23 de Marzo de 2015
Un informe de organismos de control del gobierno enviado a la Legislatura confirma que el macrismo conocía las irregularidades en Barracas
Entre 2007 y 2013 se rechazaron todos los planes de evacuación presentados por la empresa, se cuestionó el revestimiento térmico de los muros, la ventilación y los contratos de seguridad privada. Pero no se cerró el depósito.
Dos de los responsables – Francisco Cabrera y Carlos Pirovano, ministro y vice de Inversiones de la Ciudad y nexo con IRM. Ambos fueron empleados del HSBC.
Hasta hace dos semanas, el incendio que consumió al depósito que tenía la multinacional de origen estadounidense Iron Mountain (IRM) en Barracas era considerado por la justicia como un accidente fatal. El fuego se apoderó de todo el 5 de febrero de 2014. Incluso de la vida de ocho bomberos y dos rescatistas que llegaron en tiempo récord al desastre para combatir una enorme combustión de papel. Las llamas destrozaron las paredes del viejo depósito documental en diez minutos, cuando tendrían que haber resistido, al menos, dos horas. Los escombros ardientes cayeron sobre la escuadra humana de salvataje y los aplastó hasta matarlos. Han pasado 13 meses de la tragedia y el caso que indaga la brutal incineración de documentación perteneciente a 600 empresas podría cambiar de carátula: ya no serían muertes, sino asesinatos. El detonante del giro fue la tardía presentación de una pericia que realizó la Policía Federal Argentina hace 15 días. El estudio técnico, que incluye un delicado análisis del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) confirmó la intencionalidad y la planificación del incendio. La revelación pericial no sólo estremece al directorio de Iron Mountain: también desató una serie de interrogantes sobre la cantidad de maniobras que avaló el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para promover y proteger a la instalación del depósito en la calle Azara 1245, el más grande de los cuatro que posee IRM en territorio porteño.
Un informe realizado por el legislador porteño del Frente para la Victoria (FPV) Gabriel Fuks demuestra que el desastre podría haber sido evitado gracias a la cantidad de inspecciones que realizaron casi todos los organismos de control que funcionan dentro del gobierno porteño. Se trata de 15 controles que fueron desoídos por la comuna durante los últimos ocho años. Cada detalle fue aportado por la administración PRO con el fin de contestar a los pedidos de informes que presentaron otros ocho legisladores, además de Fuks: Paula Oliveto, de la Coalición Cívica; Edgardo Form, de Nuevo Encuentro; Juan Francisco Nosiglia, del bloque SUMA +; Lorena Pokoik, del FPV y cuatro miembros del bloque macrista: Paula Villalba, Christian Bauab, Héctor Huici y Daniel Lipovetzky.
Para responder a cada uno de esos requerimientos legislativos, la comuna los unificó en una sola respuesta a la que accedió Tiempo. Los datos son parte de un informe de 500 páginas que echa luz sobre una larga lista de deficiencias detectadas y advertidas por siete reparticiones de control. La Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyCo) de la Agencia Gubernamental de Control Comunal, controlada por el jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta. La Dirección General de Control de Obras y Catastro (DGROC), bajo la órbita del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. La Dirección de Defensa Civil, dependiente del sector de Emergencias, que reporta al titular de la cartera de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, cuyo poder también controla otro sector clave: la Dirección General de Administración de Infracciones, que interpretó, en todos los casos, que no había que aplicar las multas que pidieron los otros sectores. En esta saga también aparece la Agencia de Protección Ambiental (APRA), cuya funcionalidad respira ahora bajo el control del ministro de Ambiente y Espacio Público, Edgardo Cenzón, pero estuvo también en manos del actual senador Diego Santilli, jefe de la difunta creadora de la APRA Graciela Gerola, convencida por el propio Macri para ocupar el cargo, aunque luego de su muerte nadie recordó su papel en la creación del ente.
