¿Argentina está obligada a pagar como dice el juez Griesa? ¿Griesa está en su sano juicio? ¿Es o se hace? ¿Cuáles son las consecuencias de pagar y cuáles las de no hacerlo? ¿Si no pagamos entramos en default o en Griesafault? Estas y otras preguntas brotan en cada debate sobre el tema de los «fondos buitre, la deuda externa argentina y el posible default en su pago. Para eso este humilde servidor público brinda aquí un breve repaso a lo que se sabe sobre el tema y que no todos tenemos conocimiento.
Vayamos ya, pues, a unas pertinentes preguntas y sus respuestas:
¿Es el juez Thomas Griesa el «De La Rúa» de la justicia norteamericana?
Así parece sugerirlo el New York Times. Por eso, repasemos lo que nos informa el diario Clarín al respecto en dos notas:
Según The New York Times, Griesa desconocía detalles básicos de los bonos reestructurados.
Hasta junio, no sabía que una parte importante eran títulos bajo legislación argentina. De acuerdo con el diario estadounidense, dio órdenes contradictorias a los bancos pagadores que pedían aclaraciones.
Además de una pesadilla para Argentina, Thomas Griesa es un motivo de vergüenza para estadounidenses como (dijo) el jefe de la sección de finanzas de The New York Times, Floyd Norris. En su columna de ayer acusó al juez federal de ignorar los detalles básicos del caso: «La audiencia de esta semana dejó en claro que no había comprendido completamente las transacciones de bonos sobre las que ha estado fallando durante años«.
De acuerdo con Norris, en el fallo de Griesa que impide al Gobierno pagar los intereses de los bonos reestructurados sin pagar también a los holdouts, el juez se refiere a «los bonos canjeados» pero no especifica qué tipo de bonos canjeados.
«Ese fallo sonaba como si afectara a todos los títulos de los canjes, incluso aquellos que no habían sido emitidos bajo legislación de Nueva York«, explicó Norris. Sin embargo, en los comentarios al fallo Norris encuentra que el propio Griesa se refiere constantemente a los bonos en dólares emitidos bajo legislación de Nueva York.
¿Con cuál de las dos interpretaciones quedarse? Antes de meterse en problemas, la filial local de Citibank, encargada de los pagos para bonos con legislación argentina, lo preguntó al juez. Griesa respondió el 27 de junio: Citibank podía hacer esos pagos; el fallo no alcanzaba a los bonos con ley argentina.
Hasta ahí, todo bien. Las contradicciones vinieron con la audiencia de esta semana, cuando Edward A. Friedman, abogado de un fondo de inversión, pidió a Griesa cambiar la orden que hablaba de «bonos canjeados» para dejar claramente fuera de su alcance a los bonos con legislación argentina. El juez le respondió que no lo veía necesario y que su decisión de junio de permitir a Citibank pagar los intereses de bonos argentinos representaba una «excepción diminuta» sobre el fallo original.
«Por lo que entiendo, los bonos de los que se habla en su petición no son parte de los canjes», dijo Griesa a Friedman. Cuando le informaron que sí lo eran, y que además representaban casi una cuarta parte de todos los bonos canjeados, respondió que no se había dado cuenta y dio marcha atrás: «Me parece entonces que si son bonos de los canjes deberían ser tratados como bonos de los canjes y por lo tanto incluidos con los otros bonos de los canjes de mi orden del 23 de febrero».
¿En qué quedamos entonces? ¿Citibank puede pagar los intereses de los títulos bajo legislación argentina como dijo Griesa el 27 de junio o esos bonos deberán incluirse en el grupo genérico «bonos del canje» sobre el que falló el juez en febrero sin tener pleno conocimiento de que en esos canjes había otros títulos además de los emitidos en dólares bajo legislación estadounidense?
Por ahora son preguntas sin respuesta. Lo que sí se sabe es que de una persona crucial en un conflicto que podría desembocar en un default soberano lo mínimo que se espera es competencia técnica. Como el propio Norrys escribio, «el espectáculo fue entretenido pero difícilmente inspira confianza en el sistema legal estadounidense».
