EL PAIS › LA FISCAL CRISTINA CAAMAñO HABLA SOBRE LAS AMENAZAS QUE RECIBE DESDE QUE ASUMIO EN REEMPLAZO DE CAMPAGNOLI
En esta entrevista, Caamaño detalla las amenazas que viene recibiendo y la causa judicial abierta. Además, describe la situación que encontró en la fiscalía de Saavedra y el trabajo que viene realizando.
Por Irina Hauser
“La gente que defiende a (José María) Campagnoli es opositora al Gobierno y no le importa si hizo bien o mal las cosas ni cómo estaba su fiscalía”, dice Cristina Caamaño, quien reemplaza transitoriamente al fiscal suspendido. Caamaño vincula las amenazas que recibió desde abril último a través de Twitter con las irregularidades que reveló que encontró en la fiscalía de Saavedra. Dice que abarcan desde un falso número de causas en trámite (de 3900 solo 389 eran reales) hasta la creación de un álbum de fotos de familias humildes para que las víctimas que denuncian delitos tengan a quién incriminar, así como otros mecanismos para generar acusaciones. En los últimos días recrudecieron los mensajes hacia la fiscal, muchos de ellos con contenido destinado a desacreditarla. Coinciden con que tomó estado público una denuncia judicial que había hecho por hostigamiento y con el desplazamiento de algunos empleados a otra fiscalía. Aquí explica los detalles.
–¿Desde cuándo recibe amenazas? ¿Cómo son?
–Las primeras amenazas fueron la noche del 15 al 16 de abril, por Twitter, y venían de gente que utiliza apodos. Sin embargo, desde que asumí como subrogante en la fiscalía de Saavedra, a fines de febrero de este año, algunos empleados y funcionarios comenzaron a mandar twits desprestigiándome a mí y a mi trayectoria. Eso originó un oficio a la Procuración. Los mensajes decían, por ejemplo, “cerda, hija de puta”, “ya te vamos a encontrar, es cuestión de tiempo”. Decían “devolvé la fiscalía” y advertían que me iban a linchar. Hoy (por ayer) me empezaron a llegar también advertencias por Facebook y en Twitter tuve más de 800 notificaciones de mensajes para denigrarme. Dicen algunos: “Para que todos conozcan a la nefasta fiscal que reemplaza a Campagnoli y limpia causas”, “esta hija de puta demostró su catadura moral en el caso Angeles Rawson”, “ahora entiendo por qué la justicia está como está con personajes como usted”. Alguno decía que con (Alejandra) Gils Carbó en el 2015 nos vamos a vender productos Avon casa por casa.
–¿Qué la movió a hacer una denuncia judicial, advirtió un delito?
–Hice la denuncia judicial porque sentí temor ante amenazas anónimas y porque creo que no deben tolerarse, son un delito. La realicé el 21 de abril en la fiscalía contravencional, de Daniela Dupuy, que se ocupa de delitos informáticos, dado que las amenazas eran por Twitter. En ese momento me dijeron, y yo también lo sé, que estas investigaciones tardan, así que luego de pasados dos meses estaba por ir a ver si habían averiguado algo cuando saltó todo esto. Supongo que las medidas que se tomaron son las habituales por protocolo. La fiscal decidió investigar. Me podía haber dicho que no le parecía hostigamiento, pero ella le dio trámite a la causa. No es la única causa donde se pide información por convenio a Estados Unidos. En la propia fiscalía de Saavedra, de hecho, hay pedidos, en especial a Facebook, por robos de teléfonos celulares, y son de la época en que todavía estaba Campagnoli.
–Los abogados de Campagnoli dicen que el pedido de información sobre los twiteros responde a un ánimo persecutorio del gobierno nacional.
–No tiene nada que ver. A mí me dio temor porque es gente anónima y porque los primeros coincidieron con la época de los linchamientos. Me imaginaba que me podía pasar cualquier cosa en la calle si alguien me señalaba. Al principio no difundí la denuncia porque no quería agrandar la situación. Pensé que si se determinaba quiénes eran los que me escribían podía haber un diálogo o una mediación, que me permitiera explicar que yo estoy en la fiscalía mientras dure el jury a Campagnoli, reemplazándolo hasta que vuelva si es absuelto o hasta tanto venga otro fiscal. Igual sigo a disposición para explicar.
–¿Qué intervención tuvo el Gobierno?
–Ninguna, no tienen idea de esto. La información que se filtró y que salió publicada en los medios no se debió a la denuncia sino a la respuesta, a la notificación de Twitter que recibieron algunas personas. La Cancillería, incluso, rechazó el oficio que envió la Policía Federal para pedir los datos a Estados Unidos porque no venía de un juez. El canciller Héctor Timerman explicó que no hubo intervención. Yo tampoco soy la investigadora, ni pedí medidas. Soy la damnificada.
