En el mismo día en el que el sindicalismo opositor realizó una modesta convocatoria a Plaza de Mayo, la presidenta Cristina Fernández reunió al sindicalismo oficialista en Casa Rosada para darles una buena y una mala noticia. La buena es que accedió al pedido de subir las asignaciones familiares un 40% (y un 35% y un 30% para las escalas de mayores ingresos). La mala es que no subirá –al menos por ahora– el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. La semana pasada se supo que los caciques sindicales y funcionarios del Poder Ejecutivo tuvieron varias reuniones en las que pidieron que se aumentara de manera «urgente» el salario familiar y en la que acercaron una reforma para el Impuesto a las Ganancias en la cual se proponía no sólo subir el piso para tributar sino también cambiar la escala. Así, la presidenta concedió un pedido pero negó otro. Aumentar las asignaciones implica que el gobierno no quiere ceder ante las presiones que le piden ajustar y que seguirá apostando por la fortaleza del mercado interno. Y la propia Fernández explicó por qué no tocarán Ganancias: porque lo que se recauda por este impuesto es necesario para garantizar el pago de jubilaciones, que sólo con los aportes y contribuciones de los trabajadores activos no se sustentan. Convocar a sectores que no te responden debe ser frustrante. Algo así les ocurrió ayer a Hugo Moyano y a Luis Barrionuevo en la Plaza de Mayo. No sólo no consiguieron convocar masivamente a sectores de la clase media y no sindicalizados, cosa a la que apuntaban con el reclamo por la inseguridad, sino que además no concurrieron cuadros propios del moyanismo. Ese fue el caso del titular de los peones rurales, Gerónimo Venegas y del peajista y diputado nacional, Facundo Moyano. Estaba previsto que en el acto no hubiera oradores pero finalmente Moyano y Barrionuevo terminaron interviniendo frente a una plaza que contó con muy pocos concurrentes no sindicales, a excepción del Juan Carlos Blumberg, que supo ser un abanderado de la lucha contra la inseguridad y que, con sus pedidos de mano dura, consiguió cambios en el Código Penal. Con la movilización de ayer se reavivaron los rumores de una posible reunificación del a CGT. A pesar de que no hubo reuniones entre los distintos sectores en los últimos días, el líder de la CGT oficialista, Antonio Caló se manifestó dispuesto a presentar su renuncia en pos de un acercamiento. Sin embargo, desestimó que sus pares de la CGT Azopardo y de la CGT Azul y Blanca quisieran hacerlo. Pero Moyano le contestó a Caló: «Algunos muchachos se están dando cuenta de que no pueden seguir sumisos, recibiendo órdenes del Poder Ejecutivo. Algo está pasando. Cuando se agote eso y se den cuenta de que no tienen destino al lado de los funcionarios, ahí vamos a priorizar la unidad.» Los cruces siguen y la reunificación parece cada vez más difícil. Pero por estos días hay muchos otros conflictos en danza. Uno de los más virulentos es el de la línea Sarmiento del ferrocarril, en el cual el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo y el delegado Rubén «Pollo» Sobrero encararon una lucha sin cuartel que no para de escalar mientras que los usuarios de la castigada línea padecen demoras. El quite de colaboración que los delegados de Unión Ferroviaria iniciaron el lunes pasado responde al reclamo de una compensación que les correspondería a los trabajadores del Sarmiento por el traspaso de la línea de manos privadas a manos del estado. Randazzo niega que les corresponda ese derecho ya que si los empleados mantienen su trabajo y no se les cambiaron las condiciones, no les corresponde indemnización alguna. El argumento esgrimido por Sobrero para insistir sobre la cuestión es que los trabajadores del Roca, del San Martín y del Belgrano cobraron compensaciones similares y que al Sarmiento no se la pagan porque no están alineados políticamente con el gobierno. Randazzo dice que sólo hubo pagos por productividad en 2005, pero no compensaciones por cambio de firma. Desde el gremio, aseguran que esas erogaciones que se hicieron fueron «disfrazadas» de pagos por productividad, pero que en realidad respondían a una compensación por el traspaso y para mantener la paz social durante ese proceso. Pero este conflicto entre Randazzo y Sobrero excede la coyuntura del reclamo y muestra dificultades más profundas y que responden a la ideología de cada actor: un ministro que hace públicos los ingresos de los trabajadores que realizan medidas de fuerza como dando a entender que por cobrar buenos salarios no tienen derecho al reclamo y un cuerpo de delegados que elige el momento en el que el gobierno está haciendo una inversión inédita para poner en valor una línea que padeció abandono y desidia y la muerte de muchos usuarios en numerosos accidentes. Además del conflicto en el Sarmiento, hay otras dificultades por las que atraviesan distintos sectores del mundo laboral. Por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica que conduce el titular de la CGT oficialista, Antonio Caló realizó el martes un paro en reclamo de que las empresas siderúrgicas paguen la totalidad del último acuerdo salarial. La medida de fuerza sorprendió por provenir del propio gremio de Caló y por desarrollarse un día antes de la marcha convocada por el sindicalismo opositor. El paro fue considerado «un éxito» por la conducción del sindicato. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y citó a las partes para hoy a que se sienten nuevamente a negociar. Fuentes sindicales expresaron que esperan que los empresarios lo hagan «con responsabilidad». También hay frente de tormenta en La Bancaria, donde hoy habrá un paro nacional de actividades en todos los bancos públicos y privados del país para las dos últimas horas de la atención al público de mañana. Es en repudio a la represión policial contra empleados bancarios despedidos en la provincia de Tucumán. En esa provincia la medida de fuerza será de 24 horas. El gremio de Alimentación, por su parte, iniciará hoy paros de dos horas por turno de trabajo en las fábricas, en reclamo por el estancamiento de la paritaria 2014 que ya venció. También hay complicaciones en la paritaria del gremio de Prensa. Ayer fue la primera reunión en el Ministerio de Trabajo, a pesar de que el convenio lleva más de un mes vencido y, como era de esperar, no hubo acuerdo. En paralelo a estas situaciones particulares, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich firmará hoy los convenios con 17 cámaras empresarias de diferentes sectores de la economía entre los que se encuentran la minería, la industria petroquímica, la producción de golosinas, de maquinaria agrícola, de yerba mate, de tabaco y de plásticos. El objetivo de estos acuerdos es comprometer a los empresarios a evitar despidos y a realizar inversiones, mientras que el gobierno promete agilizar las importaciones necesarias para el funcionamiento de cada sector y a la autorización de girar dividendos, en el caso de necesitarlo. El germen de estos acuerdos hay que buscarlo en las reuniones de diálogo social que se iniciaron luego de las PASO en agosto pasado. Si bien estos convenios no tienen implicancia legal, buscan mejorar el vínculo entre empresarios y funcionarios. El mundo laboral no está atravesando el momento más pacífico y mientras cada sector sindical busca posicionarse en este escenario, el gobierno intenta surfear los conflictos.
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