La primera señal de la Casa Rosada después de resolver una nueva cesación de pagos no fue la displicente declaración de Cristina Kirchner: «Estamos a 31 de julio y la vida sigue». Fue más atormentada. Jorge Capitanich se reunió con empresarios y banqueros para pedirles que no despidan personal. Es evidente, entonces, que Capitanich, y con él un sector del Gobierno, prevé lo que le espera al país con el default: más recesión.
La Presidenta supone que ese efecto puede ser neutralizado con un aumento del gasto público como el anunciado anoche. Es decir, con más emisión y, por lo tanto, más inflación. Ésta es la paradoja actual del kirchnerismo: para satisfacer sus ensoñaciones ideológicas debe sacrificar su base electoral; desencantar a quienes adhieren a él porque «con Cristina hay trabajo».
No está claro, sin embargo, que el sombrío pronóstico de Capitanich sea compartido por todo el gabinete. Menos aún que la Presidenta y su gurú, Axel Kicillof, lo suscriban. La decisión de no saldar compromisos financieros dejó al desnudo una brecha en el seno del oficialismo.
Una fractura cuya profundidad se desconoce. Porque durante la conferencia de prensa que ofreció anteayer en Nueva York, Kicillof pronunció una declaración crucial que su jefa ayer convalidó. Dijo: «Ofrecimos a los holdouts que entren al canje de 2005 y 2010, con lo que en las condiciones de hoy obtendrían una ganancia del 300 por ciento; pero no fue aceptada esa oferta porque quieren más».
«Estamos a 31 de julio y la vida sigue», afirmó Cristina Kirchner, pese al temor que hay en el Gobierno de mayor recesión
La incógnita que no ha sido despejada es ésta: ¿la Presidenta y Kicillof son intransigentes frente al reclamo de los holdouts para evitar la cláusula Rufo? ¿O creen que ese reclamo es, en sí mismo, inaceptable? Acusar a los holdouts porque «quieren más» es ignorar que la justicia a la que las partes se sometieron les dio derecho a más. Dicho de otro modo: las palabras de Kicillof, amplificadas por la señora de Kirchner, desconocen el fallo de Thomas Griesa. Y son consecuentes con la tesis que ellos defienden en los foros internacionales: no se está debatiendo un contrato entre un país y sus acreedores, sino la determinación del capitalismo de «tumbar» a un «modelo» impertinente, que no se sometió a las exigencias del sistema financiero.
Sería ocioso detenerse en los desperfectos de estos razonamientos. Observar, por ejemplo, que el castigo impuesto a los financistas fue, según la Presidenta y el ministro, reconocerles una renta de 300% en menos de diez años. O recordar un detalle más elemental, que ambos pasaron por alto: era natural que esos acreedores no iban a aceptar los términos de los canjes. Por eso fueron a juicio.
Cristina Kirchner y Kicillof siguieron acusando a Griesa de coincidir con los «buitres». Tienen razón. Griesa, como la mayoría de los jueces neoyorquinos, suele ser más sensible al derecho de propiedad de los acreedores que al «interés general». Más: identifican el interés general con el derecho de propiedad de los acreedores. Y suelen provenir, como Griesa, de estudios jurídicos que defienden a los bancos. Pero la Presidenta y el ministro olvidan que la Argentina se sometió a esa justicia por esas razones. Es decir, porque cuando intervienen magistrados que sacralizan la letra de los contratos los que prestan su dinero cobran una tasa de interés inferior. En otras palabras: la afinidad de los Griesa con los acreedores fue, en su momento, un subsidio para los deudores.
Son obviedades. Lo relevante es que Cristina Kirchner y Kicillof abrieron un gran signo de interrogación sobre la duración del default. La Presidenta comenzó ayer relatando que el acuerdo no se alcanzó por la cláusula Rufo, pero terminó reprochando a Griesa por dictar un fallo usurario y, por lo tanto, inaceptable. Después volvió a insinuar un cambio de jurisdicción para pagar los bonos reestructurados. Esta postura ya tuvo sus primeros efectos: hay fondos que están comprando de esos títulos para ir a juicio. El nuevo default ya tiene sus holdouts. «Buitres» de segunda generación.
Cristina y Kicillof acusan al juez Griesa y al mediador Pollack de coincidir con los buitres.
La mayor parte del mercado supone, sin embargo, que la posición oficial es sólo táctica y que en enero, cuando pierda vigencia la cláusula Rufo, habrá una negociación. También supuso que la Corte de los Estados Unidos iba a remitir la apelación argentina al solicitor, y que anteayer Griesa repondría el stay. Los traders suelen guiarse por premisas más parecidas a las de la religión que a las de la ciencia.
