ECONOMIA › QUE HAY DETRAS DE LAS MEDICIONES DE LA OIT Y EL GOBIERNO
El Indec precisó que el trabajo no registrado en el país es del 33,1 por ciento. Los técnicos de la OIT explicaron que su cifra de 46,8 por ciento tiene otra base metodológica, tal como aseguró Tomada, que resaltó que esos números se usan para “generar un clima de zozobra”.
Por Tomás Lukin
Desde Lima
Las estimaciones sobre la informalidad en la Argentina se convirtieron en uno de los temas más sensibles en el cierre la 18ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El organismo tripartito difundió un informe donde sostuvo que el empleo no registrado en el país alcanzaba a 46,8 por ciento. Las cifras despertaron la polémica en Lima y Buenos Aires porque difieren del número de 33,1 por ciento difundido por el Indec. “Los que recurren a esa información para mostrar un retroceso buscan generar un clima de zozobra”, enfatizó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Directivos de OIT consultados por Página/12 defendieron los datos publicados por sus investigadores, pero explicaron, como ya lo había hecho Tomada, que las diferencias radican en la incorporación del heterogéneo e informal sector de los cuentapropistas, mientras que el Indec sólo mide la no registración de los asalariados en la seguridad social.
Entre 2003 y 2014, la medición tradicional de la informalidad cayó alrededor de 16 puntos porcentuales, de 49 a 33 por ciento. Si bien la magnitud de la reducción es significativa y existen pocas experiencias similares, la precariedad laboral se mantiene en niveles históricamente elevados. Cuando se suma a los trabajadores por cuenta propia –realizan actividades vinculadas con oficios provistos a los hogares y tareas de subsistencia en áreas urbanas o rurales–, la cifra a la que arribaron tanto investigaciones del Ministerio de Trabajo como publicaciones de la OIT a lo largo de los últimos años ronda el 43 por ciento, dependiendo la técnica de estimación que utilice.
“El dinamismo en la generación de empleo y en las mejoras salariales han resultado ser factores clave para el marcado descenso de la pobreza en nuestra región durante el último decenio. La reducción de las brechas salariales jugó un papel fundamental para la disminución de la desigualdad entre los hogares”, remarca una investigación conjunta presentada ayer por OIT y Cepal, que advierte sobre las dificultades para sostener esas conquistas en un escenario de menor crecimiento económico. Los funcionarios de la cartera laboral que participaron de las reuniones en Perú reconocen la existencia de una fuerte desaceleración, pero destacan la existencia del nuevo “abordaje integral” para la informalidad a través del fortalecimiento de la inspección –hay un millón de trabajadores precarios en empresas formales– y el subsidio a la formalización para los microempresarios, otra porción del núcleo duro de los empleadores que no cumplen con la legislación laboral. Por eso entienden que, incluso en la actual coyuntura macroeconómica, es posible que el empleo no registrado retroceda por debajo del 30 por ciento en el próximo año.
El encuentro celebrado en Lima durante toda la semana no define políticas y tampoco la orientación de esas medidas, pero las conclusiones tripartitas aprobadas ayer son elementos indicativos que marcan la discusión y el debate laboral. La negociación entre gobiernos, centrales sindicales y cámaras empresarias de toda la región no es sencilla. A la conservadora y, por momentos, violenta posición de los representantes patronales como el danés Jørgen Rønnest, vicepresidente empleador del consejo de administración de la OIT, se suman las resistencias de las carteras laborales de algunos países entre los que sobresalieron los enviados de Estados Unidos. Sin embargo, algunos pequeños guiños del texto final fueron destacados por la delegación argentina. Entre las “expectativas en materia de políticas” acordadas se puede encontrar la necesidad de “políticas de reestructuración productiva centradas en la transformación industrial hacia productos con mayor valor agregado”. Si bien, a priori, es una declaración light, representa una fórmula difícil de tragar para los empresarios y es sustancialmente diferente al tradicional reclamo de reformas estructurales de los mercados de trabajo.
Por su parte, los representantes gremiales reiteraron ayer su respaldo a la Argentina en la disputa con los fondos buitre. “No sólo respaldamos al país y el pueblo argentino, sino que reclamamos un nuevo orden financiero internacional. Es necesario limitar el accionar del capital financiero, empezando por sus peores formas: los fondos buitre”, afirmó a este diario Víctor Báez, titular de la Confederación Sindical de las Américas (CSA). El dirigente paraguayo junto con el líder de la Confederación Sindical Internacional (CSI), João Felicio, encabezaron la delegación gremial que se reunió con CFK en Nueva York a fines de septiembre. “La discusión ya está instalada en Naciones Unidas, pero debemos ampliar el reclamo porque estamos hablando de derechos laborales, derechos humanos”, afirmó Báez.
