Los más de 750.000 pensionistas que viven en la comunidad gallega -una cifra que representa más de la cuarta parte de su población- verán revalorizadas sus prestaciones en el 2015 en una cantidad media que se sitúa en 1,75 euros mensuales, dinero que no alcanza, hoy en día, ni para pagar dos cafés. Al igual que sucedió durante este 2014, primer año en el que el Gobierno dejó de vincular la subida de las pensiones al IPC por mandato de Bruselas, el incremento del próximo ejercicio se situará en el 0,25 %, tal y como confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda, donde se trabaja a marchas forzadas para cuadrar las cuentas públicas que irán al Consejo de Ministros del próximo día 26 de septiembre.
Este porcentaje fija la subida mínima anual de las prestaciones que estableció la reforma del sistema aprobada unilateralmente por el Gobierno a finales del 2013. Y será lo que se aplique hasta el 2017. Pero el nuevo modelo dejaba la puerta abierta a un incremento mayor en función de la evolución de una serie de variables. Y entre ellas, la de mayor peso, es la evolución de los ingresos y gastos del sistema en los últimos cinco años, y las previsiones para los siguientes. El déficit de la Seguridad Social, por encima de los 10.000 millones de euros, imposibilita cualquier subida. Y la hace casi inviable hasta el 2017. Un escenario que conocía el Gobierno cuando aprobó la reforma como elemento determinante para poder contentar a la UE en el cumplimiento del objetivo de déficit.
En el caso de la comunidad gallega, a la cola de España en la cuantía media de las prestaciones, el incremento del 0,25 % será prácticamente imperceptible para la gran mayoría de los beneficiarios. En el caso de los que reciben pensiones de incapacidad permanente y de jubilación la subida se quedará en unos dos euros, hasta colocarse en los 810,2 y los 832,4 euros de media, respectivamente. En viudedad, apenas 1,13 euros más al mes, hasta situarse en 528,8. Las menores revalorizaciones medias serán para orfandad, apenas un euro, lo que dejará la prestación en el 2015 en 365; y para la pensión en favor de familiares, 1,1 euros, lo que dejará la cuantía en 467,4.
La evolución negativa de los precios y la previsión de que el IPC cierre el ejercicio en el 0 % o el 0,1 % de variación interanual es otra de las bazas que maneja el Gobierno para justificar socialmente una subida tan exigua en un año que estará marcado por las elecciones. El estancamiento de la inflación incluso permitiría una pequeña recuperación de poder adquisitivo. Eso, sobre el papel. La realidad es que la profunda destrucción de empleo que ha generado la crisis, con los jóvenes como principales paganos, ha convertido a los jubilados en otro de los pilares del Estado de Bienestar. Un proceso que se ha intensificado en los últimos años cuando miles de desempleados han agotado las prestaciones y subsidios de desempleo y se han quedado definitivamente sin ingresos.
Cambios pendientes
La reforma del sistema de pensiones tiene pendiente de aplicación otro de los cambios más controvertidos: el llamado factor de sostenibilidad, aplazado hasta el 2019, y que se utilizará para calcular la prestación de futuros jubilados en base a una serie de variables como la esperanza de vida, la evolución de los salarios y los ingresos del sistema.
El Gobierno, en consonancia con Bruselas, pone el foco en el desequilibrio futuro del sistema derivado del declive demográfico por un deterioro de la relación de cotizantes y pensionistas, sin atender que esa relación podría mejorar en el futuro en función del comportamiento de movimientos como el incremento de cotizantes al reducirse el paro, o el aumento de los flujos de inmigrantes en un escenario de recuperación económica.
Esto es lo que ha llevado a algunas voces a situar el foco en que la reforma tendría a corto y largo plazo el objetivo único de reducir el gasto público, más allá de la sostenibilidad del sistema.
De hecho, mientras el número de pensionistas toca su máximo histórico como consecuencia del envejecimiento poblacional, el desembolso del erario público en pensiones está creciendo ahora al ritmo más bajo en 33 años, según datos que maneja la Seguridad Social. Habría que remontarse a 1981 para hallar aumentos tan exiguos.
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