NOTICIAS | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | DECLARACION
Libertad de prensa: continúan las asignaturas pendientes
La última década ha sido la etapa más turbulenta para la libertad de prensa desde el regreso de la democracia. Persiste en el poder político una concepción que desconoce el rol del periodismo en la democracia y considera a la prensa un enemigo a derrotar.
Tweet
Subsisten, así, anomalías que se traducen en agresiones directas y en presiones indirectas a medios y periodistas que ejercen su tarea informativa o expresan sus opiniones públicamente.
Estas anomalías conviven con algunas señales positivas: de la mano de la salida del exsecretario de Comercio Interior, ha cedido el cepo publicitario privado, que constituyó el mayor golpe económico sufrido en los últimos años por los medios gráficos afectados. Se ha atenuado levemente el hermetismo comunicacional que caracterizó al oficialismo. Y dos iniciativas oficiales atendieron parcialmente viejas demandas del sector periodístico, en un horizonte poblado de obstáculos para su sustentabilidad.
El proyecto del Poder Ejecutivo de reducción de alícuotas de IVA para los medios gráficos, recientemente sancionado como ley, y el decreto que extiende hasta 2014 el canje de deudas por publicidad han sido recibidos con beneplácito por ADEPA. Constituyen importantes paliativos para la delicada situación que atraviesan los medios, particularmente las pequeñas empresas periodísticas. No obstante, la ley que modifica las ecuaciones fiscales de la prensa ha dejado afuera, sin justificación admisible, a 16 medios gráficos y a todos los medios digitales. ADEPA ha señalado reiteradamente que la aplicación del IVA al precio de tapa afecta el derecho a la información de los lectores, que son quienes pagan ese impuesto.
Continuidades
Más allá de esos avances, la persistencia de muchos de los elementos que signaron la era kirchnerista en lo que hace a su relación con la prensa, mantiene vigente la amenaza de que el panorama se agrave e incluso supere a lo experimentado durante los momentos más álgidos de la última década.
La pauta oficial sigue siendo empleada como un instrumento para sancionar a medios con una línea editorial independiente, compensar a aquellos que no desentonan con la retórica oficial y alimentar un aparato propagandístico que desde 2003 tiene un crecimiento exponencial. Entre enero y mayo de este año, el Gobierno nacional adjudicó de manera discrecional 705 millones de pesos en pauta oficial, o sea un 63% más que durante el mismo período de 2013.
Si sumamos la publicidad estatal, que afina la sintonía de ciertos medios con las partituras oficiales; el programa Fútbol para Todos, que dosifica el espectáculo deportivo con tandas proselitistas; el mantenimiento de medios públicos politizados, y el funcionamiento de organismos oficiales que aplican selectivamente la ley de medios, los argentinos destinamos no menos de 5.000 millones de pesos por año para sostener el discurso gubernamental y sus políticas mediáticas.
En el período analizado, siguiendo una tendencia de los últimos años, la pauta estatal ha llegado a cientos de medios del interior, particularmente a pequeñas empresas periodísticas que estuvieron históricamente marginadas en la distribución. Hubo entonces adjudicaciones que compensaron viejas exclusiones, como también nuevas y arbitrarias supresiones. El canje de publicidad por deudas fiscales, que vino a saldar una mora del Estado, en algunos casos condujo a la generación de injustas ventajas competitivas.
La arbitrariedad en la adjudicación de publicidad oficial no es, por cierto, patrimonio exclusivo del Gobierno nacional. El desequilibrio y los excesos se constatan en distintos puntos del país, tanto a nivel provincial como municipal, e incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el último semestre, ADEPA condenó casos como el del coordinador de medios de Formosa, quien intimó a emisoras de radio a difundir un spot sobre el tratamiento de uranio, amenazando con remover la pauta a aquellas que no lo hicieran.
Los sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que prohíben el uso de la pauta publicitaria oficial para premiar o castigar a medios tienen, por parte de muchos funcionarios en distintos niveles, el valor que tenían las leyes de Indias para sus antecesores de la etapa colonial: “Acátese, pero no se cumpla”.
Si bien algunos funcionarios han moderado su discurso, no son pocos los que mantienen o acentúan un relato conspirativo, en el que los medios no adictos juegan un rol central. En mayo pasado, después de haber sufrido ironías por parte de la presidenta Cristina Fernández durante una infrecuente conferencia de prensa, la periodista Natasha Niebieskikwiat fue agredida en un pasillo por el ministro de Economía, Axel Kiciloff. “Sos muy antiargentina”, la increpó.