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Al juez Thomas Griesa lo bocharon en una web de abogados.
«La sala de la toga» es una página estadounidense donde los «jueces son juzgados». El responsable del fallo contra Argentina y a favor de los fondos buitre desaprobó con 4,2 puntos sobre 10.
Se llama La sala de la toga (The Robing Room) y es una web estadounidense en la que empleados de tribunales, fiscales, abogados y litigantes votan y dan su opinión sobre los jueces con los que se cruzan. Con 4,2 puntos sobre 10, el juez Thomas Griesa es uno de los que desaprueban según el veredicto popular.
En enero de 2014 un abogado lo acusa de ser una especie de “segundo fiscal haciendo el trabajo del Gobierno”. Otro se queja de una supuesta predisposición de Griesa contra los abogados de despachos conocidos. En mayo de 2013 un testigo argumenta largamente sobre su falta de neutralidad y en 2008 otro internauta lo acusa de “vago”: “No se molesta en leer los brief ni las cartas. Sus jornadas deben de ser las más cortas del Southern District. Termina a las 15,30 en punto, aunque estén a la mitad de los argumentos de cierre”.
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Más detalles sobre el fallo (en ambos sentidos de la palabra) de Griesa, ahora brindados por el diario El Tribuno:
The New York Times, duro con Griesa: «No entiende las transacciones de bonos de la Argentina».
El diario The New York Times se sumó a las críticas al juez Thomas Griesa al afirmar en un duro artículo que durante la audiencia de esta semana el magistrado «dejó totalmente en claro» que «no terminó de entender las transacciones de bonos -de la Argentina- sobre las que decidió durante años».
Además, sostuvo que, con su conducta del martes, Griesa «difícilmente pudo inspirar confianza en el sistema legal estadounidense». Fue después de que se conoció la transcripción de la audiencia celebrada el martes último, donde Griesa tuvo dudas del alcance de sus decisiones, repreguntó hasta el cansancio la ruta de pago y las entidades involucradas, y se reservó de emitir opinión sobre el destino de los pagos realizados por la Argentina a los bonistas del canje, que quedaron en una especie de limbo legal.
«Thomas Poole Griesa es juez federal desde hace 42 años. Hace una década que lidia con el default de la deuda argentina. Recién ahora está aprendiendo Griesa lo complicada que puede ser la vida para un juez cuando busca controlar las acciones de un gobierno soberano y dicta resoluciones supuestamente obligatorias para aquellos que, en circunstancias normales, nunca estarían bajo jurisdicción de un tribunal estadounidense», comienza el artículo.
Y concluyó que «la audiencia de esta semana dejó totalmente en claro que Griesa no terminó de entender las transacciones de bonos sobre las que decidió durante años».
Asimismo, sostiene que Griesa «inventó una interpretación legal para obligar al cumplimiento de las sentencias. Sostuvo que la Argentina debía realizar, junto con el próximo pago semianual de intereses a los tenedores de los nuevos bonos, el pago total» a los fondos buitre.
Pero aclaró que la resolución de esa sentencia sólo hacía referencia a los bonos en dólares bajo legislación neoyorquina. Ignoraba la existencia de otros bonos del canje.
Griesa sostuvo primero que no había que cambiar nada. «Desde un punto de vista práctico, de sentido común, ¿por qué nos tienen que arrastrar en esta?», preguntó Griesa.
«Resulta que no sabía mucho sobre esos bonos de legislación argentina. Dijo que su resolución de junio suponía una excepción más bien íntima» a su fallo original y dijo al abogado de los fondos de inversión, Edward A. Friedman de Friedman Kaplan Seiler & Adelman, «entiendo que los bonos de los que habla su moción no son parte del canje. Cuando sí lo eran. Luego, cuando se le dijo que los bonos en cuestión eran bonos del canje, cambió de opinión».
Griesa culminó diciendo que posponía su desición. Por lo que el New York Times sentenció que lo que sucedió el martes en dicha audiencia «no era teatro barato, pero difícilmente pudo inspirar confianza en el sistema legal estadounidense».