Esas creencias se basan en la hipótesis de que la Presidenta y Kicillof son conscientes de los perjuicios económicos de su decisión. Es una hipótesis muy discutible. El mismo ministro que declaró el default impulsó la estatización de YPF para emancipar a la política energética de las multinacionales y evitar el aumento de precio de los combustibles. Pero Miguel Galuccio no hace otra cosa que seducir, sin demasiado éxito, a las multinacionales, mientras las naftas son cada vez más caras. Para la campaña electoral el peronismo oficial tal vez deba sumar al costo Boudou el costo Kicillof. Es lo que advirtió Capitanich al convocar a los empresarios para tratar de evitar una crisis social.
Antes de hacerlo, el chaqueño se alineó con la Presidenta radicalizando su retórica. Si Leopoldo Galtieri invadió las islas Malvinas, el jefe de Gabinete parecía ayer por la mañana prepararse para invadir la isla de Manhattan. En realidad, Cristina Kirchner y Kicillof desbarataron una estrategia propuesta por él y por Carlos Zannini: que un grupo de bancos locales pagara la deuda del Estado con los holdouts.
Kicillof se refirió a esa gestión como «un arreglo entre privados». Pero fueron Zannini y Capitanich quienes indicaron al presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, que active una iniciativa elaborada con 45 días de anticipación. Fábrega se reunió el lunes pasado con directivos de la banca extranjera y, al día siguiente, con los de la banca nacional. Capitanich, por su parte, solicitó a Eduardo Eurnekian que interesara en la operación a la UIA y a la Cámara de la Construcción.
Brito, presidente de Adeba y dueño del Banco Macro, fue el más entusiasta. Imaginó ser, salvando las distancias, aquel John Pierpont Morgan que en 1907 salvó a los Estados Unidos de la bancarrota. Convertido en prócer, ¿quién se interesaría por su papel en la trama Ciccone?
Se abrió, entonces, una vía de negociación con los holdouts, sobre todo con el fondo NML, paralela a la que llevaba adelante Kicillof en el estudio de Daniel Pollack. En Nueva York se sentaron a la mesa Diego Ferro, del fondo Greylock; Sebastián Palla, representante de Brito, y ejecutivos de los bancos HSBC, Citi y JP Morgan. En las tratativas intervino alguien más: Gustavo Cinosi, accionista de Sheraton Pilar. Durante años este empresario ha estado muy vinculado con la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Tanto que se ganó la inverosímil leyenda de revistar en la CIA. ¿Qué hacía en la negociación con los holdouts? Según explicó a este diario, «favorecer la relación bilateral con los Estados Unidos». Fábrega dio otra justificación a los banqueros a comienzos de la semana: «Van a tener que sumar a un hombre que nos pone Zannini». Cinosi, interlocutor de la Presidenta sobre cuestiones internacionales, es también amigo de Zannini. En su momento se atribuyó al secretario legal y técnico promoverlo para controlar, con Cristóbal López, las apuestas online de la provincia de Buenos Aires. Los representantes de entidades financieras extranjeras no estaban cómodos con su presencia. Enigmas.
Brito, dueño del Banco Macro, fue el más entusiasta impulsor de un acuerdo. Imaginó ser, salvando las distancias, aquel John Pierpont Morgan
Los banqueros avanzaron bastante en su negociación con los holdouts. A través de Brito, depositaron US$ 200 millones de dólares en el Deutsche Bank de Nueva York. Deberían desembolsar esa suma esta semana; 300 millones de dólares más el 18 de septiembre, y otros 100 millones en noviembre. Si no cumplían con el segundo o el tercer pago, perderían los anteriores. En enero, comprarían a los holdouts sus títulos -pactaron, por capital e intereses, US$ 1400 millones sobre los 1660 millones fijados por Griesa- y los canjearían por Bonar 2024 con Sedesa, una sociedad que garantiza depósitos bancarios. Para que Sedesa realizara ese canje habría que ampliar su cometido estatutario por medio de una ley. Cuando se estaba por remover esa valla, con banqueros y holdouts a punto de darse la mano, Kicillof dinamitó el montaje con su conferencia de prensa.
Ayer Cristina Kirchner pareció aludir a Brito cuando vapuleó a «los que olvidan que para ser el salvador de la patria hace falta, además del caballo, honestidad». Cumplió, sin saberlo, el vaticino de Ignacio de Mendiguren, cuando interrogó al banquero: «Jorge, ¿creés que te van a permitir aparecer como Gardel?».
