De sancionarse los proyectos sobre consumidores y de reforma de la ley de abastecimiento, la empresa privada recibirá el tiro de gracia
Las inversiones y el empleo se verán afectados una vez más, de prosperar la propuesta kirchnerista para modificar la ley de abastecimiento que, entre otras cuestiones, implicará más intervencionismo, un serio avance sobre la iniciativa privada y la libertad económica, y mayores regulaciones sobre un mercado al que, falazmente, el Gobierno dice defender.
Esas nefastas consecuencias se producirán si el Congreso finalmente sanciona la batería de proyectos de ley recientemente anunciada por el Gobierno con los habituales visos de epopeya con que suele presentar todas sus iniciativas. En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo lanzó al ruedo parlamentario tres leyes vinculadas con los consumidores, cuyos derechos, por cierto, están reconocidos por la Constitución Nacional desde hace 20 años.
¿Por qué entonces recién ahora reconocérselos aun a expensas de reglamentaciones tardías y regulaciones absurdas? En una primera lectura, podría decirse que hay cuatro razones que surgen claras detrás de esos ampulosos anuncios: darles marco legal a las presiones y manipulaciones que el Gobierno ha venido ejerciendo en los últimos doce años sobre organizaciones de defensa de los consumidores y sobre empresarios -cepos incluidos-; crear un mecanismo de control de precios centralizado en una Secretaría de Comercio más poderosa al estatizar literalmente el mercado mediante la regulación de precios, márgenes y cantidades de comercialización; fundar una nueva superestructura burocrática donde litigar, de casi 160 empleados entre magistrados, personal administrativo, técnico y de servicios para que funcione el nuevo fuero federal y nacional en las relaciones del consumo, y contar con una formidable arma para asfixiar a empresas en los 483 días que le restan de gobierno.
Ésos y no otros amenazan ser los principales objetivos de la propuesta gubernamental a la que Cristina Kirchner recurrió para «dotar a los consumidores del derecho a ser defendidos». Resulta llamativo que la jefa del Estado destaque ese aspecto cuando si algo han hecho al respecto tanto ella como su esposo al frente de la Presidencia fue alentar el patoterismo y la discrecionalidad de las maniobras del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que multaba y sancionaba a organizaciones de defensa de consumidores por el simple hecho de denunciar la inflación real o de reclamar justicia para sus representados. O, por ejemplo, impidiendo a empresas publicitar sus ofertas en determinados medios de prensa, cercenando con ello el derecho de los propios consumidores de elegir según sus necesidades y conveniencias.
También resulta contradictorio que anuncie como objetivo impostergable la necesidad de contar con mayores controles para evitar eventuales abusos en el ámbito privado cuando se sabe que este gobierno ha dado siempre el ejemplo contrario haciendo lo imposible para evitar que funcionen los organismos de contralor de la administración pública como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción y la Inspección General de Justicia, y cuando mantiene caprichosamente acéfala la Defensoría del Pueblo de la Nación. También, cuando sigue sin reglamentar puntos de la ley de defensa del consumidor y sin crear el Tribunal para la Defensa de la Competencia, también previsto por ley.
Pero hay un adjetivo todavía más duro que llamativo y contradictorio para definir esta nueva postura gubernamental: las leyes propuestas resultan extremadamente peligrosas por cuanto blanquean la intención de estatizar las relaciones de producción y consumo, con su secuela de caída del consumo y de las inversiones, de recesión y pérdida de empleos.
La lectura del proyecto específico por el que se modifican varios artículos de la vieja y cuestionada ley de abastecimiento, sancionada durante la gestión de José Ber Gelbard como ministro de Economía del gobierno peronista de principios de los 70, no deja lugar a dudas sobre esa gravedad. Entre otras cuestiones, dispone establecer en cualquier etapa del proceso económico los márgenes de utilidad, los precios de referencia, y niveles máximos y mínimos de valores; acordar subsidios cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento o la prestación de servicios, y aplicar multas de hasta diez millones de pesos, además de clausuras, inhabilitaciones y decomiso de mercadería.
