La tinta del final
Por: Sebastián Lacunza
La ley de medios navegaba rumbo a su quinto aniversario desde su sanción y el primero desde su declaración de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema casi sin novedades en uno de sus aspectos nodales: la desconcentración del mercado.
El miércoles, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) tomó una decisión de alto impacto, aunque menos claras consecuencias inmediatas. A raíz de que la propuesta de adecuación de Clarín, según el organismo regulador, sería fraudulenta por la existencia subrepticia de vínculos societarios y controles cruzados entre las unidades en las que el Grupo se comprometió a dividirse, el Estado asumiría a su cargo la licitación de las frecuencias excedentes. La hipótesis de que Clarín no elija al comprador de algunos de sus negocios (una opción que el multimedios pudo haber barajado desde la sanción de la ley de medios, en octubre de 2009), y que, en cambio, éstos se liciten al mejor postor en concursos organizados por la AFSCA, representa el escenario menos deseado para el principal actor del mercado de medios de la Argentina. Así, aquel zócalo de 2009 con el eslogan «TN puede desaparecer» hoy lo ocupa «Sabbatella quiere desguazar a Clarín».
En tanto, otros expedientes aguardan en el cajón.
Mientras los auditores de la AFSCA pudieron detectar una ingeniería societaria con fines aparentemente ilícitos, que incluiría sucursales tan lejanas como Nueva Zelanda y Panamá, los técnicos del Gobierno están todavía evaluando si Telefónica de Argentina está controlada por Telefónica de España. En caso de que semejante adivinanza resulte positiva, el grupo español, importante jugador del mercado, deberá desprenderse de su canal Telefé y de otras emisoras provinciales porque la norma impide el usufructo de licencias por parte de empresas de servicios públicos que operan en el país. En febrero pasado, la AFSCA parecía tener claro el asunto, pero alguien pisó el expediente.
Martín Becerra, docente de las universidades de Buenos Aires y de Quilmes, adherente a los principios de la ley de medios y crítico de su implementación, anticipa que el conflicto entre Clarín y el Gobierno volverá a sede judicial. «La decisión (de la AFSCA) retroalimenta las narrativas beligerantes/victimistas funcionales al Gobierno y al Grupo Clarín», tuiteó el profesor.
Vistos los antecedentes, es factible que Clarín reciba más temprano que tarde una cautelar que congele el proceso de adecuación de oficio, por lo que la decisión de cómo avanzar podría recaer en el presidente a ser electo en 2015.
El multimedios esboza sus argumentos. Básicamente, que propuso corregir la llamativa elección de abogados-representantes legales en común para diferentes fideicomisos, pero la AFSCA respondió con «un nuevo exabrupto», y que los cruces de nombres (algunos de los cuales admitió anoche) son entre sociedades que no tienen «nada que ver» con la operación de los medios en cuestión. El diario Clarín también cuestionó ayer, con razón, que el estudio técnico que derivó en la propuesta de intervención de oficio no fue anticipado para su análisis a los dos directores del ente regulador que representan a la oposición. A propósito, si algo no parece urgir al delegado de la UCR, Marcelo Stubrin, ni mucho menos al del Frente Amplio Progresista, Gerardo Milman, es analizar si dos accionistas del Grupo comparten una sociedad en Nueva Zelanda.
La estrategia que Clarín grita a los cuatro vientos es que sufre un trato discriminatorio por parte de la AFSCA. ¿Habría sido el gran multimedios el único que aparentemente trató de fingir una adecuación? ¿Podría ser considerada la AFSCA un árbitro parcial si el organismo no alcanza a dilucidar en un plazo cercano a quién pertenece Telefónica de Argentina? Desde su asunción en el cargo, hace dos años, Sabbatella repite el mantra de que la ley «se aplica a todos por igual por instrucción de la Presidenta». La mesa está a punto de quedar servida para que un juez analice si la orden se cumple.
