10.07.2014 | panorama sindical
Los conflictos que esta semana salieron a la luz, la actitud del gobierno y la postura de la dirigencia gremial.
La crisis de la industria está empezando a tener consecuencias más allá de las económicas. Las económicas se explican con estadísticas, con números y muchas veces parecen frías, distantes, lejanas. Pero las otras consecuencias, las sociales, no. Estas otras son tangibles y hasta duelen. Estas otras pueden remitir a momentos de la Argentina que nadie querría volver a vivir. Un grupo de trabajadores que lucha por sus puestos de trabajo reclaman en la calle, corta avenidas en pos de hacerse oír, para llamar la atención, en búsqueda de respuestas. Mediadores civiles de distinta naturaleza intervienen, se dictan conciliaciones, se convoca a reuniones, se negocia, se buscan soluciones. Esa escena se repitió una y mil veces desde 2003 hasta hoy. Pero en las últimas semanas estas manifestaciones se están reiterando más de lo habitual. Y lo más llamativo es que la segunda parte –la de la mediación y la negociación– no está llegando. Y como si fuera poco, se agrega un elemento que hasta ahora no aparecía (salvo en casos excepcionales): la represión. El lunes pasado, trabajadores de Emprendimientos Ferroviarios (Emfer) y Tecnología Avanzada en Transporte SA (Tatsa), dos firmas vinculadas al grupo Cirigliano, denunciado por casos de corrupción e involucrado en la tragedia de Once, cortaron la Avenida General Paz. Los empleados denuncian el vaciamiento de las empresas y la falta de pago de sus salarios. Cuando se les preguntó por qué cortaban una avenida tan importante dijeron que como las empresas –dedicadas antiguamente a la reparación de vagones de tren– no estaban funcionando, un paro no habría servido de nada. Por eso eligieron exteriorizar el conflicto y militantes de partidos de izquierda se sumaron a la manifestación. La respuesta del gobierno –anticipada por radio por el secretario de Seguridad, Sergio Berni– fue enviar a la guardia de Infantería de la Policía Federal, que desalojó el piquete con camiones hidrantes. Los trabajadores se refugiaron entonces en una planta de Tatsa y allí hubo más represión: gases y balas de goma. El martes hubo una escena bastante similar pero esta vez en la Autopista Panamericana. En este caso, se trataba de trabajadores de la autopartista Lear y quien los reprimió fue la Gendarmería. Otra vez hubo camiones hidrantes y balas de goma. Y también imágenes indeseables de manifestantes corridos y apaleados. El conflicto en Lear –una autopartista que produce cables para Ford– se inició a raíz de que la empresa suspendió a un centenar de empleados sin goce de haberes y despidió a otros 100. Además, denuncian que la compañía impide el ingreso a los cinco integrantes de la comisión interna. La presidenta Cristina Fernández había expresado la voluntad de reglamentar la protesta social y de evitar los cortes de calle en la asamblea legislativa de marzo pasado. Poco después, un grupo de diputados del Frente para la Victoria encabezado por Carlos Kunkel elaboró un proyecto de ley con esos lineamientos. El borrador recibió cuestionamientos de propios y ajenos y la iniciativa parecía haber quedado en suspenso. De todos modos, reglamentar la protesta es una cosa y reprimirla es otra. El Centro de Estudios Legales y Sociales, que dirige el periodista Horacio Verbitsky, emitió un comunicado en el que advierte sobre este viraje represivo del Gobierno. «La represión de la Policía Federal y la Gendarmería a trabajadores y organizaciones sociales que ayer y hoy cortaron vías de circulación en reclamo de fuentes de trabajo y condiciones salariales muestra un desplazamiento preocupante en la política de no represión de la protesta social», consigna el texto. Este tipo de conflictos desnuda, además, una crisis en el sistema de representación sindical. Con muchos de estos episodios se vuelve a ver la distancia entre las bases y la conducción de los sindicatos y reaviva la discusión sobre la legitimidad de las cúpulas gremiales. La mayoría de estos conflictos se dieron en empresas relacionadas con la industria automotriz, encuadradas bajo los sindicatos de SMATA (conducido por Ricardo Pignanelli) y UOM (liderado por Antonio Caló, titular de la CGT oficialista). El conflicto de la autopartista Gestamp de mayo pasado puso en evidencia un fenómeno reiterado y cada vez más extendido: dirigentes combativos que avanzan sobre las huellas que dejó