En las últimas horas, se oyeron numerosas críticas al respecto. Entre ellas, de representantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), de la Unión Industrial Argentina (UIA), de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). Esta última emitió un comunicado para alertar sobre el impacto que ese cambio legal podría tener, pues se verán afectados los tratados bilaterales vigentes en la promoción de las inversiones extranjeras suscriptos por la Nación, lo cual podría derivar en nuevos conflictos internacionales.
En tanto, en opinión de AEA, la nueva ley de abastecimiento importa un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad y de ejercer toda industria lícita, garantizado por nuestra Constitución, generando un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo.
Se trata, en definitiva, de forzar artificialmente los mecanismos naturales del mercado que operan la formación de precios mediante el conjunto de poderes omnímodos que la ley propuesta pone en la Secretaría de Comercio. Todo ello, para tapar la grave situación económica por la que atraviesa el país, con un índice de inflación entre los más altos del mundo, cuya causa, como es sabido, se encuentra en un gasto público y una emisión monetaria descontrolados, al servicio de una política populista y demagógica.
El fracaso que ha tenido la ley de abastecimiento en el pasado no ha podido frenar este absurdo y autoritario intento del Gobierno para detener la inflación. En lugar de reducir las costosas estructuras de la administración, creadas artificialmente para favorecer a los militantes de La Cámpora, los irrazonables subsidios destinados a compensar el costo de la congelación de las tarifas de los servicios públicos y los gastos en publicidad oficial, así como bajar los grandes déficits que generan las empresas estatizadas como Aerolíneas Argentinas y Aguas y Saneamiento Argentinos SA (AySA), ha preferido controlar los precios e intervenir descaradamente en la economía mediante una serie de potestades calcadas de los regímenes totalitarios del pasado.
Ese intervencionismo económico se refleja en la gravedad de las sanciones que puede aplicar la administración y en las potestades ilimitadas y discrecionales que el proyecto le adjudica al órgano de control para fijar precios máximos y mínimos, obligar a continuar la producción en caso de faltantes en el mercado e incautarse de las mercaderías de los comerciantes o industriales e incluso venderlas a posteriori, sin necesidad de promover el correspondiente juicio de expropiación.
De sancionarse el proyecto se consumará otra grosera violación a los derechos de ejercer industria y comercio lícito y del de propiedad de los productores agropecuarios, comerciantes e industriales, no importa cuán grande o pequeños sean, pues todos quedarán igualmente sometidos a este nuevo cepo.
Este renovado zarpazo a la libertad, completado con otro proyecto de ley que crea un organismo que recibe el curioso nombre de Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios -una nueva especie de tribunal inquisidor-, confirma que la política actual se basa en profundizar el decisionismo autoritario de la líder del partido gobernante manteniendo y agravando el grado de confrontación permanente en el seno de la sociedad, que inspira su filosofía.
El resultado de todo este proceso intervencionista y populista, lejos de contribuir a la paz social y al sano crecimiento del país y de su población, será fuente de toda clase de conflictos que producirán un aumento de la ya grave desocupación y recesión que padece la sociedad.
Así planteadas las cosas, queda absolutamente claro que el Gobierno no está pensando ni en los consumidores ni en sus necesidades. Por el contrario, escudado detrás de esos nobles objetivos, busca obtener las herramientas con las cuales ahogar con multas a empresas y a empresarios que no se sometan a sus caprichos, como lo ha venido haciendo sistemáticamente. Está buscando ahora de manera desembozada contar con el marco legal que dé sustento a todas sus arbitrariedades. La oposición en el Congreso debería alzar su voz para dar a conocer los verdaderos propósitos del Gobierno con esta legislación. Y los legisladores oficialistas deberían negarse a seguir votando por mero verticalismo, y reflexionar y oponerse a sancionar leyes que comprometen seriamente el futuro de todos los argentinos..
