Santiago de Chile — Fortalecer los sindicatos, expandir la negociación colectiva y terminar con el reemplazo de trabajadores durante las huelgas, son las metas que se ha impuesto la administración de Michelle Bachelet, un cambio de fondo en las normas vigentes desde hace décadas en el mundo laboral de Chile.
Así lo reveló hoy la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, en una entrevista con el diario La Tercera, en la que detalló los pasos que dará el Gobierno para lograr un mayor equilibrio entre las fuerzas de empresarios y trabajadores, cuya relación se rige aún bajo un código laboral impuesto bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
“Para que la negociación colectiva sea potente y eficiente hay que ordenar a la contraparte”, afirmó Blanco. “Hoy, de alguna manera, se aplica lógica de dividir para gobernar. Están todos los incentivos para no tener sindicatos o para tener muchos sindicatos que representan un número variado de personas”.
Por eso, uno de los pilares del cambio será favorecer que las negociaciones salariales se realicen, en lo posible, con un sindicato único o “el más representativo” por compañía.
“Si no hay sindicato en una empresa o hay dos, el cómo se define con quién negociar será parte de la ingeniería de detalle, pero el empleador se deberá entender con el sindicato más representativo”, precisó la ministra.
Otro aspecto central de la reforma laboral, cuyo plazo de ejecución aún no ha sido definido por la autoridad, será el establecimiento de pisos mínimos para las negociaciones salariales, que implicarán acceso por parte de los trabajadores a información transparente de la situación financiera y contable de las empresas.
En términos prácticos, señaló Blanco, ello implica que los sindicatos podrán iniciar las conversaciones a partir de los beneficios que ya han ganando y no desde cero.
Según la ministra, ello requerirá también una mayor profesionalización de los sindicatos, para lo cual se creará un fondo que permita a las organizaciones laborales pedir estudios que las ayuden a enfrentar con más herramientas a su contraparte.
Adicionalmente, y recogiendo una de las demandas más reiteradas por los trabajadores, se eliminará la posibilidad que actualmente tienen las compañías de contratar empleados de reemplazo cuando los titulares se encuentran en huelga legal.
“La mayor motivación que hoy tenemos para avanzar en el fin del reemplazo en caso de huelga es que los empleadores de otros países nos hayan ocupado de ejemplo en esta materia”, aseveró Blanco.
“Chile no debiera ser ejemplo en esto, porque estamos al debe con el convenio 87 de OIT”, añadió.
Las reformas enunciadas por la ministra recogen gran parte de las demandas de la principal multisindical chilena, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), tal como lo expresó su presidenta, Bárbara Figueroa, en una reciente entrevista con Efe.
Y la ministra expresó que también buena parte de los empresarios chilenos, agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), están abiertos a las modificaciones planteadas.
“No he escuchado a nadie en el mundo de la CPC que diga que no quiere avanzar en estos temas. Hay disposición”, dijo.
Según Blanco, si se logra avanzar en un mayor equilibrio entre la fuerza de los sindicatos y la de las empresas, se reducirá el nivel de conflicto en el mercado laboral y habrá también una importante disminución de costos.
La ministra indicó que el Gobierno ya está avanzando en la elaboración de las propuestas para modificar las normas laborales, pero no dio un plazo para su envío al Congreso ni detalló si irán en un sólo proyecto de ley o en varios.
“Es una decisión que debe tomar la Presidenta”, dijo. “Empezaremos a avanzar en una propuesta que debe estar, obviamente, consensuada. No será una discusión a puertas cerradas”, afirmó.
Así lo reveló hoy la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, en una entrevista con el diario La Tercera, en la que detalló los pasos que dará el Gobierno para lograr un mayor equilibrio entre las fuerzas de empresarios y trabajadores, cuya relación se rige aún bajo un código laboral impuesto bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
“Para que la negociación colectiva sea potente y eficiente hay que ordenar a la contraparte”, afirmó Blanco. “Hoy, de alguna manera, se aplica lógica de dividir para gobernar. Están todos los incentivos para no tener sindicatos o para tener muchos sindicatos que representan un número variado de personas”.
Por eso, uno de los pilares del cambio será favorecer que las negociaciones salariales se realicen, en lo posible, con un sindicato único o “el más representativo” por compañía.
“Si no hay sindicato en una empresa o hay dos, el cómo se define con quién negociar será parte de la ingeniería de detalle, pero el empleador se deberá entender con el sindicato más representativo”, precisó la ministra.
Otro aspecto central de la reforma laboral, cuyo plazo de ejecución aún no ha sido definido por la autoridad, será el establecimiento de pisos mínimos para las negociaciones salariales, que implicarán acceso por parte de los trabajadores a información transparente de la situación financiera y contable de las empresas.
En términos prácticos, señaló Blanco, ello implica que los sindicatos podrán iniciar las conversaciones a partir de los beneficios que ya han ganando y no desde cero.
Según la ministra, ello requerirá también una mayor profesionalización de los sindicatos, para lo cual se creará un fondo que permita a las organizaciones laborales pedir estudios que las ayuden a enfrentar con más herramientas a su contraparte.
Adicionalmente, y recogiendo una de las demandas más reiteradas por los trabajadores, se eliminará la posibilidad que actualmente tienen las compañías de contratar empleados de reemplazo cuando los titulares se encuentran en huelga legal.
“La mayor motivación que hoy tenemos para avanzar en el fin del reemplazo en caso de huelga es que los empleadores de otros países nos hayan ocupado de ejemplo en esta materia”, aseveró Blanco.
“Chile no debiera ser ejemplo en esto, porque estamos al debe con el convenio 87 de OIT”, añadió.
Las reformas enunciadas por la ministra recogen gran parte de las demandas de la principal multisindical chilena, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), tal como lo expresó su presidenta, Bárbara Figueroa, en una reciente entrevista con Efe.
Y la ministra expresó que también buena parte de los empresarios chilenos, agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), están abiertos a las modificaciones planteadas.
“No he escuchado a nadie en el mundo de la CPC que diga que no quiere avanzar en estos temas. Hay disposición”, dijo.
Según Blanco, si se logra avanzar en un mayor equilibrio entre la fuerza de los sindicatos y la de las empresas, se reducirá el nivel de conflicto en el mercado laboral y habrá también una importante disminución de costos.
La ministra indicó que el Gobierno ya está avanzando en la elaboración de las propuestas para modificar las normas laborales, pero no dio un plazo para su envío al Congreso ni detalló si irán en un sólo proyecto de ley o en varios.
“Es una decisión que debe tomar la Presidenta”, dijo. “Empezaremos a avanzar en una propuesta que debe estar, obviamente, consensuada. No será una discusión a puertas cerradas”, afirmó.
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