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Las sociedades humanas, sus organizaciones políticas y su sistema productivo requieren de un continuo flujo de energía que establece las condiciones necesarias para su viabilidad. Al mismo tiempo, los mecanismos que utilizan estas sociedades para obtener y distribuir los recursos básicos para su supervivencia están condicionados e integrados dentro de instituciones sociopolíticas. Por lo tanto, el flujo de energía y las organizaciones sociopolíticas son términos de una misma ecuación. Nuestra civilización actual se sustenta en un altísimo consumo energético estructurado a partir de tres flujos que moldean y posibilitan nuestra forma de vida: alimentos, combustibles y electricidad. Sin ellos, se derrumba nuestra civilización. En este marco, el petróleo es el recurso crítico ya que es un recurso no renovable, está distribuido de manera desigual en el mundo y está comenzando a mostrar síntomas de agotamiento.
El petróleo participa con un 34% en la matriz energética mundial, pero lo más significativo es que el 95% del transporte se mueve con derivados de este hidrocarburo. Sin petróleo se para el mundo y colapsa nuestra civilización. Por su parte, el gas participa con un 23% cuya disponibilidad es fundamental para la industria, los hogares y la generación eléctrica. Hoy, más del 90% de las reservas mundiales están en manos de los estados, pero su producción requiere de inversiones y tecnología que aportan en buena medida las empresas privadas.
Esta tensión permanente que vivió nuestro país entre soberanía y autoabastecimiento, vuelve a repetirse en la discusión pública ante la necesidad que tenemos de desarrollar los recursos no convencionales.
Hace unos meses, la revista Forbes publicó un listado de las 25 empresas más grandes del mundo, productoras de gas y petróleo, tomando la producción de gas en barriles equivalentes de petróleo. Haciendo un rápido análisis vemos que: los tres primeras del ranking son Saudi Aramco, Gazprom y Nacional Iranian Oil Co que producen en conjunto 28,6 millones de barriles equivalentes por día. Además, de las 25 compañías petroleras incluidas en esta lista, casi el 40% se encuentran en países de la OPEP. Su producción alcanza a 35,6 millones de barriles por día. Otro 20% de la producción pertenece a empresas chinas y rusas. Así que aproximadamente el 60% del petróleo del mundo es producido por una docena de empresas que operan en China, Rusia, Venezuela y Medio Oriente. En conjunto, las 25 empresas de esta lista producen 86,1 millones de barriles al día. De las 25, 15 son compañías nacionales, 2 mixtas (Petrobrás y Statoil de Noruega) y 8 privadas. Chevron se ubica novena –cuarta entre las privadas– con una producción diaria de 3,5 millones de barriles equivalentes. Si hacemos el mismo cálculo para YPF, nos da una producción diaria de 230.000 barriles equivalentes, aproximadamente.
Esta asimetría entre las empresas debe tenerse en cuenta para entender la estrategia de YPF respecto a Vaca Muerta y su apertura a la inversión privada con el objetivo de lograr, en el menor tiempo posible, que los recursos de petróleo y gas de esa formación entren en producción. Esa es la necesidad que hoy tiene nuestro país.
En las primeras décadas del siglo pasado, las grandes empresas petroleras salieron al mundo a buscar reservas y esta asimetría generó actitudes imperialistas que lesionaban la soberanía de los países. Es en ese momento, donde se crea YPF bajo el impulso del General Mosconi con el objetivo de defender el recurso, participar de la renta petrolera e intervenir en el mercado de combustibles que estaba dominado casi monopólicamente por las grandes empresas petroleras extranjeras. YPF fue más que una empresa. Era el brazo del Estado en los remotos lugares de nuestro país donde se encontraban los recursos petroleros. Así, construyó caminos, escuelas, hospitales y se ocupaba de tareas que eran propias del Estado. También tuvo que luchar contra la falta de recursos y las disputas políticas que impedían definir y ejecutar una estrategia clara para su desarrollo como empresa. Argentina es un país con petróleo, no un país petrolero. Esta situación obligaba a un nivel de eficiencia empresarial y de inversiones que YPF no logró alcanzar y que llevó a que el objetivo del autoabastecimiento, que era otro de los ideales del general Mosconi, sólo se lograra en breves períodos de su historia. Al fracasar en el logro del autoabastecimiento, su lugar como empresa estatal empezó a ser discutido en la sociedad y entre los distintos sectores políticos, generándose así un círculo vicioso que dificultó aún más el cumplimiento de este objetivo.
