Cristina sigue provocando a la ortodoxia: le piden que recorte el gasto y ella quiere jubilar a 470 mil personas.
Cuando las pitonisas ortodoxas de la economía y los políticos conservadores insisten en que para frenar la inflación no alcanza con los Precios Cuidados, sino que es necesario un severo recorte del gasto público, la presidenta de la Nación parece empeñada en escandalizarlos: envió al Parlamento un proyecto de ley que impulsa nueva moratoria previsional que podría incluir a unas 470 mil personas sin aportes certificados en tiempo y forma, lo cual le costará al erario público en un año alrededor de 12 mil millones de pesos. La iniciativa desatará seguramente la vieja polémica entre gasto público e inversión, en el cual los bloques opositores deberán hacer piruetas para oponerse a un nuevo beneficio para los desheredados de los 90, sin quedar en evidencia. Será una buena oportunidad para quitarle la careta a quienes reclaman un recorte del gasto público pero no explican dónde meterían la tijera. Cuando Néstor Kirchner lanzó en 2005 el primer plan de inclusión previsional, en la Argentina sobrevivían unos 3 millones de jubilados, en tanto hoy suman el doble.Se pasó así de una cobertura del 66 al 94 por ciento; la más amplia de América latina, se ufana Cristina Fernández, quien ahora va por el ciento por ciento. La moratoria fue cuestionada por incorporar lo que insolidariamente algunos llamaron «jubilados truchos». Obviamente los liberales batieron el parche con el aumento del gasto fiscal, que –a juicio de banqueros, no pocos empresarios y liberales en general– es el motor de la inflación.
El gobierno defendió la medida con el argumento de que en realidad se incorporaba al sistema previsional a personas arrojadas a las cunetas sociales desde 1976, por el elevado desempleo y la precarización laboral. Pero más allá del criterio de justicia social, del cual carecen individualistas variopintos, el kirchnerismo advirtió que los recursos que percibirían los nuevos jubilados se volcarían obviamente al consumo y tendrían un impacto dinamizador. Ahora, en uno de los momentos más difíciles del gobierno de Cristina Fernández desde el punto de vista económico, cuando la deflagración de la inevitable devaluación pasada amenaza con poner en tela de juicio los logros del modelo, la presidenta insiste en su concepción de que los recursos que se derivan hacia los sectores más necesitados no constituyen gasto, sino inversión pública. Y espera que los 12 mil millones de pesos que se derivarán al consumo, sumados al reciente aumento de las asignaciones por hijo y las familiares, contribuyan a reanudar el crecimiento. Por supuesto que la gran apuesta reactivadora se centra en los salarios que comienzan a surgir de las paritarias, ya que actualmente conviven precios nuevos con sueldos viejos. Pero la medida anunciada es una nueva apuesta a la demanda agregada, esa porfiada convicción del kirchnerismo. Lo que reclaman los conservadores y lo que ejecuta el gobierno tozudamente, constituyen dos concepciones económicas históricamente en pugna, las cuales definen finalmente dos modelos de país distintos.
Unos insisten en señalar que el gobierno no tiene en cuenta a la inflación y que debe dejar de financiar el gasto público con emisión, para terminar con el alza de precios. En cambio, para el populismo, no existe posibilidad alguna de industrializar al país sin una dosis de inflación, como mal inevitable. Unos creen que el flagelo deviene del incremento del circulante y otros que centralmente obedece a la disputa por la torta, a la puja distributiva. El debate económico oculta en realidad los efectos prácticos de cada postura política. El gobierno no dice claramente que duplicar el Producto Bruto Interno, reindustrializar el país, aumentar el consumo popular e incluir a los desheredados de siempre, tiene un inevitable costo inflacionario. Pero los liberales no explican jamás por dónde pretenden podar el gasto público. Se podría, por ejemplo, rebajar el salario de los trabajadores estatales como hicieron durante el gobierno de Fernando de la Rúa. O también recortar jubilaciones en lugar de ampliar los beneficiarios. Al menos podrían suspenderse las paritarias y la actualización jubilatoria. Se podría además paralizar la obra pública, que da trabajo a miles de obreros, o suspender todos los planes sociales con los que se benefician «vagos y malentretenidos». No hace falta tampoco construir tantas escuelas, ni renovar los ferrocarriles, pese a que utilizaron los accidentes para culpar al gobierno por el abandono. Se podría cerrar el grifo de la inversión pública hasta llegar a una inflación cero. O, al menos, a una tasa más moderada que la actual. Pero omiten decir que esa propuesta llevaría al país a un nuevo estallido social como el del 2001, o sencillamente a la paz de los cementerios. Los neoliberales tienen un criterio curioso: ampliar la contención social produce inflación, pero no los intereses de la deuda externa suicida. El jueves próximo, el país estará en vilo para saber si la Corte Suprema de los Estados Unidos acepta la apelación de la Argentina. Tras el arreglo con el Club de París, el reclamo de dos fondos buitre es el último entuerto del pasado que debe deshacer el kirchnerismo en materia de deuda externa. Después vendrá el Mundial de fútbol y luego se lanzará de lleno la campaña.
