Por Alejandro Horowicz. El pago del impuesto a los ingresos personales logró que las cinco centrales sindicales marcharan juntas reclamando una suba del monto mínimo.
“La historia prueba que con frecuencia el resultado final de una acción política no tiene una relación adecuada con su significado originario; pero esto, sin embargo, no autoriza a prescindir de ese significado si se quiere que la acción tenga una fuerza interior.”
Max Weber, El político y el científico.
La convocatoria unitaria del movimiento obrero, facilitada por la Iglesia Católica, gira hasta ahora en derredor de una única coincidencia: oposición al pago del impuesto a los ingresos personales. Las cinco centrales marcharán juntas reclamando una suba del monto mínimo hasta por lo menos 20 mil pesos mensuales. No deja de llamar la atención que dirigentes de tan diversos colores políticos –desde el oficialismo variopinto, hasta distintas formas de oposición– coincidan en un reclamo. Sobre todo, cuando el mapa político registra tan elevado nivel de fragmentación, y no es precisamente esta marcha la que pondrá fin a tanta dispersión.
Con un añadido, la tradición peronista no se caracteriza por facilitar la convergencia unitaria de los trabajadores contra un gobierno del mismo signo. Salvo el cuarto peronismo –María Estela Martínez de Perón, Carlos Saúl Menem– los demás solían satisfacer el piso de las demandas populares. Esto es, garantizaban que la base de su electorado no se corriera en otra dirección. Y no es precisamente esto lo que está sucediendo.
El impuesto al salario, la denominada cuarta categoría de contribuyentes, afecta a los trabajadores de mayores ingresos, que según datos públicos asciende al 13% de los asalariados formales; es cierto que esos dinerillos permiten apuntalar los planes sociales que benefician a los trabajadores más postergados, pero no es menos cierto que funciona como una suerte de redistribución regresiva del ingreso popular.
Nos explicamos, en lugar de financiar el pago de los mecanismos sociales compensatorios mediante una reforma tributaria –como la exigida por Hugo Yasky–, los trabajadores mejor pagos están obligados a solventar los ingresos de los menos favorecidos. En vez de que la sociedad en su conjunto se haga cargo de las necesidades básicas insatisfechas, alterando la distribución del ingreso nacional en defensa de los menos favorecidos, los trabajadores son los únicos convocados a este ejercicio de «solidaridad obligatoria».
Conviene recordar que no se trata de un caso aislado, ni de una circunstancia determinada por la crisis actual. Desde el momento en que el menemismo destruyó en los ’90 el régimen de jubilación por reparto, que incluía el aporte patronal para conformar los ingresos de los trabajadores pasivos, el financiamiento del sistema jubilatorio nunca termina de garantizarse; otro tanto sucedió y sigue sucediendo con el resto de la política social del gobierno K. Ni siquiera cuando la oposición exigió el restablecimiento del 82% móvil para todos los jubilados, la necesidad de recurrir al aporte patronal fue seriamente considerada. De modo que el crecimiento de la actividad económica a tasa china, no supuso restaurar uno de los instrumentos históricos del welfare state. Entonces, diez meses de retroceso productivo no sólo impusieron una reducción general del consumo popular, vía la disminución de la demanda solvente de los asalariados; ahora, al no elevar el mínimo no imponible de la cuarta categoría la política de ingresos vuelve a facilitar otra quita en idéntica dirección.
Es posible responsabilizar a la Iglesia por esa confluencia sindical. No cabe duda que su conducta facilitó esta decisión en el encuentro de Mar del Plata. Pero a mi modo de ver se trata de un grueso error analítico. El Episcopado carece de semejante rango de influencia política. No son precisamente las habilidades discursivas de sus integrantes, las que facilitaron este acuerdo precario. En rigor de verdad, el gobierno terminó empujando a todos –y Yasky constituye la prueba más contundente– a marchar juntos. Y salvo que un cambio de último momento vuelva a alterar tan delicado equilibrio, que el monto mínimo para la cuarta categoría sea súbitamente incrementado, el choque pareciera inevitable. En esa situación estamos.
