Si bien no competirá en las elecciones presidenciales de octubre próximo, donde su compañera del PT Dilma Rousseuff intentará obtener un nuevo período de gobierno, Lula da Silva siempre es noticia y marca agenda política en el país. En los últimos días, manifestó su opinión sobre la necesidad de avanzar una nueva ley para regular la actividad de los medios en Brasil, dando cuenta de lo obsoleto del actual marco normativo, que data de 1962. ¿Qué dijo el ex presidente sobre los medios masivos privados? ¿Qué debates se abrirán en Brasil a partir de sus intervenciones?
Hasta el momento, Brasil no había sido parte de los gobiernos posneoliberales que impulsaron un cambio en la normativa mediática, legislación mediante. ¿Podrá sumarse el gigante latinoamericano al grupo de países que hasta el momento comprende a Venezuela, Argentina, Uruguay y Ecuador? Al parecer, sí, de acuerdo a las recientes declaraciones de Lula. El ex presidente habló días atrás en un foro de blogueros en San Pablo. Allí afirmó que «todas las sociedades democráticas del mundo cuentan con mecanismos de regulación de los medios de comunicación». Y no sólo citó ejemplos del continente, sino que se dedicó a demostrar que en Estados Unidos, España, Portugal, Francia e Italia también hay legislaciones que regulan la actividad. ¿Cuál fue la intención de Lula? Demostrar la doble vara que hay sobre el tema, tanto en el ámbito político en nuestros países –donde en reiteradas ocasiones se denostan estas regulaciones que afectan la concentración mediática sólo por el carácter ideológico de los gobiernos– como en los propios medios de comunicación privados –algunos de los cuales, regidos por una lógica netamente empresarial, temen perder privilegios frente a estas nuevas herramientas–.
Los conglomerados mediáticos intentarán condenar un supuesto «avance de Lula contra la prensa», una idea y leit motiv que ya circuló antes en Venezuela, Argentina, Ecuador y Uruguay.
Ocurre que, en la actualidad, en el mercado mediático brasileño se da un predominio del «no law», es decir, la ausencia de regulación. ¿Por qué? Por lo obsoleto –y desactualizado en términos prácticos– del Código Brasileño de Telecomunicaciones, que data de 1962. Además, los principales grupos de comunicación hoy en Brasil pertenecen a seis familias: Marinho –Grupo Globo–; Civita –Grupo Abril-; Frias –Grupo Folha-; Sirotsky –Grupo RBS–; Mesquita –Grupo Estado–; Bandeira de Melo –Grupo Associados–. Entre todos ellos controlan más de 500 medios –entre gráficos, radiales y audiovisuales– que a su vez son nacionales o estaduales. Contra este tipo de concentración es que, desde la sociedad civil, se vienen dando aportes, como el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, iniciativa encabezada por la Central Única de los Trabajadores y diversas organizaciones sociales, gremiales y políticas.
Otra interesante reflexión del ex presidente en su encuentro con blogueros tuvo que ver con que, según su punto de vista, muchas veces los grandes medios privados «se dan el lujo de burlarse de la política» como herramienta de transformación de las sociedades, algo que considera poco beneficioso para nuestras democracias. Tras ello, afirmó con claridad que «la negación de la política no mejoró a ningún país del mundo», algo que, en nuestro continente toma mayor consideración si estudiamos los cambios producidos a partir de la emergencia de gobiernos posneoliberales en la última década. Aquí hay una conclusión posible: tras un velo de «neutralidad» y una condena a «la política» en términos generales, estos medios hacen política día a día –en beneficio de sus intereses, diferentes a los de las mayorías–.
Sin dudas, a partir de estas elocuentes palabras, los conglomerados mediáticos intentarán condenar un supuesto «avance de Lula contra la prensa», una idea y leit motiv que ya circuló antes en Venezuela, Argentina, Ecuador y Uruguay, ayudado por parte de los sectores políticos más conservadores en cada uno de estos países. Esta será, además, la deducción lógica de grandes grupos empresariales –de Brasil y del continente– que intentarán jugar con un sentido común determinado (y, paradójicamente, producido por estos medios privados, constructores de una potente instalación de temas). Sin embargo, la puesta en discusión del tema seguramente influya en el debate político en vistas a las próximas elecciones, convirtiéndose en punto de referencia –a favor y en contra– de los diversos candidatos. La discusión ya está sobre la mesa, algo no menor para un país gigante cuyo marco normativo sobre el tema se encuentra profundamente distanciado de los avances que se produjeron en otros países de la región.