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Repasemos ahora algunos de los errores (horrores) del fallo de Griesa que lo hace inviable y que nos forzaría a ir a un Griesafault.
* El mandato constitucional. El fallo de Griesa no tiene en cuenta las implicaciones legales domésticas para Argentina. Un país no puede desobedecer las órdenes otorgadas por su Congreso cuando dicta las leyes en base a su Constitución. Un juez de Estados Unidos no puede obligar, por ejemplo, a Argentina a violar la Ley Cerrojo o a forzar a sus Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación para que cambien la legislación.
Este punto es independiente de la cuestión de la inmunidad soberana. El argumento de los fondos buitre consiste en que el gobierno voluntariamente renunció a la soberanía cuando decidió emitir los bonos bajo Ley Nueva York. Sin embargo, incluso si se acepta este punto, no se puede obligar a un gobierno a realizar acciones que son ilegales en lo atinente a las normas de su país.
* La desigualdad soberana. En el comunicado de prensa del 26 de junio, el Ministerio de Economía advirtió «respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe», y amenazó con «eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembros de la comunidad internacional».
Esto se debe a que, al obstaculizar el pago a los acreedores, se constituye una violación de la prohibición de la coerción a otros estados en virtud de la igualdad soberana.
Respecto de si el país puede realizar acciones legales internacionales, Etchebarne opinó que «puede y debe. La sentencia de Griesa viola el Artículo 20 de la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). EE UU debería ser patrimonialmente responsable de los daños que cause el fallo de uno de los tres poderes del Estado.”
* Legislaciones extranjeras. Argentina en los canjes 2005 y 2010 ha emitido bonos bajo ley argentina, de Nueva York, de Londres y ley japonesa. Griesa sólo tiene soberanía plena en los bonos emitidos bajo legislación estadounidense. Sin embargo, el fallo aplica hoy para bonos en ley inglesa y japonesa, mientras que se encontraría exceptuada la argentina.
Aquí surgen dos dilemas. Por un lado, tal como comenta Etchebarne, «la cuestión es que las medidas cautelares dictadas en EE UU no deberían aplicar extraterritorialmente, salvo que se hago un proceso para nacionalizar la sentencia». Es decir, Griesa no tendría capacidad para bloquear el pago en legislaciones extranjeras. Por otro lado, resulta muy discutible por qué permitiría el pago de los bonos bajo ley argentina y no en las otras jurisdicciones.
* Es ilegal en otras jurisdicciones. Una moción presentada por la Euroclear (la Caja de Valores de Bélgica) explicitó un nuevo dilema. Debido a su procedencia, la institución debe regirse bajo ley belga.
Según Eugenio Bruno, abogado del Estudio Garrido, en ese país «se aprobó una ley antiembargo contra Euroclear y creo que no se podrán bloquear los pagos en dicha jurisdicción».
Este caso resulta extremo, pero sin duda, el ejemplo vale para cada país en el cual el fallo Griesa contraindique alguna legislación local.
* Viola derechos de los acreedores. Los fondos técnicamente pertenecen a los bonistas. Para Etchebarne: «No hay duda de eso. Alguien podría argumentar que hay una expropiacion del derecho a recibir el pago por los carriles normales.» En cambio, Bruno opina que «al existir la medida cautelar ese dinero está bloqueado y en situación indefinida».
Según el comunicado de Economía del 26 de junio, esta acción tendría como consecuencia «una apropiación indebida de fondos de terceros, desbaratamiento de derechos otorgados, e incumplimiento de su responsabilidad contractual».
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¿Argentina está obligada a pagar como dice el juez Griesa? ¿Cuáles son las consecuencias de pagar o cuáles la de no pagar? ¿Sin no pagamos entramos en default o en Griesafault?
Pisar el palito.