En 1990, George Bush presenta la “Iniciativa de las Américas” donde, entre otras cosas, desarrolla la idea de facilitar el ingreso de las empresas petroleras de su país en el mercado energético de América latina. Esta iniciativa tuvo una amplia e inesperada acogida por parte del menemismo, lo que llevó a la desregulación del sector hidrocarburífero y a la impensable privatización de YPF, símbolo de nuestra nacionalidad y empresa insignia de nuestro país. Nace así en 1993 una nueva YPF, que era en realidad una empresa mixta, que si bien no tenía mayoría accionaria estatal, tenía cierto control por parte del Estado. En esta nueva etapa, YPF consigue atraer capitales, se organiza como una empresa privada con gran capacidad de gestión y pone en producción muchas de las reservas que YPF estatal había descubierto, pero que por falta de inversión no las había podido desarrollar. De esta manera, en pocos años, Argentina logra el autoabastecimiento e incluso se convierte en exportador de hidrocarburos. Sin embargo, la concepción liberal de su gestión hace que no se tengan en cuenta las cuestiones estratégicas que hacen al manejo del recurso petrolero. Así se firman, por ejemplo, convenios para exportar gas a Chile sin tener en cuenta las necesidades futuras de esta fuente de energía para nuestro país. Por otra parte, se desmantelan los laboratorios de investigación y desarrollo de YPF, con lo que se deja de cumplir con otro de los ideales de Mosconi, que era el de desarrollar tecnología e industria nacional como un objetivo soberano. Unos años más tarde, en 1998, Menem, acuciado por los problemas de la convertibilidad y la necesidad de conseguir fondos para poder terminar su mandato, al no conseguir más financiamiento internacional, decide vender el 100% de YPF a Repsol, que era una empresa más chica que YPF y que se vio obligada a endeudarse para adquirirla. Esta nueva YPF deja de tener como objetivo principal el desarrollo hidrocarburífero de nuestro país, se ve obligada a girar utilidades para pagar las deudas financieras, disminuyendo así sus inversiones en exploración y, además, establece una estrategia de crecimiento global utilizando los recursos obtenidos de la actividad en Argentina para invertir en Brasil, Venezuela, Angola y Sudán, entre otros países. Se esfuma así la empresa que ideó Mosconi y el país se queda sin una herramienta fundamental de política energética.
En 2012, ante la caída de la producción y el aumento de las necesidades de consumo producto del sostenido crecimiento económico, el gobierno de Cristina Kirchner decide un cambio radical en materia petrolera con el objetivo de recuperar el autoabastecimiento, pero para eso necesitaba la herramienta para llevar a cabo esa nueva política. Esa herramienta era YPF. Se retoma entonces el control de YPF expropiando el 51% de las acciones de Repsol y nace así una YPF, la cual tiene un desafío fundamental: lograr poner en producción los recursos no convencionales que nuestro país tiene en abundancia. Estos recursos cambian nuestra perspectiva energética, ya que tienen un potencial de aumentar sesenta veces las reservas de gas y diez veces las de petróleo. Pero para esto hace falta grandes inversiones y es en este contexto que debe entenderse el acuerdo de YPF con Chevron y los futuros acuerdos que seguramente se irán firmando con otras empresas petroleras.
Nuestro país fue el propulsor del llamado nacionalismo petrolero, que era comprensible a principios del siglo XX, pero es un error tomarlo como dogma. Este error ha generado muchos desencuentros y dificultado el desarrollo económico de nuestro país. Así ha sido históricamente. El primer gobierno peronista sufrió una grave crisis energética, por eso Perón entiende que la soberanía petrolera no se ejerce declamando el monopolio estatal sino estableciendo una política energética y una defensa de los recursos que tenga nivel constitucional. En 1946 define un Plan Nacional de Energía y en la reforma constitucional de 1949 se promulga el art. 40 que establecía que los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación. A pesar de este marco jurídico, cuando intenta firmar el contrato con la Standard Oil de California (casualmente la hoy Chevron) para intentar lograr el autoabastecimiento, los “falsos nacionalistas” como los llamaba Perón, se oponen tenazmente y logran impedirlo. Uno de los grandes opositores en aquel momento fue Frondizi, quien luego en 1958 comprende también que la defensa de la soberanía pasa por lograr el autoabastecimiento y por una ley que defienda los recursos. Así, sanciona la ley 14.773 de nacionalización del petróleo y firma los contratos con varias empresas norteamericanas, logrando ese objetivo en poco tiempo.
Esta tensión permanente que vivió nuestro país entre soberanía y autoabastecimiento, vuelve a repetirse en la discusión pública ante la necesidad que tenemos de desarrollar los recursos no convencionales. Lamentablemente, esta discusión se hace con falsas consignas del pasado y con muy poco conocimiento de la situación petrolera mundial. Hoy el mundo tiene dificultades para satisfacer la creciente demanda de crudo y este recurso será cada vez más crítico. Chevron no lesiona nuestra soberanía, la falta de autoabastecimiento sí.
*Víctor Bronstein es director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad y de la Licenciatura en Energética, Untref.
