Una secuencia de allanamientos realizados ayer en viviendas de siete efectivos del Ejército a raíz del robo de casi 20 mil municiones del Batallón de Arsenales 603 «San Lorenzo» de Fray Luis Beltrán arrojó resultado positivo. En algunos domicilios de las personas apuntadas, que habían sido apartadas por el Ministerio de Defensa de la Nación al surgir la evidencia del faltante, se encontraron partidas de balas y un fusil con la numeración limada, que es del tipo que compone el parque de armas de la dependencia donde ocurrió el hecho.
Los precedimientos se realizaron en domicilios de personal militar que cumplía servicio en la fábrica, todos relacionados con administración y control de municiones. Fueron ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros a requerimiento del fiscal federal Nº 1 Mario Gambacorta. Cuatro de ellos se hicieron en el barrio militar de Fray Luis Beltrán donde los gendarmes secuestraron documentación variada, los teléfonos celulares de los militares requeridos y computadoras portátiles. Hubo además dos allanamientos en domicilios de Rosario. Por último se hizo uno en la vivienda de un militar jerárquico, con grado de coronel, en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.
Fuentes de la investigación consignaron que los gendarmes encontraron en algunos domicilios cajas de balas y un fusil con el número borrado para impedir su identificación. Este resultado puede suponer un agravamiento para la situación de los militares aludidos que hasta ahora no estaban imputados de nada. Frente al hallazgo de material sin aparente justificación podrían habilitarse pedidos de indagatorias por delitos que pueden ir desde el incumplimiento de deberes de funcionario público hasta el robo.
Medidas drásticas. El operativo de ayer se realizó a un mes de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ordenara el cierre del Batallón de Arsenales 603, tras la denuncia radicada el 30 de diciembre del año pasado por el propio Ejército ante el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, por la desaparición de 18.800 municiones calibre 9 milímetros y otras 800 de 32 milímetros, detectada después de hacer un control de municiones acopiadas. En un principio se habló de 26 mil proyectiles, pero luego desde la cartera se salió a aclarar las cantidades y el tipo de balas que faltaban.
Rossi ordenó entonces el pase a retiro del director de Arsenales, coronel Hugo Víctor Miola, y la suspensión de dos oficiales y cinco suboficiales que estaban encargados de la custodia del armamento. Además de la investigación administrativa del hecho a la par de la pesquisa juicial, el ministro encomendó al jefe del Ejército Argentino, teniente general César Milani, que la totalidad de armas, municiones y otros elementos sean relocalizados en otras unidades militares del país. También instruyó al jefe de la fuerza crear una Base de Apoyo Logístico y una Unidad Militar de Emergencias en las instalaciones que ocupaba dicha unidad.
La Capital consultó ayer al Ministerio de Defensa sobre los siete allanamientos realizados en la jornada, pero desde la cartera no brindaron datos ni consideraciones.
Pedidos de informes. Ni bien se conoció la noticia de la faltante de los proyectiles hubo pedidos de informes y también mereció declaraciones de la intendenta de Rosario, Mónica Fein, quien pidió el esclarecimiento de lo sucedido. En todos los casos, se deslizó la preocupación de que esas municiones hayan tenido como destino esta ciudad, y más precisamente bandas delictivas vinculadas al narcotráfico .
Las municiones 9 milímetros faltantes pueden utilizarse en cualquier pistola de ese calibre. En la mayoría de los homicidios y hechos de inseguridad que se cometen cada día se usan armas de ese tipo.
Una caja de 50 unidades en una armería cuesta entre 450 y 500 pesos. Pero en el mercado negro podrían venderse al doble de su precio, de acuerdo a lo que explicó un especialista de una fuerza de seguridad. Para comprarlas en las armerías, se debe tener un carné de consumo de munición. Estos proyectiles se producen, precisamente, en la Fábrica de Armas Fray Luis Beltrán, dependiente de Fabricaciones Militares y ubicada en un predio vecino a la sede del Batallón 603.
Una dependencia con más de un antecedente
No es la primera vez que la unidad militar de Fray Luis Beltrán presenta irregularidades relacionadas con la faltante de proyectiles y armamento. «En los últimos cuatro años, dos de los hechos más resonantes en cuanto a faltante de armas y municiones se dio en ese batallón. Por el contrario, en otros arsenales no sucedió absolutamente nada durante este tiempo», expresó en un comunicado el ministro de Defensa Agustín Rossi el pasado 20 de febrero cuando ordenó el cierre de la dependencia. Sin embargo días antes, el 12 de enero último, se comprobó la desaparición de un misil antiataque tipo Tow (aparentemente imposible de activar sin otros elementos) que se hallaba en el Escuadrón de Caballería Blindado Nº 1 de La Plata.
El 18 de febrero de 2011, el Ejército denunció que en el Batallón de Arsenales Nº 603 de Fray Luis Beltrán faltaban 154 fusiles FAL, piezas para el armado de 250 fusiles, una ametralladora MAG (calibre 7,62 mm), piezas de cinco ametralladoras (calibre 12,7 mm) y una pistola 9 milímetros. El 4 de marzo de ese mismo año, el entonces ministro Arturo Puricelli decidió el pase a disponibilidad del general de brigada Alejandro Luis Pucheta, uno de los más altos mandos del Ejército. De él dependían todos los batallones del arma, entre ellos el 603.
