La Argentina es un país federal y con autonomías municipales en muchas provincias. Ello lleva a que los análisis de coaliciones no deberían hacerse desde la perspectiva centralista de un país unitario.
Pareciera que el centralismo histórico -que hace que los problemas públicos se miren desde las perspectivas sesgadas de los intereses metropolitanos- prima en los análisis que desconocen la diversidad de situaciones políticas subnacionales, del mismo modo que no se reconocen los esfuerzos que el interior hace pagando con pobreza los subsidios de servicios de transporte y de energía metropolitanos, que mayoritariamente el resto del país no disfruta.
La situación institucional subnacional registra que en muchas provincias la democracia no es republicana, que los gobernantes usufructúan el poder político en beneficio propio y con niveles de corrupción altos. Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, San Luis, Misiones, Entre Ríos, San Juan, Chubut son algunos de los casos estudiados por la politología nacional como provincias donde reformas constitucionales y electorales mediante se han limitado las posibilidades de alternancia. En esos casos, se necesitan estrategias electorales específicas que devuelvan competitividad al sistema de partidos.
Estas realidades de clausura de la vida democrática y republicana subnacionales son eludidas en los análisis reiteradamente publicados en diarios y revistas por analistas de todo tipo y orientación. Se simplifica y confunde cuando estas situaciones no se consideran. Si coincidimos en que los problemas políticos son pasibles de agruparse en dos niveles -los de régimen político y los de gobierno- deberíamos sostener que en cada caso los fines de la acción política son diferentes y requieren soluciones electorales no idénticas.
En el 2013 el conflicto político reflejó esa doble dimensión al producirse la necesidad de la intervención judicial para equilibrar los poderes del estado federal. La reforma de la justicia que propiciaba el Gobierno ponía en riesgo al régimen político democrático y republicano.
Arrasaba con la división de poderes y con ello la garantía de vigencia plena de los derechos básicos, empezando por la libertad de expresión, piedra que sostiene el edificio de la democracia pluralista.
Frente a este desafío, la UCR tuvo claro que era necesaria una coalición amplia de todos los partidos democráticos y republicanos y se preparó para competir con el oficialismo faccioso que pensaba apoderarse del Consejo de la Magistratura acordando una lista común.
Estaba en juego la república, y no el mero acceso al gobierno.
Igual criterio de defensa de la vigencia del régimen republicano y democrático llevo a la UCR a impulsar coaliciones amplias destinadas tanto a superar el autoritarismo dominante de los aliados del gobierno nacional como a eludir las reglas electorales tramposas que exigen mayorías muy elevadas para superar las constricciones de la ley de lemas y/o la sobrerrepresentación rural de los distritos dominados por el peronismo. Donde no hay régimen democrático republicano, donde los derechos de los habitantes están en riesgo, sólo los amantes del status quo, pueden negar la unidad electoral de los republicanos. En este sentido, llaman la atención las declaraciones recientes, de quienes amenazan con retirarse de esas coaliciones provinciales si no se acompaña a determinados candidatos presidenciales metropolitano s. Ello pone en duda sus convicciones republicanas declaradas y sus preocupaciones por la superación de la pobreza, la inequidad, la injusticia y hasta la persecución política en esos territorios.
En el año 2015 habrá elecciones presidenciales y provinciales. La primera es una competencia por el gobierno. La existencia de la división de poderes que operó claramente cuando la Justicia declaró inconstitucional la reforma judicial, obligó al cumplimiento de la ley de medios, no autorizó la candidatura del gobernador santiagueño y forzó la reposición del fiscal de Saavedra en su cargo, no permite sostener que tenemos en riesgo el régimen democrático. Lo que no significa que las acciones antirrepublicanas del gobierno vayan a decrecer. Pero eso es lucha política entre las perspectivas republicanas y las populistas autoritarias, hijas del nacionalismo y del militarismo del siglo XX y no crisis de régimen.
Es necesario poner en el plano del análisis político al menos los dos niveles: el nacional y el subnacional, dejar de lado las simplificaciones que no distinguen entre coaliciones amplias destinadas a fundar un régimen republicano en las provincias gobernadas autoritariamente y coaliciones de gobierno que compiten en el marco del régimen político democrático.
Se deben abandonar las visiones metropolitanas y simplificadas de la política argentina y tener ideas y propuestas que nos lleven a competir entre los partidos políticos y/o coaliciones ofreciendo el mejor personal y las soluciones más serias y viables para superar la desigualdad estructural de la sociedad, integrar al territorio y su población en estrategias de desarrollo económico y social que terminen con las inmigraciones internas por pobreza, brinden igualdad de oportunidades a todos los habitantes del país, recuperen las competencias del estado, permitan derrotar el crimen internacional y devuelvan a la Argentina relaciones soberanas y plurales con el resto de los países del mundo.