En el juzgado de Thomas Griesa se está disputando una batalla legal con su conocido impacto financiero por el monto involucrado en el litigio, pero la forma y el momento de efectivizar la sentencia puede abrir la puerta a otros juicios por sumas muchísimo más elevadas. La presión de fondos buitres, con la entusiasta colaboración del juez y el apoyo de analistas y medios locales, apunta a que Argentina pise el palito de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) contenida en los contratos del canje de deuda en default de 2005 y 2010. Tras ese objetivo se encuentra la insistencia en estas semanas de utilizar el término “negociación” por parte de los representantes legales y de lobby del financista Paul Singer. Si Argentina estuviera negociando mejores condiciones de pago con fondos buitre, antes del 31 de diciembre de este año, cuando vence el plazo de esa cláusula, estaría preparando el terreno para esos nuevos juicios.
Por ese motivo Argentina adelantó que acatará el fallo pagando la sentencia, pero en condiciones “justa, equitativas y legales”. No dice que está negociando; reafirma una y otra vez que acepta el fallo, y cuando la delegación argentina se reúne con el enviado de Griesa, Daniel Pollack, lo hace sin la presencia de los abogados de los buitres. Esto forma parte de la estrategia jurídica oficial para no generar las condiciones de costosos futuros juicios, que, según cálculos conservadores, sumarían 120 mil millones de dólares.
Anna Gelpern, abogada y profesora de Derecho en la Universidad Georgetown, explica en el artículo “Argentina: the RUFO crazy”, publicado en el blog creditslips, que “el pari passu y las cláusulas RUFO necesitan ser vistos como parte de las protecciones exigidas por aquellos que están de acuerdo para reestructurar. El pari passu nunca fue pensado para dar una ventaja a los buitres”. La especialista menciona que Argentina mantiene una posición muy prudente con respecto a la RUFO.
Galpern dice que lo hace porque con el antecedente de la interpretación del pari passu de Griesa no “se puede contar con racionalidad en los tribunales” de Nueva York.
Marina Dal Poggetto, directora del Estudio Bein, especuló sobre cuál es la pretensión de los fondos buitre, señalando que, en principio, deberían tener incentivos en reponer la cautelar, para ellos mismos poder cobrar en algún momento. Sin embargo, estima que eso puede que no sea así, al indicar que “no sabemos cuánta plata invirtieron en CDS (Credit Default Swaps) en contra de la Argentina e incluso en los propios bonos del canje, por los cuales podrían litigar a través de la RUFO si les pagan lo que reclaman por sus bonos no canjeados. Así estarían jugando a tres bandas: bonos defolteados, CDS y títulos del canje”. No es un análisis descabellado teniendo en cuenta la esencia de esos fondos: litigar con deuda soberana.
Insistir con la posibilidad de un próximo default, pese a que el pago ya se realizó en tiempo y forma, como forzar una situación de negociación con Argentina son los componentes más visibles de la posición buitre. Para ello cuentan, además de la siempre buena disposición de Griesa, con analistas, economistas y medios locales para replicar sus opiniones. Una de las preguntas del reportaje realizado por Infojus Noticias a Mara Laudonia, autora de Los buitres de la deuda, es ilustrativa de esa estrategia.
Pero podemos hablar de todos los negociadores de la deuda en Argentina. Cuando escribía el libro, algunos funcionarios me confesaron que recibieron presiones personales de parte de los fondos buitre, que fueron intimidados por operadores locales. Está probado que hasta realizan operaciones de espionaje sobre los funcionarios. Es el mismo modus operandi que hicieron en Africa: allá se acusó de corrupción a funcionarios que debían negociar con los fondos buitre.”
Lo mismo pasó en el caso de la deuda peruana de mediados de los noventa, que Elliot cobró en el 2000. Una comisión investigadora del Congreso peruano concluyó que hubo funcionarios que facilitaron la operatoria para que Elliot pudiera atacar la deuda peruana.
Esta parte de la estrategia los fondos buitre no la han podido desplegar con éxito porque el gobierno de CFK no está pisando el palito.
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Decime cuál, cuál es tu nombre.
Hay muchos factores inéditos en danza. La cláusula pari passu sentenciada por el juez Thomas Griesa es, tal y como está formulada, la primera en la historia. La forma en que exorbita su competencia decidiendo sobre cuestiones ajenas al pleito y a su jurisdicción territorial (sobre la que se volverá) es otra. Tampoco hay precedentes de un Estado que abone lo que debe y un magistrado norteamericano anule, contra derecho, esos pagos en todo el planeta. De ahí que la indeterminación sea casi un dato.
