Los peores fantasmas del pasado y los temores de mayor violencia y degradación institucional desatada en el mundo político y económico tras la muerte de Alberto Nisman, no han logrado todavía torcer un clima de razonable optimismo entre inversores profesionales, un ánimo que se discute en los principales directorios de grandes empresas y bancos. Obstinado optimismo entre hombres de negocios que sobreviven en la Argentina, muchos que han redoblado su custodia personal y familiar por los tiempos ásperos que corren; pero aferrados a la idea y el deseo de que el futuro, en poco tiempo, sea bastante mejor que el presente.
Cualquiera que la suceda a Cristina genera mayor confianza en el mundo económico. Se supone que el desgaste de la Presidenta irá creciendo en el año electoral, y se calcula que son cada vez menores las posibilidades de que se mantengan en el futuro gobierno las políticas de estatismo extremo con controles y ahogo a toda la actividad privada. La estabilidad del dólar en el mercado libre y la recuperación en los precios de los activos financieros argentinos responde a este convencimiento. La macro economía es un desastre, dicen los expertos, pero como el Gobierno se va en diciembre, no hay estallidos a la vista, aunque sufra la producción, el empleo y se demoren inversiones.
No es la primera vez en estos años que el mundo económico apuesta muy errado a buenas noticias desde la política. El supuesto pago del cupón PBI o la negociación con los holdouts resultan ejemplos cercanos. Por no mencionar episodios que hoy ya quedaron en el ridículo, como haber pensado que la llegada de Jorge Capitanich al Gabinete supondría un giro a la cordura en el Gobierno; o la eterna esperanza de que los gobernadores del peronismo impongan límites a la radicalización de la Presidenta.
Ahora se celebra una certeza que se supone más inexorable para el mundo político y económico. El próximo 10 de diciembre termina el período constitucional de Cristina y, sin reelección, estará obligada a dejar la Presidencia. A resignar todo o casi todo el poder.
Si la Presidenta se allana a la Constitución, deberá dejar el Gobierno. Y la mayoría de los observadores políticos, dentro y fuera del poder, aseguran que Cristina va a aceptar ese límite. Opinan que ya no tiene margen para desafiar la Constitución. Algunos observan que la Presidenta tal vez hubiera querido forzar las cosas para quedarse en Olivos a lo Chávez. Pero todo indica que no puede. Y eso parece el motivo central del alivio. Finalmente Argentina, cree la mayoría, no será como la Venezuela del dictador Nicolás Maduro, al menos los próximos años.
Cierto es que circulan las versiones y análisis más delirantes que llaman a no festejar antes de tiempo. La tesis de la diputada Elisa Carrió es que la opción Maduro, para Cristina, no estaría cerrada. Podría según esta teoría promover un auto golpe para generar una conmoción que justifique decretar el Estado de Sitio y arrasar con las garantías constitucionales de los ciudadanos. Gobernar con el terror, asistida por los militares del General Cesar Milani y los parapoliciales militantes, encarcelando y reprimiendo opositores. Todo justificado en que los que violan la constitución son los opositores, los argumentos que delineó con detalles hasta jurídicos la Presidenta en su última exposición por facebook. Allí denunció que la Justicia comete sedición al actuar contra el Ejecutivo y el Congreso, los poderes del Estado legitimados por la voluntad popular. Como si no existieran los jueces y los funcionarios de un Gobierno fueran intocables por el hecho de haber ganado una elección.
Si contara el pasado, debe apuntarse que hasta ahora Cristina, en sus batallas terminales, nunca se apartó tanto de la Constitución, y aceptó allanarse a las decisiones de la Justicia. Embistió contra Clarín con la Ley de Medios y otros tantos instrumentos, pero no ingresó por la fuerza con milicias militantes a las instalaciones del diario o a Cablevisión. Aceptó las cautelares de la Justicia, aún protestando todos los días en cadena nacional. También aceptó la derrota legislativa de las retenciones móviles y los límites que impuso la Corte Suprema a la pretendida democratización de la Justicia con la que se intentaba copar el Poder Judicial.
¿Cambiará esa lógica a pocos meses de terminar el Gobierno? Aún si el Gobierno intentara perseguir ciudadanos con la ley de abastecimiento o con la temeraria ley antiterrorista, debería presentar denuncias y pedir a los jueces que actúen. Nada que no se haya visto en semanas recientes, donde finalmente la Justicia desestima o pone límites a los abusos de Estado contra personas y empresas.
Convencidos entonces que Cristina no podrá perpetrarse, peronistas y opositores buscan seducir a votantes y sponsors. Mauricio Macri se siente ganador y pide apoyo a los comunicadores. «Es ahora o nunca, muchachos. Tienen que ayudarme a convencer a la gente de que es hora de cambiar, probar algo nuevo, dejar de votar a los peronistas de siempre.» dice convencido de su buen momento y buena sintonía con la sociedad, sobre todo los sectores medios en los principales distritos electorales. Entre peronistas, la ilusión de recuperar la mística y hacerse fuertes con un improbable acuerdo entre Daniel Scioli y Sergio Massa es la última novedad que se baraja en las mesas políticas. Escenarios con final abierto a la espera de confirmar lo que todos suponen inexorable: sin margen para locuras, que Cristina acepte, de ahora y hasta el final de su mandato, los límites de la Constitución.
Cualquiera que la suceda a Cristina genera mayor confianza en el mundo económico. Se supone que el desgaste de la Presidenta irá creciendo en el año electoral, y se calcula que son cada vez menores las posibilidades de que se mantengan en el futuro gobierno las políticas de estatismo extremo con controles y ahogo a toda la actividad privada. La estabilidad del dólar en el mercado libre y la recuperación en los precios de los activos financieros argentinos responde a este convencimiento. La macro economía es un desastre, dicen los expertos, pero como el Gobierno se va en diciembre, no hay estallidos a la vista, aunque sufra la producción, el empleo y se demoren inversiones.
No es la primera vez en estos años que el mundo económico apuesta muy errado a buenas noticias desde la política. El supuesto pago del cupón PBI o la negociación con los holdouts resultan ejemplos cercanos. Por no mencionar episodios que hoy ya quedaron en el ridículo, como haber pensado que la llegada de Jorge Capitanich al Gabinete supondría un giro a la cordura en el Gobierno; o la eterna esperanza de que los gobernadores del peronismo impongan límites a la radicalización de la Presidenta.
Ahora se celebra una certeza que se supone más inexorable para el mundo político y económico. El próximo 10 de diciembre termina el período constitucional de Cristina y, sin reelección, estará obligada a dejar la Presidencia. A resignar todo o casi todo el poder.
Si la Presidenta se allana a la Constitución, deberá dejar el Gobierno. Y la mayoría de los observadores políticos, dentro y fuera del poder, aseguran que Cristina va a aceptar ese límite. Opinan que ya no tiene margen para desafiar la Constitución. Algunos observan que la Presidenta tal vez hubiera querido forzar las cosas para quedarse en Olivos a lo Chávez. Pero todo indica que no puede. Y eso parece el motivo central del alivio. Finalmente Argentina, cree la mayoría, no será como la Venezuela del dictador Nicolás Maduro, al menos los próximos años.
Cierto es que circulan las versiones y análisis más delirantes que llaman a no festejar antes de tiempo. La tesis de la diputada Elisa Carrió es que la opción Maduro, para Cristina, no estaría cerrada. Podría según esta teoría promover un auto golpe para generar una conmoción que justifique decretar el Estado de Sitio y arrasar con las garantías constitucionales de los ciudadanos. Gobernar con el terror, asistida por los militares del General Cesar Milani y los parapoliciales militantes, encarcelando y reprimiendo opositores. Todo justificado en que los que violan la constitución son los opositores, los argumentos que delineó con detalles hasta jurídicos la Presidenta en su última exposición por facebook. Allí denunció que la Justicia comete sedición al actuar contra el Ejecutivo y el Congreso, los poderes del Estado legitimados por la voluntad popular. Como si no existieran los jueces y los funcionarios de un Gobierno fueran intocables por el hecho de haber ganado una elección.
Si contara el pasado, debe apuntarse que hasta ahora Cristina, en sus batallas terminales, nunca se apartó tanto de la Constitución, y aceptó allanarse a las decisiones de la Justicia. Embistió contra Clarín con la Ley de Medios y otros tantos instrumentos, pero no ingresó por la fuerza con milicias militantes a las instalaciones del diario o a Cablevisión. Aceptó las cautelares de la Justicia, aún protestando todos los días en cadena nacional. También aceptó la derrota legislativa de las retenciones móviles y los límites que impuso la Corte Suprema a la pretendida democratización de la Justicia con la que se intentaba copar el Poder Judicial.
¿Cambiará esa lógica a pocos meses de terminar el Gobierno? Aún si el Gobierno intentara perseguir ciudadanos con la ley de abastecimiento o con la temeraria ley antiterrorista, debería presentar denuncias y pedir a los jueces que actúen. Nada que no se haya visto en semanas recientes, donde finalmente la Justicia desestima o pone límites a los abusos de Estado contra personas y empresas.
Convencidos entonces que Cristina no podrá perpetrarse, peronistas y opositores buscan seducir a votantes y sponsors. Mauricio Macri se siente ganador y pide apoyo a los comunicadores. «Es ahora o nunca, muchachos. Tienen que ayudarme a convencer a la gente de que es hora de cambiar, probar algo nuevo, dejar de votar a los peronistas de siempre.» dice convencido de su buen momento y buena sintonía con la sociedad, sobre todo los sectores medios en los principales distritos electorales. Entre peronistas, la ilusión de recuperar la mística y hacerse fuertes con un improbable acuerdo entre Daniel Scioli y Sergio Massa es la última novedad que se baraja en las mesas políticas. Escenarios con final abierto a la espera de confirmar lo que todos suponen inexorable: sin margen para locuras, que Cristina acepte, de ahora y hasta el final de su mandato, los límites de la Constitución.
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