Pareciera que el centralismo histórico -que hace que los problemas públicos se miren desde las perspectivas sesgadas de los intereses metropolitanos- prima en los análisis que desconocen la diversidad de situaciones políticas subnacionales, del mismo modo que no se reconocen los esfuerzos que el interior hace pagando con pobreza los subsidios de servicios de transporte y de energía metropolitanos, que mayoritariamente el resto del país no disfruta.
La situación institucional subnacional registra que en muchas provincias la democracia no es republicana, que los gobernantes usufructúan el poder político en beneficio propio y con niveles de corrupción altos. Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, San Luis, Misiones, Entre Ríos, San Juan, Chubut son algunos de los casos estudiados por la politología nacional como provincias donde reformas constitucionales y electorales mediante se han limitado las posibilidades de alternancia. En esos casos, se necesitan estrategias electorales específicas que devuelvan competitividad al sistema de partidos.
Estas realidades de clausura de la vida democrática y republicana subnacionales son eludidas en los análisis reiteradamente publicados en diarios y revistas por analistas de todo tipo y orientación. Se simplifica y confunde cuando estas situaciones no se consideran. Si coincidimos en que los problemas políticos son pasibles de agruparse en dos niveles -los de régimen político y los de gobierno- deberíamos sostener que en cada caso los fines de la acción política son diferentes y requieren soluciones electorales no idénticas.
En el 2013 el conflicto político reflejó esa doble dimensión al producirse la necesidad de la intervención judicial para equilibrar los poderes del estado federal. La reforma de la justicia que propiciaba el Gobierno ponía en riesgo al régimen político democrático y republicano.
Arrasaba con la división de poderes y con ello la garantía de vigencia plena de los derechos básicos, empezando por la libertad de expresión, piedra que sostiene el edificio de la democracia pluralista.
Frente a este desafío, la UCR tuvo claro que era necesaria una coalición amplia de todos los partidos democráticos y republicanos y se preparó para competir con el oficialismo faccioso que pensaba apoderarse del Consejo de la Magistratura acordando una lista común.
Estaba en juego la república, y no el mero acceso al gobierno.
Igual criterio de defensa de la vigencia del régimen republicano y democrático llevo a la UCR a impulsar coaliciones amplias destinadas tanto a superar el autoritarismo dominante de los aliados del gobierno nacional como a eludir las reglas electorales tramposas que exigen mayorías muy elevadas para superar las constricciones de la ley de lemas y/o la sobrerrepresentación rural de los distritos dominados por el peronismo. Donde no hay régimen democrático republicano, donde los derechos de los habitantes están en riesgo, sólo los amantes del status quo, pueden negar la unidad electoral de los republicanos. En este sentido, llaman la atención las declaraciones recientes, de quienes amenazan con retirarse de esas coaliciones provinciales si no se acompaña a determinados candidatos presidenciales metropolitano s. Ello pone en duda sus convicciones republicanas declaradas y sus preocupaciones por la superación de la pobreza, la inequidad, la injusticia y hasta la persecución política en esos territorios.
En el año 2015 habrá elecciones presidenciales y provinciales. La primera es una competencia por el gobierno. La existencia de la división de poderes que operó claramente cuando la Justicia declaró inconstitucional la reforma judicial, obligó al cumplimiento de la ley de medios, no autorizó la candidatura del gobernador santiagueño y forzó la reposición del fiscal de Saavedra en su cargo, no permite sostener que tenemos en riesgo el régimen democrático. Lo que no significa que las acciones antirrepublicanas del gobierno vayan a decrecer. Pero eso es lucha política entre las perspectivas republicanas y las populistas autoritarias, hijas del nacionalismo y del militarismo del siglo XX y no crisis de régimen.
Es necesario poner en el plano del análisis político al menos los dos niveles: el nacional y el subnacional, dejar de lado las simplificaciones que no distinguen entre coaliciones amplias destinadas a fundar un régimen republicano en las provincias gobernadas autoritariamente y coaliciones de gobierno que compiten en el marco del régimen político democrático.
Se deben abandonar las visiones metropolitanas y simplificadas de la política argentina y tener ideas y propuestas que nos lleven a competir entre los partidos políticos y/o coaliciones ofreciendo el mejor personal y las soluciones más serias y viables para superar la desigualdad estructural de la sociedad, integrar al territorio y su población en estrategias de desarrollo económico y social que terminen con las inmigraciones internas por pobreza, brinden igualdad de oportunidades a todos los habitantes del país, recuperen las competencias del estado, permitan derrotar el crimen internacional y devuelvan a la Argentina relaciones soberanas y plurales con el resto de los países del mundo.
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