La irresponsabilidad y el cipayismo de los gurúes económicos fue constante entre 2002 y 2006, Lavagna en su proporción la padeció en cuero propio. Hoy la evoca, en un arrebato de responsabilidad que no comparte el grueso de la dirigencia opositora.
Responsabilidades: “Mauricio” predica que hay que ponerse con los buitres, sin más. Gurúes económicos rejunados piensan parecido. Sería redundante recordar sus consejos y profecías del pasado, baste consignar que los deslegitiman.
El mejor desenlace sería conseguir que Griesa habilitara los pagos del canje. El peor, explica el economista Guido Sandleris, pagarles y que se desencadenara la cláusula RUFO. Sandleris es decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, ambos insospechables de kirchnerismo. Para él pagar ahora y exponerse a peligros futuros sería una salida “populista”. Populista no es una alabanza, en su jerga: es “plata para hoy y problemas para los hijos”. Si Cristina adoptara el consejo de la derecha nativa, concuerda por una vez el cronista, los costos virtuales no recaerían durante su mandato. Posiblemente mejoraría la reputación internacional, conseguiría financiamientos, tendría un fin de período aliviado. Lo que incitan sus oponentes es un escenario que le redituaría en el corto plazo. La ambición de la mandataria, aunque sus oponentes no puedan creerlo, es dejar un legado de gobernabilidad y estabilidad.
Para la gran prensa estadounidense el hombre es errático, no comprende el caso que tiene a su cargo desde hace más de una década, desconoce los rudimentos de la estructura de la deuda pública argentina.
Silvia Pisani, corresponsal del no menos insospechable diario La Nación, informó ayer que un calificado blog jurídico gringo, Credit slips, calificó como “patético” y “deprimente” el desempeño del juez.
Griesa es incompetente en dos acepciones. En su saber real y en el ámbito geográfico al que extiende su poder. No se ciñó, como marcan los manuales de derecho de todo el planeta, al pleito que le fue sometido. Tampoco a los límites territoriales de su jurisdicción. Yanqui al fin, invadió terceros países.
A esta altura del partido, los bancos están sumidos en un berenjenal. Griesa no les da respuesta o la varía en cada audiencia. Un poco más rigurosos que Su Señoría, los abogados le comentan que tienen responsabilidades con los bonistas, cuya plata está depositada.
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Entonces ¿entramos en default o en Griesafault?
Un default se produce cuando un deudor deja de realizar los pagos correspondientes a su acreedor. De esta manera, el deudor cae en la cesación de pagos o default. Es decir, el acreedor quiere cobrar pero el deudor no puede pagar, porque no es solvente, no tiene el dinero suficiente para hacerlo. Por ejemplo, Argentina en 2001. El deudor se beneficia legalmente porque cesa de pagar y puede renegociar su deuda con el deudor, quien es el que se perjudica porque debe renegociar su acreencia y aceptar una reducción de la misma.
En cambio, un Griesafault (una creación del juez Griesa) se produce cuando el acreedor quiere cobrar, el deudor paga su deuda pero un juez impide que el acreedor cobre. Es decir que el acreedor no cobra, el deudor ya pagó, no hay posibilidades de refinanciación de la deuda y, por lo tanto, ambas partes del contrato se ven perjudicados por el juez.
Pero mejor dejemos a los que más saben aclarar los términos:
«No es técnicamente un default, es un hecho original».
El economista Aldo Ferrer dijo que a partir del 30 de julio, si no se logra realizar el pago efectivo a los bonistas, no habría un default sino que se trataría de «un hecho original».
«El default es cuando un país deja de pagar y en Argentina no ha sucedido esto. Ya ha depositado los fondos para este vencimiento pero no llega a sus dueños porque está la interferencia de un tercero que es el juez Griesa«, explicó Ferrer según su visión y recalcó: «No es técnicamente un default, es un hecho original».