El Indec precisó que el trabajo no registrado en el país es del 33,1 por ciento. Los técnicos de la OIT explicaron que su cifra de 46,8 por ciento tiene otra base metodológica, tal como aseguró Tomada, que resaltó que esos números se usan para “generar un clima de zozobra”.
Por Tomás Lukin
Desde Lima
Las estimaciones sobre la informalidad en la Argentina se convirtieron en uno de los temas más sensibles en el cierre la 18ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El organismo tripartito difundió un informe donde sostuvo que el empleo no registrado en el país alcanzaba a 46,8 por ciento. Las cifras despertaron la polémica en Lima y Buenos Aires porque difieren del número de 33,1 por ciento difundido por el Indec. “Los que recurren a esa información para mostrar un retroceso buscan generar un clima de zozobra”, enfatizó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Directivos de OIT consultados por Página/12 defendieron los datos publicados por sus investigadores, pero explicaron, como ya lo había hecho Tomada, que las diferencias radican en la incorporación del heterogéneo e informal sector de los cuentapropistas, mientras que el Indec sólo mide la no registración de los asalariados en la seguridad social.
Entre 2003 y 2014, la medición tradicional de la informalidad cayó alrededor de 16 puntos porcentuales, de 49 a 33 por ciento. Si bien la magnitud de la reducción es significativa y existen pocas experiencias similares, la precariedad laboral se mantiene en niveles históricamente elevados. Cuando se suma a los trabajadores por cuenta propia –realizan actividades vinculadas con oficios provistos a los hogares y tareas de subsistencia en áreas urbanas o rurales–, la cifra a la que arribaron tanto investigaciones del Ministerio de Trabajo como publicaciones de la OIT a lo largo de los últimos años ronda el 43 por ciento, dependiendo la técnica de estimación que utilice.
“El dinamismo en la generación de empleo y en las mejoras salariales han resultado ser factores clave para el marcado descenso de la pobreza en nuestra región durante el último decenio. La reducción de las brechas salariales jugó un papel fundamental para la disminución de la desigualdad entre los hogares”, remarca una investigación conjunta presentada ayer por OIT y Cepal, que advierte sobre las dificultades para sostener esas conquistas en un escenario de menor crecimiento económico. Los funcionarios de la cartera laboral que participaron de las reuniones en Perú reconocen la existencia de una fuerte desaceleración, pero destacan la existencia del nuevo “abordaje integral” para la informalidad a través del fortalecimiento de la inspección –hay un millón de trabajadores precarios en empresas formales– y el subsidio a la formalización para los microempresarios, otra porción del núcleo duro de los empleadores que no cumplen con la legislación laboral. Por eso entienden que, incluso en la actual coyuntura macroeconómica, es posible que el empleo no registrado retroceda por debajo del 30 por ciento en el próximo año.
El encuentro celebrado en Lima durante toda la semana no define políticas y tampoco la orientación de esas medidas, pero las conclusiones tripartitas aprobadas ayer son elementos indicativos que marcan la discusión y el debate laboral. La negociación entre gobiernos, centrales sindicales y cámaras empresarias de toda la región no es sencilla. A la conservadora y, por momentos, violenta posición de los representantes patronales como el danés Jørgen Rønnest, vicepresidente empleador del consejo de administración de la OIT, se suman las resistencias de las carteras laborales de algunos países entre los que sobresalieron los enviados de Estados Unidos. Sin embargo, algunos pequeños guiños del texto final fueron destacados por la delegación argentina. Entre las “expectativas en materia de políticas” acordadas se puede encontrar la necesidad de “políticas de reestructuración productiva centradas en la transformación industrial hacia productos con mayor valor agregado”. Si bien, a priori, es una declaración light, representa una fórmula difícil de tragar para los empresarios y es sustancialmente diferente al tradicional reclamo de reformas estructurales de los mercados de trabajo.
Por su parte, los representantes gremiales reiteraron ayer su respaldo a la Argentina en la disputa con los fondos buitre. “No sólo respaldamos al país y el pueblo argentino, sino que reclamamos un nuevo orden financiero internacional. Es necesario limitar el accionar del capital financiero, empezando por sus peores formas: los fondos buitre”, afirmó a este diario Víctor Báez, titular de la Confederación Sindical de las Américas (CSA). El dirigente paraguayo junto con el líder de la Confederación Sindical Internacional (CSI), João Felicio, encabezaron la delegación gremial que se reunió con CFK en Nueva York a fines de septiembre. “La discusión ya está instalada en Naciones Unidas, pero debemos ampliar el reclamo porque estamos hablando de derechos laborales, derechos humanos”, afirmó Báez.