PERONIMSO Y TRABAJADORES. Si algo caracterizó al primer peronismo –1945-1955– fue un comportamiento casi invariable: los conflictos sindicales por aumento de salarios y condiciones de trabajo eran laudados a favor de los trabajadores. Cuidado. Cuando la demanda no provenía de la dirección «oficial», o cuando la dirección oficial no se ajustaba a la línea de acción del gobierno, el movimiento solía ser descabezado pero la demanda satisfecha. Para el General Perón debía quedar en claro quién mandaba y que desafiarlo no era gratis.
Bajo segundo peronismo –1955-1972– el movimiento obrero supo estar dividido. Recordemos, la CGTA de Raimundo Ongaro y el vandorismo. Claro que bastaba la confluencia de ambos segmentos –el 29 de mayo de 1969– para que el gobierno del general Onganía temblara. Es decir, la unidad de acción no sólo cuestionaba el reparto del ingreso, ponía en entredicho los límites de la acción política nacional. Y si bien la negociación salarial era el techo que la Libertadora impuso, ya que los sindicatos no debían «hacer política», al imponerlo politizaba la limitada conducta obrera.
El debate salarial, entonces, no sólo remitía al derecho de los trabajadores a mejorar su situación relativa, sino servía también para poner sobre el tapete el modelo productivo. Dicho de un tirón: a cada estrategia económica corresponde una política salarial, y cambiar una supone modificar la otra.
Como todo ese debate se hacía dentro del horizonte del Plan Pinedo, y como la política de sustitución de importaciones requería además de incierto rango de demanda popular solvente, la pulseada imponía una reestructuración de los soportes sociales del proyecto.
El tercer peronismo –1973-1975– surge precisamente como una consecuencia directa de la inviabilidad de la proscripción del peronismo como fuerza legítima. Sin sumar a los trabajadores al proyecto, sin legalizar los derechos electorales de la mayoría, la posibilidad de avanzar por la misma senda quedaba definitivamente bloqueada.
Para Alejandro Agustín Lanusse no se trataba de discutir el programa de gobierno que heredaría a la Libertadora, aceptaba el Plan CGE – CGT de José Ber Gelbard, sino de los soportes sociales y políticos requeridos para su posibilidad de ejecución. Por eso, pretendía que Perón desde su exilio español lo respaldara. Para el General Perón, en cambio, el problema era otro: si el peronismo se sumaba al proyecto de Lanusse, su propia existencia quedaba en entredicho. Por tanto, el acuerdo programático no suponía confluencia política. Y por eso Héctor J. Cámpora terminó siendo presidente por algo más de 40 días.
La tercera presidencia de Perón supuso la «normalización» de su política, pero las fuerzas desatadas por el enfrentamiento político con la Libertadora, hicieron que su muerte, el 1 de julio de 1974, coincidiera con el fin del pacto social. Y su viuda terminó inaugurando un nuevo programa del partido del estado: el Plan Rodrigo. Programa que invariablemente se ejecutó, con las correcciones del caso, hasta el estallido de 2001.
Ahora bien, el arribo de Néstor Kirchner no supuso un nuevo programa para el bloque de clases dominantes. Una cosa es salir del fondo del pozo, otra optar por una nueva dirección. Esa limitación estructurante se manifiesta constantemente, y si se quiere puede verificarse, tanto en el conflicto campero como en la puja actual por el ingreso nacional.
Cuando se observa la estructura actual de la distribución del ingreso, queda claro que no difiere sustancialmente de la vigente durante los ’90. Lo que se modificó es el quantum de la producción nacional. Basta que este quantum se achique, para que el mismo coeficiente distribuidor suponga otros niveles de reparto. O se cambia la política de distribución del ingreso, cambiando el proyecto, o se sostiene el mismo proyecto con sus inevitables consecuencias. Un peronismo que no puede contener a los trabajadores, al menos a un segmento decisivo, pierde su papel histórico. Y en el nuevo, ni Daniel Scioli, ni Sergio Massa, dejarán de encontrar su lugar.
