Tribuna
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El Gobierno de la Nueva Mayoría está impulsando profundas reformas en el campo educacional, tributario, constitucional y laboral, con una característica común: detrás de buenas intenciones, se proponen ideas poco eficaces que, en la mayoría de los casos, colisionan con valores y principios profundamente arraigados en la sociedad chilena.
Estas reformas, de diversa naturaleza, tienen en su génesis y ADN una concepción ideológica del tipo de sociedad que los sectores de izquierda, dominantes en el actual gobierno, parecen querer imponer .
¿Cuáles son los principales pilares de esta concepción ideológica?
Primero, una clara confusión entre lo público y lo estatal, y entre el bien común y el Estado. La RAE define lo público como aquello que pertenece e interesa a todo el pueblo, y lo estatal como aquello que es relativo al Estado. Lo público incluye, pero trasciende lo estatal, al incorporar a las personas, las familias y toda la sociedad civil.
Segundo, toda sociedad para alcanzar el desarrollo y realización material y espiritual de todos sus miembros, debe promover y compatibilizar tres grandes valores y objetivos: la libertad, la justicia y el progreso. La Nueva Mayoría, al elevar la igualdad a la categoría de valor supremo, termina asfixiando y debilitando la libertad y el progreso. Y al priorizar la igualdad de resultados por sobre la de oportunidades, afecta la libertad, el progreso y la propia justicia, porque castiga la autonomía, el mérito y el esfuerzo de las personas.
Estas confusiones conducen a que aquellas actividades relacionadas con el interés público o el bien común pretendan ser hegemonizadas por el Estado, desplazando a las personas. Un ejemplo son las declaraciones de la ministra de Salud a propósito del programa Elige Vivir Sano: «Nosotros no trabajamos con la empresa privada».
También conduce a desconfiar de la capacidad que tienen los hombres y mujeres libres para tomar sus propias decisiones y hacerse responsables de sus propias vidas, lo que promueve sujetos pasivos y dependientes de un Estado intrusivo y todopoderoso, atentando contra la libertad, creatividad, esfuerzo, mérito y capacidad de las personas, y tendiendo a una igualdad que nivela hacia abajo, como lo reconoció el ministro de Educación, al afirmar que frente a niños descalzos y otros con patines, no había que calzar a los primeros, sino quitarles los patines a los segundos.
Esta ideología también genera una tendencia insaciable hacia un Estado más poderoso y discrecional, invadiendo todos los ámbitos del quehacer humano, al costo de reducir y limitar la libertad y las oportunidades de las personas y la sociedad civil, y se refleja en los contenidos y formas de las reformas propuestas.
En lo tributario, el Gobierno aún no ha clarificado los destinos de los U$ 8.200 millones que la reforma tributaria pretende recaudar. La información sigue siendo confusa, incompleta y contradictoria, como lo destacan altos personeros de la propia Nueva Mayoría y las contradicciones entre los distintos ministerios respecto del monto a pagar por la compra de colegios o al costo de construir hospitales.
El Gobierno actúa como si incrementar la carga tributaria fuera un fin en sí mismo. Lo lógico y natural, como ocurrió con la reforma tributaria del 90 es, primero, ponerse de acuerdo en los objetivos y sus costos asociados, y luego, en la mejor forma de financiarlos. A lo anterior se suma, como lo han señalado prestigiosos economistas, la carencia de estudios que cuantifiquen sus efectos económicos y sociales.
En el campo educacional, tenemos un sistema mixto, en que participan instituciones públicas y privadas, que deben esforzarse por otorgar calidad para atraer alumnos. El Estado financia a través de subvenciones, becas y préstamos a los estudiantes vulnerables y de clase media, pero son los padres o alumnos los que deben tener la última palabra para elegir, elección que, dada la disparidad de calidad entre la educación pública y privada subvencionada, ha tendido sistemáticamente a favorecer a esta última, que hoy concentra la mayoría de los alumnos incluyendo a la mitad de los más vulnerables.
Hoy hay 1.5 MM de niños menos en la educación municipal que hace 20 años. Pero a diferencia de lo que piensan algunos, no es que ella sea de baja calidad porque las familias chilenas la estén abandonando. Es todo lo contrario, las familias chilenas la están abandonando porque ella sigue siendo, en general, de baja calidad.
El proyecto del Gobierno, en vez de corregir deficiencias de la educación municipal, restringe a los establecimientos no administrados por el Estado, dificultando el surgimiento de nuevos establecimientos particulares subvencionados, restringiendo la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos, prohibiendo a los padres contribuir con recursos propios para mejorar su calidad, limitando la autonomía de los establecimientos educacionales, centralizando en el Ministerio de Educación los procesos de admisión y traspasando las cargas del Estatuto Docente, obra de la Concertación, sistemáticamente criticada por la inmensa mayoría de los alcaldes de la Alianza y Concertación, como una verdadera camisa de fuerza para una educación municipal de calidad.