La última pieza, como ya reveló este diario, es la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT), controlada por Francisco Cabrera, a cargo del área de Desarrollo Económico, el ministerio que ocupa desde 2007, luego de pasar varios años como gerente de la AFJP Máxima y funcionario del banco HSBC, uno de los mayores damnificados por el fuego que consumió documentación clave perteneciente a 600 empresas, financieras y entidades financieras. La incineración, definida como «intencional» a los ojos de la pericia, también consumió papeles guardados de distintos organismos de fiscalización del gobierno porteño. Son los mismos que, según el informe, elevaron más de 15 alertas por deficiencias edilicias, ambientales y de seguridad e higiene en el viejo depósito de la calle Azara.
LAS ALERTAS IGNORADAS. De acuerdo al expediente 58541-2007, Iron Mountain obtuvo la habilitación para funcionar en Azara 1245 el 8 de noviembre de 2007, un mes antes de la jura de Macri como alcalde porteño. Por entonces, el jefe de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Edgardo Nardi, firmó la Disposición 7872 y otorgó el permiso para que ese establecimiento funcionara como «depósito de envases de papel y cartón, de automotores y/o vehículos en desuso, de contenedores, de consignatarios en general y centro de procesamiento de datos y tabulación». A partir de ese momento, y según consta en los registros, todo fue una consecución de inspecciones con resultado negativo que, sin embargo y a pesar de la existencia de pedidos, nunca derivaron en clausuras del establecimiento. El informe revela que, incluso antes de su habilitación, hubo una serie de movimientos que, hasta ahora, la justicia no investigó. El primero, data de diciembre del 2005, cuando la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental le otorgó a la empresa –vía disposición 1362– el Certificado de Aptitud Ambiental. Dos años después, en abril de 2007, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) registró los planos del proyecto de instalación y ventilación mecánica de los galpones.
Tras la habilitación formal del 8 de noviembre de 2007, comenzaron los movimientos de la gestión PRO. El primero data del 19 de noviembre del 2008. Ese día la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyCo) de la Agencia Gubernamental de Control inspeccionó el inmueble y labró Actas de Comprobación por «falta de recubrimiento térmico en columnas, carencia de ventilación reglamentaria y falta de constancia de evaluación positiva del Plan de Evacuación por parte de Defensa Civil». En esa fecha no hubo sanciones «porque dicha competencia radica en la Dirección General de Administración de Infracciones», que finalmente no activó ningún castigo.
Un año después, el 5 de mayo del 2009, la Dirección General de Defensa Civil no aprobó el Plan de Evacuación y Simulacro «presentado por Iron Mountain en abril del 2009, con relación al depósito de la calle Azara». El derrotero del expediente sumó otra inflexión antes de la finalización de ese año. El 2 de diciembre la misma DGFyCo, que había detectado fallas un año antes, inspeccionó Azara al 1245 de nuevo y labró una segunda «Acta de Comprobación por estiba antireglamentaria de mercadería y falta de documentación correspondiente al servicio de seguridad privada.» Dos temas clave que luego posibilitarían la veloz propagación del fuego: la superposición de cajas que multiplicarían la «carga de fuego» y la ausencia de la custodia necesaria. El ente no sancionó a nadie, pero el día 28 de ese mismo mes, Defensa Civil se negó a aprobar el Plan de Evacuación presentado por la empresa.
En 2010 la saga continuó a partir del 15 de marzo: la DGFyCo, dependiente de la AGCC controlada por el premier Larreta intervino por tercera vez, revisó de nuevo el lugar, y advirtió sobre la «tenencia de entrepiso de altura y carencia de alarma sonoro-luminosa». Al igual que en los casos anteriores, tampoco hubo sanciones por falta de competencia.
Tres meses después, el 3 de Julio, volvió a intervenir Defensa Civil y repitió su resistencia. Se negó a aprobar el segundo Plan de Evacuación que la firma presentó en mayo de ese año. IRM jugó un tercer repechaje el 24 de noviembre del 2010, pero el 9 de mayo de 2011 Defensa Civil volvió a rechazar el plan presentado. Es decir que, entre 2009 y 2011, los organismos de control porteño negaron las aprobaciones de planes de adecuación que presentó la empresa.