–¿Qué se supone que motivan las amenazas?
–Creo que hay dos grupos, están los que defienden a Campagnoli porque están en contra del Gobierno y están los aliados a Campagnoli que saben que descubrí muchas irregularidades en la fiscalía. Las amenazas de estos días coinciden con que se conoció mi denuncia por los twits y con que el viernes último la procuradora Gils Carbó sacó de la fiscalía de Saavedra, y los mandó a otra, a dos secretarios (Romina del Buono y Manuel Espinal), a un prosecretario (Andrés Galarte) y a un oficial mayor (Andrés Rimoldi). La decisión se basa en mis informes.
–¿Cuándo y cómo asumió usted en Saavedra?
–Subrogo desde fines de febrero de este año por pedido de la procuradora junto con la doctora Katok, que está en el mismo edificio y se ocupa del fuero correccional. Yo accedí, muchos fiscales subrogan.
–¿En qué estado encontró la fiscalía y qué irregularidades son las que dice que detectó?
–Los empleados fueron muy hostiles desde que llegué y eso es parte de la metodología de esa fiscalía, también tratan mal al público que se acerca, a los abogados y notificadores. Nadie se identifica cuando atiende al público ni telefónicamente. Me da vergüenza decirlo, pero cuando yo llamo de mi otra fiscalía, me cortan el teléfono y cuando vuelvo a llamar, me atiende otra voz y, por supuesto, no sabe quién atendió antes. Hay solo dos mujeres, yo era la tercera, y 16 varones, o sea 18 personas en total, cuando en cualquier fiscalía de instrucción hay sólo nueve entre empleados y funcionarios. ¿Por qué? No sé si llamarlo fraude, pero seguro es una irregularidad, alteraron el registro de las causas y hacían aparecer que tenían 3900, lo que implicaría la necesidad de mucho personal, pero resulta que en realidad son 389, un diez por ciento de lo que figuraba. El resto estaba archivado, o elevado o juicio, desestimado o con declaración de incompetencia, pero seguían apareciendo en el sistema como si se tramitaran. Campagnoli además tuvo a cargo la Secretaría de Investigaciones Penales, o sea, diez persona más, más chofer y ordenanzas.
–¿Todo eso es parte del informe que usted entregó a la procuradora?
–Es una parte. Cuando llegué prohibí el uso del álbum digitalizado que la fiscalía había armado con más de 6500 fotos que les mostraban a víctimas de delitos para que marcaran a alguien. Eran familias enteras fotografiadas principalmente del Barrio Mitre. En la fiscalía hay un “especialista” en Barrio Mitre, especialista en estigmatizar personas. Al comienzo la gente que venía de trabajar ahí no me quería mostrar el álbum, del que todo el mundo hablaba, y yo dije que, exista o no, no se usa. También desautoricé que los funcionarios o empleados de la fiscalía hagan tareas de inteligencia. Un día me dijeron que querían ir a sacar fotos a un desarmadero en la provincia para ver si estaba un auto que tenía denuncia de robo, como si fuera algo habitual. Les dije que no. Entre tantas irregularidades, por ejemplo, una mujer que sufrió un robo hace un año, pedía que le tomen declaración porque tenía datos, y nunca lo hicieron. Un día apareció gritando y yo no sabía de qué hablaba. La fiscalía también había archivado un caso como un supuesto suicidio cuando era claramente un homicidio: el arma apareció del lado derecho de la víctima, cuando el disparo fue del lado izquierdo. Hace poco me notificaron una absolución en un juicio oral que venía de esta fiscalía: era un hombre que estuvo imputado por cuatro años por un robo porque tenía un arito, lo que coincidía con la descripción que dio la víctima; pero en el juicio cuando lo vio dijo “no, no es él”.
–¿Por qué los empleados de la fiscalía la denunciaron a usted?
–Cuando yo llegué me hice cargo, les pregunté si todos querían trabajar conmigo o si preferían irse a otro lado, y parece que eso les molestó. Ellos lo tomaron como abuso de autoridad, como que yo quería sacarlos. En realidad la denuncia la hizo Elisa Carrió. La hermana de Campagnoli es asesora de ella. Todos los que trabajan en la fiscalía son afines a Campagnoli y no les interesa el trabajo allí. Me han escondido expedientes; me han dado algunos el día que vencían para resolverlos. Se los menciona como investigadores, pero de los 18 sólo tres son abogados. El resto son estudiantes y la única persona que no estudia derecho ni va a estudiar porque tiene otra profesión es la que llevaba las causas de abuso sexual y violencia de género. Obviamente esas causas eran un desastre. Por mi parte, tuve que hacer una denuncia por sabotaje, porque el día que me fueron a poner la instalación eléctrica saltó todo, me quedé sin luz y no me pudieron conectar la computadora, porque habían tocado algo. También me cortaron la línea telefónica.
