Las nuevas generaciones que se incorporaron a la política después del sacudón político de 2001 desconocen que el Estado argentino tuvo desde 1943 en adelante una activa polìtica industrial.
Ese Estado industrial fue posterior al mítico «granero del mundo», la época gloriosa de una Argentina que era el séptimo país en orden a sus ingresos, muy adelante de Brasil, y que en algún momento no precisado habría entrado la decadencia.
En rigor, era la época en que muy pocos tenían «la vaca atada» y las grandes mayorías miraban famélicas, «la ñata contra el vidrio». Porque también era la época en que Argentina era la joya más preciada de su majestad británica (pacto Roca-Runciman), el gran proveedor de trigo a Gran Bretaña.
Es decir, ese séptimo lugar se sostenía a fuerza de exclusión.
Dicho así, pareciera que la industrialización argentina, fomentada por el Estado mediante políticas activas o neokeynesianas, acabó con el granero del mundo cuando en realidad estaba rompiendo -mediante la sustitución de importaciones- con su estadio colonial como proveedor de materias primas a los paises centrales.
Lo paradojal es que la ingerencia estatal en las políticas industriales creció fuertemente después de la caída del peronismo al que se acusaba de estatizante.
En comparación, el Estado era mucho más reducido durante el gobierno estatizante de Perón que en los gobiernos proscriptivos y neoliberales posteriores a pesar de que la prédica, el discurso, las promesas electorales, los anuncios, parecían indicar lo contrario.
En el período posterior a 1955 y hasta 1976 alrededor de 800 empresas industriales y de servicios que fueron cerradas, desactivadas o liquidadas durante la dictadura civicomiliar.
Su lista completa la presenté en este blog anteriormente.
Otras 350 empresas industriales de capital argentino y de los más variados rubros, que dependían del Estado en distinta medida, fueron cerradas o desnacionalizadas. Estas, las plenamente identificadas. Pero como el proceso de desindustrialización fue generalizado, se considera que unas 8.000 empresas, sobre todo pymes emprendedoras, desaparecieron junto con los 30.000 desaparecidos.
Porque lo que en realidad desaparecieron fueron fuentes de trabajo, capacidad de superviviencia colectiva e individual, individuación e identificación.
Con apoyo electoral, el menemismo cerró el ciclo con una población que había sido disciplinada y desmemoriada mediante el terror y la amenaza durante los años de la dictadura.
Que no fue militar sino cívicomilitar porque no existió complicidad individual de unos cientos o miles de civiles a la supuesta centralidad del terror ilegal-militar.
Se tardó años en comprender ésto: fue Martínez de Hoz y los grupos económicos que representaba quienes planearon el golpe, y la cúpula antiperonista de las FFAA quien lo ejecutó porque había que ejercer el terror con las armas y la tortura, el único método viable para aplicar ese plan económico.
Y esa dictadura obtuvo cierto consenso en sectores medios y amplio apoyo de los sectores dominantes. En los primeros, porque recurrió a lo peor que cada uno de nosotros tiene en sí mismo: la codicia, por ejemplo.
Así se fue conformando el Estado terrorista.
Que desde 1955 había sido un Estado excluyente, aunque sus industrias crecieran. Esto parece una contradicción, si no olvidamos que las muchas empresas públicas que se sostuvieron con posterioridad a la caída del peronismo, en su gran mayoría siguieron siendo públicas aunque no para servir a la Nación sino a determinados sectores o grupos o individuos. Cuando el menemismo las cortó de cuajo, en realidad estaba ejecutando con apoyo electoral el mismo plan de la dictadura. Completándolo. Un plan que tuvo cierta continuidad durante el gobierno de Alfonsín terminada la etapa Grinspun.
Un caso paradigmático fue la paulatina destrucción del sistema ferroviario. El plan Larkin, la desactivación de redes troncales enteras durante la dictadura, ya lo conocemos.
Alfonsín dividió en dos lo que quedaba de un sistema ferrovario quebrado y sólo intentó sostener el servicio suburbano (que daba ciertas ganancias), abandonando a su suerte los ramales provinciales y de carga.
Los 50.000 kms existentes en setiembre de 1955 se habían reducido a 8.000.
Luego su natural consecuencia: ramal que para ramal que cierra.