Un episodio menos central muestra las cartas con las que juega Clarín. En este espacio, se trató semanas atrás el bloqueo de Cablevisión al canal de noticias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Cba24n. Tras resistir durante tres años con todos los recursos judiciales posibles, el multimedios, de presencia estelar en dicha provincia, no tuvo más remedio que acatar el fallo de la Cámara Federal e incluir la señal de la UNC en la grilla analógica (en la digital sigue pendiente). Esta semana, los cordobeses pudieron ver Cba24n en el canal 16, pero con una leyenda que surcaba la pantalla en la que Cablevisión aclaraba su punto de vista. La bizarra situación cesó ayer, tras un nuevo trámite judicial.
Si en efecto le toca al próximo presidente ejecutar la ley de medios, ya hay algunos indicios. Mauricio Macri llegó a crear una ley ad hoc para Clarín en alianza con Proyecto Sur, el partido de Pino Solanas, para que no se aplique la legislación federal en la Ciudad, amén de otorgarle al grupo negocios multimillonarios en la provisión de internet. El jefe de Gobierno ya avisó que, si llega a la Casa Rosada, derogará una norma creada para «controlar a la prensa».
Por su parte, Sergio Massa, quien inició en nombre del Gobierno nacional la apertura a debate por la ley de medios en marzo de 2009, en el Teatro Argentino de La Plata, considera que «la ley no resolvió el tema de la concentración para los transportadores y para los contenidos. El problema no es Clarín; hay que incorporar la convergencia» que permita que telefonía, cable e internet puedan ser ofrecidos en conjunto, como ocurre en gran parte del mundo. De esta última idea no están lejos algunos kirchneristas. El proyecto inicial de la ley de medios contemplaba la participación de las telefónicas con estrictos controles para que compartieran su red con la competencia. Ese artículo, muy cuestionado en su momento por Clarín, fue eliminado para ganar el voto legislativo del Partido Socialista y otros de centroizquierda. Dentro del mar de opiniones que surgen del Frente UNEN, Hermes Binner opinó en 2013 que la adecuación debe realizarse recién cuando cesen las licencias, más allá de 2022.
@sebalacunza
Por: Sebastián Lacunza
La ley de medios navegaba rumbo a su quinto aniversario desde su sanción y el primero desde su declaración de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema casi sin novedades en uno de sus aspectos nodales: la desconcentración del mercado.
El miércoles, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) tomó una decisión de alto impacto, aunque menos claras consecuencias inmediatas. A raíz de que la propuesta de adecuación de Clarín, según el organismo regulador, sería fraudulenta por la existencia subrepticia de vínculos societarios y controles cruzados entre las unidades en las que el Grupo se comprometió a dividirse, el Estado asumiría a su cargo la licitación de las frecuencias excedentes. La hipótesis de que Clarín no elija al comprador de algunos de sus negocios (una opción que el multimedios pudo haber barajado desde la sanción de la ley de medios, en octubre de 2009), y que, en cambio, éstos se liciten al mejor postor en concursos organizados por la AFSCA, representa el escenario menos deseado para el principal actor del mercado de medios de la Argentina. Así, aquel zócalo de 2009 con el eslogan «TN puede desaparecer» hoy lo ocupa «Sabbatella quiere desguazar a Clarín».
En tanto, otros expedientes aguardan en el cajón.
Mientras los auditores de la AFSCA pudieron detectar una ingeniería societaria con fines aparentemente ilícitos, que incluiría sucursales tan lejanas como Nueva Zelanda y Panamá, los técnicos del Gobierno están todavía evaluando si Telefónica de Argentina está controlada por Telefónica de España. En caso de que semejante adivinanza resulte positiva, el grupo español, importante jugador del mercado, deberá desprenderse de su canal Telefé y de otras emisoras provinciales porque la norma impide el usufructo de licencias por parte de empresas de servicios públicos que operan en el país. En febrero pasado, la AFSCA parecía tener claro el asunto, pero alguien pisó el expediente.