–¿Usted conocía al fiscal Campagnoli de antes?
–Sí, aunque no tuve mucho trato. Me acuerdo que en una época en que yo era secretaria y quizá le iba pedir que firmara algo porque el titular de mi fiscalía no estaba atendía desde la puerta y me decía sin preguntar de qué se trata: “Si lo vas a largar no te firmo nada”. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad se lo veía empecinado en conseguir poder para manejar a la policía como él quería. De hecho consiguió que le asignaran para trabajar más comisarías de las que le correspondían.
–¿Lo responsabiliza a él por las amenazas en su contra?
–A él no. El está contra el Gobierno y la gente que lo defiende es opositora al Gobierno, y se identifica como tal, como anti K, como si todo fuera una cuestión política. Defienden a Campagnoli pero a nadie le importa si hizo bien o mal las cosas, no tienen idea de cómo estaba la fiscalía. Y generan una violencia inusitada. Con esto no quiero decir que hay que destituirlo, porque no lo sé. No me metí con el juicio político.
–¿No relaciona los hechos que usted denuncia con el juicio político?
–En parte sí. Fíjese lo que le pasó a la integrante del jurado, María Cristina Martínez Córdoba. Le mandaban mensajes y publicaban fotos suyas y de su familia. Renunció por problemas de salud. Amenazaron de muerte por teléfono al fiscal Adolfo Villate (acusador en el jury). Yo obviamente tengo miedo, pero no quiero que me paralice, tengo un compromiso institucional. Son todas amenazas para defender a Campagnoli porque se opone al Gobierno, no encuentro otra explicación.
–¿No le queda ninguna expectativa en relación con la investigación por las amenazas?
–Pocas, porque aparentemente Estados Unidos no va a responder porque es contravención. Yo, en cambio, veo un delito, pero recién voy a ver mañana (por hoy) la causa.
Caamaño reemplaza transitoriamente al suspendido José María Campagnoli en la fiscalía de Saavedra.
Imagen: Télam
En esta entrevista, Caamaño detalla las amenazas que viene recibiendo y la causa judicial abierta. Además, describe la situación que encontró en la fiscalía de Saavedra y el trabajo que viene realizando.
Por Irina Hauser
“La gente que defiende a (José María) Campagnoli es opositora al Gobierno y no le importa si hizo bien o mal las cosas ni cómo estaba su fiscalía”, dice Cristina Caamaño, quien reemplaza transitoriamente al fiscal suspendido. Caamaño vincula las amenazas que recibió desde abril último a través de Twitter con las irregularidades que reveló que encontró en la fiscalía de Saavedra. Dice que abarcan desde un falso número de causas en trámite (de 3900 solo 389 eran reales) hasta la creación de un álbum de fotos de familias humildes para que las víctimas que denuncian delitos tengan a quién incriminar, así como otros mecanismos para generar acusaciones. En los últimos días recrudecieron los mensajes hacia la fiscal, muchos de ellos con contenido destinado a desacreditarla. Coinciden con que tomó estado público una denuncia judicial que había hecho por hostigamiento y con el desplazamiento de algunos empleados a otra fiscalía. Aquí explica los detalles.
–¿Desde cuándo recibe amenazas? ¿Cómo son?
–Las primeras amenazas fueron la noche del 15 al 16 de abril, por Twitter, y venían de gente que utiliza apodos. Sin embargo, desde que asumí como subrogante en la fiscalía de Saavedra, a fines de febrero de este año, algunos empleados y funcionarios comenzaron a mandar twits desprestigiándome a mí y a mi trayectoria. Eso originó un oficio a la Procuración. Los mensajes decían, por ejemplo, “cerda, hija de puta”, “ya te vamos a encontrar, es cuestión de tiempo”. Decían “devolvé la fiscalía” y advertían que me iban a linchar. Hoy (por ayer) me empezaron a llegar también advertencias por Facebook y en Twitter tuve más de 800 notificaciones de mensajes para denigrarme. Dicen algunos: “Para que todos conozcan a la nefasta fiscal que reemplaza a Campagnoli y limpia causas”, “esta hija de puta demostró su catadura moral en el caso Angeles Rawson”, “ahora entiendo por qué la justicia está como está con personajes como usted”. Alguno decía que con (Alejandra) Gils Carbó en el 2015 nos vamos a vender productos Avon casa por casa.