Es cierto que habían cambiado las modalidades de carga, pero el sistema ferroviario se podría haber adaptado al cambio. Y sigue siendo más económico que el transporte camionero: los camiones de Moyano no pagan impuestos por el desgaste del pavimento por donde pasan, y tasas muy bajas por la construcción de nuevas rutas que deben soportar la carga de 6 ejes.
Y ahi aparece la Sociedad Rural quejándose de las retenciones, cuando, salvo la revolución verde que merecería un párrafo aparte, sus campos tienen la misma infraestructura que a principios del siglo XX aunque sean dueños de la genética: por alguna razón el tambero recibe $ 0,80 por litro de leche y en la góndola se vende a $ 12.
Si el Estado empresario creció exponencialmente luego de la caída del peronismo en 1955, alguien se benefició con ese crecimiento. Y sin embargo, eso no fue suficiente como para generar una burguesía a la que se pedía vanamente que se convirtiera en nacional. Ni antes ni ahora. Porque más que exigirle lo que no puede ser, hay que asegurarle una tasa de ganancia razonable dentro de uina política de inclusión social, y a partir de allí probablemente aprenderá a defender lo suyo.
Y ese proceso de sustitución de importaciones, según los manuales, debería ser conducido por la burguesía nacional, un paradigma europeo. Eso ya está, ya fue. La Nación es una creación del siglo XVIII que antes no se comprendía. Antes de ese mismo siglo, el término revolución sólo tenía un significado físico-astronómico. De modo tal que esta etapa es de pura creación de significaciones donde el que adquiere centralidad es el Estado.
Y ahi reaparece, para la Argentina, la centralidad del rol del Estado.
Que asumió funciones empresarias e industriales luego de la caída del peronismo sin que eso redundara en más inclusión a tasas de desempleo razonables. El último presidente de la siderúrgica La Cantábrica antes que desapareciera fue Roberto Lavagna.
Un inportante sector industrial (automotriz, metalmecánico, siderúrgico, químico y petroquímico, maderero) que vivía a costa del Estado porque el Estado -a través del Banco Industrial, luego BANADE y de la Caja de Ahorro Postal- les otorgaba créditos a tasa subsidiada y a veces sin devolución, con garantía real (las acciones empresarias). Luego de la caída de Perón se percibió que este Estado empresario crecía caóticamente, sin plan estratégico alguno.
Eso permitió que en 1973 Perón -en su tercera presidencia- intentara, en un contexto internacional muy desfavorable, reunir ese paquete accionario en manos del Estado en una sola corporación.
Esa fue una de las razones personalísimas que llevó a José Alfredo Martínez de Hoz a ir uniendo voluntades empresarias para provocar el golpe de marzo de 1976: él era presidente de Acindar, y Acindar era una de las empresas que había vivido a costa de préstamos del BANADE, que tenía en su cartera más de 28 millones de acciones o el 18,9% de su paquete accionario.
A partir del golpe, ese préstamo se licuó, y el edificio del BANADE se incendiará en 1992 con todos sus archivos perdidos para siempre sin dejar rastros.
Por otro andarivel, el 24,9% de las acciones de Propulsora Siderúrgica (hoy Techint) también estaban en manos del Estado. Durante la dictadura, Acindar y Techint se unieron para eliminar a 16 competidores y coronaron su tarea liquidando Somisa, la empresa estatal, gracias a los oficios del sindicalista Jorge Triaca, padre del líder homónimo de la Fundación Pensar la colonia.
En 2003, Acindar es una empresa desnacionalizada y Techint no reconoce su origen argentino.
Ese negocio personal no termina. Sigue. Martínez de Hoz impuso una política de libre importación generalizada, pero mantuvo muy altos los derechos aduaneros de los productos extranjeros que podían competir con los de Acindar-Techint. Es decir, en este caso personalísimo, Acindar-Techint tenían una fuerte protección estatal, contra todos los postulados de la dictadura.
Además de liberal, esa era una dictadura de vivos.
El desapoderamiento de Papel Prensa a David Graiver fue otro ejemplo conocido de avivadas.
No fue éste un caso de tasas aduaneras altas, sino de cesión por la fuerza del paquete accionario, cesión ilegal que está probada y no se entiende por qué el juez Ercolini no dicta medida procesal alguna.
En países como el nuestro, el Estado puede servir a la Nación y a los sectores vulnerables, o inversamente, a los poderes concentrados.
