Mendiguren, ayer, al salir con la reunión con Costa. Foto: LA NACION
El proyecto oficial para modificar la ley de abastecimiento se convirtió en el último motivo de desvelo para los empresarios que, en los últimos años, se tuvieron que resignar a ver cómo el Gobierno avanzaba con todas sus propuestas sin dejar lugar a los pedidos y las críticas del sector privado.
Ayer, la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió con el secretario de Comercio, Augusto Costa, cumpliendo con un pedido del Gobierno. En las últimas horas se había especulado con que el interlocutor iba a ser el ministro de Economía, Axel Kicillof, aunque finalmente el anfitrión fue Costa, que no estaba solo. El secretario de Comercio recibió a los hombres de negocios rodeado por sus segundos, Ariel Langer y Paula Español, y media docena más de funcionarios. Por el lado industrial, el presidente de la UIA, Héctor Méndez, fue acompañado por Juan Carlos Sacco, Daniel Funes de Rioja, José Ignacio de Mendiguren y Guillermo Padilla.
Durante el encuentro, los empresarios volvieron a la carga sobre dos temas que no son nuevos, como las demoras en la aprobación de las Declaraciones Juradas de Importaciones (DJAI) y la flexibilización de las normas que regulan la liquidación de las exportaciones. Sin embargo, el tema más álgido de discusión fue el paquete que ya presentó el Poder Ejecutivo para cambiar la legislación en materia de defensa del consumidor.
La iniciativa contempla tres proyectos de ley. Los dos primeros, que no despiertan mayores objeciones, son la creación de un nuevo fuero judicial que regulará la relación entre empresas y consumidores y la instrumentación de un Observatorio de Precios. El más polémico es el tercero, por el cual el Gobierno busca modificar la ley de abastecimiento, que pasaría a llamarse ley de regulación de las relaciones de la producción.
Los empresarios plantearon que el texto, tal como estaba escrito, podía dar lugar a intervenciones negativas en el sector. Costa contestó que no coincidía, que el espíritu de la iniciativa no era ése, sino sólo transparentar la cadena industrial y comercial. Le objetaron que, aunque no fuera ése el espíritu, la ley podía permitir otras interpretaciones. El funcionario los alentó entonces a releer el proyecto y escuchar todas las opiniones en un nuevo encuentro al que irán los técnicos y se hará pasado mañana. «Pero eso no quiere decir que hagamos lo que ustedes quieran», aclaró.
Cuando, hace un par de semanas, se presentó la propuesta, desde el Gobierno destacaron como un dato favorable la eliminación de todas las sanciones penales -la ley vigente establecía que los empresarios acusados de desabastecimiento podían terminar en la cárcel- y su reemplazo por un esquema de multas económicas. Muy lejos de considerarlo un avance, los empresarios alertaron que, de aprobarse, implicaría «la estatización» del mercado.
«Tal como fue presentado es más peligroso que la ley actual, ya que fija por ley la posibilidad de establecer precios máximos y niveles de producción, lo que implica un avance del intervencionismo estatal como nunca se vio. Además, podría provocar un freno muy grande en las inversiones porque violaría los proyectos bilaterales de tratamientos de inversiones», destacó un empresario que participó de la reunión.
Los funcionarios recibieron las críticas que les hicieron los hombres de la UIA y acordaron el encuentro entre técnicos para pasado mañana. Sin embargo, en voz baja los empresarios se mostraron escépticos de un desenlace. «El problema no es técnico sino ideológico, así que no creo que vayan a escucharnos con los cambios que estamos sugiriendo», se sinceró un ejecutivo de la UIA..
El proyecto oficial para modificar la ley de abastecimiento se convirtió en el último motivo de desvelo para los empresarios que, en los últimos años, se tuvieron que resignar a ver cómo el Gobierno avanzaba con todas sus propuestas sin dejar lugar a los pedidos y las críticas del sector privado.
Ayer, la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió con el secretario de Comercio, Augusto Costa, cumpliendo con un pedido del Gobierno. En las últimas horas se había especulado con que el interlocutor iba a ser el ministro de Economía, Axel Kicillof, aunque finalmente el anfitrión fue Costa, que no estaba solo. El secretario de Comercio recibió a los hombres de negocios rodeado por sus segundos, Ariel Langer y Paula Español, y media docena más de funcionarios. Por el lado industrial, el presidente de la UIA, Héctor Méndez, fue acompañado por Juan Carlos Sacco, Daniel Funes de Rioja, José Ignacio de Mendiguren y Guillermo Padilla.
Durante el encuentro, los empresarios volvieron a la carga sobre dos temas que no son nuevos, como las demoras en la aprobación de las Declaraciones Juradas de Importaciones (DJAI) y la flexibilización de las normas que regulan la liquidación de las exportaciones. Sin embargo, el tema más álgido de discusión fue el paquete que ya presentó el Poder Ejecutivo para cambiar la legislación en materia de defensa del consumidor.
La iniciativa contempla tres proyectos de ley. Los dos primeros, que no despiertan mayores objeciones, son la creación de un nuevo fuero judicial que regulará la relación entre empresas y consumidores y la instrumentación de un Observatorio de Precios. El más polémico es el tercero, por el cual el Gobierno busca modificar la ley de abastecimiento, que pasaría a llamarse ley de regulación de las relaciones de la producción.
Los empresarios plantearon que el texto, tal como estaba escrito, podía dar lugar a intervenciones negativas en el sector. Costa contestó que no coincidía, que el espíritu de la iniciativa no era ése, sino sólo transparentar la cadena industrial y comercial. Le objetaron que, aunque no fuera ése el espíritu, la ley podía permitir otras interpretaciones. El funcionario los alentó entonces a releer el proyecto y escuchar todas las opiniones en un nuevo encuentro al que irán los técnicos y se hará pasado mañana. «Pero eso no quiere decir que hagamos lo que ustedes quieran», aclaró.
Cuando, hace un par de semanas, se presentó la propuesta, desde el Gobierno destacaron como un dato favorable la eliminación de todas las sanciones penales -la ley vigente establecía que los empresarios acusados de desabastecimiento podían terminar en la cárcel- y su reemplazo por un esquema de multas económicas. Muy lejos de considerarlo un avance, los empresarios alertaron que, de aprobarse, implicaría «la estatización» del mercado.
«Tal como fue presentado es más peligroso que la ley actual, ya que fija por ley la posibilidad de establecer precios máximos y niveles de producción, lo que implica un avance del intervencionismo estatal como nunca se vio. Además, podría provocar un freno muy grande en las inversiones porque violaría los proyectos bilaterales de tratamientos de inversiones», destacó un empresario que participó de la reunión.
Los funcionarios recibieron las críticas que les hicieron los hombres de la UIA y acordaron el encuentro entre técnicos para pasado mañana. Sin embargo, en voz baja los empresarios se mostraron escépticos de un desenlace. «El problema no es técnico sino ideológico, así que no creo que vayan a escucharnos con los cambios que estamos sugiriendo», se sinceró un ejecutivo de la UIA..
