El rol de la Universidad según Depetri.

Extensa gacetilla del Diputado Nacional Edgardo Depetri (Frente Transversal, presidente de la comisión de obras públicas) sobre un documento presentado a la comisión de educación de la cámara. 

 

 

Rol de la Universidad
“No se trata de que las puertas de la Universidad se abran al pueblo; eso es una concesión. Es la Universidad del pueblo; es el pueblo en su Universidad” Jorge Taiana, mayo de 1973
Ante la crisis de un Estado destruido a partir de la dictadura militar y la entrega menemista, perforado profundamente en su legitimidad social, cuestionado duramente en diciembre de 2001, y mellado en cada uno de sus niveles, los sectores populares pusieron de manifiesto su capacidad y su potencialidad creativa ante la crisis a través de la organización social.
Muestra cabal fueron las fábricas y empresas recuperadas, la búsqueda de soluciones solidarias ante situaciones críticas como los comedores populares, la organización de los trabajadores desocupados, los jardines comunitarios, etc. La Universidad –salvo en casos aislados- no estuvo a la altura de las circunstancias.
La falta de articulación entre las demandas sociales, económicas y culturales reales de nuestro país (pobreza, desigualdad, concentración de la renta, atraso industrial, dependencia tecnológica, dependencia cultural, dependencia financiera, etc.) y los fines y prácticas concretas de la Universidad, muestran una de las principales características de la crisis de la educación superior actual.
En palabras de Daniel Filmus, la Universidad debe reconstruir su sentido y superar las tensiones entre excelencia académica y responsabilidad social.
La Universidad debe recuperar su rol fundamental poniendo el conocimiento al servicio de la sociedad que la sostiene .En este sentido, entendemos que la búsqueda de áreas de trabajo debe darse a través de una doble articulación: con las políticas públicas y con las organizaciones sociales.
Es urgente que el país profundo, muchas veces olvidado, se constituya en el objeto de preocupación para las Universidades Nacionales y para los profesionales que de ellas egresan. Y la participación popular para encaminarse en este sentido resulta no sólo fundamental sino que es un imperativo.
La Universidad pública debe concebirse como parte de los instrumentos con que el Estado cuenta para garantizar una efectiva redistribución de la riqueza.
La posibilidad que se nos presenta de debatir una nueva Ley de Educación Superior, debe ser aprovechada para dar este debate y en definitiva, discutir el marco jurídico para desarrollar un nuevo proyecto que convoque al protagonismo de docentes, estudiantes, graduados y no docentes, tanto como al resto de la sociedad, cada uno expresando sus ideas y propuestas desde sus distintos canales de representación, pero sin perder de vista la centralidad de la discusión: cómo pueden contribuir las instituciones universitarias a mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población.
Nuestro aporte para trabajar en la reconstrucción de un Estado que nos contenga a todos como herramienta del Proyecto Nacional en marcha implica por una parte la democratización del Estado y por otra, tomar al Estado como herramienta de democratización en el camino de la reconstrucción del movimiento nacional y popular de liberación de nuestro pueblo
Esto se traduce en lo universitario en:
• resignificar los saberes en el intercambio para enriquecer el proceso de producción de conocimiento en un ida y vuelta dinámico y comprometido.
• democratizar los espacios institucionales, reinstalando valores ligados a la equidad y participación para poder transformar el sentido de las políticas públicas.
• Consolidar las prácticas participativas del movimiento popular a través de las organizaciones sociales.
La verdadera democratización de la universidad está en relación con la construcción de un sistema nacional de educación superior con calidad, equidad y pertinencia social en el marco de un proyecto de país inserto en el escenario latinoamericano. El mantenimiento y mejora de la calidad va indisolublemente unido al de su pertinencia social, que se mide por el impacto social que genera, por el flujo de repercusiones y de transformaciones de sentidos que se producen objetivamente en la sociedad de su entorno.
Autonomía, autarquía y financiamiento: Se debe garantizar explícitamente la gratuidad y establecer la responsabilidad indelegable del Estado en el sostenimiento financiero de la universidad pública
La asignación de los recursos debe ser el resultado de un debate marcadamente político que no debe darse solamente entre docentes, estudiantes o no docentes, sino que por el contrario, debe introducir a todos y cada uno de los actores sociales, económicos y políticos que financian y dan sentido a la Universidad. De este debate debe surgir una planificación que en línea con las políticas públicas nacionales debe indicar claramente la contribución de las instituciones universitarias para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.