Es decir, es el conjunto que dirige la Nación o la colonia.
Ese Estado industrial fue posterior al mítico «granero del mundo», la época gloriosa de una Argentina que era el séptimo país en orden a sus ingresos, muy adelante de Brasil, y que en algún momento no precisado habría entrado la decadencia.
En rigor, era la época en que muy pocos tenían «la vaca atada» y las grandes mayorías miraban famélicas, «la ñata contra el vidrio». Porque también era la época en que Argentina era la joya más preciada de su majestad británica (pacto Roca-Runciman), el gran proveedor de trigo a Gran Bretaña.
Es decir, ese séptimo lugar se sostenía a fuerza de exclusión.
Dicho así, pareciera que la industrialización argentina, fomentada por el Estado mediante políticas activas o neokeynesianas, acabó con el granero del mundo cuando en realidad estaba rompiendo -mediante la sustitución de importaciones- con su estadio colonial como proveedor de materias primas a los paises centrales.
Lo paradojal es que la ingerencia estatal en las políticas industriales creció fuertemente después de la caída del peronismo al que se acusaba de estatizante.
En comparación, el Estado era mucho más reducido durante el gobierno estatizante de Perón que en los gobiernos proscriptivos y neoliberales posteriores a pesar de que la prédica, el discurso, las promesas electorales, los anuncios, parecían indicar lo contrario.
En el período posterior a 1955 y hasta 1976 alrededor de 800 empresas industriales y de servicios que fueron cerradas, desactivadas o liquidadas durante la dictadura civicomiliar.
Su lista completa la presenté en este blog anteriormente.
Otras 350 empresas industriales de capital argentino y de los más variados rubros, que dependían del Estado en distinta medida, fueron cerradas o desnacionalizadas. Estas, las plenamente identificadas. Pero como el proceso de desindustrialización fue generalizado, se considera que unas 8.000 empresas, sobre todo pymes emprendedoras, desaparecieron junto con los 30.000 desaparecidos.
Porque lo que en realidad desaparecieron fueron fuentes de trabajo, capacidad de superviviencia colectiva e individual, individuación e identificación.
Con apoyo electoral, el menemismo cerró el ciclo con una población que había sido disciplinada y desmemoriada mediante el terror y la amenaza durante los años de la dictadura.
Que no fue militar sino cívicomilitar porque no existió complicidad individual de unos cientos o miles de civiles a la supuesta centralidad del terror ilegal-militar.
Se tardó años en comprender ésto: fue Martínez de Hoz y los grupos económicos que representaba quienes planearon el golpe, y la cúpula antiperonista de las FFAA quien lo ejecutó porque había que ejercer el terror con las armas y la tortura, el único método viable para aplicar ese plan económico.
Y esa dictadura obtuvo cierto consenso en sectores medios y amplio apoyo de los sectores dominantes. En los primeros, porque recurrió a lo peor que cada uno de nosotros tiene en sí mismo: la codicia, por ejemplo.
Así se fue conformando el Estado terrorista.
Que desde 1955 había sido un Estado excluyente, aunque sus industrias crecieran. Esto parece una contradicción, si no olvidamos que las muchas empresas públicas que se sostuvieron con posterioridad a la caída del peronismo, en su gran mayoría siguieron siendo públicas aunque no para servir a la Nación sino a determinados sectores o grupos o individuos. Cuando el menemismo las cortó de cuajo, en realidad estaba ejecutando con apoyo electoral el mismo plan de la dictadura. Completándolo. Un plan que tuvo cierta continuidad durante el gobierno de Alfonsín terminada la etapa Grinspun.
Un caso paradigmático fue la paulatina destrucción del sistema ferroviario. El plan Larkin, la desactivación de redes troncales enteras durante la dictadura, ya lo conocemos.
Alfonsín dividió en dos lo que quedaba de un sistema ferrovario quebrado y sólo intentó sostener el servicio suburbano (que daba ciertas ganancias), abandonando a su suerte los ramales provinciales y de carga.
Los 50.000 kms existentes en setiembre de 1955 se habían reducido a 8.000.
Luego su natural consecuencia: ramal que para ramal que cierra.