Las sociedades humanas, sus organizaciones políticas y su sistema productivo requieren de un continuo flujo de energía que establece las condiciones necesarias para su viabilidad. Al mismo tiempo, los mecanismos que utilizan estas sociedades para obtener y distribuir los recursos básicos para su supervivencia están condicionados e integrados dentro de instituciones sociopolíticas. Por lo tanto, el flujo de energía y las organizaciones sociopolíticas son términos de una misma ecuación. Nuestra civilización actual se sustenta en un altísimo consumo energético estructurado a partir de tres flujos que moldean y posibilitan nuestra forma de vida: alimentos, combustibles y electricidad. Sin ellos, se derrumba nuestra civilización. En este marco, el petróleo es el recurso crítico ya que es un recurso no renovable, está distribuido de manera desigual en el mundo y está comenzando a mostrar síntomas de agotamiento.
El petróleo participa con un 34% en la matriz energética mundial, pero lo más significativo es que el 95% del transporte se mueve con derivados de este hidrocarburo. Sin petróleo se para el mundo y colapsa nuestra civilización. Por su parte, el gas participa con un 23% cuya disponibilidad es fundamental para la industria, los hogares y la generación eléctrica. Hoy, más del 90% de las reservas mundiales están en manos de los estados, pero su producción requiere de inversiones y tecnología que aportan en buena medida las empresas privadas.
Esta tensión permanente que vivió nuestro país entre soberanía y autoabastecimiento, vuelve a repetirse en la discusión pública ante la necesidad que tenemos de desarrollar los recursos no convencionales.
Hace unos meses, la revista Forbes publicó un listado de las 25 empresas más grandes del mundo, productoras de gas y petróleo, tomando la producción de gas en barriles equivalentes de petróleo. Haciendo un rápido análisis vemos que: los tres primeras del ranking son Saudi Aramco, Gazprom y Nacional Iranian Oil Co que producen en conjunto 28,6 millones de barriles equivalentes por día. Además, de las 25 compañías petroleras incluidas en esta lista, casi el 40% se encuentran en países de la OPEP. Su producción alcanza a 35,6 millones de barriles por día. Otro 20% de la producción pertenece a empresas chinas y rusas. Así que aproximadamente el 60% del petróleo del mundo es producido por una docena de empresas que operan en China, Rusia, Venezuela y Medio Oriente. En conjunto, las 25 empresas de esta lista producen 86,1 millones de barriles al día. De las 25, 15 son compañías nacionales, 2 mixtas (Petrobrás y Statoil de Noruega) y 8 privadas. Chevron se ubica novena –cuarta entre las privadas– con una producción diaria de 3,5 millones de barriles equivalentes. Si hacemos el mismo cálculo para YPF, nos da una producción diaria de 230.000 barriles equivalentes, aproximadamente.
Esta asimetría entre las empresas debe tenerse en cuenta para entender la estrategia de YPF respecto a Vaca Muerta y su apertura a la inversión privada con el objetivo de lograr, en el menor tiempo posible, que los recursos de petróleo y gas de esa formación entren en producción. Esa es la necesidad que hoy tiene nuestro país.
En las primeras décadas del siglo pasado, las grandes empresas petroleras salieron al mundo a buscar reservas y esta asimetría generó actitudes imperialistas que lesionaban la soberanía de los países. Es en ese momento, donde se crea YPF bajo el impulso del General Mosconi con el objetivo de defender el recurso, participar de la renta petrolera e intervenir en el mercado de combustibles que estaba dominado casi monopólicamente por las grandes empresas petroleras extranjeras. YPF fue más que una empresa. Era el brazo del Estado en los remotos lugares de nuestro país donde se encontraban los recursos petroleros. Así, construyó caminos, escuelas, hospitales y se ocupaba de tareas que eran propias del Estado. También tuvo que luchar contra la falta de recursos y las disputas políticas que impedían definir y ejecutar una estrategia clara para su desarrollo como empresa. Argentina es un país con petróleo, no un país petrolero. Esta situación obligaba a un nivel de eficiencia empresarial y de inversiones que YPF no logró alcanzar y que llevó a que el objetivo del autoabastecimiento, que era otro de los ideales del general Mosconi, sólo se lograra en breves períodos de su historia. Al fracasar en el logro del autoabastecimiento, su lugar como empresa estatal empezó a ser discutido en la sociedad y entre los distintos sectores políticos, generándose así un círculo vicioso que dificultó aún más el cumplimiento de este objetivo.