«Lo importante no son los fondos buitres sino con qué fortaleza la Argentina se confronta con este conflicto. Los buitres están absolutamente aislados desde el punto de vista internacional, los únicos amigos que tiene son algunos legisladores republicanos en la extrema derecha y algunos que están en Argentina», prosiguió el economista.
«Hay que abandonar esta idea de que si no hay arreglo se viene el mundo abajo y abandonar la fantasía de que si Argentina a cede, nos van a llenar de dólares y de inversiones. Si cede, se desestructura toda la reestructuración de deuda y entramos en un caos», dijo a modo de conclusión.
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¿Se pudo hacer algo distinto y mejor para evitar el fallo de Griesa?
Un abogado experto en el tema y que conoce bien los pasillos judiciales de Wall Street, nos dice al respecto:
La RUFO y su peligro en un país que es el paraíso de los juicios.
(Hay) una peligrosa contradicción en quienes critican como un exceso del Gobierno su precaución con la posibilidad de violar la famosa cláusula RUFO. Diría que cualquier preocupación es poca. Y cualquier interpretación sobre el alcance legal del término «voluntary negotiation» de la cláusula RUFO no es irrebatible. Está sujeta a interpretación y a las circunstancias del caso. Y es precisamente este tipo de situación la que nos ha llevado a la situación actual.
En efecto, como si no bastara como muestra la propia interpretación del juez Thomas Griesa sobre el pari passu (tiempo y forma de pago), así como la extensión extraterritorial de su sentencia. Se afirma imprudentemente de forma tajante y concluyente que la posibilidad de que se inteprete una negociación de cómo cumplir con la sentencia como violatoria de dicha cláusula, no existe. Nada más lejos de la realidad jurídica y de la naturaleza de cualquier abogado asesor de tenedores de bonos. Ya hay abogados haciendo cola.
Otro error de interpretación es pensar que el juez o los fondos buitre hubieran reaccionado de otra forma si la Argentina o sus abogados hubieran adoptado una estrategia o lenguaje más «amable». El criterio jurídico de un juez no cambia por la forma con la cual uno se le dirige. En este caso, la Justicia norteamericana siguió el criterio estricto de que la ley es la palabra del contrato. Y para los fondos buitre su negocio era la victoria total y sólo negociar desde la posición de «maximun strength».
Quemar las naves.
Pensar lo contrario es «naïve». Es como si le hubieran recomendado a Güemes enviar comida o flores al ejército español para negociar la paz. A veces hay que quemar las naves. Ello es muy distinto que impericia, o irresponsabilidad.
Lo cierto es que la Argentina ahora debe demostrar, primero, que ha agotado todas las instancias para primero cumplir con sus obligaciones contractuales con los bonistas reestructurados. Segundo, que ha agotado todas las instancias y opciones judiciales y no judiciales. Tercero, adoptar sólo la opción que deje menos flancos abiertos al Gobierno. Porque si hay algo que todos deben estar seguros que va a pasar, es que se van a multiplicar los reclamos y acciones judiciales, con o sin fundamento, como consecuencia de cualquier arreglo al que se llegue. La idea de que si se cumpliera con el pago, la Argentina vivirá un periodo de paz y podría acceder al mercado de capitales sin más problemas, es incierta y dependerá de estos posibles reclamos. Esos reclamos dependerán de la astucia de una pléyade de abogados cuya actividad se desarrolla en el país que es el paraíso de los juicios.
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Pero, entonces ¿hay vida después del Griesafault?
La vida después del default.
Si nada cambia de hoy hasta el miércoles 30, el sistema financiero global, del que las calificadoras, los fondos buitre y los jueces de Wall Street son parte central, dirá que la Argentina no ha cumplido y actuará en consecuencia. ¿Con qué consecuencia? La visión predominante que los hombres de negocios especializados en la venta de información económica transmiten en portales, diarios, radios, revistas y canales de televisión asocia el default con la catástrofe de fin de siglo, una imaginería para cuya creación Paul Singer realizó todos los esfuerzos concebibles e inconcebibles. El gobierno responde que no pasará nada y con él coinciden incluso otros tenedores de bonos argentinos, tanto originales como reestructurados.