Martín Becerra, docente de las universidades de Buenos Aires y de Quilmes, adherente a los principios de la ley de medios y crítico de su implementación, anticipa que el conflicto entre Clarín y el Gobierno volverá a sede judicial. «La decisión (de la AFSCA) retroalimenta las narrativas beligerantes/victimistas funcionales al Gobierno y al Grupo Clarín», tuiteó el profesor.
Vistos los antecedentes, es factible que Clarín reciba más temprano que tarde una cautelar que congele el proceso de adecuación de oficio, por lo que la decisión de cómo avanzar podría recaer en el presidente a ser electo en 2015.
El multimedios esboza sus argumentos. Básicamente, que propuso corregir la llamativa elección de abogados-representantes legales en común para diferentes fideicomisos, pero la AFSCA respondió con «un nuevo exabrupto», y que los cruces de nombres (algunos de los cuales admitió anoche) son entre sociedades que no tienen «nada que ver» con la operación de los medios en cuestión. El diario Clarín también cuestionó ayer, con razón, que el estudio técnico que derivó en la propuesta de intervención de oficio no fue anticipado para su análisis a los dos directores del ente regulador que representan a la oposición. A propósito, si algo no parece urgir al delegado de la UCR, Marcelo Stubrin, ni mucho menos al del Frente Amplio Progresista, Gerardo Milman, es analizar si dos accionistas del Grupo comparten una sociedad en Nueva Zelanda.
La estrategia que Clarín grita a los cuatro vientos es que sufre un trato discriminatorio por parte de la AFSCA. ¿Habría sido el gran multimedios el único que aparentemente trató de fingir una adecuación? ¿Podría ser considerada la AFSCA un árbitro parcial si el organismo no alcanza a dilucidar en un plazo cercano a quién pertenece Telefónica de Argentina? Desde su asunción en el cargo, hace dos años, Sabbatella repite el mantra de que la ley «se aplica a todos por igual por instrucción de la Presidenta». La mesa está a punto de quedar servida para que un juez analice si la orden se cumple.
Un episodio menos central muestra las cartas con las que juega Clarín. En este espacio, se trató semanas atrás el bloqueo de Cablevisión al canal de noticias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Cba24n. Tras resistir durante tres años con todos los recursos judiciales posibles, el multimedios, de presencia estelar en dicha provincia, no tuvo más remedio que acatar el fallo de la Cámara Federal e incluir la señal de la UNC en la grilla analógica (en la digital sigue pendiente). Esta semana, los cordobeses pudieron ver Cba24n en el canal 16, pero con una leyenda que surcaba la pantalla en la que Cablevisión aclaraba su punto de vista. La bizarra situación cesó ayer, tras un nuevo trámite judicial.
Si en efecto le toca al próximo presidente ejecutar la ley de medios, ya hay algunos indicios. Mauricio Macri llegó a crear una ley ad hoc para Clarín en alianza con Proyecto Sur, el partido de Pino Solanas, para que no se aplique la legislación federal en la Ciudad, amén de otorgarle al grupo negocios multimillonarios en la provisión de internet. El jefe de Gobierno ya avisó que, si llega a la Casa Rosada, derogará una norma creada para «controlar a la prensa».
Por su parte, Sergio Massa, quien inició en nombre del Gobierno nacional la apertura a debate por la ley de medios en marzo de 2009, en el Teatro Argentino de La Plata, considera que «la ley no resolvió el tema de la concentración para los transportadores y para los contenidos. El problema no es Clarín; hay que incorporar la convergencia» que permita que telefonía, cable e internet puedan ser ofrecidos en conjunto, como ocurre en gran parte del mundo. De esta última idea no están lejos algunos kirchneristas. El proyecto inicial de la ley de medios contemplaba la participación de las telefónicas con estrictos controles para que compartieran su red con la competencia. Ese artículo, muy cuestionado en su momento por Clarín, fue eliminado para ganar el voto legislativo del Partido Socialista y otros de centroizquierda. Dentro del mar de opiniones que surgen del Frente UNEN, Hermes Binner opinó en 2013 que la adecuación debe realizarse recién cuando cesen las licencias, más allá de 2022.
@sebalacunza