El 22 de junio del 2011, la DGFyCo vuelve a intervenir, pero a pedido de la Dirección General de Control de Obras y Catastro (DGROC) «por la presunta existencia de obras no declaradas». En la visita los inspectores comprobaron allí que «no hay obra en proceso, ni acopio de materiales, ni riesgo para propios ni terceros, por lo que sugiere archivar las actuaciones». La inspección concluyó con los cuestionamientos de los años anteriores y buscó archivar los incidentes previos.
LA EVACUACIÓN QUE NUNCA TUVO PERMISO. Pero 2012 no fue la excepción para un nuevo rechazo contra los Planes de Evacuación, hecho que ocurrió el 5 de mayo. En ese caso, hubo una justificación más grave: el 26 de abril, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) inspeccionó el depósito y verificó que «no cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental vigente», tampoco «con Planos de Uso y de Condiciones contra incendio aprobado» y tampoco con el «Plan de Evacuación presentado y aprobado por Defensa Civil”. Ante esta situación el organismo ambiental intimó “a la empresa a la regularización de las situaciones irregulares detectadas”. Los planteos derribaron las conclusiones de junio de 2011, que le permitieron a IRM zafar de las primeras alertas.
Dentro de esa arqueología burocrática, los registros también revelan que la empresa se presentó 19 días antes de la inspección que hizo la APRA y que los puso en aprietos. El 7 de abril de 2012 ocurrió la primera aparición de un representante de Iron Mountain ante la Dirección General de Control de la APRA y presentó “documentación correspondiente a las situaciones irregulares detectadas el 26/04/12”. Según plasmaron los inspectores ambientales en aquel entonces “el apoderado de Iron Mountain presentó un Plano de Instalaciones contra Incendio aprobado por la División Prevención de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, el cual no es aportado en la documentación presentada”. Hasta la fecha, las documentaciones que remiten a las habilitaciones de la PFA, nunca aparecieron, pero aparecen mencionadas en el certificado de habilitación porteño del 8 de noviembre de 2007. El permiso habla del “Plano de Prevencion de Servicio contra Incendio y Certificado de Inspeccion Final Nº 5292 expedido por la Superintendencia Federal de Bomberos” de la Federal.
En mayo del 2013, en uno de los últimos hitos que se comprobaron y registraron antes del incendio, Defensa Civil volvió a rechazar la aprobación del Plan de Evacuación y Simulacro que presentó Iron Mountain en mayo de ese año. La saga de inspecciones y castigos fueron atajados por los organismos porteños como fueran eximios arqueros. Si los inspectores hubieran anotado algún «gol inspectivo» en medio de esa saga, habrían obstaculizado el activo auspicio que puso en marcha IRM para apoyar la creación del Distrito Tecnológico en 2008 y su ampliación de 2010, que ya fue revelada por este diario en su edición del 16 de marzo pasado, donde aparecen Cabrera, su subsecretario de Inversiones Carlos Pirovano (ex Banco Roberts y ex HSBC), junto a Guillermo Lockhardt, el director de IRM que apoyó la ampliación de los beneficios impositivos. Todo habría fracasado si prosperaban las inspecciones, porque habrían activado la Ley 265 que establece las competencias de la policía del trabajo en la Ciudad. Su artículo 19, inciso e2, determina que el empleador con faltas graves «quedará inhabilitado por un año para acceder a licitaciones públicas y suspendido en los registros de proveedores o aseguradores del Estado». «
ley para un registro de incendios
El legislador porteño y vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria, Gabriel Fuks, presentó un nuevo proyecto de Ley que promueve la creación de la Base de Datos de Información contra Incendios (BDII) de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de notificar a las dotaciones de bomberos y personal de Defensa Civil intervinientes en las emergencias sobre la situación y el peligro real que se encuentra al interior de los establecimientos siniestrados. Dicho proyecto fue acompañado por 15 diputados de todas las fuerzas políticas, incluidos varios del oficialismo porteño.
