Economía Lunes 21 de Julio de 2014
En medio de la negociación
• EL FONDO BUITRE HIZO YA VARIAS PRESENTACIONES LA SEMANA PASADA EN LOS TRIBUNALES DE SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
Por: Carlos Burgueño
El fondo buitre Elliott pasó a la acción. Mientras negocia en Nueva York con la Argentina en el despacho de Daniel Pollack, la semana pasada se presentó en los tribunales de San Francisco para que jueces de California avancen en eventuales embargos contra YPF o su socio en Vaca Muerta Chevron. El argumento es que la Corte de EE.UU. avaló el “discovery”, que YPF es de propiedad del Estado argentino y que Chevron, su principal socia en EE.UU.
NML Elliott quiere embargar fondos de YPF y de la petrolera norteamericana Chevron para cobrarse el fallo a favor del juez Thomas Griesa. No es una especulación. Tampoco una amenaza. Es una realidad. Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, en los tribunales de primera instancia de California, los abogados que representan al fondo buitre más importante que litiga contra el país en el «juicio del siglo» (propiedad del megamillonario Paul Singer), concretaron el paso más importante y peligroso contra la Argentina y los activos del país en los Estados Unidos. La intención de la embestida es que si mañana el juez Griesa decide no reinstalar el «stay», y libera la alternativa de avanzar en embargos contra el país por todo el territorio norteamericano, el primer avance sea contra la petrolera argentina y su socia de los Estados Unidos. La intención de máxima de Elliott es que un juez avance hasta las últimas consecuencias y le embargue fondos a Chevron. La de mínima, que haya un juicio nuevo que embarre aún más el desarrollo de las negociaciones con la Argentina. En el medio, Elliot busca afectar las inversiones de cualquier otra compañía norteamericana en el país, ya que de resultar vencedor el fondo buitre en este otro juicio, todas las empresas de ese origen podrían tener dinero embargable.
La embestida de Elliott es en California porque en ese estado tiene su sede Chevron. La empresa es heredera de la Standard Oil-California desde 1911 y tiene su lugar de residencia en San Ramón, un condado cercano a San Francisco hacia el continente alejándose del océano Pacífico; precisamente donde tiene su jurisdicción el Noveno Circuito y donde los abogados del fondo buitre radicaron la denuncia. La presentación fue recibida por la Justicia, a la espera de lo que suceda mañana en el tribunal de Griesa. De avalar los jueces californianos la presentación, comenzaría a considerarse a nivel tribunalicio la alternativa del eventual embargo a Chevron, además de la aceleración del pedido a otros jueces del estado sobre la posibilidad de que existen fondos de la petrolera estatal renacionalizada en ese territorio. Luego, si finalmente algún juez californiano decidiera avalar el pedido de embargos de Elliott, las alternativas serían de avanzar sobre los activos de YPF primero y luego sobre los de Chevron; o sobre ambos a la vez. La Justicia del oeste puede obviamente desechar el intento y considerar los argumentos que seguramente expondrá la Argentina: que YPF es una sociedad separada del Estado y que Chevron es una empresa absolutamente independiente de la Argentina que sólo decidió asociarse con el país para un proyecto concreto: el de Vaca Muerta.
Elliot quiere que la Justicia bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encuentra, que sea entonces Chevron la que responda. Para semejante pedido incluye en las presentaciones judiciales inmumerables fallos anteriores tanto en California como en otros estados norteamericanos. Pero lo más fuerte que presenta Elliot son los argumentos derivados de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio pasado, cuando no sólo rechazó la posibilidad de tomar el «juicio del siglo» en tercera instancia (negando también la posibilidad de que opine el Gobierno de Barack Obama), sino que también hizo lugar a la petición de los fondos buitre de obligar a las entidades financieras de ese país (y a cualquier agente económico que considere necesario) que informe a cualquier juez sobre los activos monetarios o físicos si los magistrados así lo ordenan. Se trata de la cláusula «Discovery», una de las dos causas que debía definir la Corte Suprema y que falló en contra de la Argentina.