En 1990, George Bush presenta la “Iniciativa de las Américas” donde, entre otras cosas, desarrolla la idea de facilitar el ingreso de las empresas petroleras de su país en el mercado energético de América latina. Esta iniciativa tuvo una amplia e inesperada acogida por parte del menemismo, lo que llevó a la desregulación del sector hidrocarburífero y a la impensable privatización de YPF, símbolo de nuestra nacionalidad y empresa insignia de nuestro país. Nace así en 1993 una nueva YPF, que era en realidad una empresa mixta, que si bien no tenía mayoría accionaria estatal, tenía cierto control por parte del Estado. En esta nueva etapa, YPF consigue atraer capitales, se organiza como una empresa privada con gran capacidad de gestión y pone en producción muchas de las reservas que YPF estatal había descubierto, pero que por falta de inversión no las había podido desarrollar. De esta manera, en pocos años, Argentina logra el autoabastecimiento e incluso se convierte en exportador de hidrocarburos. Sin embargo, la concepción liberal de su gestión hace que no se tengan en cuenta las cuestiones estratégicas que hacen al manejo del recurso petrolero. Así se firman, por ejemplo, convenios para exportar gas a Chile sin tener en cuenta las necesidades futuras de esta fuente de energía para nuestro país. Por otra parte, se desmantelan los laboratorios de investigación y desarrollo de YPF, con lo que se deja de cumplir con otro de los ideales de Mosconi, que era el de desarrollar tecnología e industria nacional como un objetivo soberano. Unos años más tarde, en 1998, Menem, acuciado por los problemas de la convertibilidad y la necesidad de conseguir fondos para poder terminar su mandato, al no conseguir más financiamiento internacional, decide vender el 100% de YPF a Repsol, que era una empresa más chica que YPF y que se vio obligada a endeudarse para adquirirla. Esta nueva YPF deja de tener como objetivo principal el desarrollo hidrocarburífero de nuestro país, se ve obligada a girar utilidades para pagar las deudas financieras, disminuyendo así sus inversiones en exploración y, además, establece una estrategia de crecimiento global utilizando los recursos obtenidos de la actividad en Argentina para invertir en Brasil, Venezuela, Angola y Sudán, entre otros países. Se esfuma así la empresa que ideó Mosconi y el país se queda sin una herramienta fundamental de política energética.
En 2012, ante la caída de la producción y el aumento de las necesidades de consumo producto del sostenido crecimiento económico, el gobierno de Cristina Kirchner decide un cambio radical en materia petrolera con el objetivo de recuperar el autoabastecimiento, pero para eso necesitaba la herramienta para llevar a cabo esa nueva política. Esa herramienta era YPF. Se retoma entonces el control de YPF expropiando el 51% de las acciones de Repsol y nace así una YPF, la cual tiene un desafío fundamental: lograr poner en producción los recursos no convencionales que nuestro país tiene en abundancia. Estos recursos cambian nuestra perspectiva energética, ya que tienen un potencial de aumentar sesenta veces las reservas de gas y diez veces las de petróleo. Pero para esto hace falta grandes inversiones y es en este contexto que debe entenderse el acuerdo de YPF con Chevron y los futuros acuerdos que seguramente se irán firmando con otras empresas petroleras.
Nuestro país fue el propulsor del llamado nacionalismo petrolero, que era comprensible a principios del siglo XX, pero es un error tomarlo como dogma. Este error ha generado muchos desencuentros y dificultado el desarrollo económico de nuestro país. Así ha sido históricamente. El primer gobierno peronista sufrió una grave crisis energética, por eso Perón entiende que la soberanía petrolera no se ejerce declamando el monopolio estatal sino estableciendo una política energética y una defensa de los recursos que tenga nivel constitucional. En 1946 define un Plan Nacional de Energía y en la reforma constitucional de 1949 se promulga el art. 40 que establecía que los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación. A pesar de este marco jurídico, cuando intenta firmar el contrato con la Standard Oil de California (casualmente la hoy Chevron) para intentar lograr el autoabastecimiento, los “falsos nacionalistas” como los llamaba Perón, se oponen tenazmente y logran impedirlo. Uno de los grandes opositores en aquel momento fue Frondizi, quien luego en 1958 comprende también que la defensa de la soberanía pasa por lograr el autoabastecimiento y por una ley que defienda los recursos. Así, sanciona la ley 14.773 de nacionalización del petróleo y firma los contratos con varias empresas norteamericanas, logrando ese objetivo en poco tiempo.
Esta tensión permanente que vivió nuestro país entre soberanía y autoabastecimiento, vuelve a repetirse en la discusión pública ante la necesidad que tenemos de desarrollar los recursos no convencionales. Lamentablemente, esta discusión se hace con falsas consignas del pasado y con muy poco conocimiento de la situación petrolera mundial. Hoy el mundo tiene dificultades para satisfacer la creciente demanda de crudo y este recurso será cada vez más crítico. Chevron no lesiona nuestra soberanía, la falta de autoabastecimiento sí.
*Víctor Bronstein es director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad y de la Licenciatura en Energética, Untref.
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