la retirada de la dirigencia tradicional, burócrata, mayoritariamente peronista. Pero los sindicalistas tradicionales resisten con uñas y dientes estos avances. En el caso de Gestamp también se vio muy claramente. La conducción de SMATA cuestionó una y otra vez a los trabajadores que habían tomado la planta luego de los 67 despidos y publicó una solicitada titulada «Los trabajadores mecánicos decimos basta». Pero no decían «basta» a las miles de suspensiones que padece el sector. SMATA dijo «basta» al avance de los dirigentes de izquierda y a los métodos que implementan. «La representatividad de los trabajadores no se logra abrazándose a una columna para impedir el normal funcionamiento de una fábrica o tomando por la fuerza otra. Se logra a través de los mecanismos democráticos que nos otorga la ley», se indicó en el documento. Caló apoyó la postura de Pignanelli de cuestionar a los trabajadores que protagonizaron el episodio de Gestamp. El metalúrgico sostuvo que el problema surge cuando los trabajadores «politizan» un conflicto laboral. «No está mal que reclamen por despidos o suspensiones, pero, ¿por qué tienen que aparecer las banderas de partidos políticos? ¿Qué tienen que ver con los trabajadores? ¿Qué saben los militantes de esos partidos lo que pasa adentro de las empresas?», lanzó Caló en declaraciones al programa Conferencia de Prensa en CN23. Y, en un claro gesto de apoyo a lo que había hecho Pignanelli con la famosa solicitada, dijo: «Cuando los partidos de izquierda quieren usar los conflictos de los trabajadores, yo también los sacaría volando.» Sin embargo, Caló también cuestionó duramente el accionar de la policía federal que el día de sus declaraciones había reprimido a los trabajadores de Emfer y Tatsa. Y eso que todavía no había ocurrido lo de Lear en Panamericana. Las balas de goma no sólo pegan en la carne de quienes las reciben. Los gases lacrimógenos no solo hacen llorar a quienes están en la calle. La represión es un camino posible y peligroso para superar solucionar un conflicto. Pero no es el único y sin duda, es el más doloroso y el de consecuencias más imprevisibles. – <dl
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Jueves, 10 de Julio de 2014
Los conflictos que esta semana salieron a la luz, la actitud del gobierno y la postura de la dirigencia gremial.
La crisis de la industria está empezando a tener consecuencias más allá de las económicas. Las económicas se explican con estadísticas, con números y muchas veces parecen frías, distantes, lejanas. Pero las otras consecuencias, las sociales, no. Estas otras son tangibles y hasta duelen. Estas otras pueden remitir a momentos de la Argentina que nadie querría volver a vivir. Un grupo de trabajadores que lucha por sus puestos de trabajo reclaman en la calle, corta avenidas en pos de hacerse oír, para llamar la atención, en búsqueda de respuestas. Mediadores civiles de distinta naturaleza intervienen, se dictan conciliaciones, se convoca a reuniones, se negocia, se buscan soluciones. Esa escena se repitió una y mil veces desde 2003 hasta hoy. Pero en las últimas semanas estas manifestaciones se están reiterando más de lo habitual. Y lo más llamativo es que la segunda parte –la de la mediación y la negociación– no está llegando. Y como si fuera poco, se agrega un elemento que hasta ahora no aparecía (salvo en casos excepcionales): la represión. El lunes pasado, trabajadores de Emprendimientos Ferroviarios (Emfer) y Tecnología Avanzada en Transporte SA (Tatsa), dos firmas vinculadas al grupo Cirigliano, denunciado por casos de corrupción e involucrado en la tragedia de Once, cortaron la Avenida General Paz. Los empleados denuncian el vaciamiento de las empresas y la falta de pago de sus salarios. Cuando se les preguntó por qué cortaban una avenida tan importante dijeron que como las empresas –dedicadas antiguamente a la reparación de vagones de tren– no estaban funcionando, un paro no habría servido de nada. Por eso eligieron exteriorizar el conflicto y militantes de partidos de izquierda se sumaron a la manifestación. La respuesta del gobierno –anticipada por radio por el secretario de Seguridad, Sergio Berni– fue enviar a la guardia de Infantería de la Policía Federal, que desalojó el piquete con camiones hidrantes. Los trabajadores se refugiaron entonces en una planta de Tatsa y allí hubo más represión: gases y balas de goma. El martes hubo una escena bastante similar pero esta vez en la Autopista