Una vez cumplido el año del incendio en Barracas de la empresa Iron Mountain, donde murieron diez servidores públicos, se realizó un acto homenaje en el cual el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Ferlise, solicitó a las autoridades de la Ciudad y de otros municipios a informar sobre los riesgos con los que se pueden encontrar en plena labor de rescate. En relación, el ex presidente de Cascos Blancos explicó: «La falta de información respecto de los materiales obrantes dentro de los establecimientos incendiados, nos motivó a presentar este Proyecto de Ley para tomar todas las prevenciones posibles.»
lo que se quemó sigue bajo la lupa
La confirmación de la intencionalidad del incendio en el depósito de Iron Mountain en Barracas dejó en claro que se buscó la combustión. Sin embargo, no da cuenta de por qué se decidió eliminar todo lo contenido en los galpones 7 y 8. ¿Por qué es importante saber qué se guardaba allí? Tanto la empresa como muchas de las firmas que actuaban como clientes son actualmente investigadas por presuntos delitos de evasión y lavado de activos. Existe una causa donde la AFIP puso el ojo y allanó oficinas de Iron Mountain. En paralelo, los clientes de la firma eran 600 grandes empresas, entre ellas 43 muy comprometidas con el material siniestrado: figuran bancos como el HSBC, JP Morgan y BNP Paribas, tres entidades que en el país figuran en causas que los vinculan a serios delitos económicos. Sin ir más lejos, el próximo miércoles se conformará en Diputados una Comisión Investigaba de la causa de evasión del HSBC. Las 4040 de argentinos sin registrar en la sede Ginebra, y el esquema de facilitación de esa fuga por parte de funcionarios del mismo banco. «Acá no se puede descartar nada», adelantó a Tiempo una fuente judicial que está detrás del material que se quemó en el incendio de febrero del año pasado.
Un informe de organismos de control del gobierno enviado a la Legislatura confirma que el macrismo conocía las irregularidades en Barracas
Entre 2007 y 2013 se rechazaron todos los planes de evacuación presentados por la empresa, se cuestionó el revestimiento térmico de los muros, la ventilación y los contratos de seguridad privada. Pero no se cerró el depósito.
Dos de los responsables – Francisco Cabrera y Carlos Pirovano, ministro y vice de Inversiones de la Ciudad y nexo con IRM. Ambos fueron empleados del HSBC.
Hasta hace dos semanas, el incendio que consumió al depósito que tenía la multinacional de origen estadounidense Iron Mountain (IRM) en Barracas era considerado por la justicia como un accidente fatal. El fuego se apoderó de todo el 5 de febrero de 2014. Incluso de la vida de ocho bomberos y dos rescatistas que llegaron en tiempo récord al desastre para combatir una enorme combustión de papel. Las llamas destrozaron las paredes del viejo depósito documental en diez minutos, cuando tendrían que haber resistido, al menos, dos horas. Los escombros ardientes cayeron sobre la escuadra humana de salvataje y los aplastó hasta matarlos. Han pasado 13 meses de la tragedia y el caso que indaga la brutal incineración de documentación perteneciente a 600 empresas podría cambiar de carátula: ya no serían muertes, sino asesinatos. El detonante del giro fue la tardía presentación de una pericia que realizó la Policía Federal Argentina hace 15 días. El estudio técnico, que incluye un delicado análisis del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) confirmó la intencionalidad y la planificación del incendio. La revelación pericial no sólo estremece al directorio de Iron Mountain: también desató una serie de interrogantes sobre la cantidad de maniobras que avaló el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para promover y proteger a la instalación del depósito en la calle Azara 1245, el más grande de los cuatro que posee IRM en territorio porteño.
