocar plata “abajo” es funcional para generar consumo interno y dinamizar la economía “hacia arriba”.
La ampliación y sostenimiento del impropiamente llamado “gasto social” son pilares del “modelo”, aun en el actual trance económico. Los adversarios del oficialismo lo acusan de hacer un “ajuste” homologando su praxis con los anteriores. En realidad, en una etapa de restricciones, el Gobierno ha tomado medidas como la devaluación o el aumento de las tasas de interés que son en sesgo recesivas y van contra el valor adquisitivo del salario. La inflación, no querida pero tampoco controlada, agrava la tendencia. Pero es simplista al mango hablar de un ajuste convencional cuando se mantiene muy alta y se fogonea la inversión social. Sería autocontradictorio no hacerlo ya que se desbarataría el plexo de derechos que venimos glosando y que no agotan la nómina.
Una nación que provee educación para todos sus habitantes, jubilación para casi todas las personas que tienen la edad respectiva, hospitales públicos gratuitos no funciona sin una imponente cifra de inversión social, no siempre comparable con las otras comarcas, incluyendo las del vecindario.
“El modelo” atraviesa una etapa de contradicciones y hasta retrocesos, pero su núcleo de tutela social se sostiene, con esfuerzo. No se aplica uno de los pilares de cualquiera de los ajustes tan conocidos por los argentinos. Puede y debe debatirse si es hora de fijar por ley un modo regular de aumento de la AUH, vía un coeficiente pautado por ley, semestral como el de las jubilaciones. Así se acotaría una cuota de discrecionalidad que subsiste.
Esos debates solo son posibles en un nuevo paradigma superador, que el Gobierno sostiene aun en el tramo más difícil de sus tres mandatos.
Es una buena nueva, más que necesaria porque la inflación había deteriorado el valor adquisitivo de la mensualidad.
Los titulares del derecho universal son 3.414.759 chicos. Se distribuyen en 1.887.000 hogares: el promedio aproximado de pibes por núcleo familiar, pues, ronda los dos. Si se autoriza un sarcasmo: menos de lo que propugna el imaginario discriminador de una derecha gamberra que acusa a los pobres de tener hijos para percibir subsidios.
Las cifras totales de familias y de beneficiarios se mantienen muy estables desde hace años. Las oscilaciones han sido mínimas.
Desde que se instauró, la AUH se paga vía bancarización, puntualmente. Las jefas de familia (que son la mayoría) o los jefes tienen la perspectiva de planificar el manejo de sus recursos.
Incorporada al amplio espectro de protección social garantizada por el Estado argentino, la AUH es un ambicioso programa de ingresos. Sin entrar en polémicas localistas ni en búsqueda de records, digamos que uno de los más expandidos y elevados de la región.
La cobertura es diferente a la de un subsidio por desempleo porque protege también a quienes, teniendo laburo, sólo llegan a un bajo nivel de ingresos.
Lleva casi cinco años desde su implementación a fines de 2009 y ha tenido incrementos en cada uno de ellos.
La AUH se coordina con las asignaciones familiares de modo tal que todos los hogares de trabajadores ingresan una u otra.
El programa Progresar, creado e incorporado este año, completa un circuito reparador. Está dirigido a argentinos de entre 18 y 24 años, es decir ya ajenos a la esfera de AUH. Es otro programa de ingresos, en este caso supeditado al compromiso de estudiar o capacitarse profesionalmente. De ese modo, se expande la protección específica de los más humildes un tiempo después de que llegan a la mayoría de edad.
La AUH y el Progresar pueden, en situaciones determinadas, acumularse y ser recibidos por distintos integrantes de una misma familia. Es el caso de las chicas o chicos que estén en condiciones de incorporarse al Progresar y tengan hijos. Estos pueden ser beneficiarios de la AUH, mientras los jóvenes padres o madres cobran el otro beneficio.
