La cuestión agraria en Brasil causó ayer las primeras discordias en el nuevo gabinete de la presidenta Dilma Rousseff con un fuerte cruce de declaraciones entre dos ministros sobre la existencia de latifundios en el país.
Para su segundo mandato, que comenzó este 1º de enero, Rousseff incluyó entre sus 39 ministros a representantes de todas las fuerzas políticas que apoyaron su reelección, que configuran un variopinto paraguas ideológico bajo el cual se cobijan la izquierda, el centro y la derecha.
Las dificultades que muchos analistas previeron en esa diversidad política del nuevo gabinete se empezaron a manifestar en el estratégico sector agrícola.
La polémica la estableció la nueva titular de Agricultura, Katia Abreu, ganadera, senadora del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centroderecha) y hasta ahora presidenta de la patronal que agrupa a los grandes empresarios del campo, quien este lunes negó que existan latifundios en el país.
“Los latifundios no existen más”, por lo que la reforma agraria no debe ser “masiva” sino centrarse en campesinos con “vocación” de trabajo, declaró Abreu al diario Folha de Sao Paulo.
Esa opinión fue rebatida por el nuevo ministro de Desarrollo Agrario, Patrus Ananias, un histórico dirigente del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), quien ayer asumió formalmente su cargo arropado por representantes de movimientos sociales opuestos al nombramiento de Abreu en Agricultura.
Ananias, cuya cartera es responsable de la reforma agraria, consideró que en Brasil “no basta con derrumbar las cercas del latifundio”, y afirmó que “es preciso derrumbar también las cercas que nos limitan a una visión individualista y excluyente del proceso social”.
De acuerdo con datos oficiales, el 1% de los grandes empresarios del campo posee casi la mitad de las tierras cultivables en Brasil y, según organizaciones sociales, como el combativo Movimiento de los Sin Tierra (MST), unos 90.000 campesinos permanecen acampados en el país a la espera de ser incluidos en planes de reforma agraria.
Los mismos movimientos sociales calculan que unos cinco millones de brasileños se beneficiarían con la reforma agraria, en su mayoría personas que emigraron del campo hacia las periferias de las grandes ciudades.
Según Ananias, “ignorar la existencia de las desigualdades y de la injusticia (en el campo) es una forma de perpetuarlas”, y el gobierno tiene el deber de “ofrecer y garantizar la oportunidad de crecimiento” a los campesinos sin tierras, a fin de “tornar concreto el concepto de la función social de la propiedad”.
El MST, históricamente vinculado al PT, reaccionó frente a las posiciones de Abreu, a quien acusó de “representar los intereses de los segmentos más atrasados de la agricultura, que no alcanzan niveles mínimos de productividad, dañan el medio ambiente y se valen del trabajo esclavo”.
En la entrevista, Abreu ratificó su posición contra las normas para delimitar las tierras indígenas.
Esa declaración también fue condenada ayer por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), organismo vinculado a la Iglesia católica, que manifestó su “vehemente repudio” a la nueva ministra.
“Son posiciones tan desconectadas de la realidad del país que sólo pueden ser fruto de una total ignorancia o de una profunda mala fe”, indicó el Cimi en un comunicado.
LAS CIFRAS
El 1% de los empresarios del campo, según datos oficiales, posee casi la mitad de las tierras cultivables en Brasil.
90.000 campesinos acampan en el país a la espera de ser incluidos en planes de reforma agraria.
5 millones de brasileños se verían beneficiados con la prometida reforma agraria, en su mayoría personas que emigraron del campo a la periferia de las grandes ciudades del país.
Para su segundo mandato, que comenzó este 1º de enero, Rousseff incluyó entre sus 39 ministros a representantes de todas las fuerzas políticas que apoyaron su reelección, que configuran un variopinto paraguas ideológico bajo el cual se cobijan la izquierda, el centro y la derecha.
Las dificultades que muchos analistas previeron en esa diversidad política del nuevo gabinete se empezaron a manifestar en el estratégico sector agrícola.
La polémica la estableció la nueva titular de Agricultura, Katia Abreu, ganadera, senadora del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centroderecha) y hasta ahora presidenta de la patronal que agrupa a los grandes empresarios del campo, quien este lunes negó que existan latifundios en el país.
“Los latifundios no existen más”, por lo que la reforma agraria no debe ser “masiva” sino centrarse en campesinos con “vocación” de trabajo, declaró Abreu al diario Folha de Sao Paulo.
Esa opinión fue rebatida por el nuevo ministro de Desarrollo Agrario, Patrus Ananias, un histórico dirigente del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), quien ayer asumió formalmente su cargo arropado por representantes de movimientos sociales opuestos al nombramiento de Abreu en Agricultura.
Ananias, cuya cartera es responsable de la reforma agraria, consideró que en Brasil “no basta con derrumbar las cercas del latifundio”, y afirmó que “es preciso derrumbar también las cercas que nos limitan a una visión individualista y excluyente del proceso social”.
De acuerdo con datos oficiales, el 1% de los grandes empresarios del campo posee casi la mitad de las tierras cultivables en Brasil y, según organizaciones sociales, como el combativo Movimiento de los Sin Tierra (MST), unos 90.000 campesinos permanecen acampados en el país a la espera de ser incluidos en planes de reforma agraria.
Los mismos movimientos sociales calculan que unos cinco millones de brasileños se beneficiarían con la reforma agraria, en su mayoría personas que emigraron del campo hacia las periferias de las grandes ciudades.
Según Ananias, “ignorar la existencia de las desigualdades y de la injusticia (en el campo) es una forma de perpetuarlas”, y el gobierno tiene el deber de “ofrecer y garantizar la oportunidad de crecimiento” a los campesinos sin tierras, a fin de “tornar concreto el concepto de la función social de la propiedad”.
El MST, históricamente vinculado al PT, reaccionó frente a las posiciones de Abreu, a quien acusó de “representar los intereses de los segmentos más atrasados de la agricultura, que no alcanzan niveles mínimos de productividad, dañan el medio ambiente y se valen del trabajo esclavo”.
En la entrevista, Abreu ratificó su posición contra las normas para delimitar las tierras indígenas.
Esa declaración también fue condenada ayer por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), organismo vinculado a la Iglesia católica, que manifestó su “vehemente repudio” a la nueva ministra.
“Son posiciones tan desconectadas de la realidad del país que sólo pueden ser fruto de una total ignorancia o de una profunda mala fe”, indicó el Cimi en un comunicado.
LAS CIFRAS
El 1% de los empresarios del campo, según datos oficiales, posee casi la mitad de las tierras cultivables en Brasil.
90.000 campesinos acampan en el país a la espera de ser incluidos en planes de reforma agraria.
5 millones de brasileños se verían beneficiados con la prometida reforma agraria, en su mayoría personas que emigraron del campo a la periferia de las grandes ciudades del país.
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