Gran parte del segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet, que arrancó en marzo, ha estado marcado por la discusión acerca de la desaceleración económica que enfrenta Chile. Tras un crecimiento promedio del 5,8% entre 2010 y 2012 y de una expansión del 4,17% en 2013, las últimas previsiones del Banco Central chileno indican que la economía percibe un frenazo que hará terminar 2014 con un tímido 1,9%.
El Gobierno socialista ha intentado explicar que esta situación se arrastra desde la Administración de derecha de Sebastián Piñera por culpa de la caída internacional de los precios de las materias primasy, estructuralmente, a que Chile por muchos años no realizó los cambios que impulsa actualmente el Ejecutivo, como la reforma educativa. No existe, sin embargo, consenso: los empresarios, la derecha y algunos técnicos del oficialismo reconocen la importancia de los factores externos, pero culpan a la intensa agenda reformista del Gobierno, a su rapidez y multiplicidad, de generar incertidumbre y hacer caer las inversiones y el consumo.
En septiembre se aprobó una reforma tributaria para financiar los cambios en la educación. Este debate, sin embargo, ha provocado uno de los principales dolores de cabeza del Ejecutivo porque no concita el apoyo ciudadano esperado. No es la única transformación prometida por Bachelet: antes de que termine su mandato en 2018,deberá aprobar una Constitución y una reforma laboral.
Para los críticos, las formas que ha usado La Moneda para impulsar estos cambios reafirman el carácter refundacional del Gobierno, lo que pone en riesgo los éxitos macroeconómicos de Chile en las últimas tres décadas. El jueves, en el cónclave público-privado Enade 2014, Bachelet aceptó que sus iniciativas generarán incertidumbre, pero no retrocedió: «Prefiero asumir y conducir las inevitables divergencias que crean las reformas antes que aceptar resignada que se frustre esta oportunidad de desarrollo». El empresariado tampoco cedió ante la presidenta: «No estamos contra los cambios, pero los cambios que perfeccionen, no sólo los que les dan el gusto a los que gritan», indicó el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz.
El Gobierno ha tomado medidas para mitigar el frenazo: el gasto público crecerá un 9,8% en 2015, básicamente en inversión, que crecerá un 27,5%, lo que movilizará unos 2.000 millones de euros, equivalentes a un punto el PIB. El Ejecutivo apuesta porque esta medida genere empleo. El principal problema del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, es en todo caso muy político: los empresarios le han retirado el apoyo. Una remoción del jefe de las arcas a menos de un año del arranque de la Administración sería algo inédito.
El Gobierno socialista ha intentado explicar que esta situación se arrastra desde la Administración de derecha de Sebastián Piñera por culpa de la caída internacional de los precios de las materias primasy, estructuralmente, a que Chile por muchos años no realizó los cambios que impulsa actualmente el Ejecutivo, como la reforma educativa. No existe, sin embargo, consenso: los empresarios, la derecha y algunos técnicos del oficialismo reconocen la importancia de los factores externos, pero culpan a la intensa agenda reformista del Gobierno, a su rapidez y multiplicidad, de generar incertidumbre y hacer caer las inversiones y el consumo.
En septiembre se aprobó una reforma tributaria para financiar los cambios en la educación. Este debate, sin embargo, ha provocado uno de los principales dolores de cabeza del Ejecutivo porque no concita el apoyo ciudadano esperado. No es la única transformación prometida por Bachelet: antes de que termine su mandato en 2018,deberá aprobar una Constitución y una reforma laboral.
Para los críticos, las formas que ha usado La Moneda para impulsar estos cambios reafirman el carácter refundacional del Gobierno, lo que pone en riesgo los éxitos macroeconómicos de Chile en las últimas tres décadas. El jueves, en el cónclave público-privado Enade 2014, Bachelet aceptó que sus iniciativas generarán incertidumbre, pero no retrocedió: «Prefiero asumir y conducir las inevitables divergencias que crean las reformas antes que aceptar resignada que se frustre esta oportunidad de desarrollo». El empresariado tampoco cedió ante la presidenta: «No estamos contra los cambios, pero los cambios que perfeccionen, no sólo los que les dan el gusto a los que gritan», indicó el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz.
El Gobierno ha tomado medidas para mitigar el frenazo: el gasto público crecerá un 9,8% en 2015, básicamente en inversión, que crecerá un 27,5%, lo que movilizará unos 2.000 millones de euros, equivalentes a un punto el PIB. El Ejecutivo apuesta porque esta medida genere empleo. El principal problema del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, es en todo caso muy político: los empresarios le han retirado el apoyo. Una remoción del jefe de las arcas a menos de un año del arranque de la Administración sería algo inédito.
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