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La orden de censura incluye publicaciones por medios electrónicos acerca de un caso de corrupción.
Algo raro pasa en Australia. No se trata únicamente de la idea de implementar un sistema de vigilancia masiva -pagado con los impuestos de los australianos- que retenga los datos de las comunicaciones de sus habitantes. WikiLeaks ha hecho pública una prohibición para referirse en aquél país a un caso de corrupción que involucra a autoridades de Indonesia, Malasia y Vietnam.
Uno imaginaría que este tipo de medidas desproporcionadas tendrían una explicación lógica -pero igual de reprobable- si involucraran a autoridades australianas y no a las de otros países. Sin embargo, el mismo documento explica que busca evitar problemas diplomáticos con las 3 naciones involucradas, ante el riesgo de que la reputación de 17 personas pudiera ser manchada.
El propósito de estas órdenes es evitar daños a las relaciones internacionales de Australia que puedan ser causados por la publicación de material que pueda dañar las reputaciones de individuos específicos que no se encuentran sujetos a cargos en este proceso.
La prohibición, que tendrá una vigencia de 5 años en todo el territorio australiano, es vista como algo sumamente negativo por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Desde el exilio, Assange criticó la medida no solamente como una forma de opacidad preocupante, sino como una amenaza para la libertad de expresión de los australianos:
Con esta orden, la peor que se recuerde, el gobierno australiano no está amordazando únicamente a la prensa australiana, está vendando los ojos del público australiano. Esto no es simplemente una cuestión en la que el gobierno australiano esté fallando en dar a este caso internacional de corrupción el debido escrutinio público. El canciller Julie Bishop debe explicar por qué se está amenazando a cada australiano con la cárcel en un intento por encubrir un escándalo de corrupción que involucra al gobierno australiano.
Assange no exagera. La orden prohíbe la publicación de la noticia o cualquier referencia que se haga por cualquier medio, incluyendo los electrónicos. Esto implica que cualquier usuario de Internet también tiene prohibido publicar o difundir información relacionada con este caso de corrupción incluso si lo hace desde sus perfiles en redes sociales.
La suspicacia que despierta esta decisión es que controlar lo que se dice en los medios de información masiva es relativamente sencillo, ya que monitorear sus contenidos no implica intervenir comunicaciones privadas. Sin embargo, con Internet ocurre -en teoría- algo muy diferente, a menos que el gobierno de ese país ya cuente con las herramientas suficientes para intervenir las comunicaciones de los usuarios ubicados en su territorio.
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