A través de un informe, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina reveló en 2012 que de los batallones de Arsenales 601 y 603 se habían sustraído entre en dos años 274 correderas, 282 cerrojos, 288 armazones, 512 cajones de mecanismo y 45 cañones de repuesto de fusiles. Y en 2004, se supo de la aparición de fusiles FAL del Ejército en manos de narcos de las favelas de Río de Janeiro.
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Los precedimientos se realizaron en domicilios de personal militar que cumplía servicio en la fábrica, todos relacionados con administración y control de municiones. Fueron ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros a requerimiento del fiscal federal Nº 1 Mario Gambacorta. Cuatro de ellos se hicieron en el barrio militar de Fray Luis Beltrán donde los gendarmes secuestraron documentación variada, los teléfonos celulares de los militares requeridos y computadoras portátiles. Hubo además dos allanamientos en domicilios de Rosario. Por último se hizo uno en la vivienda de un militar jerárquico, con grado de coronel, en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.
Fuentes de la investigación consignaron que los gendarmes encontraron en algunos domicilios cajas de balas y un fusil con el número borrado para impedir su identificación. Este resultado puede suponer un agravamiento para la situación de los militares aludidos que hasta ahora no estaban imputados de nada. Frente al hallazgo de material sin aparente justificación podrían habilitarse pedidos de indagatorias por delitos que pueden ir desde el incumplimiento de deberes de funcionario público hasta el robo.
Medidas drásticas. El operativo de ayer se realizó a un mes de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ordenara el cierre del Batallón de Arsenales 603, tras la denuncia radicada el 30 de diciembre del año pasado por el propio Ejército ante el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, por la desaparición de 18.800 municiones calibre 9 milímetros y otras 800 de 32 milímetros, detectada después de hacer un control de municiones acopiadas. En un principio se habló de 26 mil proyectiles, pero luego desde la cartera se salió a aclarar las cantidades y el tipo de balas que faltaban.
Rossi ordenó entonces el pase a retiro del director de Arsenales, coronel Hugo Víctor Miola, y la suspensión de dos oficiales y cinco suboficiales que estaban encargados de la custodia del armamento. Además de la investigación administrativa del hecho a la par de la pesquisa juicial, el ministro encomendó al jefe del Ejército Argentino, teniente general César Milani, que la totalidad de armas, municiones y otros elementos sean relocalizados en otras unidades militares del país. También instruyó al jefe de la fuerza crear una Base de Apoyo Logístico y una Unidad Militar de Emergencias en las instalaciones que ocupaba dicha unidad.
La Capital consultó ayer al Ministerio de Defensa sobre los siete allanamientos realizados en la jornada, pero desde la cartera no brindaron datos ni consideraciones.
Pedidos de informes. Ni bien se conoció la noticia de la faltante de los proyectiles hubo pedidos de informes y también mereció declaraciones de la intendenta de Rosario, Mónica Fein, quien pidió el esclarecimiento de lo sucedido. En todos los casos, se deslizó la preocupación de que esas municiones hayan tenido como destino esta ciudad, y más precisamente bandas delictivas vinculadas al narcotráfico .
Las municiones 9 milímetros faltantes pueden utilizarse en cualquier pistola de ese calibre. En la mayoría de los homicidios y hechos de inseguridad que se cometen cada día se usan armas de ese tipo.
Una caja de 50 unidades en una armería cuesta entre 450 y 500 pesos. Pero en el mercado negro podrían venderse al doble de su precio, de acuerdo a lo que explicó un especialista de una fuerza de seguridad. Para comprarlas en las armerías, se debe tener un carné de consumo de munición. Estos proyectiles se producen, precisamente, en la Fábrica de Armas Fray Luis Beltrán, dependiente de Fabricaciones Militares y ubicada en un predio vecino a la sede del Batallón 603.
Una dependencia con más de un antecedente
No es la primera vez que la unidad militar de Fray Luis Beltrán presenta irregularidades relacionadas con la faltante de proyectiles y armamento. «En los últimos cuatro años, dos de los hechos más resonantes en cuanto a faltante de armas y municiones se dio en ese batallón. Por el contrario, en otros arsenales no sucedió absolutamente nada durante este tiempo», expresó en un comunicado el ministro de Defensa Agustín Rossi el pasado 20 de febrero cuando ordenó el cierre de la dependencia. Sin embargo días antes, el 12 de enero último, se comprobó la desaparición de un misil antiataque tipo Tow (aparentemente imposible de activar sin otros elementos) que se hallaba en el Escuadrón de Caballería Blindado Nº 1 de La Plata.
El 18 de febrero de 2011, el Ejército denunció que en el Batallón de Arsenales Nº 603 de Fray Luis Beltrán faltaban 154 fusiles FAL, piezas para el armado de 250 fusiles, una ametralladora MAG (calibre 7,62 mm), piezas de cinco ametralladoras (calibre 12,7 mm) y una pistola 9 milímetros. El 4 de marzo de ese mismo año, el entonces ministro Arturo Puricelli decidió el pase a disponibilidad del general de brigada Alejandro Luis Pucheta, uno de los más altos mandos del Ejército. De él dependían todos los batallones del arma, entre ellos el 603.
A través de un informe, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina reveló en 2012 que de los batallones de Arsenales 601 y 603 se habían sustraído entre en dos años 274 correderas, 282 cerrojos, 288 armazones, 512 cajones de mecanismo y 45 cañones de repuesto de fusiles. Y en 2004, se supo de la aparición de fusiles FAL del Ejército en manos de narcos de las favelas de Río de Janeiro.
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