La argumentación básica de la presentación de Elliott (realizada a través de la firma de Joshua D. N. Hess) el abogado del fondo buitre en California, es que los fondos de YPF y, eventualmente, de Chevron, pertenecen a la Argentina; al menos, en el caso de la empresa norteamericana, en lo que tiene que ver con el proyecto de inversión de unos u$s 2.040 ya desembolsados (de un total de u$s 8.000 millones de todo el emprendimiento) en el yacimiento de «shale oil» en Neuquén. Ese dinero esté en las arcas de la petrolera argentina o de la empresa norteamericana, debería ser parte de los millones de dólares con los que el país debería responder por no haber concretado aún el pago de los u$s 1.330 millones del fallo de 2012 (hoy superarían según el cálculo de Elliot los u$s 1.600 millones), en tiempo y forma. Para poder avanzar necesitarían que Griesa determine que ya es tiempo para comenzar a embargar, empezando por los u$s 539 millones que el país ya depositó al Bank of New York Mellon (BONY) para responder por el vencimiento del 30 de junio pasado por el Discount que debe pagarse como fecha límite el 30 de julio. Obviamente en este caso, para los abogados que representan al país del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), habría más que un argumento sólido para defender la posición del país; comenzando por la explicación que YPF es una sociedad anónima independiente del Estado (aunque la mayoría accionaria haya sido renacionalizada) y que es imposible que se avance además sobre una empresa privada norteamericana que sólo se asoció para un emprendimiento particular. Más teniendo en cuenta que el dinero fue de Chevron a YPF y no al revés. Sin embargo, lo que también se reconoce, sería inevitable que el país comience un nuevo juicio contra el fondo buitre. Esta vez sería en la otra costa, la del Pacífico.
Demuestra Elliot con esta embestida muchas cosas. La primera es que el fuerte de este fondo buitre no es la inversión o la capacidad de ganar dinero generando diferencias de rentabilidad en opciones dentro de los mercados de capitales; sino que la especialidad de la casa es litigar en cualquier terreno posible. Para esto tienen más especialistas abogados que analistas financieros. Se demuestra también que el «expertice» de Paul Singer y su fondo, es avanzar sobre embargos en cualquier tribunal del globo.
En medio de la negociación
• EL FONDO BUITRE HIZO YA VARIAS PRESENTACIONES LA SEMANA PASADA EN LOS TRIBUNALES DE SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
Por: Carlos Burgueño
El fondo buitre Elliott pasó a la acción. Mientras negocia en Nueva York con la Argentina en el despacho de Daniel Pollack, la semana pasada se presentó en los tribunales de San Francisco para que jueces de California avancen en eventuales embargos contra YPF o su socio en Vaca Muerta Chevron. El argumento es que la Corte de EE.UU. avaló el “discovery”, que YPF es de propiedad del Estado argentino y que Chevron, su principal socia en EE.UU.
NML Elliott quiere embargar fondos de YPF y de la petrolera norteamericana Chevron para cobrarse el fallo a favor del juez Thomas Griesa. No es una especulación. Tampoco una amenaza. Es una realidad. Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, en los tribunales de primera instancia de California, los abogados que representan al fondo buitre más importante que litiga contra el país en el «juicio del siglo» (propiedad del megamillonario Paul Singer), concretaron el paso más importante y peligroso contra la Argentina y los activos del país en los Estados Unidos. La intención de la embestida es que si mañana el juez Griesa decide no reinstalar el «stay», y libera la alternativa de avanzar en embargos contra el país por todo el territorio norteamericano, el primer avance sea contra la petrolera argentina y su socia de los Estados Unidos. La intención de máxima de Elliott es que un juez avance hasta las últimas consecuencias y le embargue fondos a Chevron. La de mínima, que haya un juicio nuevo que embarre aún más el desarrollo de las negociaciones con la Argentina. En el medio, Elliot busca afectar las inversiones de cualquier otra compañía norteamericana en el país, ya que de resultar vencedor el fondo buitre en este otro juicio, todas las empresas de ese origen podrían tener dinero embargable.