El acceso a los mercados voluntarios de capitales está ocluido hace muchos años, lo cual no fue óbice para el crecimiento. Su retroceso en el último año obedece a otras razones, en las que el gobierno está trabajando. La financiación para inversiones privadas será un poco más difícil y onerosa para algunos, pero no para todos. El principal efecto será un incremento en el costo de los seguros para el comercio exterior. Nada agradable, pero tampoco el abismo que vaticinan quienes precisan de él para imponer nuevas condiciones al país y a sus habitantes. A diferencia de las políticas restrictivas del menemismo y de la Alianza, CFK pregona la inyección de más recursos para recuperar el consumo interno, sin temor a las siete plagas con que intentan condicionarla. La primera reacción del ministro de Economía Axel Kicillof cuando la Corte Suprema estadounidense dejó en firme el fallo con la forzada interpretación de la cláusula pari passu fue anunciar la apertura de un nuevo canje, bajo la ley argentina. El juez Griesa replicó prohibiendo a los agentes financieros cualquier paso en esa dirección. Pero esa orden perderá sentido la semana próxima.
En ese momento será posible convocar al nuevo canje, algo que con toda probabilidad será aprovechado por quienes reestructuraron sus tenencias en 2005 y 2010, porque les permitirá volver a cobrar eludiendo el escollo judicial con el que Griesa intentó someter a la Argentina. Ya sin esa vulnerabilidad, si el 85 por ciento de los hold-in aceptara la oferta, la cláusula de acción colectiva que ahora se incluye en toda reestructuración forzaría la aceptación del resto. Así, el arma que hoy apunta al corazón de la Argentina se vería como una inofensiva pistola de juguete. Recién entonces el total de los hold-out (7500 millones de dólares y no sólo los 700 del fondo Elliot) apreciarían la conveniencia de aceptar la negociación justa, equitativa y legal que la Argentina les sigue ofreciendo, salvo que prefieran perder veinte años persiguiendo fragatas, aviones y centrales nucleares fantasma.
El reestablecimiento de un mercado local argentino (como ya ocurrió en México, Colombia o Perú) es una posibilidad muy cierta. La velocidad a la que se colocaron los bonos para el acuerdo con Repsol es otro indicio insoslayable.
El diario New York Times se refirió esta semana al “confuso caso de los bonos argentinos”. Sin disimular su escaso aprecio por el juez, dijo que Griesa “no supo tomar en cuenta la complejidad de la situación. La audiencia de esta semana dejó en claro que no terminó de entender las transacciones con bonos sobre las que lleva años tomando decisiones”.
Según el diario estos problemas fueron señalados en los distintos escritos y argumentos presentados tanto a Griesa como a la Cámara de Apelaciones pero no parecen haber sido tenidos en cuenta. “Es asombroso que esto se manifieste recién después de atravesar un recorrido legal tan extenso en la jurisdicción financiera más sofisticada de los Estados Unidos.” Parecería que allí consideran más incompetente al juez que a los representantes argentinos.
¿Un nuevo canje?
Griesa terminó admitiendo que deberá repensar todo de nuevo y según lo que resuelva, el Citibank podría verse “en la disyuntiva de desafiar al juez o desconocer la ley en la Argentina, lo que podría acarrearle consecuencias legales”, sigue el artículo del New York Times. Si en cambio Griesa confirmara la autorización de pago al Citibank, “la Argentina podría explorar una vía para ofrecer un nuevo canje, con bonos emitidos bajo la ley argentina para todos los inversores que aceptaran renunciar a sus bonos emitidos bajo la ley estadounidense. Es probable que el juez trataría de bloquear tal canje”. El artículo concluye describiendo los dilemas del Bank of New York Mellon. “Los fondos de cobertura quieren que el juez le ordene al banco la devolución del dinero a la Argentina. Pero el BONY, temeroso de juicios de los bonistas, quiere conservar el dinero hasta que todo se haya solucionado. A medida que se acerca el miércoles, el juez tiene mucho en que pensar. Habría sido mejor si lo hubiera hecho antes de firmar su resolución o si la Cámara de Apelaciones o la Corte Suprema lo hubieran forzado a hacerlo.”