A partir de los fallos adversos de la Justicia norteamericana en el caso de los holdouts y de la irrupción del default en el frente económico, se multiplicaron las referencias injuriosas contra periodistas y medios, en boca de distintos funcionarios, asociando a ciertos sectores de la prensa con los fondos buitre.
La vigencia de la Ley de Abastecimiento y su agravamiento por el proyecto de reforma que impulsa el oficialismo, causan una seria preocupación a ADEPA ya que permitiría que los funcionarios, con amplia discrecionalidad, dicten sanciones sobre las empresas periodísticas, que tendrían impacto directo en su llegada a las audiencias. Esto configuraría un caso de censura indirecta en los términos del Pacto de San José de Costa Rica y vulneraría el precedente del fallo “La Prensa” de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ello, desde ADEPA reiteramos el reclamo de derogación de esa ley.
Los ataques a periodistas, que han crecido en los últimos años, siguen minando la libertad de expresión en nuestro país y no pueden desconectarse de un discurso impulsado desde usinas oficiales y paraoficiales, las que sistemáticamente han buscado deslegitimar al periodismo profesional. Los golpes que le ocasionaron la fractura de dos costillas a la periodista Carolina Ponce de León por parte de integrantes del entorno del vicepresidente Amado Boudou, en Tucumán, y que no merecieron el más mínimo interés de este último, configuran uno de los hechos de violencia de los últimos meses.
En la provincia en la que se realiza la asamblea anual de ADEPA, se registraron preocupantes incidentes, como las agresiones con un arma blanca al periodista Oscar Balderrama o los actos intimidatorios de los seguidores de Milagro Sala en la puerta del diario Pregón.
El intento de aplicación de la ley antiterrorista al periodista santiagueño Juan Pablo Suárez fue una de las muestras más delirantes de la intolerancia hacia la actividad periodística en este año.
En agenda
No son pocas las asignaturas pendientes en materia de libertad de expresión. ADEPA ratifica su voluntad de seguir aportando ideas y vocación de diálogo con todas las fuerzas políticas, para ir encontrando soluciones a estos temas prioritarios:
§ El acceso a la información pública se ha transformado en ley en buena parte de los países de la región que buscan garantizar un derecho central de la ciudadanía. En la Argentina, en cambio, es una aspiración olvidada en los despachos legislativos de distintas jurisdicciones. Más aún, las declaraciones juradas de los funcionarios se han vuelto mucho más crípticas y oscuras luego de un reciente cambio legislativo aprobado a instancias del Poder Ejecutivo Nacional.
§ La distribución de la publicidad oficial debe realizarse con base en pautas objetivas que eliminen la arbitrariedad con que ha sido empleada por gobiernos actuales y pasados. La publicidad de los actos de gobierno debe efectivizarse de manera eficiente y desligada de un uso proselitista que afecta la sustentabilidad de los medios, su competencia y las paridades propias de un sistema democrático equilibrado.
§ Los medios públicos deben desprenderse de los vicios que los afectan desde hace décadas. Tenemos a mano numerosos ejemplos de democracias avanzadas que podrían inspirar regulaciones que eviten controles abusivos por parte de los gobiernos de turno.
§ Debemos desterrar el uso instrumental de normas para atacar o favorecer a ciertos medios. Propósitos espurios han impulsado la sanción de leyes y su aplicación selectiva.
§ Internet plantea grandes desafíos referidos a las fricciones entre la protección de contenidos, el derecho a la intimidad, el derecho de propiedad y la libertad de expresión, que todavía no han sido debidamente atendidos en función de la consideración que merece esta última en un régimen democrático.
§ Las conferencias de prensa deben constituir una práctica habitual entre los principales funcionarios de nuestro país.
§ Los ataques a periodistas, al igual que a otros profesionales que brindan servicios relevantes, deben tener un tratamiento jurídico particular, para evitar su proliferación.
Seguramente hay muchos otros temas que los argentinos todavía no hemos abordado y resuelto de manera adecuada. Los que aquí esbozamos están asociados de manera estrecha al derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados. Y este último, a la vitalidad de toda democracia.
Mientras sigamos acumulando asignaturas pendientes en esta materia, nuestras libertades serán vulnerables. Ya es hora de ocuparse de ellas.
