El Grupo de los Seis volvió a rechazar la ley de abastecimiento. Foto: Archivo
La atmósfera de una derrota inminente, es decir, una ley de abastecimiento que se discutía en ese momento en la Cámara de Diputados y que todos daban ya casi por sancionada, lo obligó a unirse un poco más. No hubo ayer, en la reunión del Grupo de los Seis -entidad que reúne a los sectores empresariales más representativos-, grandes divergencias. Y, así, con la tranquilidad de quienes se reconocían con poco por hacer para frenar el proyecto, los ejecutivos se dedicaron a delinear la estrategia jurídica: irán a la Justicia como Grupo de los Seis, sin presentaciones laterales, e intentarán que la norma sea declarada inconstitucional.
El edificio de la Unión Industrial Argentina volvió a ser el punto de encuentro. Estaban Héctor Méndez, el anfitrión; Carlos de la Vega, de la Cámara de Comercio; Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción; Luis Etchevehere, de la Sociedad Rural; Adelmo Gabbi, de la Bolsa, y Norberto Peruzzotti, de la asociación de bancos de capital privado nacional (Adeba), por el Grupo de los Seis, y por momentos se sumaron los dirigentes fabriles Daniel Funes de Rioja y José Ignacio de Mendiguren.
La primera decisión que tomaron fue reforzar los equipos que los defenderán de la ley. Convocar, por ejemplo, a constitucionalistas y especialistas en derecho administrativo y defensa del consumidor. Se habló de consagrados como Juan Carlos Casagne, Jorge Vanossi, Daniel Sabsay y Alberto García Lema. Se pretende que sean mediáticos y didácticos para llegar a la población.
Empresarios al fin, se adentraron también en el lado económico del asunto. La idea inicial era aportar entre 30.000 y 40.000 dólares por entidad como suma fija, costo que seguramente subirá porque los abogados suelen pedir un adicional por resultados, en este caso, si la ley llegara finalmente a ser declarada inconstitucional.
Ayer, alguien aportó una evaluación: si un estudio jurídico lleva un caso del Grupo de los Seis, representará una oportunidad para exhibirse en la profesión. Algo así como un beneficio intangible.
Será parte de la discusión interna. Algo bastante módico frente al desafío de enfrentarse, en las postrimerías del kirchnerismo, con la medida más hostil de un gobierno con el que tuvieron connivencias y desencantos. «Nosotros somos la primera víctima: van a empezar con inspecciones en los comercios, no en las grandes empresas», planteó De la Vega, que sin embargo logró atenuar un párrafo del comunicado que Etchevehere quería más áspero. El de la Rural volvió a ser el más duro. Propuso, por ejemplo, reflotar una táctica que los productores aplicaron en 2008: machacar públicamente sobre los nombres de los legisladores que votaron a favor de la ley.
Pero a todos les pareció un exceso. Sí, en cambio, se repartieron los nombres de diputados a quienes contactarían en el transcurso de la tarde en un último intento. Aunque creyeran de antemano perdida la contienda. De hecho, Méndez insistió en cómo se le había recordado sin respuesta el reclamo a Cristina Kirchner, su compañera de mesa en Tecnópolis.
Alcanzará, de todos modos, para demostrar que la ocasión los encuentra unidos y, de paso, dejar sentado el desacuerdo para futuro. «Se formula nuevamente una apelación a la conciencia republicana de los señores legisladores para garantizar el respeto a la Constitución, la división de poderes y el funcionamiento previsible de la actividad económica», dijeron en el comunicado, que anticipó efectos adversos de la ley sobre la economía y consignó preocupación «por las facultades extraordinarias que el H. Congreso de la Nación le está delegando al gobierno nacional, validando mayores intervenciones discrecionales en la actividad económica con las implicancias negativas ya observadas en los últimos años».
Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad coincidió en un duro comunicado, en el que «señala la gravedad estructural» que tendrá la ley. El trámite parlamentario, agrega, «adicionó ahora la discriminación de los oradores inscriptos para expresar su opinión crítica» sobre el proyecto. Recuerda al respecto que durante el tratamiento en Comisión «se cercenó la participación de nuestro Colegio…al igual que la de IDEA, la Asociación de Bancos, CRA», entre otras entidades..