Funciones de la Educación Superior
Extensión
La extensión debe ser re-jerarquizada y las políticas que la reimpulse deben priorizar problemáticas nacionales y regionales en pos de la creación de programas de intervención social dirigidos a dar respuestas a las múltiples problemáticas, promover la cultura local, nacional, regional, fomentar la educación integral de los estudiantes y favorecer las transformaciones socioculturales comunitarias, alentando una visión integral de cultura que incluya, entre otras, las dimensiones científica y tecnológica.
Se debe además democratizar el ámbito de discusión y desarrollo de Programas y Proyectos, teniendo en cuenta las demandas de las organizaciones sociales a quienes se debe asignar un lugar en el proceso de formulación de los mismos, para tratar las posibles vinculaciones entre la Universidad y las necesidades productivas, sociales y culturales de la Nación.
Investigación
Debe fomentarse la participación de las organizaciones sociales en el impulso de la investigación para acercarla a las necesidades de desarrollo del país y propender a institucionalizar su participación en órganos asesores o consultivos para el otorgamiento de becas y/o subsidios para la implementación de la política de investigaciones científicas y tecnológicas.
La participación de las organizaciones sociales posibilita partir de las necesidades populares con un criterio estratégico cual es construir un sistema productivo capaz de satisfacer esas necesidades sin despilfarrar recursos ni estropear las condiciones del entorno en que deberán vivir las próximas generaciones.
Gobierno y administración del sistema de educación superior
La participación de las organizaciones sociales debe institucionalizarse constituyéndolas en copartícipes del proceso de planificación. En términos teóricos, deben incluirse desde la etapa del diagnóstico participativo para avanzar en la construcción de ciudadanía y como garantía de legitimidad de las políticas del sistema de educación superior La democratización al interior del sistema universitario se verá favorecida incorporando herramientas para la tomas de decisiones que amplíen la base legitimante (iniciativas popular universitaria, presupuesto participativo, etc.). consolidar las prácticas participativas del movimiento popular a través de las organizaciones sociales. La instancia superior de coordinación del sistema universitario debe tener una estructura equivalente al cogobierno.
Condiciones de ingreso, permanencia y egreso de alumnos, docentes, no docentes y personal administrativo y técnico
Estudiantes: el ingreso irrestricto es condición necesaria pero no suficiente.
El acceso a la enseñanza superior debe seguir estando abierto a toda persona que haya finalizado satisfactoriamente la enseñanza secundaria o estudios equivalentes o que reúna las condiciones necesarias sin distinción de edad y sin ninguna discriminación. Sin igualdad de oportunidades la desigualdad es un descarado reflejo de los privilegios de los que más tienen la simple reproducción de los estratos sociales.
Pero esta democratización en el ingreso no es suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento. Debe ser explicitada la necesidad de construir herramientas para atender a la deserción, equilibrar la calidad y valoración de las distintas carreras, así como mecanismos que faciliten la nivelación tomando en cuenta diversidades y heterogeneidades para elaborar propuestas pedagógicas que compensen las desigualdades articulando calidad con igualdad, (ampliación del cupo de becas, horarios acordes a la situación laboral de los estudiantes).
Docentes: Garantizar la realización de concursos públicos para el ingreso y mecanismos de evaluación para la promoción y permanencia en los cargos. Establecer mecanismos que sostengan la capacitación y perfeccionamiento gratuita y en servicio.
Universidades Privadas:
La creación de las mismas debe hacerse por Ley. Estas, además, deben cumplir con las mismas funciones que le compiten a las Universidades Públicas.
El ingreso de los docentes, también deben hacerse por concurso público y garantizar la autonomía académica en relación con las entidades mantenedoras.
Evaluación y Acreditación:
Deben integrar un sistema nacional que dependa del Ministerio de Educación Nacional. Deben ejercerse controles de titulación de maestrías y doctorados.
Prácticas Profesionalizantes:
Las prácticas profesionalizantes deben desarrollarse en espacios comunitarios para que los estudiantes puedan involucrarse en las realidades sociales.
Institutos Superiores:
Jerarquizar la formación de los institutos terciarios para permitir a sus egresados la posibilidad de acceder al nivel universitario complementando su carreras. Esto permitiría el acceso a la capacitación en postgrados, maestrías y doctorados evitando la discriminación de los egresados de terciarios a los circuitos de capacitación.
DOCUMENTO PRESENTADO EN LA REUNIÓN DEL 13 DE MAYO DE 2008 EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN