El proyecto, de autoría del presidente del bloque oficialista, Enrique Cresto, ingresó y recibió inmediata aprobación en la sesión que anoche celebró la Cámara de Senadores de Entre Ríos.
Se trata de hacer obligatoria la realización de los estudios necesarios para el “Certificado de aptitud psico-físico, a todo funcionario del Poder Ejecutivo provincial hasta la categoría de director provincial; legisladores del Poder Legislativo; y funcionarios del Poder Judicial, en función y respeto al Artículo Nº 37 de Ética Pública, que rige en la Constitución de la Provincia de Entre Ríos”.
La iniciativa dispone que el examen deberá ser presentado en un término máximo de 30 días a la fecha de designación del funcionario o de la sanción de la ley, que permita “corroborar su óptima condición física y mental para desempeñarse en el cargo que le fue conferido, sea por el voto popular o por designación, a fines de cumplimentar los estudios de rigor y evitar cualquier sospecha que pueda poner en duda su buen nombre y honor”.
“Nos hacemos responsables de un nuevo modo de llevar adelante políticas públicas de lucha contra el narcotráfico, lo que está reflejado en la ley 10329”, afirmó Cresto.
Dijo que la propuesta se da en el marco de “tensiones generadas por este proceso que intenta ir de frente para terminar con un flagelo que hiere profundamente nuestra sociedad”. Advirtió que “se va a seguir hasta la última instancia para llevar a buen puerto el proceso de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico”. “En política hay que pregonar con el ejemplo, dijo el legislador”, y expresó que “tal vez a muchos no les guste, pero hay que sentir y actuar en el modo que nos pide la sociedad”, acotó.
EFECTOS. Según explicó el autor del proyecto, los funcionarios afectados por una adicción “deberán ocuparse inmediatamente de su salud, después de ser separados de su función”.
El senador recordó los dichos del entonces diputado Néstor Kirchner cuando “argumentó a favor de la lucha contra el narcotráfico” y trajo al recinto los dichos del Papa Francisco. Lo hizo para destacar la importancia de comprometerse en la lucha contra el narcotráfico. “No pensamos en las víctimas, sino en aquellos que lucran destruyendo la salud de nuestros jóvenes”, enfatizó Cresto.
Enumeró antecedentes de otras provincias que fueron tenidos en cuenta para hacer este proyecto. Mencionó que el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni admitió la posibilidad de un mecanismo como el propuesto.
Finalmente, el senador de Concordia se comprometió a ir a los efectores públicos a realizarse los exámenes propuestos y dijo esperar que otros sigan el mismo camino, como “parte de un compromiso de respeto a toda la comunidad entrerriana”.
Encuadre
La iniciativa del senador Cresto remite al artículo 37, de ética pública, contemplado en la Constitución provincial, que dispone que “los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado, de los municipios y de las comunas, sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Deben observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde con la ética pública, la que constituye un valor social que hace a la esencia del sistema republicano”. Luego da pautas para una ley de ética para el ejercicio de la función pública, que deberá contemplar, entre otras, las siguientes conductas:
–Observar los principios de probidad, rectitud, prudencia, justicia, equidad, eficiencia y transparencia de los actos públicos.
–Presentar, al tiempo de asumir y cesar en el cargo, manifestación de bienes.
–Abstenerse de intervenir desde la función en actos en los que tengan vinculación, sea personal o a través de terceros que él represente o patrocine o cuando tuviera un interés particular, laboral, económico o financiero.
–No aceptar gratificaciones, obsequios u otras prestaciones de significación con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.
–No podrán desempeñar otras actividades, incluyendo el ejercicio de la docencia, cuando afecte u obstaculice la asistencia regular a las tareas propias del cargo.
Apoyo al deporte
El Senado también dio media sanción ayer al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que tomó estado parlamentario en la sesión anterior y es parte de un compromiso del gobernador Sergio Urribarri expresado frente a representantes de clubes entrerrianos. Fue la senadora Angélica Guerra quien destacó que el proyecto “busca lograr un sistema virtuoso para profundizar la inclusión social sostenida en el deporte”.
Se propone instituir un “Régimen de Apoyo a Instituciones Deportivas de la Provincia de Entre Ríos que participen en competencias de alcance nacional en las disciplinas fútbol, basquetbol, vóleibol, ciclismo y atletismo”.
También se crea un régimen de apoyo a las ligas de fútbol, asociaciones de básquetbol y clubes que estén oficialmente reconocidos, directa o indirectamente afiliados a las Federaciones Entrerrianas de Fútbol y de Basquetbol de la provincia.
Se agrega el “Apoyo al Deporte Federado y a las Instituciones que lo representen en el ámbito de la provincia” y un “Programa Provincial de Becas Deportivas”.
El financiamiento para atender estos programas provienen de las Fondo Provincial del Deporte (Foproder), que se constituye con el 12 por ciento de las utilidades netas por juegos y apuestas del IAFAS. Durante el año 2014 el aporte por este concepto superó los 30 millones de pesos.
Los senadores también dieron media sanción al proyecto de ley que modifica el Artículo 9º Inciso c) de la Ley Nº 8347, por el que se establece que el importe que resulte del 18 por ciento de las utilidades netas por juegos y apuestas del IAFAS, con lo que aumentará sustancialmente el aporte de las provincia al deporte entrerriano.
El tratamiento sobre tablas, con despacho de Comisión, fue solicitado por el senador de Villaguay, Jorge Ghirardi.
