ECONOMIA › PROYECTO PARA REGULAR POR LEY EL TRABAJO EN LOS CALL-CENTERS
La iniciativa de un grupo de diputados del FpV, que encabeza Andrés Larroque, establece límites para la jornada laboral, régimen de licencias, exigencias para el ambiente de trabajo y otros derechos habituales en otras actividades.
La Cámara de Diputados comenzó a debatir un proyecto de ley para regular las condiciones laborales en las empresas que ofrecen servicios de call-centers. “Una de las tantas consecuencias negativas y de más difícil sustitución del neoliberalismo ha sido el desarrollo de modalidades de trabajo precarizadas, flexibles, que facilitaron a las empresas aplicar políticas de tercerización. Los llamados ‘call-centers’ o ‘centros de atención de llamadas’ son una de esas modalidades”, puede leerse en los fundamentos del texto presentado por Andrés Larroque (FpV), con el acompañamiento de las firmas de Mayra Mendoza, Eduardo De Pedro, Héctor Recalde, Edgardo Depetri, Anabel Sagasti, Walter Santillán, Horacio Pietragalla Corti, Marcos Cleri y María Luz Alonso, todos del FpV. La iniciativa establece una jornada laboral de seis horas, descansos semanales, licencia por exámenes, francos compensatorios, capacitación permanente de los trabajadores y condiciones laborales (edilicias) dignas. Si bien éstos son derechos comprendidos en las leyes laborales de la Argentina, las empresas de este sector suelen aplicar criterios heredados de la flexibilización laboral.
El proyecto es analizado por las comisiones de Legislación Laboral, a cargo de Recalde, y Comunicaciones, en manos de Mario Oporto. En el plenario realizado ayer, asistieron los representantes de los trabajadores y de las cámaras empresarias. Estos últimos plantearon que la “ley hará caer los puestos de trabajo” y cuestionaron la “intromisión” sindical en la actividad.
La mayoría de las empresas vinculadas con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que ofrecen servicios de tercerización, ya sea en el diseño de software o la “atención de clientes” locales o del extranjero, son reticentes a la aplicación de las normas laborales comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo. Su argumento es que al realizar tareas para “mercados globales”, “dinámicos” y con la necesidad de atender las 24 horas del día, requieren de una legislación “flexible”.
El proyecto de ley busca romper esta lógica. “En el contexto de la desregulación, la actividad se desarrolló sin marcos legales que den cuenta de sus especificidades y, menos aún, protejan a los trabajadores. Esa falta de regulación específica se tradujo en numerosas complicaciones para los trabajadores que terminaban desprotegidos. Así, es común englobar la actividad del teleoperador en el convenio de los empleados de comercio”, puede leerse en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa propone que la jornada laboral sea de seis horas y no exceda los cinco días por semana. Establece descansos obligatorios durante la jornada diaria. Quienes trabajen los feriados recibirán como compensación un incremento del ciento por ciento de ese día laborable. Es común que en las actividades vinculadas al sector, los empleados reciban una remuneración fija y comisiones. El texto establece que las comisiones deberán incorporarse al salario y estar especificadas por escrito. Los trabajadores también podrán gozar de francos compensatorios.
Otros ejes relevantes de la normativa son la capacitación, exámenes médicos y condiciones de infraestructura dignas. En relación con el primer punto, “el empleador dispondrá la realización de programas de capacitación continua con la finalidad de atender las necesidades de preparación de su personal, los cambios tecnológicos, la reestructuración funcional o por servicios”. Si un trabajador es designado para una capacitación, ésta será obligatoria.
En cuanto a la infraestructura, “los establecimientos en los cuales se desarrolle la actividad del teleoperador deberán respetar condiciones de seguridad ambientales, como asimismo proveer al empleado los elementos necesarios a los efectos de que éstos puedan desarrollar su tarea en condiciones seguras, salubres y que respetan la integridad del mismo”. Y en el tema de salud se establece una serie de exámenes médicos anuales. El texto del proyecto fundamenta que la actividad resulta “sedentaria, repetitiva y presenta reconocidas características de insalubridad producto de su alta exigencia psíquica y mental”.