Panamericana. En este caso, se trataba de trabajadores de la autopartista Lear y quien los reprimió fue la Gendarmería. Otra vez hubo camiones hidrantes y balas de goma. Y también imágenes indeseables de manifestantes corridos y apaleados. El conflicto en Lear –una autopartista que produce cables para Ford– se inició a raíz de que la empresa suspendió a un centenar de empleados sin goce de haberes y despidió a otros 100. Además, denuncian que la compañía impide el ingreso a los cinco integrantes de la comisión interna. La presidenta Cristina Fernández había expresado la voluntad de reglamentar la protesta social y de evitar los cortes de calle en la asamblea legislativa de marzo pasado. Poco después, un grupo de diputados del Frente para la Victoria encabezado por Carlos Kunkel elaboró un proyecto de ley con esos lineamientos. El borrador recibió cuestionamientos de propios y ajenos y la iniciativa parecía haber quedado en suspenso. De todos modos, reglamentar la protesta es una cosa y reprimirla es otra. El Centro de Estudios Legales y Sociales, que dirige el periodista Horacio Verbitsky, emitió un comunicado en el que advierte sobre este viraje represivo del Gobierno. «La represión de la Policía Federal y la Gendarmería a trabajadores y organizaciones sociales que ayer y hoy cortaron vías de circulación en reclamo de fuentes de trabajo y condiciones salariales muestra un desplazamiento preocupante en la política de no represión de la protesta social», consigna el texto. Este tipo de conflictos desnuda, además, una crisis en el sistema de representación sindical. Con muchos de estos episodios se vuelve a ver la distancia entre las bases y la conducción de los sindicatos y reaviva la discusión sobre la legitimidad de las cúpulas gremiales. La mayoría de estos conflictos se dieron en empresas relacionadas con la industria automotriz, encuadradas bajo los sindicatos de SMATA (conducido por Ricardo Pignanelli) y UOM (liderado por Antonio Caló, titular de la CGT oficialista). El conflicto de la autopartista Gestamp de mayo pasado puso en evidencia un fenómeno reiterado y cada vez más extendido: dirigentes combativos que avanzan sobre las huellas que dejó la retirada de la dirigencia tradicional, burócrata, mayoritariamente peronista. Pero los sindicalistas tradicionales resisten con uñas y dientes estos avances. En el caso de Gestamp también se vio muy claramente. La conducción de SMATA cuestionó una y otra vez a los trabajadores que habían tomado la planta luego de los 67 despidos y publicó una solicitada titulada «Los trabajadores mecánicos decimos basta». Pero no decían «basta» a las miles de suspensiones que padece el sector. SMATA dijo «basta» al avance de los dirigentes de izquierda y a los métodos que implementan. «La representatividad de los trabajadores no se logra abrazándose a una columna para impedir el normal funcionamiento de una fábrica o tomando por la fuerza otra. Se logra a través de los mecanismos democráticos que nos otorga la ley», se indicó en el documento. Caló apoyó la postura de Pignanelli de cuestionar a los trabajadores que protagonizaron el episodio de Gestamp. El metalúrgico sostuvo que el problema surge cuando los trabajadores «politizan» un conflicto laboral. «No está mal que reclamen por despidos o suspensiones, pero, ¿por qué tienen que aparecer las banderas de partidos políticos? ¿Qué tienen que ver con los trabajadores? ¿Qué saben los militantes de esos partidos lo que pasa adentro de las empresas?», lanzó Caló en declaraciones al programa Conferencia de Prensa en CN23. Y, en un claro gesto de apoyo a lo que había hecho Pignanelli con la famosa solicitada, dijo: «Cuando los partidos de izquierda quieren usar los conflictos de los trabajadores, yo también los sacaría volando.» Sin embargo, Caló también cuestionó duramente el accionar de la policía federal que el día de sus declaraciones había reprimido a los trabajadores de Emfer y Tatsa. Y eso que todavía no había ocurrido lo de Lear en Panamericana. Las balas de goma no sólo pegan en la carne de quienes las reciben. Los gases lacrimógenos no solo hacen llorar a quienes están en la calle. La represión es un camino posible y peligroso para superar solucionar un conflicto. Pero no es el único y sin duda, es el más doloroso y el de consecuencias más imprevisibles. – <dl
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Jueves, 10 de Julio de 2014
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