Las reformas laborales que se anuncian también se encuadran dentro de esta nueva ideología al apuntar hacia la sindicalización obligatoria y restringir la libertad de asociación y la autonomía de las partes en materia de negociación colectiva.
El anunciado proyecto de reforma constitucional apunta a incrementar el poder del Estado y debilitar las libertades y derechos de los ciudadanos, al eliminar contrapesos como el control preventivo de constitucionalidad de las leyes, ejercido por el Tribunal Constitucional; debilitar el control de legalidad de las acciones del Poder Ejecutivo, por parte de la Contraloría; reducir la autonomía del Banco Central; restringir la autonomía de los medios de comunicación; debilitar el derecho de propiedad y avanzar hacia una democracia plebiscitaria.
En síntesis, en contraste con el fecundo espíritu de diálogo y acuerdos que caracterizaron a los cinco gobiernos anteriores, esta nueva ideología apunta a debilitar la libertad y autonomía de las personas y la sociedad civil y a incrementar el poder, discrecionalidad y tamaño del Estado.
Las consecuencias de este giro a la izquierda ya las estamos experimentando: pérdida de capacidad de crecimiento y creación de empleos, estancamiento en los salarios; debilitamiento de la capacidad de innovación y emprendimiento y retrocesos en materia de inversión y productividad. En suma, menos libertad, menos justicia y menos progreso.
La nueva sociedad del conocimiento y la información es generosa con los países que quieran asumirla, pero indiferente e incluso cruel con aquellos que quieran darle la espalda, y requiere reformas que apunten a fortalecer los verdaderos pilares del desarrollo: 1. Mejorar la calidad de la educación y capital humano, especialmente en sus más tempranas etapas. 2. Crear más y mejores empleos. 3. Promover e incentivar la libertad, creatividad, innovación y emprendimiento de las personas. 4. Fortalecer la inversión en ciencia y tecnología. 5. Modernizar y flexibilizar el Estado. 6. Integrarse en plenitud a la economía global.
Son estas las reformas que nos permitirían derrotar la pobreza, lograr mayor igualdad de oportunidades y alcanzar el desarrollo, de forma de construir una sociedad más libre, equitativa y próspera, en que todos los chilenos, independiente de la cuna que los vio nacer, tengan la seguridad de una vida digna, las oportunidades para desarrollar sus talentos y los instrumentos para buscar, junto a sus familias, una vida más plena y feliz.
Sebastián Piñera E.
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El Gobierno de la Nueva Mayoría está impulsando profundas reformas en el campo educacional, tributario, constitucional y laboral, con una característica común: detrás de buenas intenciones, se proponen ideas poco eficaces que, en la mayoría de los casos, colisionan con valores y principios profundamente arraigados en la sociedad chilena.
Estas reformas, de diversa naturaleza, tienen en su génesis y ADN una concepción ideológica del tipo de sociedad que los sectores de izquierda, dominantes en el actual gobierno, parecen querer imponer .
¿Cuáles son los principales pilares de esta concepción ideológica?
Primero, una clara confusión entre lo público y lo estatal, y entre el bien común y el Estado. La RAE define lo público como aquello que pertenece e interesa a todo el pueblo, y lo estatal como aquello que es relativo al Estado. Lo público incluye, pero trasciende lo estatal, al incorporar a las personas, las familias y toda la sociedad civil.
Segundo, toda sociedad para alcanzar el desarrollo y realización material y espiritual de todos sus miembros, debe promover y compatibilizar tres grandes valores y objetivos: la libertad, la justicia y el progreso. La Nueva Mayoría, al elevar la igualdad a la categoría de valor supremo, termina asfixiando y debilitando la libertad y el progreso. Y al priorizar la igualdad de resultados por sobre la de oportunidades, afecta la libertad, el progreso y la propia justicia, porque castiga la autonomía, el mérito y el esfuerzo de las personas.
Estas confusiones conducen a que aquellas actividades relacionadas con el interés público o el bien común pretendan ser hegemonizadas por el Estado, desplazando a las personas. Un ejemplo son las declaraciones de la ministra de Salud a propósito del programa Elige Vivir Sano: «Nosotros no trabajamos con la empresa privada».
También conduce a desconfiar de la capacidad que tienen los hombres y mujeres libres para tomar sus propias decisiones y hacerse responsables de sus propias vidas, lo que promueve sujetos pasivos y dependientes de un Estado intrusivo y todopoderoso, atentando contra la libertad, creatividad, esfuerzo, mérito y capacidad de las personas, y tendiendo a una igualdad que nivela hacia abajo, como lo reconoció el ministro de Educación, al afirmar que frente a niños descalzos y otros con patines, no había que calzar a los primeros, sino quitarles los patines a los segundos.