Es cierto que habían cambiado las modalidades de carga, pero el sistema ferroviario se podría haber adaptado al cambio. Y sigue siendo más económico que el transporte camionero: los camiones de Moyano no pagan impuestos por el desgaste del pavimento por donde pasan, y tasas muy bajas por la construcción de nuevas rutas que deben soportar la carga de 6 ejes.
Y ahi aparece la Sociedad Rural quejándose de las retenciones, cuando, salvo la revolución verde que merecería un párrafo aparte, sus campos tienen la misma infraestructura que a principios del siglo XX aunque sean dueños de la genética: por alguna razón el tambero recibe $ 0,80 por litro de leche y en la góndola se vende a $ 12.
Si el Estado empresario creció exponencialmente luego de la caída del peronismo en 1955, alguien se benefició con ese crecimiento. Y sin embargo, eso no fue suficiente como para generar una burguesía a la que se pedía vanamente que se convirtiera en nacional. Ni antes ni ahora. Porque más que exigirle lo que no puede ser, hay que asegurarle una tasa de ganancia razonable dentro de uina política de inclusión social, y a partir de allí probablemente aprenderá a defender lo suyo.
Y ese proceso de sustitución de importaciones, según los manuales, debería ser conducido por la burguesía nacional, un paradigma europeo. Eso ya está, ya fue. La Nación es una creación del siglo XVIII que antes no se comprendía. Antes de ese mismo siglo, el término revolución sólo tenía un significado físico-astronómico. De modo tal que esta etapa es de pura creación de significaciones donde el que adquiere centralidad es el Estado.
Y ahi reaparece, para la Argentina, la centralidad del rol del Estado.
Que asumió funciones empresarias e industriales luego de la caída del peronismo sin que eso redundara en más inclusión a tasas de desempleo razonables. El último presidente de la siderúrgica La Cantábrica antes que desapareciera fue Roberto Lavagna.
Un inportante sector industrial (automotriz, metalmecánico, siderúrgico, químico y petroquímico, maderero) que vivía a costa del Estado porque el Estado -a través del Banco Industrial, luego BANADE y de la Caja de Ahorro Postal- les otorgaba créditos a tasa subsidiada y a veces sin devolución, con garantía real (las acciones empresarias). Luego de la caída de Perón se percibió que este Estado empresario crecía caóticamente, sin plan estratégico alguno.
Eso permitió que en 1973 Perón -en su tercera presidencia- intentara, en un contexto internacional muy desfavorable, reunir ese paquete accionario en manos del Estado en una sola corporación.
Esa fue una de las razones personalísimas que llevó a José Alfredo Martínez de Hoz a ir uniendo voluntades empresarias para provocar el golpe de marzo de 1976: él era presidente de Acindar, y Acindar era una de las empresas que había vivido a costa de préstamos del BANADE, que tenía en su cartera más de 28 millones de acciones o el 18,9% de su paquete accionario.
A partir del golpe, ese préstamo se licuó, y el edificio del BANADE se incendiará en 1992 con todos sus archivos perdidos para siempre sin dejar rastros.
Por otro andarivel, el 24,9% de las acciones de Propulsora Siderúrgica (hoy Techint) también estaban en manos del Estado. Durante la dictadura, Acindar y Techint se unieron para eliminar a 16 competidores y coronaron su tarea liquidando Somisa, la empresa estatal, gracias a los oficios del sindicalista Jorge Triaca, padre del líder homónimo de la Fundación Pensar la colonia.
En 2003, Acindar es una empresa desnacionalizada y Techint no reconoce su origen argentino.
Ese negocio personal no termina. Sigue. Martínez de Hoz impuso una política de libre importación generalizada, pero mantuvo muy altos los derechos aduaneros de los productos extranjeros que podían competir con los de Acindar-Techint. Es decir, en este caso personalísimo, Acindar-Techint tenían una fuerte protección estatal, contra todos los postulados de la dictadura.
Además de liberal, esa era una dictadura de vivos.
El desapoderamiento de Papel Prensa a David Graiver fue otro ejemplo conocido de avivadas.
No fue éste un caso de tasas aduaneras altas, sino de cesión por la fuerza del paquete accionario, cesión ilegal que está probada y no se entiende por qué el juez Ercolini no dicta medida procesal alguna.
En países como el nuestro, el Estado puede servir a la Nación y a los sectores vulnerables, o inversamente, a los poderes concentrados.
Es decir, es el conjunto que dirige la Nación o la colonia.