Se repitió una escena conocida. Podría llamarse «Fútbol para Todos II». Justo durante los funerales de Grondona. Zannini y Capitanich intervinieron en la producción anterior. En la remake,Kicillof hizo el papel de Máximo Kirchner. Y Brito ocupó el lugar de Marcelo Tinelli. No fue Morgan..
La Presidenta supone que ese efecto puede ser neutralizado con un aumento del gasto público como el anunciado anoche. Es decir, con más emisión y, por lo tanto, más inflación. Ésta es la paradoja actual del kirchnerismo: para satisfacer sus ensoñaciones ideológicas debe sacrificar su base electoral; desencantar a quienes adhieren a él porque «con Cristina hay trabajo».
No está claro, sin embargo, que el sombrío pronóstico de Capitanich sea compartido por todo el gabinete. Menos aún que la Presidenta y su gurú, Axel Kicillof, lo suscriban. La decisión de no saldar compromisos financieros dejó al desnudo una brecha en el seno del oficialismo.
Una fractura cuya profundidad se desconoce. Porque durante la conferencia de prensa que ofreció anteayer en Nueva York, Kicillof pronunció una declaración crucial que su jefa ayer convalidó. Dijo: «Ofrecimos a los holdouts que entren al canje de 2005 y 2010, con lo que en las condiciones de hoy obtendrían una ganancia del 300 por ciento; pero no fue aceptada esa oferta porque quieren más».
«Estamos a 31 de julio y la vida sigue», afirmó Cristina Kirchner, pese al temor que hay en el Gobierno de mayor recesión
La incógnita que no ha sido despejada es ésta: ¿la Presidenta y Kicillof son intransigentes frente al reclamo de los holdouts para evitar la cláusula Rufo? ¿O creen que ese reclamo es, en sí mismo, inaceptable? Acusar a los holdouts porque «quieren más» es ignorar que la justicia a la que las partes se sometieron les dio derecho a más. Dicho de otro modo: las palabras de Kicillof, amplificadas por la señora de Kirchner, desconocen el fallo de Thomas Griesa. Y son consecuentes con la tesis que ellos defienden en los foros internacionales: no se está debatiendo un contrato entre un país y sus acreedores, sino la determinación del capitalismo de «tumbar» a un «modelo» impertinente, que no se sometió a las exigencias del sistema financiero.
Sería ocioso detenerse en los desperfectos de estos razonamientos. Observar, por ejemplo, que el castigo impuesto a los financistas fue, según la Presidenta y el ministro, reconocerles una renta de 300% en menos de diez años. O recordar un detalle más elemental, que ambos pasaron por alto: era natural que esos acreedores no iban a aceptar los términos de los canjes. Por eso fueron a juicio.
Cristina Kirchner y Kicillof siguieron acusando a Griesa de coincidir con los «buitres». Tienen razón. Griesa, como la mayoría de los jueces neoyorquinos, suele ser más sensible al derecho de propiedad de los acreedores que al «interés general». Más: identifican el interés general con el derecho de propiedad de los acreedores. Y suelen provenir, como Griesa, de estudios jurídicos que defienden a los bancos. Pero la Presidenta y el ministro olvidan que la Argentina se sometió a esa justicia por esas razones. Es decir, porque cuando intervienen magistrados que sacralizan la letra de los contratos los que prestan su dinero cobran una tasa de interés inferior. En otras palabras: la afinidad de los Griesa con los acreedores fue, en su momento, un subsidio para los deudores.
Son obviedades. Lo relevante es que Cristina Kirchner y Kicillof abrieron un gran signo de interrogación sobre la duración del default. La Presidenta comenzó ayer relatando que el acuerdo no se alcanzó por la cláusula Rufo, pero terminó reprochando a Griesa por dictar un fallo usurario y, por lo tanto, inaceptable. Después volvió a insinuar un cambio de jurisdicción para pagar los bonos reestructurados. Esta postura ya tuvo sus primeros efectos: hay fondos que están comprando de esos títulos para ir a juicio. El nuevo default ya tiene sus holdouts. «Buitres» de segunda generación.
Cristina y Kicillof acusan al juez Griesa y al mediador Pollack de coincidir con los buitres.
La mayor parte del mercado supone, sin embargo, que la posición oficial es sólo táctica y que en enero, cuando pierda vigencia la cláusula Rufo, habrá una negociación. También supuso que la Corte de los Estados Unidos iba a remitir la apelación argentina al solicitor, y que anteayer Griesa repondría el stay. Los traders suelen guiarse por premisas más parecidas a las de la religión que a las de la ciencia.