No es fácil acertar cuál sería el rumbo económico que adoptaría el único candidato del Frente para la Victoria (FPV) que por el momento es capaz de vencer al diputado del Frente Renovador (FR), Sergio Massa.Ferviente defensor del modelo menemista en el pasado, el gobernador Daniel Scioli no comulga totalmente con los postulados kirchneristas. Alguna vez dijo que no se debía ser ni tan liberal ni tan populista. Basta y sobra para que los integrantes de Carta Abierta no se sientan representados por él. Lo de Massa se parece demasiado a lo de Carlos Menem, quien aseguró lo más campante que si hubiera dicho en la campaña electoral lo que haría luego como presidente, nadie lo hubiera votado.
Ninguno de los dos candidatos con mayores posibilidades en el Frente Amplio–UNEN, Julio Cobos y Hermes Binner, ofrece tampoco posibilidades de avanzar a un país más equitativo. Cobos se hizo célebre por oponerse a que sectores privilegiados aporten recursos al fisco para ser redistribuidos entre los más vulnerables y Binner cree por ejemplo que no hay que darle mucho aumento a los trabajadores porque eso genera inflación. Aunque está lejos de sus competidores, Mauricio Macri sigue persiguiendo su sueño. Tampoco dice claramente cómo controlaría la inflación, pero hace un par de años le confesó al diario La Nación en un reportaje su adhesión a la teoría del derrame. Se trata de aquel cuento que contabanen los 90, cuando decían que si se eliminaban las regulaciones, la economía crecería y derramaría prosperidad sobre todos los ciudadanos. No se derramó ni una gota. Los únicos dos candidatos que a priori aparecen como defensores del modelo, todavía están lejos de terciar en la porfía presidencial con posibilidades ciertas. Una encuesta reciente reveló que Florencio Randazzo está mejor posicionado que Sergio Uribarri, pero ninguno de los dos le ganaría hoy a Scioli en una interna abierta, ni a Massa en la general. Los kirchnerista más convencidos siguen esperando que Cristina saque por fin un conejo de la galera. – <dl
Cuando las pitonisas ortodoxas de la economía y los políticos conservadores insisten en que para frenar la inflación no alcanza con los Precios Cuidados, sino que es necesario un severo recorte del gasto público, la presidenta de la Nación parece empeñada en escandalizarlos: envió al Parlamento un proyecto de ley que impulsa nueva moratoria previsional que podría incluir a unas 470 mil personas sin aportes certificados en tiempo y forma, lo cual le costará al erario público en un año alrededor de 12 mil millones de pesos. La iniciativa desatará seguramente la vieja polémica entre gasto público e inversión, en el cual los bloques opositores deberán hacer piruetas para oponerse a un nuevo beneficio para los desheredados de los 90, sin quedar en evidencia. Será una buena oportunidad para quitarle la careta a quienes reclaman un recorte del gasto público pero no explican dónde meterían la tijera. Cuando Néstor Kirchner lanzó en 2005 el primer plan de inclusión previsional, en la Argentina sobrevivían unos 3 millones de jubilados, en tanto hoy suman el doble.Se pasó así de una cobertura del 66 al 94 por ciento; la más amplia de América latina, se ufana Cristina Fernández, quien ahora va por el ciento por ciento. La moratoria fue cuestionada por incorporar lo que insolidariamente algunos llamaron «jubilados truchos». Obviamente los liberales batieron el parche con el aumento del gasto fiscal, que –a juicio de banqueros, no pocos empresarios y liberales en general– es el motor de la inflación.
El gobierno defendió la medida con el argumento de que en realidad se incorporaba al sistema previsional a personas arrojadas a las cunetas sociales desde 1976, por el elevado desempleo y la precarización laboral. Pero más allá del criterio de justicia social, del cual carecen individualistas variopintos, el kirchnerismo advirtió que los recursos que percibirían los nuevos jubilados se volcarían obviamente al consumo y tendrían un impacto dinamizador. Ahora, en uno de los momentos más difíciles del gobierno de Cristina Fernández desde el punto de vista económico, cuando la deflagración de la inevitable devaluación pasada amenaza con poner en tela de juicio los logros del modelo, la presidenta insiste en su concepción de que los recursos que se derivan hacia los sectores más necesitados no constituyen gasto, sino inversión pública. Y espera que los 12 mil millones de pesos que se derivarán al consumo, sumados al reciente aumento de las asignaciones por hijo y las familiares, contribuyan a reanudar el crecimiento. Por supuesto que la gran apuesta reactivadora se centra en los salarios que comienzan a surgir de las paritarias, ya que actualmente conviven precios nuevos con sueldos viejos. Pero la medida anunciada es una nueva apuesta a la demanda agregada, esa porfiada convicción del kirchnerismo. Lo que reclaman los conservadores y lo que ejecuta el gobierno tozudamente, constituyen dos concepciones económicas históricamente en pugna, las cuales definen finalmente dos modelos de país distintos.