Libertad de prensa: continúan las asignaturas pendientes
La última década ha sido la etapa más turbulenta para la libertad de prensa desde el regreso de la democracia. Persiste en el poder político una concepción que desconoce el rol del periodismo en la democracia y considera a la prensa un enemigo a derrotar.
Tweet
Subsisten, así, anomalías que se traducen en agresiones directas y en presiones indirectas a medios y periodistas que ejercen su tarea informativa o expresan sus opiniones públicamente.
Estas anomalías conviven con algunas señales positivas: de la mano de la salida del exsecretario de Comercio Interior, ha cedido el cepo publicitario privado, que constituyó el mayor golpe económico sufrido en los últimos años por los medios gráficos afectados. Se ha atenuado levemente el hermetismo comunicacional que caracterizó al oficialismo. Y dos iniciativas oficiales atendieron parcialmente viejas demandas del sector periodístico, en un horizonte poblado de obstáculos para su sustentabilidad.
El proyecto del Poder Ejecutivo de reducción de alícuotas de IVA para los medios gráficos, recientemente sancionado como ley, y el decreto que extiende hasta 2014 el canje de deudas por publicidad han sido recibidos con beneplácito por ADEPA. Constituyen importantes paliativos para la delicada situación que atraviesan los medios, particularmente las pequeñas empresas periodísticas. No obstante, la ley que modifica las ecuaciones fiscales de la prensa ha dejado afuera, sin justificación admisible, a 16 medios gráficos y a todos los medios digitales. ADEPA ha señalado reiteradamente que la aplicación del IVA al precio de tapa afecta el derecho a la información de los lectores, que son quienes pagan ese impuesto.
Continuidades
Más allá de esos avances, la persistencia de muchos de los elementos que signaron la era kirchnerista en lo que hace a su relación con la prensa, mantiene vigente la amenaza de que el panorama se agrave e incluso supere a lo experimentado durante los momentos más álgidos de la última década.
La pauta oficial sigue siendo empleada como un instrumento para sancionar a medios con una línea editorial independiente, compensar a aquellos que no desentonan con la retórica oficial y alimentar un aparato propagandístico que desde 2003 tiene un crecimiento exponencial. Entre enero y mayo de este año, el Gobierno nacional adjudicó de manera discrecional 705 millones de pesos en pauta oficial, o sea un 63% más que durante el mismo período de 2013.
Si sumamos la publicidad estatal, que afina la sintonía de ciertos medios con las partituras oficiales; el programa Fútbol para Todos, que dosifica el espectáculo deportivo con tandas proselitistas; el mantenimiento de medios públicos politizados, y el funcionamiento de organismos oficiales que aplican selectivamente la ley de medios, los argentinos destinamos no menos de 5.000 millones de pesos por año para sostener el discurso gubernamental y sus políticas mediáticas.
En el período analizado, siguiendo una tendencia de los últimos años, la pauta estatal ha llegado a cientos de medios del interior, particularmente a pequeñas empresas periodísticas que estuvieron históricamente marginadas en la distribución. Hubo entonces adjudicaciones que compensaron viejas exclusiones, como también nuevas y arbitrarias supresiones. El canje de publicidad por deudas fiscales, que vino a saldar una mora del Estado, en algunos casos condujo a la generación de injustas ventajas competitivas.
La arbitrariedad en la adjudicación de publicidad oficial no es, por cierto, patrimonio exclusivo del Gobierno nacional. El desequilibrio y los excesos se constatan en distintos puntos del país, tanto a nivel provincial como municipal, e incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el último semestre, ADEPA condenó casos como el del coordinador de medios de Formosa, quien intimó a emisoras de radio a difundir un spot sobre el tratamiento de uranio, amenazando con remover la pauta a aquellas que no lo hicieran.
Los sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que prohíben el uso de la pauta publicitaria oficial para premiar o castigar a medios tienen, por parte de muchos funcionarios en distintos niveles, el valor que tenían las leyes de Indias para sus antecesores de la etapa colonial: “Acátese, pero no se cumpla”.
Si bien algunos funcionarios han moderado su discurso, no son pocos los que mantienen o acentúan un relato conspirativo, en el que los medios no adictos juegan un rol central. En mayo pasado, después de haber sufrido ironías por parte de la presidenta Cristina Fernández durante una infrecuente conferencia de prensa, la periodista Natasha Niebieskikwiat fue agredida en un pasillo por el ministro de Economía, Axel Kiciloff. “Sos muy antiargentina”, la increpó.
