Editorial I
Sus dirigentes, que conciben la militancia como la ocupación de puestos bien remunerados, han sido decisivos para el elefantiásico crecimiento del Estado
Cuando el próximo gobierno asuma, como parte de una pesadísima herencia, encontrará firmemente enquistados en distintos niveles de la administración pública a miles de nuevos empleados, la mayoría de ellos militantes o allegados de la organización kirchnerista La Cámpora, cuyos líderes siguen dando signos de ambición, carencia de escrúpulos y falta de idoneidad.
A lo largo de 11 años, el kirchnerismo llevó los cargos permanentes a la impresionante cantidad de 376.000. En sólo nueve meses de 2011 se efectuaron 7000 incorporaciones en todo el país, y la mayoría fueron cubiertas por recomendados de La Cámpora. Cuando al Gobierno le resta muy poco tiempo en el poder, coronará 2014 habiendo incorporado en su transcurso 7500 nuevos empleados públicos a la planta permanente. Muchos de ellos militan en la citada agrupación kirchnerista y todos gozarían de estabilidad laboral y, por lo tanto, no podrán ser despedidos. Como un lastre, se agregarán a la planta permanente de 376.145 agentes públicos nacionales, cuya masa salarial asciende a 85.000 millones de pesos.
Como señalamos en nuestro editorial de ayer, los integrantes de La Cámpora conciben la militancia como la ocupación de puestos bien remunerados, al mejor estilo del llamado «capitalismo de amigos». Ningún espacio importante en el organigrama estatal debe quedar vacío u ocupado por quienes no integran esta agrupación. También se han enquistado en diversas empresas privadas merced a las acciones que el Estado heredó de las AFJP.
No debe sorprender que la decisión tomada y ejecutada por el Gobierno no haya reparado ni siquiera mínimamente en la conveniencia o no de esas incorporaciones en función de su utilidad o necesidad. En efecto, haciendo alarde de su habitual irresponsabilidad, lo único que tiene en cuenta el kirchnerismo es su propia y excluyente conveniencia, no la del país o la sociedad, y mucho menos las consecuencia futuras de sus actos.
En el caso que nos ocupa, hay que tener en cuenta en primer término que el incesante aumento del empleo público en los últimos años no se ha volcado hacia mejores servicios. No se ha traducido, por ejemplo, en una mayor cantidad de médicos, enfermeras, policías o bomberos, pero sí en un mayor gasto. Más del 45 por ciento de la población argentina mayor de 18 años recibe mensualmente en forma directa ingresos que provienen del Estado, incluyendo los subsidios.
Pero además, el hecho de que la mayoría de las incorporaciones definitivas correspondan a militantes o simpatizantes de La Cámpora habla de una clara intencionalidad política. Si las lealtades políticas sobreviven al cambio de gobierno, las próximas autoridades encontrarán en el seno de la administración pública a un verdadero ejército que, según el caso o las órdenes, puede trabar o poner serios obstáculos en el funcionamiento de la administración pública.
Otro factor para tener en cuenta es que los integrantes de La Cámpora que ocupan puestos oficiales en el Estado y en sus empresas se caracterizan básicamente por su escaso profesionalismo o experiencia y por su obediencia a quienes les consiguieron cargos que jamás habrían obtenido en la mayoría de los casos por su propia idoneidad y mérito. Su revolución se reduce al modelo que marcaron empresarios amigos del poder como Rudy Ulloa, Lázaro Báez o Cristóbal López. Su épica es de cartón y su vocación, la acumulación de poder.
Meses atrás, en la Cámara de Diputados de la Nación, una resolución de su presidente, Julián Domínguez, del oficialista Frente para la Victoria, permitió el pase a la planta permanente de 12 jóvenes empleados, todos camporistas, que sólo contaban con dos años de experiencia, pero que a partir de entonces percibieron un haber mínimo de 22.000 pesos mensuales, más extras por títulos académicos y por personal a cargo. Se los ubicó en sitios clave de la Cámara baja, como la Secretaría Parlamentaria.
En el Senado, y a partir del arribo del vicepresidente Amado Boudou, se han incorporado a la Cámara alta 2000 puestos extras.
Como hemos dicho en esta columna, delante de nuestros ojos se lleva a cabo un copamiento del Estado por parte de una facción partidaria que no perdona áreas. Se verifica, por ejemplo, en el Indec, la Cancillería, el Ministerio de Justicia, la Inspección General de Justicia, el flamante Ministerio de Cultura, la Anmat y en casi todas las reparticiones y dependencias, además de empresas con participación estatal mayoritaria, como Aerolíneas Argentinas.
Sin duda, éste será uno de los más nefastos legados del kirchnerismo. No sus relatos y sus pretensiones de estar escribiendo la historia, sino un Estado elefantiásico al servicio de militantes sin escrúpulos, capaces de vender su fidelidad a cambio de un sueldo. Al fin y al cabo, no son más que mercenarios, con ínfulas, poder y suculentas cajas para administrar. Por esos motivos, fácilmente pueden cambiar de amo en el futuro..
