Los tiempos de la justicia son un debate planetario. Mientras el magistrado neoyorquino Thomas Griesa pone en jaque la política de desendeudamiento de la Argentina con un fallo favorable a los fondos buitre, otros jueces de los Estados Unidos duermen en una cajón los exhortos enviados desde Buenos Aires por sus pares argentinos.
Mediante esos exhortos los jueces federales Sergio Torres y Sebastián Casanello solicitaron información, con el fin de intentar avanzar en las investigaciones sobre presunto lavado de dinero que puso en el banquillo de los sospechosos a los directivos del Grupo Clarín, entre ellos Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble. Pero aún no recibieron una respuesta sustancial.
El inicio de la causa contra los accionistas de Clarín se originó en 2008 con la denuncia del ex ejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu, que reconoció que había operado a través de su banca privada de esa entidad, casa matriz en Nueva York las cuentas de más de 460 clientes –entre los que se destacaba el Grupo Clarín– con el objeto de «ayudarlas a lavar dinero» como admitió el ex banquero.
El objetivo final es la evasión tributaria, pero hay casos de blanqueo de dinero de origen ilegal.
Esa primera denuncia cayó en el juzgado de Torres que le dio un trámite lento al proceso. Este expediente –en el que a pesar de su confesión, Arbizu figura sólo como denunciante– está prácticamente sin movimientos desde mayo de 2013, entre otros aspectos, porque Torres sigue a la espera de las respuestas de los exhortos que envió a los Estados Unidos y a Suiza. Según fuentes judiciales, de esos informes que pidió, sólo le respondieron «más o menos el 30 por ciento». Hubo otras respuestas pidiendo precisiones y ampliación sobre los datos requeridos, y en la mayoría de los casos, silencio.
Hace más de un años, tras las denuncias de Tiempo Argentino que sumó nuevos nombres, sociedades y documentación exclusiva sobre algunos de los ya mencionado en la lista de clientes que operaban con el JP Morgan, el fiscal de la causa Guillermo Marijuan realizó una ampliación del requerimiento de la investigación. El juez Torres interpretó que se trataba de hechos nuevos y barrió un nuevo expediente que por sorteo quedó en el juzgado de Casanello.
En julio de 2013, el magistrado indagó a Arbizu. El ex banquero declaró como imputado ante Casanello y reconoció una vez más que él lavó dinero del grupo y de ejecutivos del grupo cuando era agente del JP Morgan. A partir de ese testimonio, el juez pidió informes para constatar si lo que declaró era cierto. Y hace menos de un mes amplió el exhorto internacional. Sigue a la espera. Casanello no avanza con el resto porque no tiene datos que corroboren su indagatoria. En esa causa, el único indagado fue Arbizu. Que dijo, por ejemplo, que su servicio consistía en «ejecución de inversiones, todo vinculado con sucesiones hereditarias y a través de cuentas off shore ocultar la verdadera titularidad del dinero». Ante el magistrado volvió a recordar el nombre de sus clientes a los que enmarcó en el sector de «Ultra Altos Recursos, que son mínimos de cuentas de 25 millones de dólares líquidos». Mencionó a Herrera de Noble, Magnetto, Constantini, Blaquier y otros empresarios. Pero la causa no avanza. La justicia helvética y la de los Estados Unidos demoran las respuestas.
No hay dos sin tres
Hay una tercera causa que involucra a GCSA Investments LLC, una empresa radicada en Delaware y relacionada con el Grupo Clarín. Ese expediente lo lleva el juez federal Luis Rodríguez. La denuncia la realizó la Unidad de Información Financiera en base a un reporte de Operación Sospechosa. Todo indicaría que se trató de una operación «back to back», una forma habitual de hacer figurar como deudas los autopréstamos que se hacen las empresas con sus propias filiales o directamente sellos de goma en el exterior. El objetivo final es la evasión tributaria, pero hay casos de blanqueo de dinero de origen ilegal. En febrero de este año, el juez Rodríguez cursó exhortos vía Cancillería y el Ministerio de Justicia a los Estados Unidos e Inglaterra en los que aclaró que se investiga a Magnetto y a otros directivos y síndicos del Grupo Clarín. El magistrado busca precisar si GCSA Investments LLC, que se constituyó con un capital de 100 mil dólares, habría sido beneficiada con un préstamo por 20 millones de dólares por JP Morgan entre 2008 y 2009. Rodríguez también espera una respuesta.