Es triste que para conocer esta evaluación objetiva de las disposiciones adoptadas por el gobierno argentino, sea necesario leer un diario de Nueva York.
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–¿Y qué consecuencias jurídicas le puede acarrear a la Nación el vencimiento del día 30 sin que los bonistas hayan podido cobrar?
–Lo primero que hay que aclarar es que esto no sería un default. Este término se refiere a una cesación de pagos de un país o una empresa que deja de pagar sus deudas en general, por una dificultad o situación que no le permite afrontarlas. No es este el caso. Este es un hecho puntual, Argentina está frente a una sentencia, con los holdouts que se presentaron ante el juez Griesa en Nueva York, a los cuales todavía no les pagó. Argentina está en una situación de incumplimiento de la sentencia, hasta que se resuelva una forma de pago aprobada por el juez. Pero no es una situación general de cesación de pagos.
–Eso es en lo que se refiere a la deuda con los fondos buitre. Pero respecto de los bonistas del canje, ¿podría entenderse que está en default?
–No, porque Argentina pagó. Depositó los fondos donde debía hacerlo y en la fecha prevista. Fíjese que el juez de Nueva York no embarga el dinero que Argentina iba a destinar al pago, sino que plantea una restricción al cobro de esos fondos que ya están en el banco. Crea una situación de conflicto entre terceros: el banco pagador que tiene los fondos acreditados, y el bonista que tiene derecho a cobrar pero no lo dejan.
–¿Qué puede hacer Argentina ante esa situación?
–Nada, porque su parte ante los acreedores del canje ya la cumplió. Es más, yo diría que Argentina no debe insistir en pedir que se liberen los pagos que deben hacer los bancos. Ese pago es un hecho entre terceros: los bancos, que son los agentes liquidadores de la deuda, y los bonistas.
–¿Qué margen tiene el gobierno argentino para llegar a algún arreglo con los acreedores en este juicio en Nueva York?
–La sentencia a favor de los holdouts ya está. Argentina sólo puede buscar un arreglo sobre la forma de pago. Pero no puede ofrecer más que lo resuelto por ley en la última apertura del canje (del año pasado), que permanece vigente. Los holdouts no aceptaron entrar, y si mantienen esa postura el conflicto permanecerá irresuelto por algún tiempo.
–¿Qué consecuencias podría tener para Argentina en lo jurídico?
–Le repito que esto no es una situación de default, sino un hecho puntual de incumplimiento de una resolución judicial de pago de deuda.(…) De todos modos, habría que estudiar qué se puede hacer en los próximos vencimientos, si el juzgado de Griesa sigue en su posición actual (de no conceder la cautelar suspendiendo el embargo).
–¿Qué alternativas tendría?
–Estudiar otras posibilidades de cobro seguro para los bonistas, bajo jurisdicción argentina que no ofrece ningún riesgo. O a través de terceros países, u organizaciones que han expresado su solidaridad con Argentina en este tema. Los socios de la Unasur, quizás algún miembro del Brics. Es decir, buscar la intervención de terceros en el mecanismo de pago. No sabemos qué puede hacer el juez Griesa, a esta altura todo es posible. Pero si Argentina se ve impedida de depositar los fondos en el banco que debe pagarle a los bonistas, habría que tener prevista una alternativa por fuera de su jurisdicción. Porque la decisión de Argentina es pagar sus deudas, no la de declararse en default.
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Ya que ahora sabemos bastante más sobre el tema en cuestión, podemos afirmar que si hay algo que todos los analistas y expertos afirman sobre este curioso caso de Griesafault es que es novedoso, inesperado, inverosímil, delicado tanto para el deudor como para los bonistas, y que traerá impredecibles consecuencias para el mundo financiero y económico mundial.
Y en este baile es que los argentinos debemos bailar, pero la pareja no la elegimos nosotros. Por eso debemos luchar para que la música sea un tango o una chacarera y no una forzada mezcla de jazz y mala música de carnaval…