Cristina Kirchner remarcó que la AUH es sustentable a través de los fondos de la Anses. Salió al cruce del remanido argumento del mal uso de “la plata de los jubilados”, ese mito opositor y mediático carente de sustento y de seriedad.
Hace añares que el sistema contributivo como tal (los aportes que realizan los trabajadores activos) no basta para cubrir a todos los jubilados. Ocurre en casi todas las latitudes, no solo en la Argentina. En nuestro país se agrega otro dato potente: en los últimos once años casi se duplicó la cantidad de jubilados. Eso no se debió a que se sacó de una caja fuerte o del colchón el dinero aportado tiempo atrás. En los años previos la crisis, el desempleo y la evasión desfondaron las cajas. La ampliación del universo de jubilados hasta cuasi universalizar el beneficio fue una decisión política del Gobierno a contracorriente de lo que venía pasando. Entraron al conjunto laburantes antaño desprotegidos. Por ejemplo, aquellos que no tenían todos los aportes por desidia, mala fe o quebranto de sus empleadores. Se añadieron amas de casa o empleadas de casas particulares, entre otros colectivos desamparados o hasta despreciados por las leyes y hasta la cultura promedio.
El esfuerzo fiscal es enorme, la elevación de derechos evidente, el sesgo ideológico innegable. Cuando se debate el legado que recibirá quien gane las elecciones de 2015 (una polémica saludable y necesaria) debe computarse cómo y cuánto se ha expandido la cantidad de argentinos que tienen una cobertura social provista por el Estado.
Ya que estamos, debe añadirse que un gobierno siempre acusado de poco institucional (a veces con buenas razones) ha reconocido nuevos derechos desligados de la discrecionalidad de los funcionarios. LA AUH, el Progresar y las jubilaciones se consiguen en base a requerimientos objetivos, estrictos, obtenibles “por ventanilla”. Son instituciones de nuevo cuño, derechos adquiridos, los dos primeros implantados en el siglo XXI.
La presidenta Cristina bromeó criticando la “teoría del derrame”, alegando que la ley de gravedad no se aplicaba a esa superchería neoliberal. La copa rebasa, pero los beneficios no “bajan”. Por el contrario, agregó, la política oficial que apuesta a colocar plata “abajo” es funcional para generar consumo interno y dinamizar la economía “hacia arriba”.
La ampliación y sostenimiento del impropiamente llamado “gasto social” son pilares del “modelo”, aun en el actual trance económico. Los adversarios del oficialismo lo acusan de hacer un “ajuste” homologando su praxis con los anteriores. En realidad, en una etapa de restricciones, el Gobierno ha tomado medidas como la devaluación o el aumento de las tasas de interés que son en sesgo recesivas y van contra el valor adquisitivo del salario. La inflación, no querida pero tampoco controlada, agrava la tendencia. Pero es simplista al mango hablar de un ajuste convencional cuando se mantiene muy alta y se fogonea la inversión social. Sería autocontradictorio no hacerlo ya que se desbarataría el plexo de derechos que venimos glosando y que no agotan la nómina.
Una nación que provee educación para todos sus habitantes, jubilación para casi todas las personas que tienen la edad respectiva, hospitales públicos gratuitos no funciona sin una imponente cifra de inversión social, no siempre comparable con las otras comarcas, incluyendo las del vecindario.
“El modelo” atraviesa una etapa de contradicciones y hasta retrocesos, pero su núcleo de tutela social se sostiene, con esfuerzo. No se aplica uno de los pilares de cualquiera de los ajustes tan conocidos por los argentinos. Puede y debe debatirse si es hora de fijar por ley un modo regular de aumento de la AUH, vía un coeficiente pautado por ley, semestral como el de las jubilaciones. Así se acotaría una cuota de discrecionalidad que subsiste.
Esos debates solo son posibles en un nuevo paradigma superador, que el Gobierno sostiene aun en el tramo más difícil de sus tres mandatos.
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