–¿Qué la movió a hacer una denuncia judicial, advirtió un delito?
–Hice la denuncia judicial porque sentí temor ante amenazas anónimas y porque creo que no deben tolerarse, son un delito. La realicé el 21 de abril en la fiscalía contravencional, de Daniela Dupuy, que se ocupa de delitos informáticos, dado que las amenazas eran por Twitter. En ese momento me dijeron, y yo también lo sé, que estas investigaciones tardan, así que luego de pasados dos meses estaba por ir a ver si habían averiguado algo cuando saltó todo esto. Supongo que las medidas que se tomaron son las habituales por protocolo. La fiscal decidió investigar. Me podía haber dicho que no le parecía hostigamiento, pero ella le dio trámite a la causa. No es la única causa donde se pide información por convenio a Estados Unidos. En la propia fiscalía de Saavedra, de hecho, hay pedidos, en especial a Facebook, por robos de teléfonos celulares, y son de la época en que todavía estaba Campagnoli.
–Los abogados de Campagnoli dicen que el pedido de información sobre los twiteros responde a un ánimo persecutorio del gobierno nacional.
–No tiene nada que ver. A mí me dio temor porque es gente anónima y porque los primeros coincidieron con la época de los linchamientos. Me imaginaba que me podía pasar cualquier cosa en la calle si alguien me señalaba. Al principio no difundí la denuncia porque no quería agrandar la situación. Pensé que si se determinaba quiénes eran los que me escribían podía haber un diálogo o una mediación, que me permitiera explicar que yo estoy en la fiscalía mientras dure el jury a Campagnoli, reemplazándolo hasta que vuelva si es absuelto o hasta tanto venga otro fiscal. Igual sigo a disposición para explicar.
–¿Qué intervención tuvo el Gobierno?
–Ninguna, no tienen idea de esto. La información que se filtró y que salió publicada en los medios no se debió a la denuncia sino a la respuesta, a la notificación de Twitter que recibieron algunas personas. La Cancillería, incluso, rechazó el oficio que envió la Policía Federal para pedir los datos a Estados Unidos porque no venía de un juez. El canciller Héctor Timerman explicó que no hubo intervención. Yo tampoco soy la investigadora, ni pedí medidas. Soy la damnificada.
–¿Qué se supone que motivan las amenazas?
–Creo que hay dos grupos, están los que defienden a Campagnoli porque están en contra del Gobierno y están los aliados a Campagnoli que saben que descubrí muchas irregularidades en la fiscalía. Las amenazas de estos días coinciden con que se conoció mi denuncia por los twits y con que el viernes último la procuradora Gils Carbó sacó de la fiscalía de Saavedra, y los mandó a otra, a dos secretarios (Romina del Buono y Manuel Espinal), a un prosecretario (Andrés Galarte) y a un oficial mayor (Andrés Rimoldi). La decisión se basa en mis informes.
–¿Cuándo y cómo asumió usted en Saavedra?
–Subrogo desde fines de febrero de este año por pedido de la procuradora junto con la doctora Katok, que está en el mismo edificio y se ocupa del fuero correccional. Yo accedí, muchos fiscales subrogan.
–¿En qué estado encontró la fiscalía y qué irregularidades son las que dice que detectó?
–Los empleados fueron muy hostiles desde que llegué y eso es parte de la metodología de esa fiscalía, también tratan mal al público que se acerca, a los abogados y notificadores. Nadie se identifica cuando atiende al público ni telefónicamente. Me da vergüenza decirlo, pero cuando yo llamo de mi otra fiscalía, me cortan el teléfono y cuando vuelvo a llamar, me atiende otra voz y, por supuesto, no sabe quién atendió antes. Hay solo dos mujeres, yo era la tercera, y 16 varones, o sea 18 personas en total, cuando en cualquier fiscalía de instrucción hay sólo nueve entre empleados y funcionarios. ¿Por qué? No sé si llamarlo fraude, pero seguro es una irregularidad, alteraron el registro de las causas y hacían aparecer que tenían 3900, lo que implicaría la necesidad de mucho personal, pero resulta que en realidad son 389, un diez por ciento de lo que figuraba. El resto estaba archivado, o elevado o juicio, desestimado o con declaración de incompetencia, pero seguían apareciendo en el sistema como si se tramitaran. Campagnoli además tuvo a cargo la Secretaría de Investigaciones Penales, o sea, diez persona más, más chofer y ordenanzas.