Unos insisten en señalar que el gobierno no tiene en cuenta a la inflación y que debe dejar de financiar el gasto público con emisión, para terminar con el alza de precios. En cambio, para el populismo, no existe posibilidad alguna de industrializar al país sin una dosis de inflación, como mal inevitable. Unos creen que el flagelo deviene del incremento del circulante y otros que centralmente obedece a la disputa por la torta, a la puja distributiva. El debate económico oculta en realidad los efectos prácticos de cada postura política. El gobierno no dice claramente que duplicar el Producto Bruto Interno, reindustrializar el país, aumentar el consumo popular e incluir a los desheredados de siempre, tiene un inevitable costo inflacionario. Pero los liberales no explican jamás por dónde pretenden podar el gasto público. Se podría, por ejemplo, rebajar el salario de los trabajadores estatales como hicieron durante el gobierno de Fernando de la Rúa. O también recortar jubilaciones en lugar de ampliar los beneficiarios. Al menos podrían suspenderse las paritarias y la actualización jubilatoria. Se podría además paralizar la obra pública, que da trabajo a miles de obreros, o suspender todos los planes sociales con los que se benefician «vagos y malentretenidos». No hace falta tampoco construir tantas escuelas, ni renovar los ferrocarriles, pese a que utilizaron los accidentes para culpar al gobierno por el abandono. Se podría cerrar el grifo de la inversión pública hasta llegar a una inflación cero. O, al menos, a una tasa más moderada que la actual. Pero omiten decir que esa propuesta llevaría al país a un nuevo estallido social como el del 2001, o sencillamente a la paz de los cementerios. Los neoliberales tienen un criterio curioso: ampliar la contención social produce inflación, pero no los intereses de la deuda externa suicida. El jueves próximo, el país estará en vilo para saber si la Corte Suprema de los Estados Unidos acepta la apelación de la Argentina. Tras el arreglo con el Club de París, el reclamo de dos fondos buitre es el último entuerto del pasado que debe deshacer el kirchnerismo en materia de deuda externa. Después vendrá el Mundial de fútbol y luego se lanzará de lleno la campaña.
No es fácil acertar cuál sería el rumbo económico que adoptaría el único candidato del Frente para la Victoria (FPV) que por el momento es capaz de vencer al diputado del Frente Renovador (FR), Sergio Massa.Ferviente defensor del modelo menemista en el pasado, el gobernador Daniel Scioli no comulga totalmente con los postulados kirchneristas. Alguna vez dijo que no se debía ser ni tan liberal ni tan populista. Basta y sobra para que los integrantes de Carta Abierta no se sientan representados por él. Lo de Massa se parece demasiado a lo de Carlos Menem, quien aseguró lo más campante que si hubiera dicho en la campaña electoral lo que haría luego como presidente, nadie lo hubiera votado.
Ninguno de los dos candidatos con mayores posibilidades en el Frente Amplio–UNEN, Julio Cobos y Hermes Binner, ofrece tampoco posibilidades de avanzar a un país más equitativo. Cobos se hizo célebre por oponerse a que sectores privilegiados aporten recursos al fisco para ser redistribuidos entre los más vulnerables y Binner cree por ejemplo que no hay que darle mucho aumento a los trabajadores porque eso genera inflación. Aunque está lejos de sus competidores, Mauricio Macri sigue persiguiendo su sueño. Tampoco dice claramente cómo controlaría la inflación, pero hace un par de años le confesó al diario La Nación en un reportaje su adhesión a la teoría del derrame. Se trata de aquel cuento que contabanen los 90, cuando decían que si se eliminaban las regulaciones, la economía crecería y derramaría prosperidad sobre todos los ciudadanos. No se derramó ni una gota. Los únicos dos candidatos que a priori aparecen como defensores del modelo, todavía están lejos de terciar en la porfía presidencial con posibilidades ciertas. Una encuesta reciente reveló que Florencio Randazzo está mejor posicionado que Sergio Uribarri, pero ninguno de los dos le ganaría hoy a Scioli en una interna abierta, ni a Massa en la general. Los kirchnerista más convencidos siguen esperando que Cristina saque por fin un conejo de la galera. – <dl
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