Sus dirigentes, que conciben la militancia como la ocupación de puestos bien remunerados, han sido decisivos para el elefantiásico crecimiento del Estado
Cuando el próximo gobierno asuma, como parte de una pesadísima herencia, encontrará firmemente enquistados en distintos niveles de la administración pública a miles de nuevos empleados, la mayoría de ellos militantes o allegados de la organización kirchnerista La Cámpora, cuyos líderes siguen dando signos de ambición, carencia de escrúpulos y falta de idoneidad.
A lo largo de 11 años, el kirchnerismo llevó los cargos permanentes a la impresionante cantidad de 376.000. En sólo nueve meses de 2011 se efectuaron 7000 incorporaciones en todo el país, y la mayoría fueron cubiertas por recomendados de La Cámpora. Cuando al Gobierno le resta muy poco tiempo en el poder, coronará 2014 habiendo incorporado en su transcurso 7500 nuevos empleados públicos a la planta permanente. Muchos de ellos militan en la citada agrupación kirchnerista y todos gozarían de estabilidad laboral y, por lo tanto, no podrán ser despedidos. Como un lastre, se agregarán a la planta permanente de 376.145 agentes públicos nacionales, cuya masa salarial asciende a 85.000 millones de pesos.
Como señalamos en nuestro editorial de ayer, los integrantes de La Cámpora conciben la militancia como la ocupación de puestos bien remunerados, al mejor estilo del llamado «capitalismo de amigos». Ningún espacio importante en el organigrama estatal debe quedar vacío u ocupado por quienes no integran esta agrupación. También se han enquistado en diversas empresas privadas merced a las acciones que el Estado heredó de las AFJP.
No debe sorprender que la decisión tomada y ejecutada por el Gobierno no haya reparado ni siquiera mínimamente en la conveniencia o no de esas incorporaciones en función de su utilidad o necesidad. En efecto, haciendo alarde de su habitual irresponsabilidad, lo único que tiene en cuenta el kirchnerismo es su propia y excluyente conveniencia, no la del país o la sociedad, y mucho menos las consecuencia futuras de sus actos.
En el caso que nos ocupa, hay que tener en cuenta en primer término que el incesante aumento del empleo público en los últimos años no se ha volcado hacia mejores servicios. No se ha traducido, por ejemplo, en una mayor cantidad de médicos, enfermeras, policías o bomberos, pero sí en un mayor gasto. Más del 45 por ciento de la población argentina mayor de 18 años recibe mensualmente en forma directa ingresos que provienen del Estado, incluyendo los subsidios.
Pero además, el hecho de que la mayoría de las incorporaciones definitivas correspondan a militantes o simpatizantes de La Cámpora habla de una clara intencionalidad política. Si las lealtades políticas sobreviven al cambio de gobierno, las próximas autoridades encontrarán en el seno de la administración pública a un verdadero ejército que, según el caso o las órdenes, puede trabar o poner serios obstáculos en el funcionamiento de la administración pública.
Otro factor para tener en cuenta es que los integrantes de La Cámpora que ocupan puestos oficiales en el Estado y en sus empresas se caracterizan básicamente por su escaso profesionalismo o experiencia y por su obediencia a quienes les consiguieron cargos que jamás habrían obtenido en la mayoría de los casos por su propia idoneidad y mérito. Su revolución se reduce al modelo que marcaron empresarios amigos del poder como Rudy Ulloa, Lázaro Báez o Cristóbal López. Su épica es de cartón y su vocación, la acumulación de poder.
Meses atrás, en la Cámara de Diputados de la Nación, una resolución de su presidente, Julián Domínguez, del oficialista Frente para la Victoria, permitió el pase a la planta permanente de 12 jóvenes empleados, todos camporistas, que sólo contaban con dos años de experiencia, pero que a partir de entonces percibieron un haber mínimo de 22.000 pesos mensuales, más extras por títulos académicos y por personal a cargo. Se los ubicó en sitios clave de la Cámara baja, como la Secretaría Parlamentaria.
En el Senado, y a partir del arribo del vicepresidente Amado Boudou, se han incorporado a la Cámara alta 2000 puestos extras.
Como hemos dicho en esta columna, delante de nuestros ojos se lleva a cabo un copamiento del Estado por parte de una facción partidaria que no perdona áreas. Se verifica, por ejemplo, en el Indec, la Cancillería, el Ministerio de Justicia, la Inspección General de Justicia, el flamante Ministerio de Cultura, la Anmat y en casi todas las reparticiones y dependencias, además de empresas con participación estatal mayoritaria, como Aerolíneas Argentinas.
Sin duda, éste será uno de los más nefastos legados del kirchnerismo. No sus relatos y sus pretensiones de estar escribiendo la historia, sino un Estado elefantiásico al servicio de militantes sin escrúpulos, capaces de vender su fidelidad a cambio de un sueldo. Al fin y al cabo, no son más que mercenarios, con ínfulas, poder y suculentas cajas para administrar. Por esos motivos, fácilmente pueden cambiar de amo en el futuro..
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