EL MUNDO › OPINION
Por Mercedes López San Miguel
Hay un tema ineludible que el nuevo gobierno de Colombia tendrá que atender: la situación del campo. El sector rural paralizó gran parte de las rutas nacionales en los recientes paros agrarios, un asunto que Santos en su momento minimizó, pero durante la campaña admitió que se había equivocado. Los productores agropecuarios reclaman desde hace tiempo mejoras en las condiciones de su actividad, y realizaron dos grandes huelgas masivas, una entre agosto y septiembre del año pasado, y la otra entre abril y mayo de este año.
Los campesinos no dejan de señalar que el gobierno de Santos, así como el de sus antecesores, incumplió convenios para solucionar diversas crisis económicas que provocan altos costos de producción y de combustible. La crisis del campo está fuertemente vinculada al modelo de economía abierta, en el que prevalecen los Tratados de Libre Comercio (TLC). Los trabajadores rurales han reclamado un mayor presupuesto para el campo, condonación de créditos, reducción del precio de los fertilizantes y combustibles y freno a las importaciones de productos agrícolas que entran por la vía tanto de los TLC como del contrabando.
Un estudio que presentó en diciembre la organización Oxfam, pasado un año y medio de entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos, concluyó que los productos más vulnerables de la economía campesina ante las importaciones provenientes del país del Norte son “el lactosuero, seguido por el arroz, el maíz blanco, la leche en polvo y la carne de cerdo”. Fernando Barberi Gómez, investigador de Oxfam, dijo al diario El Espectador que los resultados eran desalentadores. “En estos primeros meses las importaciones desde Estados Unidos han crecido a un ritmo mucho mayor que las exportaciones a ese país, provocando un deterioro en la balanza comercial. Y el sector campesino colombiano se ve forzado a competir en desigualdad de condiciones con productos que disfrutan de importantes subsidios al sector agropecuario en EE.UU.” Esto, dice el documento, hace prever una caída en la producción agropecuaria y, por supuesto, los ingresos de las familias campesinas.
Tras las huelgas agrarias, el gobierno puso en marcha subsidios y salvaguardas para productos sensibles al libre comercio. Sin embargo, distintas organizaciones de agricultores sostienen que estas medidas no han surtido los efectos prometidos, y continúan pidiendo que se renegocie el acuerdo con Washington, e incluso el que tiene Colombia con la Unión Europea. El punto central es la renegociación de los TLC, advirtió a Página/12 Diego Jaramillo Salgado, profesor de la Universidad del Cauca. Y agregó: “El impacto de las políticas neoliberales generó una reacción casi de supervivencia del campo, que se levantó. Ante ello, el Ejecutivo avanzó en acuerdos diferenciados, ya que no es lo mismo lo que reclaman los cafeteros que los cosechadores de papas. Esto dividió al movimiento campesino. No obstante, creo que la búsqueda de cambios estructurales llevará más tiempo”.
Es indudable que el sector rural se vio afectado por el conflicto armado, aunque en menor medida el último tiempo. Un gran número de campesinos emigró hacia las ciudades desde los años noventa hasta 2010, forzado por la violencia paramilitar y guerrillera; asunto que mermó tras la desmovilización de los paramilitares y con el avance del diálogo con la guerrilla de las FARC, actualmente en curso.
El emblema que llevó al presidente-candidato a ganar la reelección es su apuesta por la paz. Uno de los puntos de negociación ya acordado con las FARC trata sobre la tierra: el acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, el estímulo a la producción agropecuaria y los subsidios, entre otras cuestiones. Si Santos logra concretar el acuerdo de paz, probablemente los campesinos logren mejorar su realidad.