“La historia prueba que con frecuencia el resultado final de una acción política no tiene una relación adecuada con su significado originario; pero esto, sin embargo, no autoriza a prescindir de ese significado si se quiere que la acción tenga una fuerza interior.”
Max Weber, El político y el científico.
La convocatoria unitaria del movimiento obrero, facilitada por la Iglesia Católica, gira hasta ahora en derredor de una única coincidencia: oposición al pago del impuesto a los ingresos personales. Las cinco centrales marcharán juntas reclamando una suba del monto mínimo hasta por lo menos 20 mil pesos mensuales. No deja de llamar la atención que dirigentes de tan diversos colores políticos –desde el oficialismo variopinto, hasta distintas formas de oposición– coincidan en un reclamo. Sobre todo, cuando el mapa político registra tan elevado nivel de fragmentación, y no es precisamente esta marcha la que pondrá fin a tanta dispersión.
Con un añadido, la tradición peronista no se caracteriza por facilitar la convergencia unitaria de los trabajadores contra un gobierno del mismo signo. Salvo el cuarto peronismo –María Estela Martínez de Perón, Carlos Saúl Menem– los demás solían satisfacer el piso de las demandas populares. Esto es, garantizaban que la base de su electorado no se corriera en otra dirección. Y no es precisamente esto lo que está sucediendo.
El impuesto al salario, la denominada cuarta categoría de contribuyentes, afecta a los trabajadores de mayores ingresos, que según datos públicos asciende al 13% de los asalariados formales; es cierto que esos dinerillos permiten apuntalar los planes sociales que benefician a los trabajadores más postergados, pero no es menos cierto que funciona como una suerte de redistribución regresiva del ingreso popular.
Nos explicamos, en lugar de financiar el pago de los mecanismos sociales compensatorios mediante una reforma tributaria –como la exigida por Hugo Yasky–, los trabajadores mejor pagos están obligados a solventar los ingresos de los menos favorecidos. En vez de que la sociedad en su conjunto se haga cargo de las necesidades básicas insatisfechas, alterando la distribución del ingreso nacional en defensa de los menos favorecidos, los trabajadores son los únicos convocados a este ejercicio de «solidaridad obligatoria».
Conviene recordar que no se trata de un caso aislado, ni de una circunstancia determinada por la crisis actual. Desde el momento en que el menemismo destruyó en los ’90 el régimen de jubilación por reparto, que incluía el aporte patronal para conformar los ingresos de los trabajadores pasivos, el financiamiento del sistema jubilatorio nunca termina de garantizarse; otro tanto sucedió y sigue sucediendo con el resto de la política social del gobierno K. Ni siquiera cuando la oposición exigió el restablecimiento del 82% móvil para todos los jubilados, la necesidad de recurrir al aporte patronal fue seriamente considerada. De modo que el crecimiento de la actividad económica a tasa china, no supuso restaurar uno de los instrumentos históricos del welfare state. Entonces, diez meses de retroceso productivo no sólo impusieron una reducción general del consumo popular, vía la disminución de la demanda solvente de los asalariados; ahora, al no elevar el mínimo no imponible de la cuarta categoría la política de ingresos vuelve a facilitar otra quita en idéntica dirección.
Es posible responsabilizar a la Iglesia por esa confluencia sindical. No cabe duda que su conducta facilitó esta decisión en el encuentro de Mar del Plata. Pero a mi modo de ver se trata de un grueso error analítico. El Episcopado carece de semejante rango de influencia política. No son precisamente las habilidades discursivas de sus integrantes, las que facilitaron este acuerdo precario. En rigor de verdad, el gobierno terminó empujando a todos –y Yasky constituye la prueba más contundente– a marchar juntos. Y salvo que un cambio de último momento vuelva a alterar tan delicado equilibrio, que el monto mínimo para la cuarta categoría sea súbitamente incrementado, el choque pareciera inevitable. En esa situación estamos.