Esta ideología también genera una tendencia insaciable hacia un Estado más poderoso y discrecional, invadiendo todos los ámbitos del quehacer humano, al costo de reducir y limitar la libertad y las oportunidades de las personas y la sociedad civil, y se refleja en los contenidos y formas de las reformas propuestas.
En lo tributario, el Gobierno aún no ha clarificado los destinos de los U$ 8.200 millones que la reforma tributaria pretende recaudar. La información sigue siendo confusa, incompleta y contradictoria, como lo destacan altos personeros de la propia Nueva Mayoría y las contradicciones entre los distintos ministerios respecto del monto a pagar por la compra de colegios o al costo de construir hospitales.
El Gobierno actúa como si incrementar la carga tributaria fuera un fin en sí mismo. Lo lógico y natural, como ocurrió con la reforma tributaria del 90 es, primero, ponerse de acuerdo en los objetivos y sus costos asociados, y luego, en la mejor forma de financiarlos. A lo anterior se suma, como lo han señalado prestigiosos economistas, la carencia de estudios que cuantifiquen sus efectos económicos y sociales.
En el campo educacional, tenemos un sistema mixto, en que participan instituciones públicas y privadas, que deben esforzarse por otorgar calidad para atraer alumnos. El Estado financia a través de subvenciones, becas y préstamos a los estudiantes vulnerables y de clase media, pero son los padres o alumnos los que deben tener la última palabra para elegir, elección que, dada la disparidad de calidad entre la educación pública y privada subvencionada, ha tendido sistemáticamente a favorecer a esta última, que hoy concentra la mayoría de los alumnos incluyendo a la mitad de los más vulnerables.
Hoy hay 1.5 MM de niños menos en la educación municipal que hace 20 años. Pero a diferencia de lo que piensan algunos, no es que ella sea de baja calidad porque las familias chilenas la estén abandonando. Es todo lo contrario, las familias chilenas la están abandonando porque ella sigue siendo, en general, de baja calidad.
El proyecto del Gobierno, en vez de corregir deficiencias de la educación municipal, restringe a los establecimientos no administrados por el Estado, dificultando el surgimiento de nuevos establecimientos particulares subvencionados, restringiendo la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos, prohibiendo a los padres contribuir con recursos propios para mejorar su calidad, limitando la autonomía de los establecimientos educacionales, centralizando en el Ministerio de Educación los procesos de admisión y traspasando las cargas del Estatuto Docente, obra de la Concertación, sistemáticamente criticada por la inmensa mayoría de los alcaldes de la Alianza y Concertación, como una verdadera camisa de fuerza para una educación municipal de calidad.
Las reformas laborales que se anuncian también se encuadran dentro de esta nueva ideología al apuntar hacia la sindicalización obligatoria y restringir la libertad de asociación y la autonomía de las partes en materia de negociación colectiva.
El anunciado proyecto de reforma constitucional apunta a incrementar el poder del Estado y debilitar las libertades y derechos de los ciudadanos, al eliminar contrapesos como el control preventivo de constitucionalidad de las leyes, ejercido por el Tribunal Constitucional; debilitar el control de legalidad de las acciones del Poder Ejecutivo, por parte de la Contraloría; reducir la autonomía del Banco Central; restringir la autonomía de los medios de comunicación; debilitar el derecho de propiedad y avanzar hacia una democracia plebiscitaria.
En síntesis, en contraste con el fecundo espíritu de diálogo y acuerdos que caracterizaron a los cinco gobiernos anteriores, esta nueva ideología apunta a debilitar la libertad y autonomía de las personas y la sociedad civil y a incrementar el poder, discrecionalidad y tamaño del Estado.
Las consecuencias de este giro a la izquierda ya las estamos experimentando: pérdida de capacidad de crecimiento y creación de empleos, estancamiento en los salarios; debilitamiento de la capacidad de innovación y emprendimiento y retrocesos en materia de inversión y productividad. En suma, menos libertad, menos justicia y menos progreso.
La nueva sociedad del conocimiento y la información es generosa con los países que quieran asumirla, pero indiferente e incluso cruel con aquellos que quieran darle la espalda, y requiere reformas que apunten a fortalecer los verdaderos pilares del desarrollo: 1. Mejorar la calidad de la educación y capital humano, especialmente en sus más tempranas etapas. 2. Crear más y mejores empleos. 3. Promover e incentivar la libertad, creatividad, innovación y emprendimiento de las personas. 4. Fortalecer la inversión en ciencia y tecnología. 5. Modernizar y flexibilizar el Estado. 6. Integrarse en plenitud a la economía global.
Son estas las reformas que nos permitirían derrotar la pobreza, lograr mayor igualdad de oportunidades y alcanzar el desarrollo, de forma de construir una sociedad más libre, equitativa y próspera, en que todos los chilenos, independiente de la cuna que los vio nacer, tengan la seguridad de una vida digna, las oportunidades para desarrollar sus talentos y los instrumentos para buscar, junto a sus familias, una vida más plena y feliz.
Sebastián Piñera E.