Las inversiones y el empleo se verán afectados una vez más, de prosperar la propuesta kirchnerista para modificar la ley de abastecimiento que, entre otras cuestiones, implicará más intervencionismo, un serio avance sobre la iniciativa privada y la libertad económica, y mayores regulaciones sobre un mercado al que, falazmente, el Gobierno dice defender.
Esas nefastas consecuencias se producirán si el Congreso finalmente sanciona la batería de proyectos de ley recientemente anunciada por el Gobierno con los habituales visos de epopeya con que suele presentar todas sus iniciativas. En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo lanzó al ruedo parlamentario tres leyes vinculadas con los consumidores, cuyos derechos, por cierto, están reconocidos por la Constitución Nacional desde hace 20 años.
¿Por qué entonces recién ahora reconocérselos aun a expensas de reglamentaciones tardías y regulaciones absurdas? En una primera lectura, podría decirse que hay cuatro razones que surgen claras detrás de esos ampulosos anuncios: darles marco legal a las presiones y manipulaciones que el Gobierno ha venido ejerciendo en los últimos doce años sobre organizaciones de defensa de los consumidores y sobre empresarios -cepos incluidos-; crear un mecanismo de control de precios centralizado en una Secretaría de Comercio más poderosa al estatizar literalmente el mercado mediante la regulación de precios, márgenes y cantidades de comercialización; fundar una nueva superestructura burocrática donde litigar, de casi 160 empleados entre magistrados, personal administrativo, técnico y de servicios para que funcione el nuevo fuero federal y nacional en las relaciones del consumo, y contar con una formidable arma para asfixiar a empresas en los 483 días que le restan de gobierno.
Ésos y no otros amenazan ser los principales objetivos de la propuesta gubernamental a la que Cristina Kirchner recurrió para «dotar a los consumidores del derecho a ser defendidos». Resulta llamativo que la jefa del Estado destaque ese aspecto cuando si algo han hecho al respecto tanto ella como su esposo al frente de la Presidencia fue alentar el patoterismo y la discrecionalidad de las maniobras del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que multaba y sancionaba a organizaciones de defensa de consumidores por el simple hecho de denunciar la inflación real o de reclamar justicia para sus representados. O, por ejemplo, impidiendo a empresas publicitar sus ofertas en determinados medios de prensa, cercenando con ello el derecho de los propios consumidores de elegir según sus necesidades y conveniencias.
También resulta contradictorio que anuncie como objetivo impostergable la necesidad de contar con mayores controles para evitar eventuales abusos en el ámbito privado cuando se sabe que este gobierno ha dado siempre el ejemplo contrario haciendo lo imposible para evitar que funcionen los organismos de contralor de la administración pública como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción y la Inspección General de Justicia, y cuando mantiene caprichosamente acéfala la Defensoría del Pueblo de la Nación. También, cuando sigue sin reglamentar puntos de la ley de defensa del consumidor y sin crear el Tribunal para la Defensa de la Competencia, también previsto por ley.
Pero hay un adjetivo todavía más duro que llamativo y contradictorio para definir esta nueva postura gubernamental: las leyes propuestas resultan extremadamente peligrosas por cuanto blanquean la intención de estatizar las relaciones de producción y consumo, con su secuela de caída del consumo y de las inversiones, de recesión y pérdida de empleos.
La lectura del proyecto específico por el que se modifican varios artículos de la vieja y cuestionada ley de abastecimiento, sancionada durante la gestión de José Ber Gelbard como ministro de Economía del gobierno peronista de principios de los 70, no deja lugar a dudas sobre esa gravedad. Entre otras cuestiones, dispone establecer en cualquier etapa del proceso económico los márgenes de utilidad, los precios de referencia, y niveles máximos y mínimos de valores; acordar subsidios cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento o la prestación de servicios, y aplicar multas de hasta diez millones de pesos, además de clausuras, inhabilitaciones y decomiso de mercadería.