–¿Todo eso es parte del informe que usted entregó a la procuradora?
–Es una parte. Cuando llegué prohibí el uso del álbum digitalizado que la fiscalía había armado con más de 6500 fotos que les mostraban a víctimas de delitos para que marcaran a alguien. Eran familias enteras fotografiadas principalmente del Barrio Mitre. En la fiscalía hay un “especialista” en Barrio Mitre, especialista en estigmatizar personas. Al comienzo la gente que venía de trabajar ahí no me quería mostrar el álbum, del que todo el mundo hablaba, y yo dije que, exista o no, no se usa. También desautoricé que los funcionarios o empleados de la fiscalía hagan tareas de inteligencia. Un día me dijeron que querían ir a sacar fotos a un desarmadero en la provincia para ver si estaba un auto que tenía denuncia de robo, como si fuera algo habitual. Les dije que no. Entre tantas irregularidades, por ejemplo, una mujer que sufrió un robo hace un año, pedía que le tomen declaración porque tenía datos, y nunca lo hicieron. Un día apareció gritando y yo no sabía de qué hablaba. La fiscalía también había archivado un caso como un supuesto suicidio cuando era claramente un homicidio: el arma apareció del lado derecho de la víctima, cuando el disparo fue del lado izquierdo. Hace poco me notificaron una absolución en un juicio oral que venía de esta fiscalía: era un hombre que estuvo imputado por cuatro años por un robo porque tenía un arito, lo que coincidía con la descripción que dio la víctima; pero en el juicio cuando lo vio dijo “no, no es él”.
–¿Por qué los empleados de la fiscalía la denunciaron a usted?
–Cuando yo llegué me hice cargo, les pregunté si todos querían trabajar conmigo o si preferían irse a otro lado, y parece que eso les molestó. Ellos lo tomaron como abuso de autoridad, como que yo quería sacarlos. En realidad la denuncia la hizo Elisa Carrió. La hermana de Campagnoli es asesora de ella. Todos los que trabajan en la fiscalía son afines a Campagnoli y no les interesa el trabajo allí. Me han escondido expedientes; me han dado algunos el día que vencían para resolverlos. Se los menciona como investigadores, pero de los 18 sólo tres son abogados. El resto son estudiantes y la única persona que no estudia derecho ni va a estudiar porque tiene otra profesión es la que llevaba las causas de abuso sexual y violencia de género. Obviamente esas causas eran un desastre. Por mi parte, tuve que hacer una denuncia por sabotaje, porque el día que me fueron a poner la instalación eléctrica saltó todo, me quedé sin luz y no me pudieron conectar la computadora, porque habían tocado algo. También me cortaron la línea telefónica.
–¿Usted conocía al fiscal Campagnoli de antes?
–Sí, aunque no tuve mucho trato. Me acuerdo que en una época en que yo era secretaria y quizá le iba pedir que firmara algo porque el titular de mi fiscalía no estaba atendía desde la puerta y me decía sin preguntar de qué se trata: “Si lo vas a largar no te firmo nada”. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad se lo veía empecinado en conseguir poder para manejar a la policía como él quería. De hecho consiguió que le asignaran para trabajar más comisarías de las que le correspondían.
–¿Lo responsabiliza a él por las amenazas en su contra?
–A él no. El está contra el Gobierno y la gente que lo defiende es opositora al Gobierno, y se identifica como tal, como anti K, como si todo fuera una cuestión política. Defienden a Campagnoli pero a nadie le importa si hizo bien o mal las cosas, no tienen idea de cómo estaba la fiscalía. Y generan una violencia inusitada. Con esto no quiero decir que hay que destituirlo, porque no lo sé. No me metí con el juicio político.
–¿No relaciona los hechos que usted denuncia con el juicio político?
–En parte sí. Fíjese lo que le pasó a la integrante del jurado, María Cristina Martínez Córdoba. Le mandaban mensajes y publicaban fotos suyas y de su familia. Renunció por problemas de salud. Amenazaron de muerte por teléfono al fiscal Adolfo Villate (acusador en el jury). Yo obviamente tengo miedo, pero no quiero que me paralice, tengo un compromiso institucional. Son todas amenazas para defender a Campagnoli porque se opone al Gobierno, no encuentro otra explicación.
–¿No le queda ninguna expectativa en relación con la investigación por las amenazas?
–Pocas, porque aparentemente Estados Unidos no va a responder porque es contravención. Yo, en cambio, veo un delito, pero recién voy a ver mañana (por hoy) la causa.
Caamaño reemplaza transitoriamente al suspendido José María Campagnoli en la fiscalía de Saavedra.
Imagen: Télam
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