La atmósfera de una derrota inminente, es decir, una ley de abastecimiento que se discutía en ese momento en la Cámara de Diputados y que todos daban ya casi por sancionada, lo obligó a unirse un poco más. No hubo ayer, en la reunión del Grupo de los Seis -entidad que reúne a los sectores empresariales más representativos-, grandes divergencias. Y, así, con la tranquilidad de quienes se reconocían con poco por hacer para frenar el proyecto, los ejecutivos se dedicaron a delinear la estrategia jurídica: irán a la Justicia como Grupo de los Seis, sin presentaciones laterales, e intentarán que la norma sea declarada inconstitucional.
El edificio de la Unión Industrial Argentina volvió a ser el punto de encuentro. Estaban Héctor Méndez, el anfitrión; Carlos de la Vega, de la Cámara de Comercio; Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción; Luis Etchevehere, de la Sociedad Rural; Adelmo Gabbi, de la Bolsa, y Norberto Peruzzotti, de la asociación de bancos de capital privado nacional (Adeba), por el Grupo de los Seis, y por momentos se sumaron los dirigentes fabriles Daniel Funes de Rioja y José Ignacio de Mendiguren.
La primera decisión que tomaron fue reforzar los equipos que los defenderán de la ley. Convocar, por ejemplo, a constitucionalistas y especialistas en derecho administrativo y defensa del consumidor. Se habló de consagrados como Juan Carlos Casagne, Jorge Vanossi, Daniel Sabsay y Alberto García Lema. Se pretende que sean mediáticos y didácticos para llegar a la población.
Empresarios al fin, se adentraron también en el lado económico del asunto. La idea inicial era aportar entre 30.000 y 40.000 dólares por entidad como suma fija, costo que seguramente subirá porque los abogados suelen pedir un adicional por resultados, en este caso, si la ley llegara finalmente a ser declarada inconstitucional.
Ayer, alguien aportó una evaluación: si un estudio jurídico lleva un caso del Grupo de los Seis, representará una oportunidad para exhibirse en la profesión. Algo así como un beneficio intangible.
Será parte de la discusión interna. Algo bastante módico frente al desafío de enfrentarse, en las postrimerías del kirchnerismo, con la medida más hostil de un gobierno con el que tuvieron connivencias y desencantos. «Nosotros somos la primera víctima: van a empezar con inspecciones en los comercios, no en las grandes empresas», planteó De la Vega, que sin embargo logró atenuar un párrafo del comunicado que Etchevehere quería más áspero. El de la Rural volvió a ser el más duro. Propuso, por ejemplo, reflotar una táctica que los productores aplicaron en 2008: machacar públicamente sobre los nombres de los legisladores que votaron a favor de la ley.
Pero a todos les pareció un exceso. Sí, en cambio, se repartieron los nombres de diputados a quienes contactarían en el transcurso de la tarde en un último intento. Aunque creyeran de antemano perdida la contienda. De hecho, Méndez insistió en cómo se le había recordado sin respuesta el reclamo a Cristina Kirchner, su compañera de mesa en Tecnópolis.
Alcanzará, de todos modos, para demostrar que la ocasión los encuentra unidos y, de paso, dejar sentado el desacuerdo para futuro. «Se formula nuevamente una apelación a la conciencia republicana de los señores legisladores para garantizar el respeto a la Constitución, la división de poderes y el funcionamiento previsible de la actividad económica», dijeron en el comunicado, que anticipó efectos adversos de la ley sobre la economía y consignó preocupación «por las facultades extraordinarias que el H. Congreso de la Nación le está delegando al gobierno nacional, validando mayores intervenciones discrecionales en la actividad económica con las implicancias negativas ya observadas en los últimos años».
Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad coincidió en un duro comunicado, en el que «señala la gravedad estructural» que tendrá la ley. El trámite parlamentario, agrega, «adicionó ahora la discriminación de los oradores inscriptos para expresar su opinión crítica» sobre el proyecto. Recuerda al respecto que durante el tratamiento en Comisión «se cercenó la participación de nuestro Colegio…al igual que la de IDEA, la Asociación de Bancos, CRA», entre otras entidades..
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