La iniciativa de un grupo de diputados del FpV, que encabeza Andrés Larroque, establece límites para la jornada laboral, régimen de licencias, exigencias para el ambiente de trabajo y otros derechos habituales en otras actividades.
La Cámara de Diputados comenzó a debatir un proyecto de ley para regular las condiciones laborales en las empresas que ofrecen servicios de call-centers. “Una de las tantas consecuencias negativas y de más difícil sustitución del neoliberalismo ha sido el desarrollo de modalidades de trabajo precarizadas, flexibles, que facilitaron a las empresas aplicar políticas de tercerización. Los llamados ‘call-centers’ o ‘centros de atención de llamadas’ son una de esas modalidades”, puede leerse en los fundamentos del texto presentado por Andrés Larroque (FpV), con el acompañamiento de las firmas de Mayra Mendoza, Eduardo De Pedro, Héctor Recalde, Edgardo Depetri, Anabel Sagasti, Walter Santillán, Horacio Pietragalla Corti, Marcos Cleri y María Luz Alonso, todos del FpV. La iniciativa establece una jornada laboral de seis horas, descansos semanales, licencia por exámenes, francos compensatorios, capacitación permanente de los trabajadores y condiciones laborales (edilicias) dignas. Si bien éstos son derechos comprendidos en las leyes laborales de la Argentina, las empresas de este sector suelen aplicar criterios heredados de la flexibilización laboral.
El proyecto es analizado por las comisiones de Legislación Laboral, a cargo de Recalde, y Comunicaciones, en manos de Mario Oporto. En el plenario realizado ayer, asistieron los representantes de los trabajadores y de las cámaras empresarias. Estos últimos plantearon que la “ley hará caer los puestos de trabajo” y cuestionaron la “intromisión” sindical en la actividad.
La mayoría de las empresas vinculadas con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que ofrecen servicios de tercerización, ya sea en el diseño de software o la “atención de clientes” locales o del extranjero, son reticentes a la aplicación de las normas laborales comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo. Su argumento es que al realizar tareas para “mercados globales”, “dinámicos” y con la necesidad de atender las 24 horas del día, requieren de una legislación “flexible”.
El proyecto de ley busca romper esta lógica. “En el contexto de la desregulación, la actividad se desarrolló sin marcos legales que den cuenta de sus especificidades y, menos aún, protejan a los trabajadores. Esa falta de regulación específica se tradujo en numerosas complicaciones para los trabajadores que terminaban desprotegidos. Así, es común englobar la actividad del teleoperador en el convenio de los empleados de comercio”, puede leerse en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa propone que la jornada laboral sea de seis horas y no exceda los cinco días por semana. Establece descansos obligatorios durante la jornada diaria. Quienes trabajen los feriados recibirán como compensación un incremento del ciento por ciento de ese día laborable. Es común que en las actividades vinculadas al sector, los empleados reciban una remuneración fija y comisiones. El texto establece que las comisiones deberán incorporarse al salario y estar especificadas por escrito. Los trabajadores también podrán gozar de francos compensatorios.
Otros ejes relevantes de la normativa son la capacitación, exámenes médicos y condiciones de infraestructura dignas. En relación con el primer punto, “el empleador dispondrá la realización de programas de capacitación continua con la finalidad de atender las necesidades de preparación de su personal, los cambios tecnológicos, la reestructuración funcional o por servicios”. Si un trabajador es designado para una capacitación, ésta será obligatoria.
En cuanto a la infraestructura, “los establecimientos en los cuales se desarrolle la actividad del teleoperador deberán respetar condiciones de seguridad ambientales, como asimismo proveer al empleado los elementos necesarios a los efectos de que éstos puedan desarrollar su tarea en condiciones seguras, salubres y que respetan la integridad del mismo”. Y en el tema de salud se establece una serie de exámenes médicos anuales. El texto del proyecto fundamenta que la actividad resulta “sedentaria, repetitiva y presenta reconocidas características de insalubridad producto de su alta exigencia psíquica y mental”.