Un informe realizado por el legislador porteño del Frente para la Victoria (FPV) Gabriel Fuks demuestra que el desastre podría haber sido evitado gracias a la cantidad de inspecciones que realizaron casi todos los organismos de control que funcionan dentro del gobierno porteño. Se trata de 15 controles que fueron desoídos por la comuna durante los últimos ocho años. Cada detalle fue aportado por la administración PRO con el fin de contestar a los pedidos de informes que presentaron otros ocho legisladores, además de Fuks: Paula Oliveto, de la Coalición Cívica; Edgardo Form, de Nuevo Encuentro; Juan Francisco Nosiglia, del bloque SUMA +; Lorena Pokoik, del FPV y cuatro miembros del bloque macrista: Paula Villalba, Christian Bauab, Héctor Huici y Daniel Lipovetzky.
Para responder a cada uno de esos requerimientos legislativos, la comuna los unificó en una sola respuesta a la que accedió Tiempo. Los datos son parte de un informe de 500 páginas que echa luz sobre una larga lista de deficiencias detectadas y advertidas por siete reparticiones de control. La Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyCo) de la Agencia Gubernamental de Control Comunal, controlada por el jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta. La Dirección General de Control de Obras y Catastro (DGROC), bajo la órbita del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. La Dirección de Defensa Civil, dependiente del sector de Emergencias, que reporta al titular de la cartera de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, cuyo poder también controla otro sector clave: la Dirección General de Administración de Infracciones, que interpretó, en todos los casos, que no había que aplicar las multas que pidieron los otros sectores. En esta saga también aparece la Agencia de Protección Ambiental (APRA), cuya funcionalidad respira ahora bajo el control del ministro de Ambiente y Espacio Público, Edgardo Cenzón, pero estuvo también en manos del actual senador Diego Santilli, jefe de la difunta creadora de la APRA Graciela Gerola, convencida por el propio Macri para ocupar el cargo, aunque luego de su muerte nadie recordó su papel en la creación del ente.
La última pieza, como ya reveló este diario, es la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT), controlada por Francisco Cabrera, a cargo del área de Desarrollo Económico, el ministerio que ocupa desde 2007, luego de pasar varios años como gerente de la AFJP Máxima y funcionario del banco HSBC, uno de los mayores damnificados por el fuego que consumió documentación clave perteneciente a 600 empresas, financieras y entidades financieras. La incineración, definida como «intencional» a los ojos de la pericia, también consumió papeles guardados de distintos organismos de fiscalización del gobierno porteño. Son los mismos que, según el informe, elevaron más de 15 alertas por deficiencias edilicias, ambientales y de seguridad e higiene en el viejo depósito de la calle Azara.
LAS ALERTAS IGNORADAS. De acuerdo al expediente 58541-2007, Iron Mountain obtuvo la habilitación para funcionar en Azara 1245 el 8 de noviembre de 2007, un mes antes de la jura de Macri como alcalde porteño. Por entonces, el jefe de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Edgardo Nardi, firmó la Disposición 7872 y otorgó el permiso para que ese establecimiento funcionara como «depósito de envases de papel y cartón, de automotores y/o vehículos en desuso, de contenedores, de consignatarios en general y centro de procesamiento de datos y tabulación». A partir de ese momento, y según consta en los registros, todo fue una consecución de inspecciones con resultado negativo que, sin embargo y a pesar de la existencia de pedidos, nunca derivaron en clausuras del establecimiento. El informe revela que, incluso antes de su habilitación, hubo una serie de movimientos que, hasta ahora, la justicia no investigó. El primero, data de diciembre del 2005, cuando la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental le otorgó a la empresa –vía disposición 1362– el Certificado de Aptitud Ambiental. Dos años después, en abril de 2007, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) registró los planos del proyecto de instalación y ventilación mecánica de los galpones.