Esas creencias se basan en la hipótesis de que la Presidenta y Kicillof son conscientes de los perjuicios económicos de su decisión. Es una hipótesis muy discutible. El mismo ministro que declaró el default impulsó la estatización de YPF para emancipar a la política energética de las multinacionales y evitar el aumento de precio de los combustibles. Pero Miguel Galuccio no hace otra cosa que seducir, sin demasiado éxito, a las multinacionales, mientras las naftas son cada vez más caras. Para la campaña electoral el peronismo oficial tal vez deba sumar al costo Boudou el costo Kicillof. Es lo que advirtió Capitanich al convocar a los empresarios para tratar de evitar una crisis social.
Antes de hacerlo, el chaqueño se alineó con la Presidenta radicalizando su retórica. Si Leopoldo Galtieri invadió las islas Malvinas, el jefe de Gabinete parecía ayer por la mañana prepararse para invadir la isla de Manhattan. En realidad, Cristina Kirchner y Kicillof desbarataron una estrategia propuesta por él y por Carlos Zannini: que un grupo de bancos locales pagara la deuda del Estado con los holdouts.
Kicillof se refirió a esa gestión como «un arreglo entre privados». Pero fueron Zannini y Capitanich quienes indicaron al presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, que active una iniciativa elaborada con 45 días de anticipación. Fábrega se reunió el lunes pasado con directivos de la banca extranjera y, al día siguiente, con los de la banca nacional. Capitanich, por su parte, solicitó a Eduardo Eurnekian que interesara en la operación a la UIA y a la Cámara de la Construcción.
Brito, presidente de Adeba y dueño del Banco Macro, fue el más entusiasta. Imaginó ser, salvando las distancias, aquel John Pierpont Morgan que en 1907 salvó a los Estados Unidos de la bancarrota. Convertido en prócer, ¿quién se interesaría por su papel en la trama Ciccone?
Se abrió, entonces, una vía de negociación con los holdouts, sobre todo con el fondo NML, paralela a la que llevaba adelante Kicillof en el estudio de Daniel Pollack. En Nueva York se sentaron a la mesa Diego Ferro, del fondo Greylock; Sebastián Palla, representante de Brito, y ejecutivos de los bancos HSBC, Citi y JP Morgan. En las tratativas intervino alguien más: Gustavo Cinosi, accionista de Sheraton Pilar. Durante años este empresario ha estado muy vinculado con la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Tanto que se ganó la inverosímil leyenda de revistar en la CIA. ¿Qué hacía en la negociación con los holdouts? Según explicó a este diario, «favorecer la relación bilateral con los Estados Unidos». Fábrega dio otra justificación a los banqueros a comienzos de la semana: «Van a tener que sumar a un hombre que nos pone Zannini». Cinosi, interlocutor de la Presidenta sobre cuestiones internacionales, es también amigo de Zannini. En su momento se atribuyó al secretario legal y técnico promoverlo para controlar, con Cristóbal López, las apuestas online de la provincia de Buenos Aires. Los representantes de entidades financieras extranjeras no estaban cómodos con su presencia. Enigmas.
Brito, dueño del Banco Macro, fue el más entusiasta impulsor de un acuerdo. Imaginó ser, salvando las distancias, aquel John Pierpont Morgan
Los banqueros avanzaron bastante en su negociación con los holdouts. A través de Brito, depositaron US$ 200 millones de dólares en el Deutsche Bank de Nueva York. Deberían desembolsar esa suma esta semana; 300 millones de dólares más el 18 de septiembre, y otros 100 millones en noviembre. Si no cumplían con el segundo o el tercer pago, perderían los anteriores. En enero, comprarían a los holdouts sus títulos -pactaron, por capital e intereses, US$ 1400 millones sobre los 1660 millones fijados por Griesa- y los canjearían por Bonar 2024 con Sedesa, una sociedad que garantiza depósitos bancarios. Para que Sedesa realizara ese canje habría que ampliar su cometido estatutario por medio de una ley. Cuando se estaba por remover esa valla, con banqueros y holdouts a punto de darse la mano, Kicillof dinamitó el montaje con su conferencia de prensa.
Ayer Cristina Kirchner pareció aludir a Brito cuando vapuleó a «los que olvidan que para ser el salvador de la patria hace falta, además del caballo, honestidad». Cumplió, sin saberlo, el vaticino de Ignacio de Mendiguren, cuando interrogó al banquero: «Jorge, ¿creés que te van a permitir aparecer como Gardel?».
Se repitió una escena conocida. Podría llamarse «Fútbol para Todos II». Justo durante los funerales de Grondona. Zannini y Capitanich intervinieron en la producción anterior. En la remake,Kicillof hizo el papel de Máximo Kirchner. Y Brito ocupó el lugar de Marcelo Tinelli. No fue Morgan..