La embestida de Elliott es en California porque en ese estado tiene su sede Chevron. La empresa es heredera de la Standard Oil-California desde 1911 y tiene su lugar de residencia en San Ramón, un condado cercano a San Francisco hacia el continente alejándose del océano Pacífico; precisamente donde tiene su jurisdicción el Noveno Circuito y donde los abogados del fondo buitre radicaron la denuncia. La presentación fue recibida por la Justicia, a la espera de lo que suceda mañana en el tribunal de Griesa. De avalar los jueces californianos la presentación, comenzaría a considerarse a nivel tribunalicio la alternativa del eventual embargo a Chevron, además de la aceleración del pedido a otros jueces del estado sobre la posibilidad de que existen fondos de la petrolera estatal renacionalizada en ese territorio. Luego, si finalmente algún juez californiano decidiera avalar el pedido de embargos de Elliott, las alternativas serían de avanzar sobre los activos de YPF primero y luego sobre los de Chevron; o sobre ambos a la vez. La Justicia del oeste puede obviamente desechar el intento y considerar los argumentos que seguramente expondrá la Argentina: que YPF es una sociedad separada del Estado y que Chevron es una empresa absolutamente independiente de la Argentina que sólo decidió asociarse con el país para un proyecto concreto: el de Vaca Muerta.
Elliot quiere que la Justicia bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encuentra, que sea entonces Chevron la que responda. Para semejante pedido incluye en las presentaciones judiciales inmumerables fallos anteriores tanto en California como en otros estados norteamericanos. Pero lo más fuerte que presenta Elliot son los argumentos derivados de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio pasado, cuando no sólo rechazó la posibilidad de tomar el «juicio del siglo» en tercera instancia (negando también la posibilidad de que opine el Gobierno de Barack Obama), sino que también hizo lugar a la petición de los fondos buitre de obligar a las entidades financieras de ese país (y a cualquier agente económico que considere necesario) que informe a cualquier juez sobre los activos monetarios o físicos si los magistrados así lo ordenan. Se trata de la cláusula «Discovery», una de las dos causas que debía definir la Corte Suprema y que falló en contra de la Argentina.
La argumentación básica de la presentación de Elliott (realizada a través de la firma de Joshua D. N. Hess) el abogado del fondo buitre en California, es que los fondos de YPF y, eventualmente, de Chevron, pertenecen a la Argentina; al menos, en el caso de la empresa norteamericana, en lo que tiene que ver con el proyecto de inversión de unos u$s 2.040 ya desembolsados (de un total de u$s 8.000 millones de todo el emprendimiento) en el yacimiento de «shale oil» en Neuquén. Ese dinero esté en las arcas de la petrolera argentina o de la empresa norteamericana, debería ser parte de los millones de dólares con los que el país debería responder por no haber concretado aún el pago de los u$s 1.330 millones del fallo de 2012 (hoy superarían según el cálculo de Elliot los u$s 1.600 millones), en tiempo y forma. Para poder avanzar necesitarían que Griesa determine que ya es tiempo para comenzar a embargar, empezando por los u$s 539 millones que el país ya depositó al Bank of New York Mellon (BONY) para responder por el vencimiento del 30 de junio pasado por el Discount que debe pagarse como fecha límite el 30 de julio. Obviamente en este caso, para los abogados que representan al país del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), habría más que un argumento sólido para defender la posición del país; comenzando por la explicación que YPF es una sociedad anónima independiente del Estado (aunque la mayoría accionaria haya sido renacionalizada) y que es imposible que se avance además sobre una empresa privada norteamericana que sólo se asoció para un emprendimiento particular. Más teniendo en cuenta que el dinero fue de Chevron a YPF y no al revés. Sin embargo, lo que también se reconoce, sería inevitable que el país comience un nuevo juicio contra el fondo buitre. Esta vez sería en la otra costa, la del Pacífico.
Demuestra Elliot con esta embestida muchas cosas. La primera es que el fuerte de este fondo buitre no es la inversión o la capacidad de ganar dinero generando diferencias de rentabilidad en opciones dentro de los mercados de capitales; sino que la especialidad de la casa es litigar en cualquier terreno posible. Para esto tienen más especialistas abogados que analistas financieros. Se demuestra también que el «expertice» de Paul Singer y su fondo, es avanzar sobre embargos en cualquier tribunal del globo.
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