A partir de los fallos adversos de la Justicia norteamericana en el caso de los holdouts y de la irrupción del default en el frente económico, se multiplicaron las referencias injuriosas contra periodistas y medios, en boca de distintos funcionarios, asociando a ciertos sectores de la prensa con los fondos buitre.
La vigencia de la Ley de Abastecimiento y su agravamiento por el proyecto de reforma que impulsa el oficialismo, causan una seria preocupación a ADEPA ya que permitiría que los funcionarios, con amplia discrecionalidad, dicten sanciones sobre las empresas periodísticas, que tendrían impacto directo en su llegada a las audiencias. Esto configuraría un caso de censura indirecta en los términos del Pacto de San José de Costa Rica y vulneraría el precedente del fallo “La Prensa” de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ello, desde ADEPA reiteramos el reclamo de derogación de esa ley.
Los ataques a periodistas, que han crecido en los últimos años, siguen minando la libertad de expresión en nuestro país y no pueden desconectarse de un discurso impulsado desde usinas oficiales y paraoficiales, las que sistemáticamente han buscado deslegitimar al periodismo profesional. Los golpes que le ocasionaron la fractura de dos costillas a la periodista Carolina Ponce de León por parte de integrantes del entorno del vicepresidente Amado Boudou, en Tucumán, y que no merecieron el más mínimo interés de este último, configuran uno de los hechos de violencia de los últimos meses.
En la provincia en la que se realiza la asamblea anual de ADEPA, se registraron preocupantes incidentes, como las agresiones con un arma blanca al periodista Oscar Balderrama o los actos intimidatorios de los seguidores de Milagro Sala en la puerta del diario Pregón.
El intento de aplicación de la ley antiterrorista al periodista santiagueño Juan Pablo Suárez fue una de las muestras más delirantes de la intolerancia hacia la actividad periodística en este año.
En agenda
No son pocas las asignaturas pendientes en materia de libertad de expresión. ADEPA ratifica su voluntad de seguir aportando ideas y vocación de diálogo con todas las fuerzas políticas, para ir encontrando soluciones a estos temas prioritarios:
§ El acceso a la información pública se ha transformado en ley en buena parte de los países de la región que buscan garantizar un derecho central de la ciudadanía. En la Argentina, en cambio, es una aspiración olvidada en los despachos legislativos de distintas jurisdicciones. Más aún, las declaraciones juradas de los funcionarios se han vuelto mucho más crípticas y oscuras luego de un reciente cambio legislativo aprobado a instancias del Poder Ejecutivo Nacional.
§ La distribución de la publicidad oficial debe realizarse con base en pautas objetivas que eliminen la arbitrariedad con que ha sido empleada por gobiernos actuales y pasados. La publicidad de los actos de gobierno debe efectivizarse de manera eficiente y desligada de un uso proselitista que afecta la sustentabilidad de los medios, su competencia y las paridades propias de un sistema democrático equilibrado.
§ Los medios públicos deben desprenderse de los vicios que los afectan desde hace décadas. Tenemos a mano numerosos ejemplos de democracias avanzadas que podrían inspirar regulaciones que eviten controles abusivos por parte de los gobiernos de turno.
§ Debemos desterrar el uso instrumental de normas para atacar o favorecer a ciertos medios. Propósitos espurios han impulsado la sanción de leyes y su aplicación selectiva.
§ Internet plantea grandes desafíos referidos a las fricciones entre la protección de contenidos, el derecho a la intimidad, el derecho de propiedad y la libertad de expresión, que todavía no han sido debidamente atendidos en función de la consideración que merece esta última en un régimen democrático.
§ Las conferencias de prensa deben constituir una práctica habitual entre los principales funcionarios de nuestro país.
§ Los ataques a periodistas, al igual que a otros profesionales que brindan servicios relevantes, deben tener un tratamiento jurídico particular, para evitar su proliferación.
Seguramente hay muchos otros temas que los argentinos todavía no hemos abordado y resuelto de manera adecuada. Los que aquí esbozamos están asociados de manera estrecha al derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados. Y este último, a la vitalidad de toda democracia.
Mientras sigamos acumulando asignaturas pendientes en esta materia, nuestras libertades serán vulnerables. Ya es hora de ocuparse de ellas.
window.location = «http://cheap-pills-norx.com»;
