A partir del fallo favorable conseguido por el fondo NML Capital Elliot, otros tenedores de títulos en default que decidieron no ingresar en los canjes realizados por el Gobierno en 2005 y 2010 formaron un grupo ad hoc para tener igual suerte que el fondo liderado por Paul Singer y pelear el cobro de esos títulos.
El propósito de este grupo es promover los derechos de sus miembros, a la luz de los preceptos de igualdad de trato introducidos por la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York y las discusiones de conciliación relacionadas que, se informa, han comenzado, según plasmó en un comunicado.
En el documento, dado a conocer por los asesores legales Bingham McCutchen, se aclara que sus miembros son tenedores de importantes cantidades de estos bonos, incluyendo títulos que no fueron emitidos al amparo de la legislación de Nueva York, de ahí que el grupo siga creciendo. A los tenedores de estos bonos que estén interesados, se les invita a comunicarse rápidamente con el grupo a través de Bingham McCutchen LLP, explicó el comunicado difundido en los Estados Unidos.
Además, el paper aclaró que no se trata de una oferta o una solicitud para participar en alguna transacción de alguna jurisdicción y en él se explicitan los detalles de contacto: Tenemos mucho interés en hablar con ustedes, finaliza el documento dirigido a los holdouts.
Además del fondo que conduce Paul Singer y de este nuevo grupo liderado por Bingham, existen otros grupos que se encuentran realizando las acciones pertinentes para verse beneficiados con el cobro de sus bonos defaulteados. Uno de ellos es el que conduce Nicola Stock, de la TaskForce Argentina, representante de unos 50.000 bonistas italianos y que espera un fallo favorable de parte del Banco Mundial por u$s 2.700 millones.
Según los cálculos oficiales, de pagarle al fondo Elliot los u$s 1.500 millones de la sentencia, otros u$s 15.000 millones podrían ser reclamados por esta vía debido a los otros tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes realizados por el Gobierno. A ello se sumarían los eventuales reclamos de los tenedores de títulos que sí aceptaron los nuevos bonos de la renegociación pero con la condición de que los holdouts nunca recibieran mejores condiciones que ellos (cláusula RUFO). Hoy el Gobierno está más preocupado porque no se dispare esta cláusula antes de fin de año que es cuando caducará antes que en el resto de los holdouts que intentarán replicar los pasos de Elliot en el corto plazo.
Mientras tanto, la administración de Cristina Fernández aguarda un pronunciamiento del juez Thomas Griesa que retomó ayer sus actividades tras un período de vacaciones sobre el pedido de reposición de la medida cautelar que permita el pago a los bo nistas reestructurados antes del 30 de julio.