Tras la habilitación formal del 8 de noviembre de 2007, comenzaron los movimientos de la gestión PRO. El primero data del 19 de noviembre del 2008. Ese día la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyCo) de la Agencia Gubernamental de Control inspeccionó el inmueble y labró Actas de Comprobación por «falta de recubrimiento térmico en columnas, carencia de ventilación reglamentaria y falta de constancia de evaluación positiva del Plan de Evacuación por parte de Defensa Civil». En esa fecha no hubo sanciones «porque dicha competencia radica en la Dirección General de Administración de Infracciones», que finalmente no activó ningún castigo.
Un año después, el 5 de mayo del 2009, la Dirección General de Defensa Civil no aprobó el Plan de Evacuación y Simulacro «presentado por Iron Mountain en abril del 2009, con relación al depósito de la calle Azara». El derrotero del expediente sumó otra inflexión antes de la finalización de ese año. El 2 de diciembre la misma DGFyCo, que había detectado fallas un año antes, inspeccionó Azara al 1245 de nuevo y labró una segunda «Acta de Comprobación por estiba antireglamentaria de mercadería y falta de documentación correspondiente al servicio de seguridad privada.» Dos temas clave que luego posibilitarían la veloz propagación del fuego: la superposición de cajas que multiplicarían la «carga de fuego» y la ausencia de la custodia necesaria. El ente no sancionó a nadie, pero el día 28 de ese mismo mes, Defensa Civil se negó a aprobar el Plan de Evacuación presentado por la empresa.
En 2010 la saga continuó a partir del 15 de marzo: la DGFyCo, dependiente de la AGCC controlada por el premier Larreta intervino por tercera vez, revisó de nuevo el lugar, y advirtió sobre la «tenencia de entrepiso de altura y carencia de alarma sonoro-luminosa». Al igual que en los casos anteriores, tampoco hubo sanciones por falta de competencia.
Tres meses después, el 3 de Julio, volvió a intervenir Defensa Civil y repitió su resistencia. Se negó a aprobar el segundo Plan de Evacuación que la firma presentó en mayo de ese año. IRM jugó un tercer repechaje el 24 de noviembre del 2010, pero el 9 de mayo de 2011 Defensa Civil volvió a rechazar el plan presentado. Es decir que, entre 2009 y 2011, los organismos de control porteño negaron las aprobaciones de planes de adecuación que presentó la empresa.
El 22 de junio del 2011, la DGFyCo vuelve a intervenir, pero a pedido de la Dirección General de Control de Obras y Catastro (DGROC) «por la presunta existencia de obras no declaradas». En la visita los inspectores comprobaron allí que «no hay obra en proceso, ni acopio de materiales, ni riesgo para propios ni terceros, por lo que sugiere archivar las actuaciones». La inspección concluyó con los cuestionamientos de los años anteriores y buscó archivar los incidentes previos.
LA EVACUACIÓN QUE NUNCA TUVO PERMISO. Pero 2012 no fue la excepción para un nuevo rechazo contra los Planes de Evacuación, hecho que ocurrió el 5 de mayo. En ese caso, hubo una justificación más grave: el 26 de abril, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) inspeccionó el depósito y verificó que «no cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental vigente», tampoco «con Planos de Uso y de Condiciones contra incendio aprobado» y tampoco con el «Plan de Evacuación presentado y aprobado por Defensa Civil”. Ante esta situación el organismo ambiental intimó “a la empresa a la regularización de las situaciones irregulares detectadas”. Los planteos derribaron las conclusiones de junio de 2011, que le permitieron a IRM zafar de las primeras alertas.
Dentro de esa arqueología burocrática, los registros también revelan que la empresa se presentó 19 días antes de la inspección que hizo la APRA y que los puso en aprietos. El 7 de abril de 2012 ocurrió la primera aparición de un representante de Iron Mountain ante la Dirección General de Control de la APRA y presentó “documentación correspondiente a las situaciones irregulares detectadas el 26/04/12”. Según plasmaron los inspectores ambientales en aquel entonces “el apoderado de Iron Mountain presentó un Plano de Instalaciones contra Incendio aprobado por la División Prevención de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, el cual no es aportado en la documentación presentada”. Hasta la fecha, las documentaciones que remiten a las habilitaciones de la PFA, nunca aparecieron, pero aparecen mencionadas en el certificado de habilitación porteño del 8 de noviembre de 2007. El permiso habla del “Plano de Prevencion de Servicio contra Incendio y Certificado de Inspeccion Final Nº 5292 expedido por la Superintendencia Federal de Bomberos” de la Federal.