En las últimas horas, se oyeron numerosas críticas al respecto. Entre ellas, de representantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), de la Unión Industrial Argentina (UIA), de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). Esta última emitió un comunicado para alertar sobre el impacto que ese cambio legal podría tener, pues se verán afectados los tratados bilaterales vigentes en la promoción de las inversiones extranjeras suscriptos por la Nación, lo cual podría derivar en nuevos conflictos internacionales.
En tanto, en opinión de AEA, la nueva ley de abastecimiento importa un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad y de ejercer toda industria lícita, garantizado por nuestra Constitución, generando un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo.
Se trata, en definitiva, de forzar artificialmente los mecanismos naturales del mercado que operan la formación de precios mediante el conjunto de poderes omnímodos que la ley propuesta pone en la Secretaría de Comercio. Todo ello, para tapar la grave situación económica por la que atraviesa el país, con un índice de inflación entre los más altos del mundo, cuya causa, como es sabido, se encuentra en un gasto público y una emisión monetaria descontrolados, al servicio de una política populista y demagógica.
El fracaso que ha tenido la ley de abastecimiento en el pasado no ha podido frenar este absurdo y autoritario intento del Gobierno para detener la inflación. En lugar de reducir las costosas estructuras de la administración, creadas artificialmente para favorecer a los militantes de La Cámpora, los irrazonables subsidios destinados a compensar el costo de la congelación de las tarifas de los servicios públicos y los gastos en publicidad oficial, así como bajar los grandes déficits que generan las empresas estatizadas como Aerolíneas Argentinas y Aguas y Saneamiento Argentinos SA (AySA), ha preferido controlar los precios e intervenir descaradamente en la economía mediante una serie de potestades calcadas de los regímenes totalitarios del pasado.
Ese intervencionismo económico se refleja en la gravedad de las sanciones que puede aplicar la administración y en las potestades ilimitadas y discrecionales que el proyecto le adjudica al órgano de control para fijar precios máximos y mínimos, obligar a continuar la producción en caso de faltantes en el mercado e incautarse de las mercaderías de los comerciantes o industriales e incluso venderlas a posteriori, sin necesidad de promover el correspondiente juicio de expropiación.
De sancionarse el proyecto se consumará otra grosera violación a los derechos de ejercer industria y comercio lícito y del de propiedad de los productores agropecuarios, comerciantes e industriales, no importa cuán grande o pequeños sean, pues todos quedarán igualmente sometidos a este nuevo cepo.
Este renovado zarpazo a la libertad, completado con otro proyecto de ley que crea un organismo que recibe el curioso nombre de Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios -una nueva especie de tribunal inquisidor-, confirma que la política actual se basa en profundizar el decisionismo autoritario de la líder del partido gobernante manteniendo y agravando el grado de confrontación permanente en el seno de la sociedad, que inspira su filosofía.
El resultado de todo este proceso intervencionista y populista, lejos de contribuir a la paz social y al sano crecimiento del país y de su población, será fuente de toda clase de conflictos que producirán un aumento de la ya grave desocupación y recesión que padece la sociedad.
Así planteadas las cosas, queda absolutamente claro que el Gobierno no está pensando ni en los consumidores ni en sus necesidades. Por el contrario, escudado detrás de esos nobles objetivos, busca obtener las herramientas con las cuales ahogar con multas a empresas y a empresarios que no se sometan a sus caprichos, como lo ha venido haciendo sistemáticamente. Está buscando ahora de manera desembozada contar con el marco legal que dé sustento a todas sus arbitrariedades. La oposición en el Congreso debería alzar su voz para dar a conocer los verdaderos propósitos del Gobierno con esta legislación. Y los legisladores oficialistas deberían negarse a seguir votando por mero verticalismo, y reflexionar y oponerse a sancionar leyes que comprometen seriamente el futuro de todos los argentinos..
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