PERONIMSO Y TRABAJADORES. Si algo caracterizó al primer peronismo –1945-1955– fue un comportamiento casi invariable: los conflictos sindicales por aumento de salarios y condiciones de trabajo eran laudados a favor de los trabajadores. Cuidado. Cuando la demanda no provenía de la dirección «oficial», o cuando la dirección oficial no se ajustaba a la línea de acción del gobierno, el movimiento solía ser descabezado pero la demanda satisfecha. Para el General Perón debía quedar en claro quién mandaba y que desafiarlo no era gratis.
Bajo segundo peronismo –1955-1972– el movimiento obrero supo estar dividido. Recordemos, la CGTA de Raimundo Ongaro y el vandorismo. Claro que bastaba la confluencia de ambos segmentos –el 29 de mayo de 1969– para que el gobierno del general Onganía temblara. Es decir, la unidad de acción no sólo cuestionaba el reparto del ingreso, ponía en entredicho los límites de la acción política nacional. Y si bien la negociación salarial era el techo que la Libertadora impuso, ya que los sindicatos no debían «hacer política», al imponerlo politizaba la limitada conducta obrera.
El debate salarial, entonces, no sólo remitía al derecho de los trabajadores a mejorar su situación relativa, sino servía también para poner sobre el tapete el modelo productivo. Dicho de un tirón: a cada estrategia económica corresponde una política salarial, y cambiar una supone modificar la otra.
Como todo ese debate se hacía dentro del horizonte del Plan Pinedo, y como la política de sustitución de importaciones requería además de incierto rango de demanda popular solvente, la pulseada imponía una reestructuración de los soportes sociales del proyecto.
El tercer peronismo –1973-1975– surge precisamente como una consecuencia directa de la inviabilidad de la proscripción del peronismo como fuerza legítima. Sin sumar a los trabajadores al proyecto, sin legalizar los derechos electorales de la mayoría, la posibilidad de avanzar por la misma senda quedaba definitivamente bloqueada.
Para Alejandro Agustín Lanusse no se trataba de discutir el programa de gobierno que heredaría a la Libertadora, aceptaba el Plan CGE – CGT de José Ber Gelbard, sino de los soportes sociales y políticos requeridos para su posibilidad de ejecución. Por eso, pretendía que Perón desde su exilio español lo respaldara. Para el General Perón, en cambio, el problema era otro: si el peronismo se sumaba al proyecto de Lanusse, su propia existencia quedaba en entredicho. Por tanto, el acuerdo programático no suponía confluencia política. Y por eso Héctor J. Cámpora terminó siendo presidente por algo más de 40 días.
La tercera presidencia de Perón supuso la «normalización» de su política, pero las fuerzas desatadas por el enfrentamiento político con la Libertadora, hicieron que su muerte, el 1 de julio de 1974, coincidiera con el fin del pacto social. Y su viuda terminó inaugurando un nuevo programa del partido del estado: el Plan Rodrigo. Programa que invariablemente se ejecutó, con las correcciones del caso, hasta el estallido de 2001.
Ahora bien, el arribo de Néstor Kirchner no supuso un nuevo programa para el bloque de clases dominantes. Una cosa es salir del fondo del pozo, otra optar por una nueva dirección. Esa limitación estructurante se manifiesta constantemente, y si se quiere puede verificarse, tanto en el conflicto campero como en la puja actual por el ingreso nacional.
Cuando se observa la estructura actual de la distribución del ingreso, queda claro que no difiere sustancialmente de la vigente durante los ’90. Lo que se modificó es el quantum de la producción nacional. Basta que este quantum se achique, para que el mismo coeficiente distribuidor suponga otros niveles de reparto. O se cambia la política de distribución del ingreso, cambiando el proyecto, o se sostiene el mismo proyecto con sus inevitables consecuencias. Un peronismo que no puede contener a los trabajadores, al menos a un segmento decisivo, pierde su papel histórico. Y en el nuevo, ni Daniel Scioli, ni Sergio Massa, dejarán de encontrar su lugar.
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