En mayo del 2013, en uno de los últimos hitos que se comprobaron y registraron antes del incendio, Defensa Civil volvió a rechazar la aprobación del Plan de Evacuación y Simulacro que presentó Iron Mountain en mayo de ese año. La saga de inspecciones y castigos fueron atajados por los organismos porteños como fueran eximios arqueros. Si los inspectores hubieran anotado algún «gol inspectivo» en medio de esa saga, habrían obstaculizado el activo auspicio que puso en marcha IRM para apoyar la creación del Distrito Tecnológico en 2008 y su ampliación de 2010, que ya fue revelada por este diario en su edición del 16 de marzo pasado, donde aparecen Cabrera, su subsecretario de Inversiones Carlos Pirovano (ex Banco Roberts y ex HSBC), junto a Guillermo Lockhardt, el director de IRM que apoyó la ampliación de los beneficios impositivos. Todo habría fracasado si prosperaban las inspecciones, porque habrían activado la Ley 265 que establece las competencias de la policía del trabajo en la Ciudad. Su artículo 19, inciso e2, determina que el empleador con faltas graves «quedará inhabilitado por un año para acceder a licitaciones públicas y suspendido en los registros de proveedores o aseguradores del Estado». «
ley para un registro de incendios
El legislador porteño y vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria, Gabriel Fuks, presentó un nuevo proyecto de Ley que promueve la creación de la Base de Datos de Información contra Incendios (BDII) de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de notificar a las dotaciones de bomberos y personal de Defensa Civil intervinientes en las emergencias sobre la situación y el peligro real que se encuentra al interior de los establecimientos siniestrados. Dicho proyecto fue acompañado por 15 diputados de todas las fuerzas políticas, incluidos varios del oficialismo porteño.
Una vez cumplido el año del incendio en Barracas de la empresa Iron Mountain, donde murieron diez servidores públicos, se realizó un acto homenaje en el cual el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Ferlise, solicitó a las autoridades de la Ciudad y de otros municipios a informar sobre los riesgos con los que se pueden encontrar en plena labor de rescate. En relación, el ex presidente de Cascos Blancos explicó: «La falta de información respecto de los materiales obrantes dentro de los establecimientos incendiados, nos motivó a presentar este Proyecto de Ley para tomar todas las prevenciones posibles.»
lo que se quemó sigue bajo la lupa
La confirmación de la intencionalidad del incendio en el depósito de Iron Mountain en Barracas dejó en claro que se buscó la combustión. Sin embargo, no da cuenta de por qué se decidió eliminar todo lo contenido en los galpones 7 y 8. ¿Por qué es importante saber qué se guardaba allí? Tanto la empresa como muchas de las firmas que actuaban como clientes son actualmente investigadas por presuntos delitos de evasión y lavado de activos. Existe una causa donde la AFIP puso el ojo y allanó oficinas de Iron Mountain. En paralelo, los clientes de la firma eran 600 grandes empresas, entre ellas 43 muy comprometidas con el material siniestrado: figuran bancos como el HSBC, JP Morgan y BNP Paribas, tres entidades que en el país figuran en causas que los vinculan a serios delitos económicos. Sin ir más lejos, el próximo miércoles se conformará en Diputados una Comisión Investigaba de la causa de evasión del HSBC. Las 4040 de argentinos sin registrar en la sede Ginebra, y el esquema de facilitación de esa fuga por parte de funcionarios del mismo banco. «Acá no se puede descartar nada», adelantó a Tiempo una fuente judicial que está detrás del material que se quemó en el incendio de febrero del año pasado.
